En tiempos de guerra, burocracia para la paz

on Sábado, 13 Mayo 2017. Posted in Artículos, Edición 105, Chocó, Edgar Ricardo Naranjo, Posconflicto, Nacional, Indígenas, Movimientos sociales

105 RicardoLa desburocratización de la paz merece la inclusión de los mandatos populares y sus agendas de acción territorial, asumiendo que las(os) verdaderas(os) profesionales e investigadoras(es) facilitadores de la paz se encuentran en los territorios y no en el buró de la contratación estatal.

 

Edgar Ricardo Naranjo

Fuente de la imagen: www.reddit.com

Los días 3,4, y 5 de mayo, en uno de los auditorios del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sede Quibdó, se reunieron las autoridades indígenas con algunos funcionarios del gobierno colombiano, quienes habían sido citados de manera extraordinaria por la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDHPI), para resolver la gravísima situación humanitaria que hoy en día está afectando a las comunidades y los territorios del departamento del Chocó, amenazados por el recrudecimiento de los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados que se encuentran haciendo presencia en la zona. Lo que llamaba más la atención por parecer contradictorio se concentraba en el reconocimiento legal de los acuerdos de paz, por un lado, y el incremento de las acciones armadas en varios municipios del departamento, por el otro, escenario que ponían nuevamente en riesgo a los campesinos, afrodescendientes e indígenas.

Mientras las autoridades indígenas y las(os) consejeras(os) de Derechos Humanos fueron reuniendo en los primeros días las cifras que reflejaban las recientes afectaciones de la población por causa de la disputa territorial armada, los delegados del Gobierno Nacional esperaban ser llamados para consolidar un plan de choque. La primera exigencia indígena se centró entonces en el reconocimiento de un estado de emergencia humanitaria en la región, que permitiera acelerar los procesos institucionales de intervención. Ante esto, un alto funcionario del Estado colombiano expresó lo siguiente: “el estado de emergencia sólo puede ser ratificado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Ustedes tendrían que buscar la firma del mandatario nacional”.

Mientras transcurría el tiempo de la concertación, la dinámica de la negociación vislumbraba el siguiente panorama: por cada petición indígena, varias gestiones institucionales por realizar. Tantos trámites para dar cumplimento a un requerimiento fundamental como el de la activación de los mecanismos gubernamentales para mitigar el impacto de la violencia en estas comunidades. Nos podríamos quedar recabando información sobre cada respuesta, compromiso acordado o presupuesto por asignar al interior de este espacio definitorio. Sin embargo, el objetivo central de esta observación busca presentar un pequeño fragmento de un panorama general que una vez más nos va mostrando cómo el Estado colombiano y su aparato burocrático, tan lleno de actos administrativos, asignaciones presupuestales, coordinación interinstitucional y formalización de la contratación, dificulta el avance de los procesos de implementación del Acuerdo de Paz en los territorios, ya que allí la dinámica de la guerra, al seguir su curso cotidiano, no da espera a la respuesta de las entidades del gobierno, cuya directriz corresponde a los tiempos y procedimientos establecidos por las leyes.

Siguiendo la ruta de un proceso de paz institucionalizado nos podríamos preguntar: ¿qué estrategias se han construido de manera colectiva para materializar el modelo de la paz territorial en el departamento del Chocó? Antes de comenzar a identificar elementos que me ayuden a contestar este cuestionamiento, debo señalar que, en la actualidad, los territorios en los cuales hacían presencia los frentes y columnas móviles de las FARC-EP están siendo disputados con mayor intensidad por otros grupos armados, quienes mantienen el control sobre los ríos Atrato, San Juan y los contornos de la serranía del Baudó. Según esto, el registro de la presencia paramilitar en el municipio de Riosucio y el incremento de los enfrentamientos armados entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ELN en las regiones del Baudó, Juradó y Litoral del San Juan, consolidan una vez más un estado de crisis social, política y económica al interior de los territorios urbanos, campesinos y étnicos. Bajo esta dinámica, en 2016, año que será reconocido históricamente por la firma de la paz, en el departamento del Chocó se registraron 12, 611 desplazados por causa del conflicto armado (Unidad para la Atención y Reparación de Victimas , 2017).

