Inclusión y exclusión. Dos posturas sobre la participación política

on Domingo, 14 Septiembre 2014. Posted in Artículos, Edición 41, TEOPOCO, Nacional, Participación política, Medios de comunicación, Proceso de paz

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Una vez más el tema de las víctimas sale a relucir en las afirmaciones de los actores opositores a los diálogos, en tanto se erige como el principal obstáculo para la consecución de la paz la inevitable relación que se gesta entre la total impunidad —y por tanto la afectación a los derechos de las víctimas— y cualquier forma de acceder a cargos de elección popular.

 
Lilibeth Cortés Mora
Fuente de la imagen: www.aiomedia.org

Con el escepticismo y la crisis de legitimidad como el telón de fondo del proceso de paz entre septiembre y octubre del año pasado, provocado por los pocos avances en las negociaciones y por la discusión sobre una posible pausa a los diálogos, el 6 de noviembre de 2013 los equipos negociadores del Gobierno y la guerrilla de las FARC anunciaron que habían llegado a un acuerdo sobre el segundo punto de la agenda de negociación: la participación política.

Dicho anuncio permite preguntarnos si lo convenido logró generar variaciones en la percepción sobre la legitimidad del proceso que venía siendo afectada por el escepticismo, o si por el contrario, con lo acordado se profundizaron los cuestionamientos a los diálogos persistentes en algunos actores.

41 Teopoco1

Sin duda, el mayor logro de la noticia sobre el acuerdo de participación política, radicó en la renovada confianza que otorgó, no solo a sectores de la opinión pública y líderes políticos1 que apoyan las negociaciones de paz, sino al Gobierno Nacional, quien redirigió sus esfuerzos para visibilizar la salida negociada al conflicto como el mecanismo idóneo para alcanzar la paz2.

Para sectores afines a las negociaciones3, el anuncio representó un avance importante en la apuesta por cesar el conflicto con una de las guerrillas más antiguas del continente. Esto porque, en su opinión, lo acordado sobre participación política y desarrollo agrario constituía, por un lado, un progreso sin precedentes en la historia reciente de los procesos de paz en Colombia, y por otro, recordaba que es posible acceder a una paz negociada. Así pues, se encontraban acordados los dos principales ejes que dieron inicio y contribuyeron a legitimar la lucha armada en el país: el acceso a la tierra y las garantías para participar en política4.

Sin embargo, no todas las posiciones fueron de aceptación. Los sectores políticos que se han encontrado en marcada oposición a los diálogos, como el uribismo y el Procurador, denunciaron que lo acordado fue vago, general y ambiguo, por lo que no era viable celebrar avance alguno en el proceso5, pues lo pactado se encontraba ya incluido en la Constitución Política de 1991. A su vez, rechazaron completamente lo convenido, negando cualquier opción de participación política para el grupo guerrillero6.

Si bien lo acordado es de suyo amplio, se pueden identificar como los puntos que mayor tensión generaron, la creación del Estatuto de la oposición y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (en adelante CTEP). El primero trata de la producción de un Estatuto, dirigido tanto a partidos como movimientos políticos, sociales y populares que se declaren en oposición al Gobierno, en el que se consagrarán las garantías para el ejercicio de la participación política. La segunda se refiere a la selección de un número —indeterminado, por ahora— de representantes a la Cámara, quienes actuarán de manera temporal, buscando garantizar la integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, generando mayor inclusión y representación política de estas poblaciones. Considerado esto también, como una medida de reparación y construcción de la paz7.

Para quienes han apoyado la negociación8, el Estatuto de oposición y las CTEP responden a una deuda histórica del Estado con los partidos y movimientos en oposición9, pues se constituyen en una garantía determinante para el ejercicio de la política y la construcción de una democracia amplia que nos permita abandonar el círculo de exclusión en el que se encuentran determinados grupos políticos de la sociedad.

No obstante, algunos de quienes celebraron el nuevo logro de la mesa de conversaciones manifestaron su preocupación por la falta de certeza acerca del tratamiento que recibirán los miembros de las FARC una vez hayan dado el paso a la vida civil, pues esto implicó dejar en el limbo la decisión sobre la participación política del grupo guerrillero, aplazada para la discusión sobre el capítulo de las víctimas, quedando así sin resolverse el que es considerado uno de los puntos más álgidos de la negociación10.

Por su parte, los opositores a los diálogos han sostenido reiteradamente la imposibilidad de dialogar sobre el régimen electoral y la institucionalidad democrática colombiana con las FARC, pues consideran que una negociación solo puede darse entre partes iguales, no siendo este el caso de esta guerrilla, dado que consideran que no es dable equiparar al Estado con un grupo narcoterrorista, sin propósitos ni argumentos políticos11. Dicha visión descarta de plano cualquier intencionalidad política en el accionar de las FARC, y por tanto, excluye tajantemente la posibilidad de una negociación. Adicionalmente, en relación con la implementación de las zonas de CTEP, estos sectores han señalado su inviabilidad, al observar que el acuerdo tendrá como resultado que en aquellas zonas en las que se ha evidenciado con más fuerza la presencia de las FARC, y en las que en consecuencia existe un número importante de víctimas de este grupo guerrillero, éstas tendrían que elegir a los victimarios como sus representantes en el Congreso12.

Considerando lo anterior podemos afirmar que las posturas de los actores reflejan la existencia de dos visiones de país. En una encontramos la que entiende la inserción de zonas aquejadas por el conflicto e históricamente excluidas, como una apuesta por la superación de los elementos que dieron origen a éste y un importante avance en la consolidación de la paz en Colombia. En otra, se identifica el rechazo que demuestran sectores contrarios a las negociaciones, a la posibilidad de la participación política de las FARC, en tanto sería impensable dar a los colombianos la posibilidad de elegir como sus representantes o gobernantes, a quienes en otrora fueron sus victimarios.

