El orden del uribismo

on Domingo, 29 Junio 2014. Posted in Artículos, Luis Carlos Sánchez, Orden jurídico colombiano , Edición 36, Uribismo, Nacional

36 SanchezEl régimen de Uribe, enteramente engendrado por la crisis, aparece de manera predominante como uno que combinó la forma legal de un estado administrativo que progresivamente adquiría el carácter de un estado gubernativo, con fórmulas de legitimidad cómodamente ancladas en las violentas prácticas políticas y electorales colombianas, que constituyen todavía hoy la base fragmentaria de la democracia colombiana.
 
Luis Carlos Sánchez
Fuente de la imagen: www.vanguardia.com

Una aspiración básica del orden jurídico colombiano consiste en hacer coincidir sin residuos la legalidad de sus instituciones con la legitimidad de sus poderes. Esta no es una aspiración menor ni pertenece exclusivamente al contexto colombiano. Desde la Restauración Francesa de 1814, cuando la monarquía trazó por primera vez la distinción oponiendo la legitimidad del rey a la legalidad del código napoleónico, un esfuerzo más o menos explícito de hacerlas coincidir ha rondado toda la saga de la imaginación política liberal de los últimos dos siglos. ¿Qué significa hacer coincidir la legalidad con la legitimidad? Depende del tipo de régimen, y me gustaría señalar brevemente cuatro posibles significados, a la luz de unas distinciones elaboradas por Carl Schmitt.

El primero es, siguiendo la tradición de los estados legislativos parlamentarios, la coincidencia entre voluntad general, poder soberano y legislación. Si los legisladores son depositarios del poder soberano en la medida en que a la vez expresan y constituyen la voluntad general, sus palabras, las leyes, son al mismo tiempo derecho positivo y fuente de legitimidad.

El segundo es, esta vez en la tradición de estados jurisdiccionales históricamente asociados a la garantía de privilegios heredados, la coincidencia entre orden social, derechos adquiridos y jurisdicción. Si los jueces son garantes de los derechos que mantienen y reproducen el orden social, sus palabras, los juicios, deciden lo justo, lo que conserva el orden, que es a la vez lo legal.

El tercero es, ahora en la vía de los estados administrativos, la coincidencia entre la dinámica objetiva de los asuntos gubernamentales y los medios técnicos a partir de los cuales esos asuntos pueden ser gestionados en beneficio de la población. Si los gobernantes-gestores no son instancias ajenas a la dinámica objetiva de las cosas que deben ser gobernadas (personas, pero también flujos de capitales y de trabajo, condiciones socio-ambientales, etc.), sino apéndices de estas, entonces sus palabras, los decretos y las resoluciones son en realidad las reglas que las cosas mismas se imponen para ampliar su desarrollo y distribuir los beneficios asociados.

Finalmente, y en relación con la tradición de los estados gubernativos, el cuarto significado es la coincidencia entre la persona que gobierna y la nación gobernada. Si quien gobierna encarna la nación, sus palabras, los mandatos (que pueden ser escritos u orales), tienen fuerza de ley sólo en la medida en que constituyen la expresión directa de la nación. Como se trata de una relación directa, de presencia y no de representación, el gesto típico mediante el cual el ciudadano se comporta ante el soberano es la aclamación.

Creo no equivocarme si afirmo que el Estado de Derecho colombiano tal y como es comprendido en el texto constitucional, y como se ha vuelto costumbre entre juristas y ciudadanos concernidos, corresponde en lo sustancial al concepto de legalidad del estado legislativo. Entre los cuatro considerados, ese concepto es el más abstracto, el que atribuye un peso decisivo al pueblo representado y restringe en consecuencia las presencias más concretas de los derechos adquiridos, de la positividad de lo que debe ser gobernado y del pueblo que aclama a su soberano. Resumiendo un proceso que requeriría más detalle, con el tiempo y las profundas crisis de gobernabilidad de los noventas, el lenguaje de los derechos humanos en el que está articulado el concepto, las exigencias de actores no gubernamentales y la mirada vigilante de la comunidad internacional abrieron las puertas para que los jueces abandonaran su papel subordinado de meros aplicadores de normas diseñadas en otro lugar y asumieran un lugar protagónico como verdaderos órganos de soberanía; por esa vía, el trabajo jurisdiccional, haciendo eco de un proceso que trasciende ampliamente las fronteras nacionales, se convirtió en fundamental para llenar de contenido a la idea abstracta de legalidad y legitimidad legislativa.

En Colombia, este acomodo de lo legislativo y lo jurisdiccional entra en tensión con la política concreta, pues esta, la que suma votos y alimenta al régimen, por una serie de transformaciones que pasan por el sistema productivo (el tránsito de país cafetero a país cocalero-minero) y por el sistema político (su profunda y no tan reciente fragmentación, localismo y particularismo), hace tiempos ya no cabe en los límites de la juridicidad positiva. El desfase entre la práctica jurídica y la práctica política no se explica sólo por la picardía y maldad de algunos, que la hay, sino que expresa una fractura aparentemente insuperable en el acoplamiento de las fórmulas de legitimidad y de legalidad del régimen. Esta fractura impide el funcionamiento estable del sistema político y lo condena a profundas crisis periódicas (piénsese en el gobierno Samper) y a una convivencia más o menos irreductible con violencia letal.