En este mismo sentido, el estado actual de la situación humanitaria se relaciona directamente con la reducida intervención estatal en las regiones que en este sentido se han visto más afectadas por los fenómenos anteriormente descritos. Pareciese que la visión de gobernanza ha podido ser medida por el número de batallones militares y no por la implementación de políticas públicas y desarrollo de programas sociales y económicos capaces de consolidar las bases para estructurar el desarrollo regional y promover una concepción particular de Estado.

Últimamente, y en la búsqueda incesante del Estado colombiano en esos territorios, las propuestas y acciones ciudadanas cada vez son más contundentes. Una muestra de ello fue el surgimiento de un movimiento conocido con el nombre de Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad del Chocó, cuya plataforma reivindicativa desencadenó el año pasado (17 al 24 de agosto del 2016) el inicio de un paro cívico indefinido en dónde se buscaron concretar espacios de concertación con el gobierno para que este diera cumplimiento a las siguientes peticiones: 1) asignación presupuestal para la pavimentación de las vías a Medellín y Pereira; 2) definición de procedimientos y recursos para la construcción de hospitales de III nivel; 3) actualizar los límites del departamento del Chocó; 4) definir una hoja de ruta para mejorar la prestación del servicio de la empresa de energía DISPAC; 5) identificar los recursos para asegurar el acceso de agua potable en todos los municipios; 6) consolidar estrategias para mejorar la seguridad.

En el panorama de lo posible, la presencia de altos funcionarios del Estado colombiano hizo que la propuesta ciudadana lograra tener impacto en lo mediático. Sin embargo, las soluciones se han quedado al interior del magnífico aparato burocrático, razón por la cual el Comité cívico este año volvió a hacer un llamado al paro. Con todo esto, y en el marco de la reunión extraordinaria convocada por la CDHPI y la constitución del paro cívico, el vicepresidente Oscar Naranjo logró reunirse con las autoridades indígenas y los representantes del movimiento cívico. Con semblante de preocupación, el vicepresidente se comprometió a volver al departamento para concertar nuevas reuniones con estos sectores sociales.

Hasta aquí una muestra del accionar integral del gobierno; ante la calamidad y la presión social se envía a una figura pública del jet set político para mostrar voluntad. Más allá del impacto que puede generar la presencia del vicepresidente, ¿qué puede hacer este mandatario público para conducir de manera eficaz una situación estructural de abandono estatal en el departamento? La respuesta del Estado no depende del compromiso de un solo funcionario, sino del complejo funcionamiento de su estructura, en donde la tramitología aleja toda posibilidad de acción. Pasando de la débil o casi nula coordinación interinstitucional en materia de reparación colectiva a la complejidad de los procesos de contratación para ejecutar programas de intervención social, la materialización de la paz podría tardar más de una década.

Dentro de esta visión, los procesos colectivos deben continuar siendo dinámicos y autónomos, evitando así la dependencia de la gestión gubernamental. La burocracia del Estado se replica en sus instituciones, pero no debe asumirse al interior de las organizaciones sociales, cuyas plataformas reivindicativas deben seguir girando en torno a los intereses comunitarios locales-territoriales. Bajo este principio, la construcción de paz territorial en las regiones necesita la presencia de todas las entidades del Estado en los territorios, construyendo otras visiones sociales sobre la función estatal, cuya filosofía de acción va más allá del monopolio de la fuerza.

En esta medida, y mediante la asignación de recursos dirigidos a fortalecer los procesos locales de diseño y ejecución de la política pública, la consolidación de proyectos comunitarios desde las perspectivas propias solidificaría la materialización de visiones situadas sobre el desafío de las problemáticas actuales que aquejan a estas poblaciones. Así mismo las soluciones a estas problemáticas tendrían que encausarse en función de los tiempos y criterios definidos por las comunidades. La desburocratización de la paz merece la inclusión de los mandatos populares y sus agendas de acción territorial, asumiendo que las(os) verdaderas(os) profesionales e investigadoras(es) facilitadores de la paz se encuentran en los territorios y no en el buró de la contratación estatal.

Referencias

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2017). Obtenido de RUV: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV

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