Dos lecciones de memoria histórica

on Jueves, 01 Agosto 2013. Posted in Artículos, Edición 14, Nacional, Memoria histórica, Carlos Andrés Manrique

14 manrique1A la devastadora violencia de la guerra no se la neutraliza ni se la repara ni se la supera solamente a través de instrumentos jurídicos (por muy importantes que estos puedan ser para atender las necesidades de aquellas personas menos favorecidas y más golpeadas por la violencia); sino que por el contrario, responder a esa violencia requiere de otro tipo de práctica y construcción de la memoria, que implique otra manera de exponerse al otro, y otro modo de pensar en uno mismo y de ser uno mismo.
 
Carlos Andrés Manrique
Fuente: http://www.tumblr.com

No deja de causar cierta perplejidad que en la coyuntura de las actuales y delicadas discusiones en torno al Marco Jurídico para la Paz, la comprensión más abiertamente militarista y guerrerista del conflicto armado, en virtud de la cual se ha expuesto durante muchos años a la población civil al daño causado por el accionar del ejército con sus bombardeos ultra-tecnificados, y con su estrecha cooperación estratégica con el paramilitarismo (como lo ha enfatizado de nuevo el recientemente publicado Informe General del Grupo de Memoria Histórica), se haya convertido ahora en la abanderada de la defensa de los derechos de las víctimas de la guerra.

Esta perplejidad encierra quizás algo más que una movida oportunista de las huestes uribistas en el ajedrez político-electoral. Aunque, por supuesto, también es esto: hábiles como lo fueron durante las campañas publicitarias de la “seguridad democrática” y de “Colombia es pasión” en apostarle a los réditos electorales y los puntos de favorabilidad en los ratings de “opinión pública” obtenidos a través de una indignación moral fustigada por la imagen de la perversidad del enemigo, y de paso, en justificar de esa manera la avanzada bélica en su contra y los eventuales “daños colaterales” causados por ésta, ahora las huestes uribistas vuelven a esgrimir esta misma arma: fustigar la indignación moral de los colombianos ante la impunidad en la que quedarían los crímenes de las FARC de aplicarse el componente de “justicia transicional” del actual marco jurídico. Y como las FARC, de manera incomprensiblemente torpe, han hasta ahora contribuido a atizar este “pathos” de indignación al negarse a reconocer públicamente su responsabilidad ante las víctimas de sus estrategias bélicas irregulares y a pedirles perdón, el riesgo de que esta estrategia de publicidad político-electoral tenga de nuevo cierto éxito, no es bajo. Y como, más aún, los eventuales acuerdos en la Habana serán refrendados en las urnas, este riesgo pone en peligro el mismo proceso de paz en su conjunto, que es lo que sus enemigos han buscado desde el comienzo.

Sin embargo, que el “pathos” militarista y guerrerista de antaño sea ahora el mismo “pathos” que se rasga las vestiduras en defensa de los derechos de las víctimas de la guerra, es más que una jugada astuta en el ajedrez electoral, y es más que una voraz instrumentalización del dolor de las víctimas para intentar recuperar parte del poder, y del botín perdido. Que el mismo “pathos” agresivo y vengativo que antaño buscó generar una opinión pública en la que el buen ciudadano, complacido consigo mismo, se hallaba también sediento de la sangre del enemigo moralmente degradado, se esté modulando ahora como el pathos de la ley penal que ha de castigar a los victimarios para defender los derechos de las víctimas, nos obliga a reflexionar quizás sobre algo más profundo y de enorme significado en la actual coyuntura de nuestro país: las distintas maneras como se puede modular la relación entre los procesos y las prácticas de construcción de memoria histórica y la aplicación de la justicia penal, con miras a responder de la manera más ética y políticamente constructiva a los muchos traumas de la violencia que nos atraviesan como país. Los adversarios del proceso de paz que paradójicamente esgrimen a dos manos la bandera de la salida militar, guerrerista y sangrienta al conflicto, y ahora la bandera de los derechos de las víctimas de la guerra que serían vulnerados por la justicia transicional del marco jurídico, practican la memoria como un ejercicio en el que el dolor se hace venganza; y entienden la ley jurídica como uno de los instrumentos a través de los cuales se despliega la violencia de esta venganza, pero esta vez con el aura de una autorización moral. Es, lo sabemos, el mecanismo de lo que Nietzsche describió como la moral del resentimiento, y de esa memoria que, según el comienzo del Segundo Libro de la Genealogía de la Moral, se forja como respuesta reactiva ante el dolor vivido, y tiene como efecto fijar la identidad de los sujetos y de la experiencia en la estructura dicotómica del juicio moral, obstruyendo la posibilidad  de su transformación. Hay que decir, por lo demás, que el discurso de las FARC muchas veces tiende a exponer, aunque en el lado opuesto del espectro, este mismo pathos vengativo, dicotómicamente maniqueo y moralmente auto-complaciente, por lo cual se hace menester buscar, promover y profundizar otros escenarios y discursos en donde podamos comenzar a articular concepciones alternativas de la relación entre los traumas de la violencia, la construcción de memoria histórica, y la intervención de la ley jurídica.

