Estigmatización de los sectores populares

on Jueves, 30 Mayo 2013. Posted in Artículos, César Giraldo, Edición 10, Economía colombiana, Nacional, Justicia social, Organizaciones populares

10 GiraldoNo se trata de pobres peligrosos, o de pobres sujetos de la compasión. Se trata de trabajadores precarizados a quienes nuestra sociedad les ha negado sus derechos, y con quienes existe una deuda social que está lejos de ser saldada, la cual, por el contrario, aumenta día a día.
 
César Giraldo
Fuente: www.elespectador.com
El discurso que se ha venido posicionando hacia los sectores populares asusta: las plazas de mercado son un nido de microtráfico, el espacio público es manejado por mafias, los vendedores de la calle fomentan la inseguridad y la suciedad, las casas donde las familias cosen (maquilan) ropa son madrigueras que están "piratiando" las marcas reconocidas.

Ese discurso no dice que detrás de cada vendedor de la calle hay una familia que lucha por la supervivencia, que la gente se toma el espacio público para trabajar porque no existen oportunidades de trabajo, que la inseguridad y las mafias son el resultado de un modelo de desarrollo excluyente, que a la justicia le importa más las rentas de las multinacionales que patentan marquillas que el trabajo de las familias que sobreviven en las confecciones populares.

Es fácil criticar el “gota a gota”, presentarlo como una actividad delictiva porque la garantía del pago es la vida misma del deudor. Pero la gente recurre a él porque lo necesita ya que no tiene acceso al crédito de forma rápida y efectiva. Ese es el problema, lo delictivo se origina por la ausencia del Estado en el apoyo a la economía popular, lo que fuerza a la gente a caer en las garras del agiotista.

La economía popular, o la mal llamada economía informal, es por definición ilegal. Si la gente cumpliera con lo que la ley exige, su actividad económica no sería viable. Si pagara los impuestos que corresponde, si se registrara en la Cámara de Comercio, si tuviera una contabilidad auditada, no podría competir. En la Economía Popular se encuentra la mayoría de los trabajadores de las ciudades colombianas, y si su trabajo está por fuera de la ley, la pregunta que surge es la siguiente: ¿el problema está en la ley o en la gente?

Tómese el caso de la venta callejera. Es el último recurso que le queda a la gente para hacer un trabajo hon-rado, porque de lo contrario tendría que salir a robar. Si se mira quiénes son las personas que ejercen la venta callejera se encuentra que la mayoría son personas que por la edad o discapacidad no encuentran po-sibilidades de trabajo en otra parte; mujeres cabeza de familia a quienes la venta callejera les permite com-binar el trabajo con el cuidado de los hijos; y, finalmente, población que recién llegada a la ciudad que ca-rece de los contactos y el conocimiento necesario para insertarse en una actividad económica distinta. Un porcentaje importante de este último grupo son los desplazados por la violencia. En este caso, cuando la fuerza pública los desaloja por ejercer la venta callejera, terminan siendo doblemente desplazados.

Resulta odiosa la campaña del gobierno y de los medios de comunicación de vincular la Economía Popular con actividades criminales. Es una cortina de humo para esconder que es el modelo económico y político el que está produciendo el crimen: un sistema financiero que se enriquece a costilla de la miseria de la pobla-ción y que le cuesta ser solidario con el crédito popular, políticas laborales que cada vez más desmontan los derechos al trabajo, grupos armados que desalojan a los campesinos, clases medias insolidarias e individua-listas que se esconden en conjuntos cerrados y en centros comerciales (y las clases altas además van a los clubes privados), educación de élite que sólo los ricos la pueden pagar...

Y a esos privilegiados los medios de comunicación les muestran a los habitantes de los barrios populares como clases peligrosas: microtráfico, bandas juveniles, vendedores de la calle. Y cuando no los muestran así, los presentan como los “tonticos” del mundo folclórico (don Chinche y doña Panchita). La visión de lo popular se mueve entre la compasión para los tonticos o la represión para los peligrosos. Esa es la política social actual. Asistencia y represión.

No se trata de pobres peligrosos, o de pobres sujetos de la compasión. Se trata de trabajadores precarizados a quienes nuestra sociedad les ha negado sus derechos, y con quienes existe una deuda social que está lejos de ser saldada, la cual, por el contrario, aumenta día a día.

Una deuda social que desconoce que los trabajadores de la Economía Popular son la fuente de suministro de la mayor cantidad de bienes y servicios que constituyen la satisfacción de las necesidades básicas de la población, tales como vestido, alimentación, vivienda, reparaciones, oficios domésticos, tratamiento de ba-suras, cuidados cosméticos, y el cuidado de personas vulnerables. Bienes y servicios que son la base de la supervivencia social y biológica de la ciudad. A pesar de ello, sus trabajadores son los más precarizados. Es una gran injusticia.

Son sectores que no han sido reconocidos, con frecuencia vistos como poblaciones marginales que deben ser atendidas a través de medidas de orden público, sin tener en cuenta que son grupos claves para la cons-trucción de los procesos sociales. Cuando lo popular no es criminalizado, se lo hace objeto de la asistencia social, con programas como el de Familias en Acción, el cual es utilizado para reproducir las prácticas clientelistas. Para el buen pobre, que vota por los candidatos del gobierno, subsidios. Para el mal pobre, el que hace un aprovechamiento económico del espacio público porque no tiene otra opción, represión.

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