Derechos humanos y transnacionales: un largo camino que continúa

on Martes, 15 Julio 2014. Posted in Artículos, Edición 37, Transnacionales, Camilo Andrés Galindo, Nacional, Derechos Humanos

37 Galindo

La ventaja de establecer la responsabilidad en materia de derechos humanos de empresas transnacionales, lejos de desnaturalizar la fundamentación histórica de los derechos humanos, constituye un avance que da cuenta de la complejidad de este tipo de actuaciones criminales.

 
Camilo Andrés Galindo
Fuente de la imagen: http://migracionesgolondrinas21.wordpress.com/

En el marco de la sesión N° 26 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el 25 de junio de este año se aprobó la Resolución A/HRC/26/L.22/Rev.1, la cual creó un grupo de trabajo intergubernamental para la elaboración de un tratado vinculante que regule las actividades de las empresas transnacionales desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).

La existencia de un tratado internacional sobre esta materia se justifica porque la operación de empresas transnacionales se da, en muchas ocasiones, acudiendo a actos violentos contra trabajadores, comunidades o activistas sociales que se oponen o denuncian sus actividades. Estos hechos, más que acciones aisladas, son productos de articulaciones sofisticadas con fuerzas militares y paramilitares, en las cuales cada uno de los actores cumple un rol específico para maximizar sus intereses y se fabrican escenarios de impunidad para que las víctimas no vean satisfechas sus demandas en general.

En todo caso, es importante señalar que, históricamente, la doctrina ha señalado que estos actos de violencia deben ser sancionados por las legislaciones penales y civiles nacionales, pero no desde el DIDH, dado que sólo son los Estados los sujetos responsables en el plano internacional.

Esta interpretación es en cierto sentido válida, pues, en caso de asumir que los agentes no estatales también son responsables por violaciones a los derechos humanos, se desnaturalizaría su fundamentación. Imagínense, por ejemplo, considerar igualmente responsables ante la comunidad internacional a un particular señalado por hurto que a agentes estatales que, ostentando el monopolio de la fuerza en virtud de la Carta política de un Estado, sean acusados del mismo hecho.

Esta interpretación también ha estado presente en el caso de los conflictos armados internos, incluyendo Colombia. Expertos en la materia han reiterado que los actos de los grupos insurgentes no están regulados por el DIDH, dado que no ostentan calidad de Estados; adicionalmente, para los hechos propios de las hostilidades militares, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) opera como un marco normativo aplicable a todas las partes en conflicto, por lo cual actos que atenten contra personas o bienes protegidos en el marco de la guerra estarían proscritos jurídicamente1.

No obstante, la ventaja de establecer la responsabilidad en materia de derechos humanos de empresas transnacionales, lejos de desnaturalizar la fundamentación histórica del DIDH, constituye un avance que da cuenta de la complejidad de este tipo de actuaciones criminales. Casos como los ocurridos en Jugüamiandó y Curbaradó (Chocó), donde empresas palmicultoras actuaron de forma sincronizada con fuerzas militares y paramilitares para despojar a comunidades afrodescendientes de sus tierras, configuran formas de criminalidad complejas a las cuales víctimas y defensores de derechos humanos tienen mayor dificultad para identificar el rol que cumplieron estos actores privados, y, por ende, lograr que el poder judicial actúe a favor de sus derechos.

Otro caso en este mismo sentido se presenta en Argentina. Mientras los juicios contra militares con ocasión de las violaciones a los derechos humanos, cometidas en la última dictadura, avanzan relativamente bien, diversos analistas y defensores de derechos humanos han señalado la dificultad de lograr investigaciones y enjuiciamientos contra los cómplices económicos de la dictadura, muchos de ellos empresas que se beneficiaron con las reformas al modelo económico que impulsaron durante este periodo.

La resolución que impulsó Ecuador y Sudáfrica tiene su principal antecedente en el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, al cual se le renovó mandato en este mismo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Lamentablemente, este procedimiento no ha cumplido con las expectativas esperadas, dado que su funcionamiento viene teniendo una visión restrictiva de su mandato y funciones, carece de un plan de acción concreto y no cuenta con mecanismos de participación de víctimas y defensores de derechos humanos.

Asimismo, los Principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, principal normativa sobre esta cuestión en el ámbito internacional, carecen de fuerza vinculante para ser aplicados, por lo cual su efectividad se ha reducido a programas de responsabilidad social empresarial que no dan cuenta de la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en las cuales se ven involucradas empresas, al igual que declaraciones públicas de los Estados sin ninguna seriedad sobre la relevancia de esta problemática.

El camino que sigue para que este nuevo grupo de trabajo proyecte un tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas transnacionales es largo. Si bien cuenta con el impulso de Estados progresistas y el apoyo de diferentes organizaciones sociales interesadas en la materia, este tipo de instrumentos internacionales son aprobados por una comunidad internacional que, lejos de privilegiar la efectiva vigencia de los derechos humanos, mantiene fuertes relaciones económicas y políticas con empresas que, en muchas ocasiones, llegan a ser más poderosas que los Estados mismos. Asimismo, su aprobación generaría un nuevo escenario de responsabilidad internacional para éstos, lo que significa que los obstáculos que enfrentará este debate serán grandes. Por ello es importante seguir de cerca el proceso y generar presiones políticas y sociales internas que creen un ambiente favorable para este tipo de iniciativas.

***

1En el caso de Colombia, el DIH hace parte del Código Penal vigente, lo que significa que existen sanciones concretas para hechos que atenten contra este marco normativo.

Comentarios (0)

Déje un comentario

Estás comentando como invitado. Autentificación opcional debajo.

Ediciones anteriores

Ver más ediciones