Por fortuna, recientemente se han manifestado en la escena pública en nuestro país, dos ejercicios importantes de memoria histórica que, en registros muy distintos, nos dan pistas valiosas para entender y cultivar de otro modo esta relación entre violencia, memoria y ley: por un lado, el Informe General del “Grupo de memoria histórica (GMH)” (“Basta ya!: Colombia, memorias de Guerra y dignidad”) y por otro lado, la instalación del artista colombiano José Alejandro Restrepo titulada “Dar la Cara”, expuesta durante los pasados meses de Junio y Julio en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. En la Presentación al Informe General del GMH, se hace un llamamiento explícito a la necesidad de construir una memoria histórica de la violencia en Colombia que supere los juicios morales dicotómicos (entre buenos y malos), que evite la comprensión reductiva de la violencia que la explica simplemente apuntando condenatoriamente a sus perpetradores directos sin reconocer que la sociedad en su conjunto, en sus estructuras y formas de relación social estabilizadas, en sus configuraciones institucionales y sus prácticas cotidianas, tiene una responsabilidad sumamente importante que asumir en los ejercicios de violencia, responsabilidad que no puede pasarse por alto en la actitud autocomplaciente de quien señala con el dedo a los culpables, para identificarlos de cara a un castigo jurídicoi. Más aún, en algún pasaje el informe hace una distinción clave entre una memoria transformadora, para la cual “la respuesta al agravio es una propuesta de sustitución del orden, es decir, la búsqueda de la supresión o transformación de las condiciones que llevaron a que pasara lo que pasó”, y una memoria sin futuro “que toma la forma extrema de la venganza, la cual a fuerza de repetirse niega su posible superación”ii. Finalmente, otro de los notables alcances del Informe, es darle visibilidad a las víctimas no ya como sujetos pasivos que buscan y esperan el asistencialismo del Estado, sino como sujetos políticos que se han organizado en formas inventivas de resistencia tanto ante los poderes de las armas como de la institucionalidad de un Estado indiferente, cuando no hostil, y que han puesto en práctica ejercicios militantes de memoria para mantener viva la promesa de futuro y de transformación por la que han luchado.

Aún así, y aunque el Informe declara que “por convicción y por mandato legal” se aparta de la idea de una “memoria oficial” del conflicto armado, institucionalmente promovida y avalada por el aparato Estatal, no deja de percibirse un cierto sesgo institucionalista en su enfoque, que le impide quizás tener la distancia y la potencia crítica, y la capacidad de problematizar y sacudir nuestros esquemas valorativos y nuestros hábitos de juicio y de percepción de la “realidad”, que, como lo describiré en un momento, se puede apreciar en la intervención artística de José Alejandro Restrepo. El informe sigue demasiado apegado a la idea de construir un archivo histórico que de cuenta de la “verdad” de lo que pasó; y sigue estando modulado por una confianza un tanto acrítica en el orden jurídico como instancia eminente de justicia y reparación de los daños ocasionados por la violencia, como lo demuestra su ponderación sin ningún tipo de salvedad de la vigente “Ley de víctimas y restitución de tierras”, ley en la que, entre otras cosas, la condición de víctima termina inscribiéndose en una patología de lo “anormal” que se vuelve objeto de intervención y regulación psicosocial (aunque paradójicamente el informe reconoce y le da una importante visibilidad, como ya lo señalamos, a la militancia política de los movimientos sociales que se han encargado, al margen de los canales institucionales del Estado, de organizarse en formas de acción política que buscan poner en práctica una “memoria transformadora” en la que el dolor de las víctimas se moviliza como posibilidad y apertura hacia otras formas de vida y de sociedad). Esta confianza acrítica en la ley jurídica como instancia de superación y reparación de la violencia lo demuestra también, de manera más significativa, el hecho de que no parezca tenerse en cuenta que esa memoria sin futuro“que toma la forma extrema de la venganza, la cual a fuerza de repetirse niega su posible superación”, no es solamente una memoria característica del círculo bélico de la venganza, sino que también puede muy bien ser una “memoria” promovida por las formas específicas de venganza y de violencia que se pueden desplegar a través del orden jurídico mismo.

