¿Está el Estado colombiano en condiciones de juzgar a las FARC?

on Domingo, 12 Mayo 2013. Posted in Artículos, Edición 9, Nacional, Andrea Mejía, Conflicto armado, Proceso de paz

9 mejiaLejos de ser una instancia neutral, suprapartidista, cuyo interés sustantivo único sea la paz, el Estado colombiano ha sido parte activa del conflicto armado en Colombia; por lo tanto, no sólo no puede juzgar como un tercero externo, sino que a su vez tendrá que ser juzgado. El tercero habrá de buscarse en otra parte.
 
Andrea Mejía
Fuente: http://buengobiernosns.blogspot.com.es
En recientes declaraciones, Iván Márquez afirmó en nombre de las FARC: “Cualquier error que se hubiese cometido en desarrollo del conflicto y de la resistencia armada a que nos ha obligado el terror de las élites en el poder, estamos dispuestos a revisarlo en función de la reconciliación. Pero ninguna autoridad moral tienen los victimarios y sus tribunales para juzgarnos” (Diario El Espectador, 5 de mayo de 2013).

Más allá de la aparentemente ingenua identificación del Estado colombiano como único lugar donde se asentaría la figura del victimario en un conflicto armado con la complejidad del nuestro; más allá también de que, si queremos algún día salir de un ciclo de violencia inacabable, tendremos que aceptar que -guardando siempre la particularidad irrepetible del dolor de alguien que haya vivido en su cuerpo o en el de los suyos la violencia en Colombia- todos los que participan directamente de un conflicto armado tan intenso y prolongado terminan siendo en parte víctimas de un conjunto de circunstancias que incentivan, reproducen y perpetúan la violencia; más allá de muchas consideraciones, matices, interrogantes y problemas que tenemos hoy que tomar en cuenta en Colombia de cara a un posible proceso de paz, esta declaración de las FARC nos pone frente a un interrogante cuya pertinencia es patente: ¿Se encuentra el Estado en Colombia en condiciones de juzgar a los grupos armados guerrilleros que lo han enfrentado durante años?

La pregunta puede plantearse de varias maneras. No se trata de averiguar quién tiene “autoridad moral” para juzgar. Los inmorales suelen siempre estar en el bando contrario y es fácil descalificar moralmente al adversario para legitimar acciones que, sin importar del bando del que provengan, pueden ser consideradas ilegítimas e inmorales por los innumerables terceros que las hayan padecido.  Pero sí podríamos preguntarnos si el Estado colombiano está preparado para juzgar -garantizando algún grado de objetividad- y luego incluir en sus prácticas electorales a un actor que ideológicamente se encuentra en las antípodas de la gran mayoría de aquellos que históricamente han sido sus representantes; representantes del Estado o al menos de dos de sus tres poderes, el legislativo y el ejecutivo, sus dos poderes propiamente -o más cargadamente- políticos. Estos representantes son lo que Márquez llama, sin duda con exactitud histórica, “las élites”.  

Ahora bien, podría argumentarse que quien “juzgue” a las FARC no será ninguno de estos dos poderes; será el tercer poder, relativamente despolitizado, el poder judicial. Sin embargo, incluso pensando específicamente en la Comisión de verdad propuesta por  el “Marco jurídico para la paz” como instancia decisiva en el proceso de paz, no parece plausible que ésta pueda mantener una independencia y una autonomía jurídica. De hecho no es siquiera deseable que la comisión hiciera de su bandera una supuesta “pureza” jurídica, porque su papel sería justamente asumir una responsabilidad política que pueda supeditar los procedimientos penales tradicionales al interés común y superior de la paz en un momento histórico como el que actualmente vivimos, o estamos, si las cosas salen relativamente bien, ad portas de vivir.

La cuestión podría quedar resuelta si se cree que la legitimidad del Estado colombiano no es una pregunta de tipo  histórico sino conceptual. Desde esta postura que desconoce las condiciones históricas que legitiman o deslegitiman a un Estado, podría argumentarse que  la dejación de armas por parte de las FARC implica una incorporación a las estructuras estatales que han sido por ellas combatidas a través del poder de las armas, y que esto a su vez supone aceptar mecanismos teórica y conceptualmente legitimados: someterse a las “reglas del juego” tanto políticas como jurídicas que por definición hacen que el Estado sea un Estado. Pero en Colombia los esquemas conceptualmente avalados del Estado no corresponden a la realidad. Lo que conocemos son estados alternos, multiplicación de los “monopolios” de la violencia, pequeñas parcelas de soberanía y de control territorial, desprotección y vulnerabilidad absoluta de amplias poblaciones rurales. Así que por ahora no es necesario preguntarnos, con Hobbes, si sólo una instancia capaz del monopolio de la violencia tiene la legitimidad para alzarse como tercero imparcial, o si, a la inversa, sólo quien esté en capacidad de alzarse como un tercero que arbitre y dirima los conflictos debe poseer el monopolio de la violencia. No tenemos ni lo uno, ni lo otro. Si algún Estado particular ha jugado en algún momento de la historia ese rol, o si la neutralidad política de todo Estado es una idealidad teórica, una definición de lo que es el concepto de Estado pero no una descripción del fenómeno histórico de los Estados modernos, tampoco es un problema que ahora venga al caso. Pero en cambio, resulta relativamente simple constatar que, lejos de ser una instancia neutral, suprapartidista, cuyo interés sustantivo único sea la paz, el Estado colombiano ha sido parte activa del conflicto; por lo tanto, no sólo no puede juzgar como un tercero externo, sino que además tendrá a su vez que ser juzgado. En efecto, a pesar de que no haya un sujeto monolítico que pueda responder al nombre de “Estado colombiano”, ésta es la “ficción jurídica” que permite que haya una entidad que responda por crímenes cometidos por quienes lo representan, representantes que actúan además valiéndose de toda la infraestructura estatal que debería estar al servicio de un proyecto político por todos más o menos acordado, o que en últimas, si creyéramos en Hobbes y en su descendencia, tendría que estar por encima de cualquier interés de partido.