En este horizonte, el régimen de Uribe, enteramente engendrado por la crisis, aparece de manera predominante como uno que combinó la forma legal de un estado administrativo que progresivamente adquiría el carácter de un estado gubernativo, con fórmulas de legitimidad cómodamente ancladas en las violentas prácticas políticas y electorales colombianas, que constituyen todavía hoy la base fragmentaria de la democracia colombiana. Por supuesto que unas fórmulas y otras trabaron estrechas relaciones, se alimentaron pero también supusieron importantes costos recíprocos. Así, las prácticas administrativas reforzaron las coaliciones que garantizaban la continuidad del poder uribista, aunque la violencia que cohesiona a esas coaliciones implicase costos importantes desde el punto de vista administrativo; también, con el tiempo, las jornadas electorales y los sondeos de opinión tendieron a convertirse en escenarios de aclamación al soberano, con lo que las fórmulas de legitimidad se combinaron, reforzándose y distorsionándose. Uribe, además, no requirió un discurso público de virtud, como había sido dramáticamente necesario para los dirigentes del Frente Nacional, y pudo invitar sin rubor a su bancada a votar proyectos antes de que la metieran a la cárcel. ¿Qué era entonces lo que estaba en juego?, ¿las instituciones contra el caudillo y el caudillo contra las instituciones? No lo creo, pues me parece más bien que el gobierno de Uribe fue un intento accidentado de acomodo institucional a una profunda crisis de la relación entre legalidad y legitimidad, que no porque Uribe haya sido derrotado está solucionada. Uribe articuló fórmulas de legitimidad heredadas y en crisis (con todo y su recalcitrante tono antisubversivo) a una legalidad administrativa ya no criminalizante, parcialmente desligada de las lógicas del derecho penal, que fue ganando consistencia en la imagen a la vez brutal y eficaz del caudillo. En momentos extremos de presión, Uribe estuvo cerca de echar por la borda cualquier relación con la legalidad, pero no lo hizo. Y no lo hizo, en parte, por su imagen a nivel internacional, pero en parte también, y acaso sobre todo, porque el suyo era un Estado de derecho que ponía a andar de un nuevo modo lo legal y lo legítimo, la potestad y la autoridad; era, pues, un Estado que procuraba, aunque con serias limitaciones, un acoplamiento inestable entre normas de derecho definidas en la Constitución y normas de realización de derecho administrativas y gubernativas.

Señalar que existen fórmulas jurídico-políticas del uribismo implica mostrar que su giro a la derecha es también un acomodo técnico. Al examinar ese giro como uno de carácter técnico es evidente que la judicialización del uribismo, su condena por no caber en los límites jurídicos del orden legal, es una estrategia precaria de contención. Esa precariedad es evidente por tres razones básicas: primero, Santos derrotó a Uribe, pero el uribismo puede volver indefinidamente, la crisis que lo creó sigue y las fuentes que lo alimentan viven, por más que su persistencia escandalice a la buena consciencia judicial. Segundo, en el límite la tensión entre el uribismo y la justicia no es una oposición sustancial, sino más bien una cuestión de estabilización. Si se acepta que el uribismo contiene fórmulas de legitimidad y de legalidad, si se acepta que técnicamente el uribismo es más que brutalidad y que su experiencia de gobierno tiene características jurídico-políticas analizables, y si aprendemos a reconocer en los cambios normativos, no tanto la progresiva instauración de reglas universales sino juegos de lenguaje en los que tomar la palabra sigue siendo un acto político, debe reconocerse que es muy probable que la oposición judicial pertenezca a un momento muy concreto de transición que a la postre será superado. Tercero, y acaso fundamentalmente, judicializar al uribismo y de paso judicializar al conjunto de las prácticas políticas que se salen del marco de la juridicidad sin salvar fuentes de legitimidad, esto es, apostar ciegamente a la legalidad suponiendo que ésta última es idéntica a la legitimidad, agrava la crisis en la que está el régimen y puede disparar procesos todavía más autoritarios y letales que los que vivimos durante el uribismo. No ver en el uribismo más que crimen y barbarie es la mejor manera de abrir puertas a un gobierno criminal y bárbaro.

El triunfo electoral de Santos abre, por precario que sea, un espacio político importante, pues activa una singular potencia de no continuar con la guerra que parecía aniquilada tras el reacomodo uribista. Es muy probable que la guerra haya tenido mucho que ver con el giro uribista, y que sea la guerra un combustible básico del uribismo. Pero si lo que parece haberse activado no es sólo la posibilidad de que el gobierno negocie la paz con la dirigencia guerrillera, sino también una potencia de no continuar con la guerra, una potencia diversa que en vez de instituirse como un nuevo poder destituye los poderes que parecían enseñorearse violentamente sobre ella, entonces hay un nuevo momento político y requerimos de consideraciones que muestren el cómo de las cosas para eventualmente deponer su funcionamiento. Que el uribismo, esa secreción de nuestra crisis, funciona es algo que se olvida con frecuencia. Y es importante recordarlo, pues como modo de funcionamiento está también expuesto a ser desactivado. Quizás nuestro tiempo no sea tanto el de una nueva constitución, como pretenden los poderes que negocian en La Habana, sino el de una destitución, una deposición de los poderes que no han cejado en su empeño de separarnos de nuestras potencias.

Comentarios (9)

Déje un comentario

Estás comentando como invitado. Autentificación opcional debajo.

Ediciones anteriores

Ver más ediciones