Glifosato… ¿Revive una política caduca y perjudicial?

on Viernes, 30 Junio 2017. Posted in Artículos, Glifosato, Edición 108, Salud Pública, Andrea del Pilar Naranjo , Ambientalismo, Nacional

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A pesar de conocer las alarmas y el sinnúmero de experiencias y recomendaciones, la tibia oposición colombiana a la reanudación de la aspersión hace posible afirmar –apelando a la historia colombiana– que la presión y el chantaje financiero reavivarán una política perjudicial, caduca y tan dañina que aún se desconocen sus secuelas a largo plazo no solo para el ambiente sino para la seguridad alimentaria y la vida e integridad humanas.

 

Andrea del Pilar Naranjo

Fuente de la imagen: https://www.las2orillas.co

“Quizá la única lección que nos enseña la historia es que los seres humanos no aprendemos nada de las lecciones de la historia”

Aldous Huxley

El reciente pronunciamiento del Gobierno norteamericano para conminar al Estado colombiano a reincorporar la aspersión aérea de glifosato, como parte de la estrategia de “lucha contra las drogas”, pone de manifiesto la continuidad de la hegemonía del país del Norte, ahora bajo el rótulo de “aliado” en el programa Paz Colombia, y ejemplifica la poca importancia de las determinaciones nacionales de los Estados que reciben la “ayuda financiera”, quienes al acatar órdenes de terceros ponen en riesgo mucho más que sus recursos naturales.

El Glifosato en Colombia

La aspersión aérea nace con la idea del concepto de cultivo de uso ilícito, desarrollado en Colombia en el segundo lustro de los setenta, momento en el que se inician las fumigaciones de plantaciones en la Sierra Nevada durante la bonanza de marihuana.

Posteriormente, se amplía la declaración de ilicitud del cultivo gracias a la suscripción de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988, cobijando en el espectro de ilegalidad al arbusto de coca utilizado para la producción de estupefacientes1.

A partir de éste momento se emprende la fumigación aérea con el uso de agroquímicos herbicidas entre los que se incluye el glifosato, patentado y conocido comercialmente como Round Up, un agente altamente tóxico, catalogado en 2015 por la Agencia para la investigación sobre el cáncer –IARC (órgano intergubernamental dependiente de la Organización mundial de la salud) como factor de alteración del material genético y celular y “probablemente cancerígeno para los seres humanos2. Esta es una declaración nada novedosa, que recuerda el informe de 1986 del Comité de expertos en herbicidas, convocado por el Gobierno colombiano para determinar la viabilidad de los herbicidas químicos y que en su oportunidad indicó los graves riesgos para la salud y el medio ambiente que implicaba su uso3.

Omitiendo cualquier recomendación, el Estado colombiano continuó la aspersión e incluso la intensificó con la aplicación del “plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, más conocido como Plan Colombia en el inicio del nuevo milenio. Este acuerdo fijaba como uno de sus objetivos primordiales la generación de una estrategia mancomunada antinarcóticos que incluía, como uno de sus mecanismos de control de cultivo, la aspersión aérea. Esta última apoyada en la idea de que el tráfico y cultivo de drogas era la fuente de ingreso primordial de la subversión4.

El esquema de fumigación se incrementó durante dos lustros más, ignorando el abundante desarrollo jurisprudencial proveniente no solo de la Corte Constitucional5 sino del Consejo de Estado6. Estos últimos, erigidos en la primacía del principio constitucional ambiental de precaución, buscaban impedir la continuación de la aspersión, aseverando que ante peligro de daño irreversible o grave o “falta de certeza científica absoluta no debería utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente7.

En el año 2015, se produce un cambio de tercio en el sistema de erradicación impulsado por la avalancha de quejas y denuncias de pobladores, académicos y expertos y, especialmente, del concepto de la Organización Mundial de la Salud, que instaban al Estado colombiano a limitar progresivamente el uso del herbicida químico no selectivo8. Con ello, se buscaba llegara su suspensión “temporal y transitoria”9, con miras a la aplicación de métodos de erradicación manual y el uso de sustitutos de los que hasta ahora se desconoce sus efectos.

