Derechos humanos, su fuente son los pueblos

on Jueves, 28 Febrero 2013. Posted in Artículos, Edición 4, Nacional, Parapolítica, Democracia, Manuel Humberto Restrepo, Violación derechos humanos, Movimientos sociales

4 ManuelLas leyes en Colombia se han convertido en el límite a la capacidad de los derechos, son leyes que prohíben, niegan, obstaculizan. Son leyes que se apoderan del espacio público, de la calle, de la plaza, en la que se construyeron las bases de la democracia que los legisladores mismos manifiestan representar.
 
Manuel Humberto Restrepo
Fuente: www.aporrea.org
Los derechos humanos no son leyes, ni pueden ser representados por ellas, como tratan de presentarlo frecuentemente los Estados. Los derechos corresponden a las luchas de los pueblos y son ellos los directos responsables a la hora de decidir cuáles son las herramientas de lucha más adecuadas para convertir sus demandas en derechos y propender por el reconocimiento social y estatal de los mismos. La única fuente de derechos es la lucha de los pueblos. La fuente de las leyes suele ser la clase que controla el poder y concentra la riqueza. Las leyes hoy están sometidas al arbitrio del capital que las anuncia e impone en beneficio propio mediante las fórmulas de compra, cooptación o veto de congresistas encargados de su trámite. Por eso en el congreso ya no se discute, no se delibera, no se argumenta, se vota. Del congresista cuenta el voto, no su argumento. Las leyes han perdido la autonomía y capacidad para proponer la convivencia y organizar las sociedades. El espíritu de las leyes no proviene de la soberanía del pueblo, de la voluntad popular o del interés general. El espíritu de las leyes ya no refleja el contenido de la justicia, sino la voracidad del capital.

Los derechos humanos no pueden ser sustituidos por leyes, ni ponerse al servicio de quienes controlan el ejercicio del poder para tener más poder, a través del cual provocan su mayor violación que es impedir que un pueblo construya y viva con dignidad. Son los pueblos los que edifican la cultura, la política, la ética y los modos de defender su derechos y es deber de los Estados materializar sus demandas, como quedó consignado en los pactos sobre los que se fundó la democracia moderna. No es la sociedad al servicio del Estado, es lo contrario, como igual ocurre con las Instituciones y los Funcionarios. A veces los pueblos resurgen para recordar estas simples reglas del juego como, en efecto, ocurrió en Egipto o lo anunciaron las voces de los jóvenes en Madrid, Londres, New York, Santiago y Bogotá en 2011, quienes hasta ahora han reclamado leyes justas, democracia real y empleo, pero pronto saldrán a reconquistar su poder basado en derechos.

Los pueblos han ido enseñando que los derechos se crean, se levantan, se alientan con sus luchas pero hay que seguirlos defendiendo de las leyes que tienden a negarlos o limitarlos, de las prácticas de guerra que buscan eliminarlos, del capital que los convirtió en sus principales enemigos y de la retórica liberal que los inutiliza. Los derechos son instrumentos de rebeldía, de desobediencia frente al orden trazado por los detentadores del poder político y del capital, que se esfuerzan en hacer leyes e imponerlas para “legalizar” su poder y poner a salvo sus arbitrariedades de las responsabilidades penales que encararían sus crímenes ante tribunales de justicia imparcial.

En Colombia las leyes no provienen de las necesidades, intereses o siquiera deseos del pueblo. Su fuente es el poder político y sus inspiradores los dueños del gran capital que, en repetidas ocasiones, son uno solo. Un ejemplo lo representa la comisión primera del Congreso que trata de la Constitución, los derechos y garantías que está presidida por el partido del gobierno con vicepresidencia del partido PIN señalado incluso por los mismos parlamentarios como el partido más corrupto. Los asuntos de tierras y riquezas están presididos por el partido conservador reconocido por sus férreas posturas medievales en asuntos de derechos. Las leyes impuestas respecto a las tierras las alientan los terratenientes que en más de 25 millones de hectáreas tienen pastando a más de 20 millones de vacas, casi 7000 metros cuadrados por vaca, mientras los desterrados, desarraigados y despojados de esa misma tierra luchan por conquistar siquiera un metro cuadrado para sobrevivir en medio de la miseria marginal, debajo de puentes o alcantarillas. Otros, por su parte, en el rango de “rebuscadores” o informales buscan medio metro cuadrado para tender una manta y vender lo que sea.