¿Dónde entonces hallar un tercero que pueda servir de instancia objetiva y neutral para una salida al conflicto armado por la vía del derecho? La puesta en escena en el teatro internacional ha resultado ser efectiva para el desarrollo de los diálogos de paz que  se llevan a cabo en la Habana. Por primera vez en años se respira el aire de un punto de vista menos estrecho que incluye el reconocimiento ampliamente compartido de la existencia de  un conflicto armado que hunde sus raíces y se mantiene gracias a una situación social precaria, un punto de vista que comprende que existen partes difícilmente conciliables y posturas que no están vacías de razones y de móviles históricos. Por fin podemos dejar de oír la monótona y solitaria retahíla de un discurso simplista, bobo y  maniqueo que no se cansaba de repetir que un puñado de terroristas codiciosos atentaba contra millones de colombianos buenos como el pan. Ha cambiado el léxico y la percepción del conflicto, haciendo posible el retorno a las vías del diálogo.

Del mismo modo que esta apertura de la escena ha sido benéfica para el proceso de negociación, podría serlo en la llamada “construcción de paz”. El establecimiento de un tribunal internacional podría ser útil en los procesos jurídicos y políticos de un post-conflicto. En el caso de un eventual proceso de dejación de armas por parte de un grupo anti-Estatal como las FARC o el ELN, el Estado no podría ser la instancia de decisión última o al menos única, como tampoco pudo serlo cuando se trató del enrarecido proceso de “justicia y paz” que se llevó a cabo con grupos incorporados o al menos tolerados por el Estado. En efecto, en la escenificación de la “justicia transicional” que se llevó a cabo después de Ralito, resultaba extraño que la misma instancia que facilitó o dejó actuar libremente fuerzas paramilitares fuera la instancia mediadora, reguladora y facilitadora para un proceso entre estas fuerzas y sus víctimas.    

Por supuesto el escenario internacional es un arma de doble filo. Aunque tantos ojos atentos y expectantes puestos en la Habana hayan podido lograr que en el discurso público medio pasáramos del calificativo de “terroristas” al de “rebeldes”, aunque sea posible siempre confiar en que el Derecho internacional tiene poder vinculante sin ser del todo autoritario, en que siendo menos local se libera, hasta cierto punto, de intereses políticos determinados y se adhiere en cambio a principios más amplios, siempre existe la posibilidad de que todo proceso de justicia nacional que se apoye en instancias internacionales sea interrumpido o gravemente alterado si interfiere con la política antidrogas norteamericana, lo cual será evidentemente el caso en esta posible salida al conflicto armado colombiano. Ni siquiera Uribe, con sus arrebatadas mayorías, pudo impedir en su momento que la extradición de catorce capos paramilitares entorpeciera los procesos domésticos de “justicia transicional”  que aquí se llevaban a cabo, violando así el supuesto derecho de las víctimas a la verdad. Es muy probable que Uribe no haya nunca visto esta interrupción como una pérdida política: ¿por qué no sacrificar unas cuantas alianzas paramilitares a cambio de una  alianza  para la lucha contra el “narco-terrorismo”, alianza rentable, duradera, y legitimada “internacionalmente” (es decir, de manera unilateral por los Estados Unidos)?

En todo caso, creo que sólo un tribunal internacional, mediatizado, con autoridad no sólo moral y jurídica, sino histórica, un tribunal compuesto por diversos  participantes que hayan vivido de cerca, en otros momentos y lugares, el delicado y doloroso -pero también esperanzador- intento de salida de un conflicto interno, puede estar lo suficientemente cerca  a experiencias similares a las que ha atravesado nuestro país, pero también lo suficientemente lejos para poder conservar algún tipo de neutralidad frente a las partes y para que éstas acepten más fácilmente las decisiones del tribunal sin resentimientos que serán luego fácilmente convertibles en violencia vengadora. Nada es nunca del todo bueno. También los fallos de tribunales internacionales han sido frustrantes. También han sembrado guerras que florecerían en el fututo. También la justicia dictada por tribunales internacionales ha sido la prolongación de mecanismos para defender los intereses de países poderosos. Pero ha habido experiencias más afortunadas, por ejemplo en la antigua Yugoslavia y en Rwanda. Lo esencial es de alguna manera poder llamar la atención sobre la importancia política que tiene para los colombianos y colombianas de carne y hueso poder de alguna manera neutralizar la supremacía norteamericana, por un lado, y por otro, la supremacía de intereses locales canalizados por grupos de poder con notoria -y muchas veces decisiva- influencia en las políticas de Estado y en sus juicios.

A pesar de que gracias al derecho internacional el Estado no es ya la instancia soberana intocable que era, a pesar de tener que responder en tanto Estado por los crímenes de sus representantes, “el” Estado es una instancia con instancias relativamente autónomas. El Estado -también por fortuna el colombiano- es una articulación medianamente desarticulada. Así que también es posible  pensar en la actuación conjunta de un tribunal internacional con ciertas partes de ese “Estado”, para que sean ciertas otras las partes juzgadas y mantenidas a raya por un control conjunto entre comisiones nacionales e internacionales.

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