Desarrollo rural, víctimas y participación política. Miedos y esperanzas del proceso de paz

on Miércoles, 14 Agosto 2013. Posted in Artículos, Edición 15, Marya Hinira Sáenz , TEOPOCO, Nacional, Desarrollo rural, Medios de comunicación, Proceso de paz

15 teopocoLa complejidad que van tomando las posiciones deja al descubierto que las controversias están lejos de terminar, pues alrededor del proceso de paz se agrupan sectores con visiones y propuestas políticas radicalmente opuestas, que se reflejan en el miedo y la esperanza que distintos actores manifiestan frente a la posible transformación política del país.
 
Marya Hinira Sáenz
Fuente: www.confidencialcolombia.com

Durante los meses de marzo y abril los acontecimientos del proceso de paz marcaron la agenda política del país y consolidaron las posiciones a favor y en contra de la negociación. Mientras las posiciones de oposición continuaron siendo encabezadas por el expresidente Uribe y reproducidas por sus seguidores políticos; el Gobierno, los partidos políticos y los movimientos sociales abanderaron la defensa de las conversaciones, sin obviar las diferencias políticas e ideológicas presentes entre ellos.

Aunque el proceso en general fue objeto de debate, los pronunciamientos se concentraron en el desarrollo rural, las víctimas (estos temas habían aparecido como ejes centrales durante en los primeros meses del año, pero fueron abordados desde aristas distintas en marzo) y la participación política, que emergió por primera vez de manera importante en el mes de abril. 

Zonas de reserva campesina: preguntas por el control del territorio
 
El avance de las conversaciones sobre desarrollo rural dejó ver que los problemas de este sector se refieren, por una parte, a los usos y la tenencia de la tierra, discusión que venía desde los dos primeros meses del año, y por otra, a los actores que controlan el territorio, tema que aparece como novedad en marzo. En otras palabras, el debate en el primer punto de la agenda, cuyo catalizador en esta ocasión fueron las Zonas de Reserva Campesinas (ZRC), hizo evidente que la transformación del campo involucra cambios en términos económicos (de ahí la preocupación expresada por algunos de que en La Habana se negocie el modelo económico del país) y políticos que pueden afectar diversos intereses.

Las primeras referencias a las ZRC aparecieron en febrero en el documento Diez propuestas mínimas para el reconocimiento político y de todos los derechos del campesino, presentado por las FARC. En éste, el grupo guerrillero señaló la necesidad de reconocer políticamente a los campesinos e incluir en el marco constitucional la figura de territorios campesinos, con las mismas características que las otorgadas a los asentamientos de indígenas y afrodescendientes, es decir, las de ser inembargables e imprescriptibles. Estos podrían estar conformados por ZRC o Zonas de producción campesina de alimentos, que estarían orientados al autoabastecimientos y contarían con una cantidad de tierra no menor a nueve millones de hectáreas para las primeras y a siete millones en el caso de las segundasi. Con esta propuesta la guerrilla continuó presentándose a sí misma como la defensora de los intereses de la población rural, de la redistribución de la tierra y del fortalecimiento de formas de producción distintas a la agroindustria con vocación de exportación.

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En esta perspectiva, en la que prima la pregunta por los usos y la tenencia de la tierra, la propuesta de afianzar las ZRC fue bien recibida por quienes ven en éstas una oportunidad para limitar la concentración de la tierra y fortalecer la economía campesina, un instrumento para la protección del medio ambiente, una vía para que los campesinos tengan capacidad de decisión sobre los asuntos que les conciernen o un mecanismo efectivo de restituciónii. Desde la postura de los campesinos, la única posición recogida por los medios fue la de César Jerez, vocero de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC). El dirigente resaltó que esta iniciativa no era exclusiva de las FARC, pues hacía parte de las propuestas presentadas por asociaciones campesinas en el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque Territorial) realizado en diciembre pasado, y afirmó que las ZRC «son el mecanismo ideal para empezar un proceso de solución de la cuestión agraria y de tierras en Colombia»iii.

