¿De qué hablamos cuando hablamos de violaciones masivas a los derechos humanos?

on Martes, 15 Octubre 2013. Posted in Artículos, Edición 19, Nacional, Derechos Humanos, Andrea Mejía, Violación derechos humanos

19 AndreaLo que hoy en día llamamos “derechos humanos” está compuesto en gran medida por una serie de exigencias sociales y políticas mucho más vinculadas a formas de justicia política y social, que desarman a la justicia penal como instancia capaz  de garantizar su aplicabilidad y efectividad.
 
Andrea Mejía
Fuente: http://democraciaactiva.org/

Que las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos no pueden quedar impunes, es decir, que no pueden quedar sin pena ni castigo, parece ser uno de los principales argumentos para poner en tela de juicio el proceso de paz que se adelanta entre los representantes de las FARC y los representantes del gobierno colombiano.

Sin embargo, más que como argumento, la expresión “violación a los derechos humanos” funciona como una especie de fórmula mágica que aviva la hoguera de la opinión pública, en la que una especie de consenso tácito acerca del significado de dicha expresión parece estar a la base de una homogeneidad acrítica alimentada a diario en los medios por actores y observadores del proceso, tanto nacionales como internacionales, por personajes más o menos visibles, pertenecientes al más amplio espectro de intereses políticos e ideológicos. En efecto, desde la supuesta pureza apolítica de múltiples ONG, hasta la densa y apenas camuflada carga ideológica de los polos más conservadores del escenario nacional, se han apropiado de la efectividad inmediata de esta expresión para hacer valer sus intereses y creencias.

Si esta violación a los derechos humanos es además “sistemática y masiva”, nos encontramos ya en los sacros dominios de la Corte Penal Internacional, y entonces la única actitud adecuada pareciera ser el silencio reverente ante la incuestionabilidad de la ley internacional. Pues bien, dada su reiterada ocurrencia en un debate de tanta importancia como el actual, vale la pena examinar a qué nos estamos refiriendo con esta fórmula hecha. Vale la pena sobre todo examinar por qué razones hemos hecho encajar esta fórmula en una concepción de la justicia basada principalmente en el castigo penal. En efecto, parecemos estar amparados por una certeza inquebrantable: el lugar de los “violadores” de los derechos humanos es la cárcel y no el Congreso. Esta certeza no opera solamente a nivel local. Existe una tendencia global a usar esta expresión de manera unilateral para hacer alusión a la necesidad y la urgencia de aplicar una justicia punitiva (basada únicamente en el castigo) a estas “violaciones masivas a los derechos humanos”. Con ello, sus responsables quedan por supuesto automáticamente excluidos de cualquier forma de participación política local futura, a pesar de que la participación política es, sorprendentemente, el derecho político más significativo incluido en el actual texto de la declaración universal de los derechos humanos: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país”, y “toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país” (art. 21).

Seguramente, si pensamos que las violaciones a los derechos humanos son algo de lo que puede ser responsable un grupo armado -estatal o anti-estatal-, o cualquier actor que cuente con una unidad de agencia mínima, individual o colectiva, podríamos quizás entender esta violación como una seria negación del derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad (art. 3), y una restricción del derecho de propiedad (art. 17). Sin embargo hay derechos cuya “violación” se hace más difícil imputar y, por lo tanto, castigar. Consideremos por ejemplo el derecho humano al trabajo, el derecho a una remuneración que permita “una existencia conforme a la dignidad humana” (art. 23); el derecho al descanso y a las vacaciones pagadas (art. 24); el derecho a la salud, al bienestar, a la alimentación, al vestido, a una vivienda, a tener asistencia médica; el derecho a contar con alguna forma de auxilio cuando se pierden (o nunca se han tenido) medios propios de subsistencia (art. 25); el derecho a una educación básica gratuita y obligatoria; el igual acceso para todos a la educación superior y la generalización de la enseñanza técnica y profesional (art. 26 ); el derecho a gozar del arte, de la ciencia y de la cultura (art. 27); y finalmente, el derecho a un orden social que permita que todos estos derechos humanos se hagan plenamente efectivos (art. 30).

¿Quién viola estos derechos? ¿A quién responsabilizar cuando es evidente que una gran cantidad de personas no goza de manera real y efectiva de estos derechos que se consideran “humanos”? ¿Cómo castigar la inexistencia real de estos derechos? ¿Quiénes deben pagar cárcel y a quiénes se les debe negar definitivamente un puesto en el Congreso? Si consideramos que la negación de estos derechos constituye un estado de cosas permanente, una cierta forma de vida continua, establecida y generalizada en gran parte del territorio nacional, no queda duda de que estas “violaciones” son “sistemáticas y masivas”.

Pero no se trata entonces de “punitivizarlo” todo, de encontrar culpables y responsables para la miseria y la falta de oportunidades. De lo que se trata es de encontrar soluciones para que esas “violaciones masivas” no se sigan perpetrando y reproduciendo de forma sistemática, para que este continuo “crimen de lesa humanidad” que es la pobreza, deje de ser “cometido”, deje de ser la realidad en la que viven niños, hombres y mujeres en nuestros campos y en nuestras ciudades.

Lo que hoy en día llamamos “derechos humanos” está compuesto en gran medida por una serie de exigencias sociales y políticas mucho más vinculadas a formas de justicia política y social, que desarman a la justicia penal como instancia capaz de garantizar su aplicabilidad y efectividad. Dados los contenidos de los derechos humanos, se hace necesario pensar en otras formas de justicia, justicias que en lugar de ser punitivas busquen ser creativas, que en lugar de castigar a unos cuantos responsables elegidos como figuras ejemplarizantes y expiatorias, busquen cambiar las formas de vida de la población más vulnerable. Ese es el principal campo de acción de los derechos humanos, no los tribunales. No se puede castigar a alguien cuando otro tiene hambre; pero si de alguna forma se está comprometido con la “defensa de los derechos humanos”, en el bando opuesto de sus “violadores”, entonces quizás es hora de que ser consecuentes con el contenido de esos derechos y sus implicaciones prácticas.

En cuanto a las “violaciones” para las cuales es más fácil –aunque no deje de ser problemático- encontrar responsables y castigarlos, si se castiga a unos cuantos para permitir que los derechos humanos sigan siendo considerados normas legales respaldadas por fuerza coactiva y punitiva, no se habrá solucionado en nada la desprotección, la vulnerabilidad y el sufrimiento que se supone un defensor de los derechos humanos quiere evitar. El castigo de uno o de muchos, por más que su función sea ejemplar o disuasoria, no devolverá la dignidad a quien la ha perdido o a quien nunca la ha tenido, porque la dignidad no es algo invisible, interior, intangible, algo situado en el oscuro fondo del alma de cada unos de nosotros y que misteriosamente se restaura con el castigo de otro, como si el castigo pudiese restablecer un orden secreto del universo. La dignidad es cierta forma de vivir, cierta forma de ser tratado y de ser considerado por los otros.

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