Y acá es donde es notable la potencia crítica de la instalación de José Alejandro Restrepo. Proyectando cientos de rostros de paramilitares reinsertados en el marco del proceso de “Justicia y Paz”, rostros que van perdiendo su singularidad en el angustioso movimiento de repetición y sustitución con otros rostros que se les superponen para luego desparecer de nuevo en el instante; y mezclando distintos archivos en los cuatro cuadernillos que acompañaban a la exposición, archivos en los que, por ejemplo, se cruzan de nuevo estos rostros criminales, pero ahora estáticos, con descripciones de textos autorizados de la historia del arte y de la cultura occidental (Winckelmann, Leonardo Da Vinci), en donde se ha insistido con perturbador énfasis en naturalizar la perversión moral asignándole un correlato fisiológico que se corresponde con el otro racialmente inferior; o mezclando de nuevo otro archivo de citas célebres de figuras políticas importantes en la historia de Colombia, desde Franciso José de Caldas hasta Francisco Santos, en donde se reitera de manera perturbadoramente sistemática un discurso civilizatorio y racista que estigmatiza al “africano” o al “indio” como el bárbaro, el sub-desarrollado, el moralmente inferior; en fin, en este cruce de archivos heterogéneos la instalación desestabiliza la idea de una “verdad” histórica, de una verdad de lo acontecido, y desestabiliza también la separación entre la experimentación artística y la producción de memoria histórica. Pero sobre todo, desestabiliza esa oposición tan tajante entre la violencia del criminal y la violencia identificadora, estigmatizadora, degradante, que la condena jurídica despliega sobre él (en un sentido cercano, quizás, a aquél en el que Walter Benjamin nos ha advertido acerca de ese perturbador aire de familia entre la violencia monstruosa del “gran criminal”, y la violencia que hace ley y preserva ley distintiva del orden jurídico). Esa violencia de la ley jurídica que evoca la exposición (esos procesos de identificación y estigmatización del rostro del criminal en su vínculo histórico con los discursos racistas que tienden a naturalizar la perversión como anormalidad, como deficiencia biológica o evolutiva, para identificar al otro “malo” frente al que hay que inmunizarse), nos puede advertir algo sobre los riesgos en la excesiva judicialización de procesos históricos como los actuales diálogos de paz, pero también, en retrospectiva, de procesos como el de la reinserción de los paramilitares en el marco de la ley de “Justicia y paz”: (1) Detrás del aparato jurídico operan una serie de técnicas de identificación, exclusión, definición del adentro y el afuera del tejido social, que son co-extensivas con mecanismos de marginalización profundamente inscritos en la fibras de la sociedad (es muy significativo que todos esos centenares de rostros de los paramilitares reinsertados con cuya vertiginosa aparición / desaparición nos confronta la instalación, sean rostros de individuos de extracción humilde y popular, y que no haya un solo rostro de un “hijo de papi y mami”, como se dice coloquialmente, o de un miembro de la clase dirigente del país);  (2) a la devastadora violencia de la guerra no se la neutraliza ni se la repara ni se la supera solamente a través de instrumentos jurídicos (por muy importantes que estos puedan ser para atender las necesidades de aquellas personas menos favorecidas y más golpeadas por la violencia); sino que por el contrario, responder a esa violencia requiere de otro tipo de práctica y construcción de la memoria, que implique otra manera de exponerse al otro, y otro modo de pensar en uno mismo y de ser uno mismo. Estas dos importantes lecciones de memoria que se han hecho públicas recientemente nos dan, desde enfoques muy distintos, valiosos elementos para repensar esta dimensión ética y política de la memoria. Aunque la instalación artística, al no apelar ya más a la pretensión de reconstruir la “verdad” de lo que pasó en un archivo (un informe), y al hacer porosas las fronteras y los efectos de resonancia entre distintos archivos (judiciales, visuales, literarios, filosóficos, periodísticos), logre movilizar un mayor potencial crítico, y una mayor capacidad de transformar nuestras estructuras valorativas y nuestros hábitos de percepción.

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igmh. ¡basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional, 2013. Pg. 16
iiIbidem

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