El Gobierno también se mostró a favor de las ZRC, pero marcó sus diferencias con la propuesta de las FARC. Tanto Humberto de la Calle como Juan Camilo Restrepo, entonces ministro de agricultura, coincidieron en apoyar esta figura tal y como fue establecida en la Ley 160 de 1994, es decir, sin las características de los territorios indígenas y de afrodescendientes. Adicionalmente, y sin hacer referencia a los posibles cambios en la tenencia de la tierra, defendieron las ZRC como un instrumento orientado al mejoramiento de la productividad en el campo. En este sentido, Humberto de la Calle afirmó: «Bajo la orientación del Gobierno, buscamos en este punto una formulación que permita que esas zonas contribuyan aún más al desarrollo, mejoramiento y productividad de los campesinos más pobres»iv.

15 teopoco2 No obstante, las réplicas a la propuesta de las FARC no giraron alrededor de estas diferencias; por el contrario, las reacciones en contra estuvieron motivadas por las transformaciones políticas que implicaban. Además de lo anterior, el grupo guerrillero manifestó que los territorios campesinos deberían tener «autonomía política,  administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia a través de  los  mecanismos  de  la  justicia  comunitaria»v. La iniciativa fue retomada en marzo, presentándola como una oportunidad para que las comunidades rurales puedan participar en la toma de decisiones que las afectan a ellas y a los territorios en los que se encuentran. Frente a esta aspiración, el ministro de agricultura fue el primero en responder: «el Gobierno tiene claro que el país no puede parcelarse en un mosaico de zonas de reserva campesina con autonomía política, como algunos pretenden (…) la figura de las zonas de reserva campesina no puede derivar hacia la constitución de republiquetas independientes»vi, afirmó. Como representante del Estado, para el ministro es un hecho innegociable que «la soberanía nacional es indivisible»vii.

No obstante, como si las ZRC no existieran actualmente en el ordenamiento jurídico y territorial colombiano, los opositores del proceso de paz compartieron la zozobra por la posible fragmentación de la integridad territorial del Estado. Al decir de ellos, la propuesta de las FARC llevaría a la división del país, obstaculizaría la presencia de la Fuerza Pública en esos territorios y le permitiría al grupo guerrillero controlar política, electoral y militarmente dichas zonasviii. La siguiente afirmación de Alfredo Rangel recoge buena parte de estas preocupaciones:

Las FARC no vienen con chiquitas. Piden unas ZRC de nueve millones de hectáreas, unas Zonas de Producción Campesina de Alimentos de siete millones de hectáreas, a las que hay que agregar los cerca de 30 millones de hectáreas de los resguardos indígenas y los cuatro millones de hectáreas de los territorios de afrodescendientes, con lo cual tenemos alrededor de 50 millones de hectáreas que harían parte de jurisdicciones especiales, cerca del 40 por ciento del territorio nacional. Para esas jurisdicciones las FARC reclaman autonomía política, económica y administrativa, lo cual significa, ni más ni menos, que el poder central del Estado no tendría soberanía sobre cerca de la mitad de su territorio y que quedaríamos ad portas de la desintegración nacional. Insisto, no es poquita cosa lo que está reclamando la soberbia cínica de las FARC para firmar un acuerdo de paz, proceso que el Gobierno dice que va muy bien y que se firmará dentro de unos pocos mesesix.

Por su parte, las FARC acusaron al ministro de agricultura de ir en contravía de los diálogos de paz al defender la visión del ordenamiento territorial de Ministerio de Defensa según la cual, en opinión del grupo guerrillero, los territorios campesinos son áreas funcionales para la consolidación de la estrategia bélica, estigmatizando a los pobladores del campo y convirtiéndolos en objetivo militarx. Como consecuencia de las duras críticas, el ministro tuvo que matizar sus comentarios y junto con Humberto de la Calle, defender las ZRC como un instrumento por medio del cual podría llevarse la institucionalidad al sector rural. Así, en un punto medio entre la oposición a la propuesta de autonomía hecha por las FARC y las críticas deslegitimadoras de los actores contrarios al proceso, el Gobierno presentó las ZRC como una vía para fortalecer al Estadoxi.