Un futuro poco halagüeño…

Ahora, ante un aparente aumento de los cultivos, Estados Unidos, por intermedio de su secretario de Estado Rex Tillerson, de nuevo conmina a reiniciar la aspersión aérea como condición para el mantenimiento de la ayuda financiera bajo el nuevo plan Paz Colombia10, una determinación que no solo desconoce las causas estructurales de la proliferación de los cultivos y la ineficacia de la política punitiva contra las drogas11, sino que va en contravía de las recientes decisiones de oposición en Europa y el espacio americano.

A pesar de conocer las alarmas y el sinnúmero de experiencias y recomendaciones, la tibia oposición colombiana a la reanudación de la aspersión hace posible afirmar –apelando a la historia colombiana– que la presión y el chantaje financiero reavivarán una política perjudicial, caduca y tan dañina que aún se desconocen sus secuelas a largo plazo no solo para el ambiente sino para la seguridad alimentaria y la vida e integridad humanas.

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NOTAS

1Organización de Naciones Unidas, Convención De Las Naciones Unidas Contra El Tráfico Ilícito De Estupefacientes Y Sustancias Sicotrópicas, 1988. Art. 3. 1.a.ii. Manifestación inicialmente presente en la Convención Única De Sobre Estupefacientes de 1961.

2Ver un completo estudio de genotoxicidad del Glifosato en IARC. Monografías de riesgo carcinogénico en humanos Nro. 112: Glifosato. (2010) Disponible en https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112-10.pdf

3Véase Sergio Silva Numa “Glifosato, el informe oculto 30 años” Revista semana 12 Mayo 2015. Disponible en http://www.elespectador.com

4“La eliminación de los cultivos ilícitos en Colombia se justifica para frenar el efecto negativo relacionado con la producción y tráfico de estupefacientes, los perjuicios por deterioro ambiental y la introducción de nuevas especies vegetales destinadas a la extracción de sustancias psicoactivas” Ministerio De Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución Nro. 1054 de 2003 “Modificaciones al Plan de Manejo Ambiental y se toman otras determinaciones”.

5Ente otras sentencias ver Corte Constitucional SU 383 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis sobre consulta previa y aspersión Reiterada en Sentencia T 080 de 2017 M.P. Jorge Iván Palacio. Ver además Auto 073 de 2014 sobre erradicación aérea en territorios ancestrales. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

6Ver Consejo de Estado. Sentencia nº 41001-23-31-000-2000-02956-01(29028) Sección Tercera, de 20 de Febrero de 2014. M.P. Ramiro Pazos G.

7Declaración de Rio de Janeiro 1992, reiterado en ley 99 de 1993 Artículo 1º, Numeral 6º.

8Destruye cualquier tipo de cultivo agrícola, no solamente aquellos de uso ilícito.

9Ver Autoridad Nacional de licencias ambientales. Resolución 1214 de 2015 “ por la cual se adopta una medida preventiva de suspensión de actividades en virtud del principio de precaución”.

10“El panorama es sí un poco preocupante, pero crisis no, este momento se trata de más conversación y menos amenazas (...)” Declaración William Brownfield. subsecretario para asuntos de Narcotráfico. Entrevista Semana “Colombia es el primer productor de cocaína y EE. UU. el consumidor número uno” 3/7/2017.

11“La salida no es reemplazar el glifosato por otro veneno, sino apostar por una política de drogas no dañina, en especial para las poblaciones que en territorios étnicos y fronterizos reclaman que, en lugar de criminalizarlas e intoxicarlas, las acompañen a generar oportunidades económicas sólidas y legales” María del Socorro Ramírez. Desintoxicar el Debate. Revista Semana. 9 de mayo de 2015.

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