El miedo a la democracia

on Martes, 14 Febrero 2017. Posted in Artículos, Edición 99, ELN, Nacional, Democracia, Proceso de paz, Carlos Andrés Manrique

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El tema de la participación directa de la sociedad civil en el escenario de la mesa de negociación entre el gobierno nacional y la última insurgencia de inspiración marxista que sobrevive en el continente, es un tema serio. Quienes ocupando posiciones privilegiadas de poder lo minimizan condescendientemente por su falta de “realismo”, están en verdad muy desconectados de la realidad del mundo en el que viven, y de cómo esa realidad nos exige repensar las formas de construcción de lo común desde la gente, desde abajo, desde los territorios, más allá del modelo ya históricamente en ocaso de la democracia liberal representativa, tal y como se ha instituido de manera dominante en las sociedades occidentales.

 

Carlos A. Manrique
Fuente de la imagen: www.alfcmenifee.org

La mesa de diálogo con el ELN se instaló en Quito, y mientras que casi nadie pone en duda la importancia decisiva que tiene, para la construcción de paz con justicia social, la participación masiva de la sociedad civil en lo que allí se acuerde, muchos en cambio dudan sobre su plausibilidad: su cómo, su cuándo, su hasta dónde, y sus efectos. Dicha participación, como lo reiteró el vocero de esta insurgencia Pablo Beltrán en su discurso durante la instalación de la mesa, es la apuesta central con la que esta insurgencia busca que el proceso de negociación que conduzca eventualmente a su desarme, pueda catalizar una democratización del país que favorezca a los sectores históricamente más marginados y excluidos, y pueda ser un espacio donde se amplifique su voz y se defienda su dignidad. Ningún pronunciamiento en los circuitos de opinión pública, ni en los discursos oficiales del gobierno, pone en duda que dicha participación sea importante: ¿Cómo objetar a que la gente participe activamente en las reflexiones sobre los destinos comunes, cuando se abren instancias de deliberación política? ¿Cómo objetar a un llamado que parece responder de manera tan básica e inequívoca a los principios de la democracia, cuando nos llamamos una democracia? Habría que ser medio canalla para objetar a esto. Y, sin embargo, la objeción viene luego de manera solapada e indirecta: esa certeza inicial contrasta de manera llamativa con la profunda incertidumbre que se cierne en torno a cómo, cuándo, con qué alcance y efectos habrá de darse dicha participación, y con el escepticismo adusto que esa incertidumbre genera.

Porque esta incertidumbre además se bifurca en dos actitudes también contrastantes: por un lado, el entusiasmo y la energía con la que miles y miles de colombianas y colombianos se volcaron a los “100 encuentros por la participación y la paz” convocados por la convergencia de colectivos y movimientos populares autodenominada la “Mesa social por la paz” el pasado 4 de febrero, para respaldar la apertura de la mesa en Quito y mostrar con hechos la voluntad de responder al llamado del primer punto en la agenda de esa mesa: “1. Participación de la sociedad”. Por otro lado, otra actitud, la del recelo con la que el gobierno ve la inclusión de este punto en la agenda (aceptado a regañadientes, seguro, porque ¿cómo objetar abiertamente a algo tan elemental para la democracia que somos según nuestra Constitución?), recelo que el ex ministro Juan Camilo Restrepo no perdió la oportunidad de dejar entrever cuando en la instalación de la mesa afirmó en su discurso que, a pesar de ser muy importante, la participación de la ciudadanía no será de ninguna manera “vinculante” en la negociación. Disipando con ello cualquier posible duda relacionada con la propuesta que la “Mesa social para la paz” había hecho hace algunos meses, cuando convocó a unas reuniones a comienzos de noviembre de 2016, en las que se planteaba la posibilidad de que los espacios de participación de la sociedad civil pudiesen sesionar como “cabildos abiertos”, jurídicamente vinculantes, desde las regionesi. Y sumado a este recelo, el escepticismo burdo con el que medios masivos de comunicación ya desahucian estos diálogos sin que hayan comenzado, porque el primer punto de su agenda parece consistir ya de entrada en algo “irrealizable”ii. ¿Por qué este miedo a la “democracia” cuyos principios nadie objeta, pero cuya realización efectiva se torna casi impensable, desde el punto de vista jurídico e institucional?