Se encontraron así tres grandes posiciones sobre las ZRC, en las que hay una preocupación compartida por quienes harán presencia en los territorios si se llega a firmar un acuerdo de terminación del conflicto: para las FARC, éstas deben tener autonomía en el marco del reconocimiento político de los campesinos; para los opositores del proceso, las ZRC fragmentan la soberanía del Estado y abren un boquete para el control político y militar de las FARC; para el Gobierno, esta figura es un instrumento legítimo y legal, pero no puede dar lugar a la fragmentación del Estado, por el contrario, tiene que ser funcional a su fortalecimiento. Adicionalmente, hay un hecho concreto que hace más complejo el debate y que fue expresado tácitamente por César Jerez, vocero de ANZORC: actualmente y pese a las aspiraciones del Estado, en muchas zonas quienes controlan los territorios son los grupos guerrilleros, los paramilitares o las bandas criminales y no la Fuerza Públicaxii. Por lo tanto, aunque el Gobierno y las FARC lleguen a un acuerdo y estas dejan las armas, las disputas por el territorio entre los demás actores no van a concluir.

Justicia, paz y participación política

La disputa por las transformaciones que en, términos políticos, traería la firma de un acuerdo de paz tuvo un desarrollo adicional durante el mes de abril, esta vez motivado por el segundo punto de la agenda de conversaciones, referido a la participación política. Los pronunciamientos estuvieron dirigidos a resaltar o cuestionar la pertinencia del tema en el marco del proceso de paz y a preguntar por la posibilidad (ética, política y jurídica) de que los guerrilleros desmovilizados puedan ocupar cargos de elección popular.

La posible proximidad del cierre del primer punto de las conversaciones y el inicio de diálogos sobre la participación política, desataron pronunciamientos sobre la legitimidad o necesidad de negociar con las FARC las normas electorales y los diseños institucionales de participación. Para el grupo guerrillero, el histórico cierre del régimen político es la causa principal de que distintos movimientos hayan optado por el camino de las armas para llegar a ser gobiernoxiii, motivo suficiente para que este tema haga parte del proceso y, en opinión de «Rodrigo Granda» y «Andrés París», se cambien las condiciones de participación de tal forma que la izquierda tenga opciones reales de ser gobierno. Una postura similar fue compartida por líderes de movimientos políticos de izquierda como Piedad Córdoba, vocera del movimiento Marcha Patriótica, para quien el sistema político colombiano y las normas electorales se han caracterizado por privilegiar a los dos partidos tradicionales (Liberal y Conservador) y excluir a los movimientos minoritariosxiv.

Contrario a esta postura, Humberto de la Calle defendió la ampliación de la participación producida por la Constitución de 1991, aunque admitió que ésta podría profundizarse como consecuencia de los diálogos. En concreto, el negociador del Gobierno afirmó: «En el compromiso de brindar garantías es útil que el Estado amplíe el marco de la participación y consolide en un estatuto las garantías y derecho de la oposición. Esto hace parte del ímpetu reformista que comenzó en 1991 y que es necesario preservar», y agregó: «es posible revisar con carácter general los mecanismos y formas de participación para continuar ampliando y modernizando nuestra democracia»xv. Cabe resaltar, como lo hizo el columnista Héctor Pineda, que el Gobierno sigue pensando en estatutos que les brinden garantías de oposición a la izquierda, pero no en un estatuto que le dé garantías para ser gobiernoxvi.

Por su parte, el movimiento Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se manifestó contrario a que las normas electorales fueran discutidas con las FARC, motivo por el cual se negaron a participar en el foro sobre participación política convocado por la mesa de negociaciones. Esto no sólo porque como lo habían manifestado sus integrantes meses atrás, los temas de la agenda nacional no deben ser acordados con la guerrilla, sino porque en su opinión «(…) negociar espacios de participación política para personas que hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, es inaceptable jurídica y moralmente para un Estado democrático y de derecho como el colombiano»xvii. En otros términos, para este sector político el Estado no tiene por qué tranzar cargos de elección popular con quienes han sido victimarios, y por el contrario, estos tienen que someterse al ordenamiento jurídico vigente.

Esta conexión entre víctimas y participación política fue central en los pronunciamientos sobre el proceso de paz en el mes de abril. Aunque en muchos casos no fue explícita, la pregunta que estaba en la base de estos era: ¿pueden los miembros de las FARC ser elegidos para cargos de elección popular a pesar de ser responsables de crímenes graves o de lesa humanidad?