Ante este panorama, una vez más el tema de las víctimas sale a relucir en las afirmaciones de los actores opositores a los diálogos, en tanto se erige como el principal obstáculo para la consecución de la paz la inevitable relación que se gesta entre la total impunidad —y por tanto la afectación a los derechos de las víctimas— y cualquier forma de acceder a cargos de elección popular. Esta tesis se ha sostenido cíclicamente a lo largo de las negociaciones como el comodín que recuerda la encrucijada jurídica y política13 en la que al parecer éstas se encuentran, pues la ausencia de concreción en el tratamiento jurídico que se dará a los crímenes de las FARC devela el punto débil del proceso, representado por un lado, en la imposibilidad legal que existe de que responsables de crímenes de guerra participen en política, y de otro, en el desafío que esto le impone a los diálogos, pues ha sido claro desde el inicio de las conversaciones que éstas no son un sencillo ejercicio de rendición, por el contrario, el Estado deberá realizar una serie de concesiones en aras de alcanzar la paz.

En todo caso, no podemos dejar de cuestionar si lo que subsiste tras la renuencia de los opositores al proceso, no es el miedo a que la izquierda sea una opción de poder en el país, pues varios de sus pronunciamientos están dirigidos a acusar al Gobierno de generar esta posibilidad con los pactos hasta ahora logrados en La Habana14. Ello se evidencia en afirmaciones hechas por actores como Guillermo Rodríguez, Director Ejecutivo de Gobierno Seguridad y Desarrollo, quien a propósito del acuerdo señaló: “[La] anhelada e inmerecida participación política que demandan, todo por que pretenden traernos a Colombia ese Castro Chavismo, ese que ha dado tanta miseria en Cuba y Venezuela, el embeleco surge en este punto claramente, no por el número de curules que el gobierno quiere regalarle de manera directa al terror15.

Con este horizonte, las víctimas y el ejercicio de su participación activa en los diálogos de paz toman gran relevancia, pues la discusión sobre estas condiciones que de ello se deriven para la participación política del grupo guerrillero, serán determinantes en la búsqueda de la finalización del conflicto, la paz, la reconciliación y las garantías de no repetición de la historia de violencia con la que hemos venido cargando.

Lo anterior conlleva a hacer un llamado a las víctimas de esta extensa guerra, para que sean ellas quienes tomen las banderas de sus propias reivindicaciones, alejándose de aquellos que buscan instrumentalizar sus reclamos, y con ello entorpecer el desarrollo del proceso de paz, en un accionar que no las dignifica y propende por la reproducción de la violencia.

***

1Tal como lo señaló Iván Cepeda, en su momento representante a la Cámara por Polo Democrático Alternativo. http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/232736-congresistas-empiezan-a-destacar-el-nuevo-acuerdo-entre-el-gobierno-y-las
2Así lo indicó Juan Manuel Santos, Presidente de la República http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13164176
3Entre estos se puede encontrar a Navarro Wolf, Ángela María Robledo, Iván Cepeda y Juan Fernando Cristo.
4De esta forma expresó su respaldo Santiago Villareal Cuéllar, Columnista diario La Nación http://www.lanacion.com.co/index.php/opinion/item/225502-la-tenemos-de-los-cuernos
5Así lo indicó Alejandro Ordoñez en sus primeras declaraciones a los medios de comunicación. http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/CMS-13164815
6Se expresaron en este sentido Óscar Iván Zuluaga, Álvaro Uribe, Alejandro Ordóñez, Ramiro Valencia Cossio, entre otros. http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/232893-uribismo-rechaza-acuerdo-nuevo-con-las-farc
7Informe Conjunto de la Mesa de Negociaciones, desarrollo agrario integral y participación política.
8Entre estos observamos a la líder de la Unión Patriótica Aída Avella, la entonces candidata presidencial por el Polo Democrático Claro López, el senador por el Partido Liberal Juan Manuel Galán y al fiscal general Eduardo Montealegre.
9http://www.elespectador.com/noticias/politica/estatuto-de-oposicion-se-trabajara-guerrilla-una-vez-fi-articulo-456899
10Esta posición fue presentada con claridad por Juanita León, directora de La Silla Vacía http://lasillavacia.com/historia/el-acuerdo-de-participacion-politica-lo-acordado-lo-aplazado-y-lo-ganado-46035
11De esta forma se expresó Álvaro Uribe http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/232893-uribismo-rechaza-acuerdo-nuevo-con-las-farc
12Así se refirió José Darío Salazar, senador por el Partido Conservador y columnista de La República, sobre las CTEP http://www.larepublica.co/asuntos-legales/dejaci%C3%B3n-no-es-entrega-de-armas_85841
13Así se ha referido reiteradamente el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/puede-llegar-paz-con-impunidad-procurador-ordonez
14http://www.elespectador.com/opinion/de-lesa-patria-columna-457641
15http://www.semana.com/opinion/articulo/masacre-democratica-proceso-de-paz/363500-3. En este sentido también se pronunció Lorenzo Madrigal, columnista en El Espectador.

Comentarios (2)

  • Natalia Quintero

    Natalia Quintero

    16 Septiembre 2014 a las 03:22 |
    Que buen artículo, muchos elementos por observar dentro de lo planteado.
  • Cesgew

    Cesgew

    25 Abril 2017 a las 18:51 |
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