Las leyes no persiguen a los terratenientes, persiguen a los humillados para encerrarlos en cárceles donde podrán defender con su vida medio metro cuadrado donde empezar a pudrirse como lo predestinó para ellos el vicepresidente de Uribe. Los terratenientes han “colocado” a sus propios representados en el Congreso, como también lo han hecho los industriales y financistas con el ánimo de hacer las leyes que favorezcan sus intereses y los de sus protegidos, los militares que a su vez protegen sus fortunas en nombre de la democracia. No se paga impuestos por las vacas, ni por la valorización de grandes fincas de miles o hasta millones de hectáreas a veces convertidas en campamentos de formación paramilitar, depósitos de fosas comunes o centros de tortura.

El Congreso de la República tiene un récord mundial: 78 de sus miembros encarcelados o *sub judice* por delitos de lesa humanidad, incluidos siete de los últimos presidentes (encubiertos tras infracciones o delitos menores y presentados como para-política). Anualmente tramitan más de 350 proyectos de ley con origen en el seno de los partidos. Son leyes radicalmente separadas de las demandas de la población y lejos de las garantías de participación en la vida política y comunitaria del país  y del propósito de contribuir de manera colectiva al logro de la paz, como se había pactado en la constituyente de 1991 (art 95, C.N). Las leyes estatutarias se han convertido en la base de limitación y negación de los derechos conquistados, su procedimiento amparado a si mismo por otra ley (ley 5 de 1992) permite que la mayoría, atada al gobierno, apruebe lo que el gobierno quiera.

Hace medio siglo, el famoso criminal León María Lozano, conocido como el Cóndor, señalaba una máxima aún vigente “el único delito es estar contra el gobierno, lo demás son pendejadas”, y afirmaba que los editoriales de la gran prensa orientaban las órdenes para matar a sus enemigos por defender la democracia. Los herederos de esa misma clase en el poder hoy combinan como nuevas formas de lucha a su favor: hacer las leyes y usar las armas del Estado para defender la democracia, que es equivalente a defender sus intereses. Las leyes en Colombia se han convertido en el límite a la capacidad de los derechos, son leyes que prohíben, niegan, obstaculizan. Son leyes que se apoderan del espacio público, de la calle, de la plaza, en la que se construyeron las bases de la democracia que los legisladores mismos manifiestan representar.

Se gobierna a través de leyes que impulsan la guerra, amenazan con la temible judicialización a los inconformes y luchadores populares y de manera especial a quienes están contra el gobierno. Estas leyes no son ni representan derechos, al contrario, conducen, casi obligan, a que los pueblos se apresten a sobreponer los derechos humanos sobre las leyes para recuperar la política, la ética y para des-judicializar con sus luchas lo que las leyes imponen. El capital es el enemigo principal de los derechos y las leyes se han convertido en su instrumento más importante. Los pueblos están siendo prácticamente conducidos por la arbitrariedad de los Estados a rebelarse contra ellos, a invocar otras formas de gestión de la realidad. Las leyes, a cambio de promover la igualdad, contribuyen a soportar  las desigualdades que aniquilan a millones de seres humanos indefensos por efecto de la pobreza causada por el despojo y el hambre. Por lo tanto, construir bases para vivir con dignidad no se logra por las leyes, se alcanza con el ejercicio de los derechos y éstos no son ajenos a las luchas contra el poder.

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