Para el uribismoxviii, que se ha tomado la vocería de las víctimas de la guerrilla mientras guarda silencio sobre las víctimas de los paramilitares y del Estado y omite que el gobierno de Uribe se negó a aprobar los proyectos de ley que buscaban reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del conflicto, la participación política de las FARC, en especial de sus máximos jefes, abriría las puertas de la impunidad. En su opinión, es una situación jurídica y éticamente inaceptable que las acciones de las FARC que han dejado desplazados, muertos, secuestrados, despojados y desaparecidos, sean premiadas con cargos de elección popular.

Sin embargo, detrás de las alarmas por la posible impunidad que pueda resultar del proceso de paz, se esconde una preocupación política. «Seguramente —escribió el expresidente Uribe en una columna— Maduro, Castro y los voceros del Foro de Sao Paulo dirán a los cabecillas de las Farc que negocien porque no encontrarán a alguien, como el Presidente Santos, que les confiera tal impunidad y les abra el camino del poder. Además, los avezados consejeros saben advertir que un Gobierno, que no tiene genuino afecto de integración al pueblo, será fácilmente derrotado en 2018 por los beneficiarios de su juego de impunidad. Y agregarán que habrá advenimiento del Castrismo por la vía electoral para lograr el desastre que poco a poco se consolida en Venezuela, y que después eliminarán las elecciones para que no haya regreso por la escalera de la democracia»xix. En últimas, parece que partiendo del supuesto de que todas las expresiones de la izquierda convergen en los modelos de Venezuela y Cuba, al uribismo le preocupa que la conversión de las FARC en un movimiento político, les dé posibilidades reales de ser gobierno y que Colombia se alinee en el mismo espectro político de lo que en otras ocasiones han llamado el «castrochavismo»xx.

Por otra parte, entre quienes apoyan el proceso las opiniones se dividen. Algunos están dispuestos a aceptar un amplio margen de impunidad, que cobije incluso al secretariado de las FARC, pues de otra manera el grupo guerrillero no aceptaría dejar las armasxxi; y otros, por el contrario, consideran que debe haber un equilibrio entre las posibilidades de participación política de las FARC y los derechos de las víctimasxxii. Por su parte, Humberto de la Calle se limitó a aclarar que el futuro político de los miembros de las FARC no haría parte de ese punto de la agenda. «La pregunta sobre quién de ellos, en cada caso, puede ser elegido, corresponde al punto donde se aborden los temas de justicia. Ese es un asunto que debe ser tratado más adelante en el escenario de la justicia transicional, en el que no sólo cuenta la voluntad del Gobierno. Hay decisiones de otras ramas del poder y hay compromisos internacionales de Colombia»xxiii, afirmó la cabeza del equipo negociador del Gobierno.

Sin embargo, no sobra recordar que desde el inicio de los diálogos el Gobierno ha insistido en que el objetivo de estos es que el grupo guerrillero deje las armas y defienda sus ideas en los escenarios de la democracia electoral. Esta posición fue respaldada por actores institucionales como el fiscal general Eduardo Montealegre, quien dijo: «Hay que pedirles -—a las FARC— que dejen las armas, pero hay que darles alternativas y la alternativa es la participación en política, en vez de acudir a los medios violentos para llegar al poder, que acudan a las vías democráticas»xxiv. No obstante, la discusión quedó abierta.

La complejidad que van tomando las posiciones deja al descubierto que las controversias están lejos de terminar, pues alrededor del proceso de paz se agrupan sectores con visiones y propuestas políticas radicalmente opuestas, que se reflejan en el miedo y la esperanza que distintos actores manifiestan frente a la posible transformación política del país. Por lo pronto, y sin querer señalar que el resto de las discusiones desaparecen, el desarrollo rural será el tema que más debate suscite en los próximos meses, como consecuencia de las presiones para que las negociaciones comiencen a dar resultados y del anuncio del primer acuerdo de la mesa de conversaciones. De esto nos ocuparemos en la próxima entrega del Observatorio.

