Economía de la educación en tiempos de reforma y posconflicto

on Martes, 14 Enero 2014. Posted in Artículos, Economía de la educación , Posconflicto, Edición 25, Nacional, Crisis educativa, Germán Paul Cáceres

25 Paul1Desde el punto de vista de la economía de la educación este artículo reflexiona sobre el papel del Estado al respecto, en un momento en que se anuncia un nuevo intento del gobierno por implementar una reforma a la educación tras su fracasado proyecto de 2012 y en el que un desenlace favorable de las negociaciones de paz en La Habana implicará repensar las políticas públicas sobre el tema para viabilizar el país del posconflicto.
 
Germán Paul Cáceres
Fuente: http://ubueconomia.blogspot.com/

De manera recurrente las discusiones sobre Estado y mercado se concentran en la disyuntiva sobre el rol de cada uno. Block y Evans (2007:308) señalan que esto parte de un supuesto falso que considera que “el Estado y la economía son esferas analíticas separadas, que pueden funcionar autónomamente”. Tampoco se trata de un simple acople entre ambas esferas que implique un papel auxiliar del Estado ante fallos de mercado, tal como se desprende de corrientes de matriz neoclásica.

Reflexionar sobre las justificaciones teóricas de la intervención del Estado en la economía parte de reconocer que no se trata de una simple acción complementaria, correctiva, o sustitutiva sino que la configuración social de las sociedades capitalistas modernas hace inherente la acción del Estado.

El pensamiento neoclásico admite que el mercado sólo es eficiente si se cumplen una serie de supuestos de por sí muy restrictivos. Al respecto, Stiglitz (2000) señala que existen al menos seis situaciones que hacen inviable a la solitaria acción del mercado en la economía: fallos de competencia (escenarios monopólicos, oligopólicos o de competencia monopolística); bienes públicos puros (dado su carácter no transable); los mercados incompletos (dados los costos innovación, los costos de transacción y las asimetrías de información); las rigideces en el comportamiento de variables macroeconómicas como la inflación o el desempleo estructural; los fallos de información (información incompleta) y las externalidades negativas que, derivadas de actuaciones privadas, constituyen situaciones socialmente indeseables. Estas situaciones (que no son mutuamente excluyentes), constituyen distorsiones que pueden llegar a ser socialmente costosas.

Pero además de los fallos del mercado, consideraciones de tipo normativo justifican la acción estatal, por ejemplo, la distribución de la renta y la equidad social; consideraciones que ganan mayor peso político en un contexto de comprobada fragmentación y desintegración social que requiere con urgencia la decisión política para avanzar hacia mayores niveles de inclusión y superación de la pobreza, en un país que, además, se prepara para un complejo escenario de superarse las resistencias, obstáculos y enemigos que conspiran contra el éxito de las negociaciones Gobierno-FARC.

Dentro de tales consideraciones se ubica el tema de la educación, cuya política pública cobra aún mayor importancia en la actual coyuntura y en la que se debe controvertir la postura de reducción del papel del Estado del actual gobierno frente a la realización del derecho a la educación.

La educación como derecho socialmente preferente para la Colombia del posconflicto

El papel del Estado en la educación se nutre tanto de razones económicas como de razones de tipo distributivo y de justicia social. El debate alrededor de la anunciada reforma gubernamental y el debate sobre la educación en la Colombia del posconflicto debe insistir en la generación de una política pública que comprometa plenamente al Estado en el reconocimiento del derecho a la educación, acompañado de una financiación adecuada y suficiente para conseguir no sólo cobertura sino también calidad en los niveles básico, secundario y superior, y potencie el respaldo a la investigación tecnológica y científica. Desde el punto de vista de la economía de la educación el derecho a la educación es plenamente sustentable.

Parte de esta sustentación la ha dado la propia teoría económica; entendida la educación como generadora de externalidades económicas positivas desde la década de 1960 la llamada teoría del capital humano vinculó el desarrollo educativo con el crecimiento económico bajo el supuesto de que una mayor inversión en educación equivalía a mejorar las cualificaciones de los individuos, lo que se traducía en mayores niveles de productividad de la economía y a su vez, aumentaba los salarios de la población. Esta perspectiva “considera que la inversión en las personas es semejante a la inversión en capital” (Stiglitz. 2000:451).

Sin embargo, a este enfoque precursor de la economía de la educación se le señalaron varias criticas: sobrestimación del impacto de la educación en los ingresos; subestimación de los obstáculos que impone la segmentación social de los mercados de trabajo; el mutismo frente a la existencia de realidades que desligan educación y productividad, como por ejemplo, la consideración de la educación como un gasto defensivo frente a la imposibilidad de acceder al mercado de trabajo o como mecanismo de diferenciación o selección social. Estas y otras críticas, también revelaron lo problemático de dejar al sólo esfuerzo personal o familiar en mercados privados la generación de impactos sociales del proceso educativo1.

Aun así, las conclusiones del capital humano siguen permeando cualquier discusión en este campo a partir de su premisa de la educación como un bien público o al menos, como un bien común de especial relevancia2. Las reformulaciones teóricas que le siguieron pusieron más énfasis en los rendimientos sociales de la educación por sobre los rendimientos privados, en la mejora en la gestión de la educación como beneficio colectivo y una más adecuada distribución de los recursos destinados a ella.