Parte de la respuesta a esta pregunta tiene que ver con que el ejercicio de la democracia directa ha sido siempre inexistente en la historia de los estados demoliberales occidentales. Y ha sido inexistente no tanto por su inviabilidad desde el punto de vista pragmático (los movimientos sociales vienen desde hace años en Latinoamérica y en Colombia diseñando mecanismos de participación directa que tienen incidencia en las formas de auto-gobierno de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescedientes, lo que muestra que dichos mecanismos no son “impracticables”, aunque sean por supuesto defectuosos y perfectibles); sino sobre todo porque las actuales democracias liberales estatales funcionan en realidad como máquinas burocráticas cuyos principales presupuestos, por ejemplo, la jerarquía epistemológica que la tecnocracia pone en juego entre los saberes científicos autorizados, y los saberes locales-populares, son incompatibles con una democracia directa activa, y entonces tienden a neutralizarla. No obstante, la crisis a nivel global de la democracia liberal representativa, nos exige la tarea histórica de relanzar las potencias de la democracia directa. Nos exige entonces afirmar que, si bien es cierto que el imperativo político de abrir un espacio de participación intensa de la sociedad civil en las discusiones sobre el por venir de nuestra nación en la mesa de negociación en Quito, sobre las posibilidades de democratización de su vida política, y las transformaciones sociales que se requieren en la construcción de una sociedad más plural y equitativa, si bien es cierto que dicha tarea implica muy complejos retos a nivel pragmático, metodológico, operativo; también es cierto que no se pueden medir esos retos desde el solo punto de vista de la pregunta por la logística de un procedimiento. Hay que medirlos también en relación con la responsabilidad histórica que nos concierne, cuando apreciamos el ocaso del modelo de la democracia representativa liberal a nivel global y la necesidad de relanzar, de manera creativa e inventiva, las posibilidades de un ejercicio directo de la democracia, en donde las gentes puedan realmente incidir en la configuración del mundo tenido en común, mucho más allá de la instancia ocasional de la elección por voto de sus representantes.

Estamos, en efecto, hablando de una crisis inquietante a nivel global de uno de los valores donde las sociedades occidentales aprendieron a reconocerse y a tener conciencia de sí mismas: la democracia liberal representativa. Esta crisis se puede diagnosticar en dos movimientos complementarios: por un lado, una enorme apatía frente a las instituciones legislativas y gubernamentales de los Estados así llamados “democráticos”, por parte de sectores amplios y anónimos de nuestras sociedades que ven esas instituciones con enorme desconfianza, por sentir que aquellos quienes ocupan posiciones de mando en ellas, y que estarían llamados en principio a representarlos, en la práctica terminan estando más en su contra, que de su lado. Uno de los síntomas más inequívocos en los que se manifiesta esta enorme apatía hacia las instituciones estatales y sus funcionarios, son los portentosos índices de abstención electoral. En los pocos escenarios donde la gente de a pie tiene la posibilidad de incidir sobre los destinos del Estado, eligiendo a quienes allí tienen el mandato de representarlos, o decidiendo en jornadas plebiscitarias temas de legislación y política pública, más de la mitad o casi de los ciudadanos en las democracias representativas contemporáneas, decide no participar (para poner dos dramáticos ejemplos recientes: 65% de abstención en el voto por el plebiscito en octubre de 2016 para refrendar los Acuerdos de paz; más del 40% de abstención en las últimas elecciones presidenciales en EE.UU., es decir la más alta de las última décadasiii). Esta abstención es ella misma expresiva. No es simplemente un silencio inescrutable, sino que nos dice algo sobre la enorme desconexión que siente la gente, y de manera creciente, con las instituciones políticas y jurídicas de sus sociedades. Otro síntoma de esta desconexión, paradigmático del fenómeno Trump, es el creciente auge que está teniendo a nivel global el “populismo anti-establishment”, una reacción agresiva en contra del status quo de las instituciones políticas, jurídicas y económicas en donde se concentra el poder, que ha llamado la atención del mundo entero por el modo como se ha alineado con discursos racistas, xenófobos, abiertamente violentos en contra de las minorías (es decir, discursos contrarios de manera explícita al conjunto de valores éticos y políticos que dictan el deber ser de los ciudadanos en las democracias representativas liberales). Es decir, si en el primer caso la crisis se debe a una desconexión y apatía hacia las instituciones del Estado que se manifiesta en la apatía frente a los procesos electorales, acá tenemos una especie de “autodestrucción normativa” de las democracias liberales en la que discursos flagrantemente contrarios a algunos de los más preciados principios (equidad, respeto a la diferencia, solidaridad social, etc.) terminan siendo respaldados por mayorías en los procesos electorales.

