(In)justicias para todos

on Lunes, 13 Febrero 2017. Posted in Artículos, Edición 99, Adriana Romero Sánchez, Sociedades violentas, Justicia, Violencia contra la mujer, Nacional, Medios de comunicación

99 1 Adriana

La promesa de la justicia restaurativa queda en cuestión cuando los mecanismos institucionales y formales no tienen mejores respuestas que soluciones jurídicas y propuestas de reparación económica para el restablecimiento de los daños.

 

Adriana Romero Sánchez
Fuente de la imagen: http://www.doede.net/

Desde hace más de tres décadas ha sido un interés de la criminología y del análisis de medios cómo la televisión y, especialmente, las noticias, le han dado un importante lugar a los casos relacionados con crímenes, en particular aquellos de mayor interés para la ciudadanía: hechos atroces contra la vida y la integridad sexual; delitos contra el patrimonio de todo tipo; contra la libertad, entre otros1. Recientemente, por ejemplo, dos casos de distinta naturaleza han ocupado la atención de los colombianos: por una parte, la trágica historia de la niña Yuliana Samboní; por otra, los escándalos de corrupción alrededor de la firma brasileña Odebrecht.

Cada caso por separado, e incluso una comparación entre estos, hace pensar que cuando cuestionamos la acción que realiza el Estado, al menos, lo hacemos por distintas razones:

- El Estado no aplica las normas como están consagradas.

- La aplicación de las normas genera un resultado que no es positivo para la sociedad.

- Existe una contradicción entre los fines declarados de la justicia y sus funciones reales.

- El Estado no es eficaz en el cumplimiento de los fines que se ha trazado, ni en la aplicación de las normas y los procedimientos que se han establecido frente a esos logros.

- Existe una contradicción entre los fines que la justicia manifiesta querer alcanzar y los deseados socialmente.

Con respecto a este último punto, el panorama resulta más complejo cuando pensamos que los ciudadanos defienden valores de justicia disímiles entre sí. Desde esta perspectiva, quiero concentrarme en ilustrar de manera general este último punto2: me refiero a cómo una de las grandes dificultades del Estado, para satisfacer las demandas de justicia, también tiene que ver con la pluralidad de valores de justicia que defienden los ciudadanos, y que en muchos casos se contradicen o no coinciden con los expresados por la justicia.

¿Qué exigimos cuando exigimos justicia?

Una de las primeras cosas que exigen algunas personas, como parte de su demanda de justicia, es que quien aparece como responsable de un daño determinado sea condenado de manera severa. Esto habitualmente se encuentra vinculado con la idea de recibir una condena de prisión, con el objetivo de incapacitar a la persona para que vuelva a cometer un delito, y así proteger a la sociedad, y con un propósito de venganza y disuasión. En muchas ocasiones, la respuesta considerada proporcional al daño se encuentra en la cadena perpetua o la pena de muerte y, al encontrar límites en las disposiciones constitucionales, genera una frustración enorme que termina asociando estas restricciones con laxitud y permisividad frente al delito. Sin embargo, debe destacarse que esta escala de proporcionalidad no responde a una escala definida por el derecho, y en este caso dada por la agresión causada contra el bien jurídico protegido por la ley penal, sino por el valor social que representa la agresión ocasionada con el delito.

Otro aspecto que genera un importante papel en las demandas de justicia tiene que ver con que las instituciones actúen pronto y de manera decidida. Una expresión de esto se puede encontrar en los linchamientos como un síntoma de la necesidad de que las actuaciones sean rápidas y oportunas, para que así se refuerce socialmente la norma de desaprobación de dicha conducta. Esta situación genera aún mayor preocupación, si se tiene en cuenta que un proceso por un hurto de menor cuantía dura en promedio dos años y que una investigación por el delito de trata de personas puede durar más de tres.

Por otra parte, resulta fundamental conocer qué pasó y que públicamente se admita responsabilidad. Este punto podría tener dos dimensiones: el deseo de confirmar prontamente que quien ha sido señalado de haber cometido el delito sea igualmente definido así por la justicia; y, por otra parte, saber que alguien ha sido responsabilizado por los hechos.

¿Y si pensamos en otros valores de justicia?

Muchas de las cosas expresadas anteriormente no logran en sí mismas representar socialmente los valores de la justicia: ni la disuasión, ni la venganza, ni la eficiencia retribuyen socialmente o transforman efectivamente los conflictos generadores de daños sociales.

Desde esta perspectiva, algunas dimensiones instrumentales de la justicia no están contempladas tradicionalmente en sus demandas y tal vez su reconocimiento, así sea formal, genera efectos perversos y distorsiones porque la promesa de dichos logros no resulta efectivamente materializada en las decisiones de justicia. Pueden señalarse los siguientes ejemplos:

En primer lugar, la promesa de la reparación o que las cosas vuelvan a estar como antes. Muchos de los efectos causados por los delitos no pueden ser restablecidos con las actuaciones de los operadores y sus decisiones. Los muertos no reviven, el tiempo no se redime, y, por más de que se logre, por ejemplo, recuperar los recursos del Estado robados, el daño cultural, institucional, económico e incluso ambiental de actos de corrupción puede resultar incuantificable económicamente y, por más de que se presente una respuesta judicial, en muchas ocasiones los resultados no generan ningún beneficio.

En segundo lugar, que haya perdón y reconciliación. La reconstrucción del tejido social en sociedades complejas, con sistemas de justicia altamente burocratizados y formalistas, resulta una tarea frente a la cual los operadores no están comprometidos, ni cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar un proceso adecuado. La promesa de la justicia restaurativa queda en cuestión cuando los mecanismos institucionales y formales no tienen mejores respuestas que soluciones jurídicas y propuestas de reparación económica para el restablecimiento de los daños.

Por último, se encuentra la finalidad de resocializar a las personas que ocasionan ese daño social. Esto supone una discusión profunda acerca de la explicación del delito. Sin embargo, queda claro que la misma respuesta para todos (es decir, la cárcel) dista mucho de ser una herramienta transformadora de conflictos y pertinente para construir ciudadanos con la capacidad de ejercer derechos de manera libre y plena, así como de respetarlos.

Bajo esta óptica, no pueden ser preocupaciones menores las referidas a cómo la justicia llega a la gente y cómo responde a las necesidades actuales de transformación de las dinámicas del conflicto.

***

1Esto implica, por supuesto, la visibilización de unos fenómenos y la invisibilización de otros, dados por la complejidad de los procesos de comunicación y los intereses que se defienden desde los mismos medios, cuya alianza con intereses políticos y económicos también se ha evidenciado en distintas oportunidades. Por ejemplo, la Fundación para la Libertad de Prensa ha mostrado cómo la pauta del gobierno incide en la libertad de prensa y genera una censura indirecta a los periodistas. Véase el informe multimedia en: http://flip.org.co/es/content/informe-multimedia-%E2%80%9Cfuera-del-aire-censura-radial-en-colombia%E2%80%9D

2Algunas referencias de interés para complementar esta discusión pueden encontrarse en el Caleidoscopio de las Justicias en Colombia, compilación de varios autores, o la Crisis de la Justicia Penal en Colombia de Mauricio Martínez. Ambos textos reconstruyen sobre la justicia en general y en particular en materia penal, los problemas, contradicciones y dinámicas de estas instituciones.

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