Adicionalmente, con los amplios niveles de interdependencia de los países, la educación adquiere importancia renovada ante las implicaciones del mundo globalizado “...La apertura del comercio y el tránsito hacia las sociedades de la información hacen que las sociedades nacionales dependan cada vez más de su competitividad externa y ésta, a su vez, de la incorporación de inteligencia y conocimiento renovado al sistema productivo. Por lo mismo, el desarrollo requiere de grandes y veloces cambios educativos” (CEPAL-UNESCO.2005:12)

Pero si estas miradas centran su atención en los resultados estrictamente económicos de la educación, también permiten insistir en sus rendimientos sociales y políticos: individuos más y mejor educados hacen al aumento general del grado de cultura de la sociedad y más y mejor educación para más individuos repercute verdaderamente en la distribución de la renta y la superación de la pobreza e inclusive en sociedades con mayor capacidad para racionalizar eficazmente sus conflictos.

No obstante, existe una poderosa razón para que los individuos no inviertan tanto como quisieran en su propia educación y por la que adquiere mayor sentido una activa financiación estatal más aún en países como Colombia: “pueden carecer de acceso a los fondos necesarios para costear su educación… el acceso de los niños a la educación no debe depender de la capacidad económica de sus padres… De hecho, esas consideraciones distributivas constituyen el principal motivo para que intervenga el Estado en la educación, en la financiación de la enseñanza elemental y secundaria y en la ayuda económica general a la enseñanza superior” (Stiglitz. 2000:449)

La educación de niños y jóvenes ayuda a detener la reproducción intergeneracional de la pobreza. La pobreza implica un círculo vicioso que recrea permanentemente la privación de activos y el acceso limitado a las oportunidades básicas de consumo, salud, nutrición, educación…etc. Tal situación impide que los padres puedan procurar educación para sus hijos, lo que hace razonable la intervención del Estado para conseguir que todos los niños y jóvenes lleguen y se mantengan en las escuelas. De hecho, se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de casi todos los gobiernos, conseguir tasas de escolaridad cercanas al 100% pero ello sólo es posible a través de fuertes participaciones públicas en la provisión de educación a pesar y por sobre la existencia de la oferta privada.

El bienestar social no sólo depende de la disponibilidad de recursos económicos sino que existen otro tipo de recursos y características no económicas de la vida de las personas que repercuten en su bienestar y la sustentabilidad de estos recursos y características lo cual le permiten superar la pobreza y conseguir mejores niveles de bienestar3. La educación contribuye a esa sustentabilidad como capital social y cultural de innegables impactos económicos que coayuda a garantizar “que las desventuras de los padres, merecidas o no, no serán experimentadas nuevamente por sus hijos. Contribuiría a asegurar que la pobreza no se perpetúe a sí misma” (Galbraith.1958)

La Colombia del posconflicto requiere que el problema de la educación como derecho garantizado por el Estado se tome en serio en esta coyuntura y se formule, con participación de todos los actores involucrados una verdadera apuesta por una nueva y mejor educación con los recursos suficientes, que favorezca la realización de las aspiraciones y necesidades de una Colombia en paz.

***

1El funcionamiento de mercados privados de educación también ha demostrado incapacidad para alcanzar niveles de bienestar social pues excluye de entrada a amplias porcentajes de población infantil cuyos padres o familias no consiguen solventar los costos de educación de sus hijos e, inclusive, las experiencias de promoción de mercados educativos con iniciativas tipo voucher, vales, subsidios estatales a instituciones privadas, etc., han mostrado evidentes falencias de eficiencia en la asignación de los recursos y en los resultados esperados. En el caso de la educación superior, lo demuestra la actual crisis de los sistemas de financiación implementados en Chile y Estados Unidos.
2Teniendo en cuenta que la educación no es un bien público puro, ya que el costo marginal de educar a un niño adicional es mayor que cero y no cumple a cabalidad la condición de bien no rival, que forma la naturaleza de los bienes públicos.
3“La sustentabilidad de –los-- niveles de bienestar depende de la cuestión de saber si los stocks de capital que importan en nuestra vida (capital natural, físico, humano, social) se transmitirán o no a las generaciones futuras” (Fitoussi y otros. 2009).

Block, J. Evans, P. El Estado y la economía. En. Peter Evans. Instituciones y desarrollo en la era de la globalización neoliberal. Capitulo 9. Colección En Clave de Sur. 1ª Edición: ILSA. Bogotá, Colombia, abril de 2007

CEPAL-UNESCO. “Invertir mejor para invertir más. Financiamiento y gestión de la educación en América Latina y el Caribe”. Santiago de Chile. 2005.

Fitoussi, J.P. Sen, A. Stiglitz, J. Informe de la Comisión sobre la Medición del Desarrollo Económico y del Progreso Social. 2009

Galbraith, J. K. La sociedad opulenta. 1958

Stiglitz, J. La economía del sector público. Antoni Bosch editor. 2000

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