Estos dos movimientos, la abstención expresiva, y la auto-destrucción normativa, señalan una crisis de las democracias representativas liberales, tal cual se han consolidado históricamente en el hemisferio occidental. La reflexión acerca de la responsabilidad que tenemos como sociedad hoy (y no solamente pero también por supuesto el Congreso de la República de Colombia en la legislación conducente a implementar los acuerdos surgidos de la negociación entre el gobierno y las FARC-EP), debe realizarse en diálogo con estos inquietantes y retadores síntomas de nuestro presente histórico a nivel global. Uno de los efectos de esta puesta en contexto es que nos obliga a desplazar nuestra atención de la discusión preponderantemente jurídica (fast track, agenda legislativa, cronograma electoral), hacia la discusión eminentemente política, en un sentido de este término que hay que esclarecer. Por política no debemos entender prioritariamente los juegos de poder para acceder a instancias decisorias sobre temas de gestión gubernamental, o de legislación; tampoco debemos entender prioritariamente el despliegue de las estrategias electorales para recibir el apoyo de las y los ciudadanos a través del voto mayoritario; claro que las instancias del Estado y de las contiendas electorales son escenarios de la política, pero solamente en la medida en que derivan su sentido de una vocación eminente de la política: la posibilidad de construir un mundo en común con otros a través de formas concertadas de acción colectiva. A veces olvidamos muy fácilmente que si el Estado (con sus instancias legislativas y gubernamentales), y las elecciones, son considerados hoy por hoy en el horizonte del sentido común como escenarios quizás privilegiados de “la política”, es porque históricamente en las sociedades occidentales una cierta concepción del Estado, concomitante a una cierta concepción de los procesos electorales, ha ganado preponderancia como la “norma” que orienta nuestras concepciones de legitimidad, de igualdad, de solidaridad y cohesión social, de justicia. Esa norma, lo sabemos bien, es la idea del contrato social. Y la idea del contrato social implica justamente un enorme esfuerzo por responder a la pregunta acerca de la construcción colectiva del mundo tenido en común con otros a través de formas de acción colectiva y el cuidado de la vida que en este mundo tiene lugar. El mismo Rousseau al formularla dijo que el poder soberano de la voluntad general era incompatible con un esquema representativo (“un pueblo con representantes ya no es un pueblo libre”). Y, sin embargo, desplaza luego ese problema de la “representación” a la relación entre la soberanía de la voluntad general (única legisladora posible para Rousseau), y lo que él llama el “gobierno”, un brazo del Estado que no hace la ley (solo la voluntad general puede hacerla), pero que sería necesario para ejecutarla.

En fin, las respuestas a los problemas concernientes a nuestra vida en común, que además nunca nacen completas ni definitivas, necesariamente se tienen que renovar y transformar, así como se transforman las circunstancias de las sociedades que se los plantean y deben resolverlos. Es por ello que hay que pensar en qué medida esta crisis a escala global de la “democracia representativa”, cuyas primeras tendencias e indicios comienzan a anunciarse, solo puede ser contrarrestada con una mejor articulación entre las formas de participación directa de las y los ciudadanos de a pie en el tratamiento de los problemas sociales, al nivel de los escenarios locales, regionales, y territoriales. Esta crisis nos exige comprender que la democracia liberal representativa no puede ser un modelo efectivo de construcción de lo común a través de acciones colectivas concertadas mientras siga coexistiendo con los portentosos y crecientes índices de desigualdad socio-económica que reproduce el capitalismo actual (y lo seguirá haciendo de manera más vertiginosa quizás, en la era Trump, para tristeza de las clases trabajadoras que en su desesperación se volcaron a apoyarlo por su mensaje “anti-establishment”); y que la participación directa y efectiva de las grandes masas de gente en los asuntos concernientes al mundo común compartido entre unos y otros, no puede limitarse al voto depositado en las urnas cada tantos años.

Así, y visto en perspectiva global, el tema de la participación directa de la sociedad civil en el escenario de la mesa de negociación entre el gobierno nacional y la última insurgencia de inspiración marxista que sobrevive en el continente, es un tema serio. Quienes ocupando posiciones privilegiadas de poder (en los medios de comunicación, en las instancias gubernamentales, en los circuitos de distribución de la riqueza económica), lo minimizan condescendientemente por su falta de “realismo”, están en verdad muy desconectados de la realidad del mundo en el que viven, y de cómo esa realidad nos exige repensar las formas de construcción de lo común desde la gente, desde abajo, desde los territorios, más allá del modelo ya históricamente en ocaso de la democracia liberal representativa, tal y como se ha instituido de manera dominante en las sociedades occidentales. Porque la democracia, y eso es en el fondo quizás lo que tanto temor genera en ella, nunca puede seguir siendo siempre una y la misma, y necesita renovarse, re-inventarse, redefinirse, para desplegar su potencia en la historia.

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ihttp://www.resumenlatinoamericano.org/2016/11/04/mesa-social-por-la-paz-algunas-de-las-propuestas-de-la-sociedad-civil-a-la-futura-reunion-del-gobierno-y-eln/

iihttp://www.semana.com/nacion/articulo/eln-y-gobierno-instalan-mesa-de-dialogo-en-quito/514696

iiihttp://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/14/us-election-2016-voter-turnout-fell-to-58-per-cent-this-year-est/

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