***

ihttp://www.observatorioddr.unal.edu.co/construccion_de_paz/delegacion_paz_farc-ep/comc_farc_ep_9_02_2013.pdf
iiAsí se manifestaron, respectivamente, los columnistas María Elvira Bonilla, Juan Pablo Ruíz, Alfredo Molano, el exdirector del INCORA Carlos Ossa Escobar y el expresidente Ernesto Samper.
iiihttp://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/proceso_de_paz_campesinos_

ajustan_propuestas_sobre_zonas_de_reserva/proceso_de_paz_campesinos_ajustan_propuestas_sobre_zonas_de_reserva.asp

ivhttp://www.eltiempo.com/politica/campesinos-preparan-propuesta-para-gobierno-y-farc_12707128-4
vhttp://www.observatorioddr.unal.edu.co/construccion_de_paz/delegacion_paz_farc-ep/comc_farc_ep_9_02_2013.pdf
vihttp://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12614356
viihttp://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12614356
viiiAsí lo expresaron José Félix Lafaurie, Alfredo Rangel, Fernando Londoño Hoyos, John Mario González; los congresistas conservadores José Darío Salazar y Liliana Rendón y Francisco Gutiérrez, director científico del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria
ixhttp://www.semana.com/opinion/articulo/las-farc-exigen-medio-pais/337872-3
xhttp://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-410465-farc-dicen-ministros-de-defensa-y-agricultura

-son-enemigos-de-pa
xiEsta posición fue compartida por la Fundación participar y el diario La República.
xiihttp://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz-discusion-sobre-zonas-de-reserva-campesina_12698141-4
xiiihttp://www.larepublica.co/asuntos-legales/farc-en-la-pol%25C3%25ADtica-un-debate-que-polariza_37474
xivhttp://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-418949-debate-participacion-de-farc-politica
Otros líderes que compartieron esta posiciones fueron el representante a la cámara Iván Cepeda; Carlos Arturo Velandia, exintegrante del EPL y ahora miembro del movimiento Unidad, Paz y Democracia (UPD); Feliciano Valencia, líder indígena y vocero del movimiento Político País Común; y Gabriel Becerra, secretario distrital del Partido Comunista.
xvhttp://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-419028-estado-debe-consolidar-estatuto-de-garantias-

y-derecho-oposicion
xvihttp://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/hctorpineda/el-derecho-a-gobernar-hector-pineda-columnista

-el-tiempo_12771634-4
xviihttp://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-418354-movimiento-de-uribe-no-asistira-foro-politico-del-proceso-de-paz
xviiiHacen parte de este grupo el expresidente Álvaro Uribe; los precandidatos por Centro Democrático, Francisco Santos y Juan Carlos Vélez; los columnistas Rafael Nieto Loaiza, Paloma Valencia Laserna y Darío Acevedo Cardona y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie.
xixhttp://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/de_la_impunidad_al_castrismo/de_la_impunidad_al_castrismo.asp
xxEsta preocupación también fue expresada por la columnista Paloma Valencia Laserna, ideológicamente cercana a Uribe.
xxiEsta parece ser la posición de Vicenç Fisas, director de la Escuela de Paz de Barcelona, y los columnistas Yohir Akerman y Diego Martínez Lloreda.
xxiiEs el caso de Bruno Moro, coordinador del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia; Eduardo Montealegre, fiscal general de la nación; el columnista Carlos Alberto Giraldo; el académico Francisco Leal Buitrago y el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de Paz, Óscar Arias.
xxiiihttp://www.semana.com/nacion/articulo/no-esta-negociando-doctrina-militar/341638-3
xxivhttp://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-414907-estoy-de-acuerdo-farc-puedan-llegar-al-congreso-fiscal
Otros actores para quienes el proceso debe llevar a que las FARC defiendan sus ideas en democracia y no con las armas son: Héctor Pineda, columnista y exconstituyente; Antonio Navarro, desmovilizado del M-19 y exconstituyente; Rudolf Hommes, columnista y exministro de hacienda; Silvia Rucks, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Brian Currin, colaborador en el diseño de la Comisión de Verdad y Reconciliación en Sudáfrica; los senadores Hernán Andrade Serrano y Roy Barreras; y los columnistas Elisabeth Ungar Bleier y Diego Martínez Lloreda, entre otros.

 

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