Justicia penal y restauración ambiental

on Miércoles, 30 Noviembre 2016. Posted in Artículos, Adolfo Franco Caicedo, Edición 94, Justicia, Derecho penal, Ambientalismo, Nacional

94 Adolfo

Necesitamos datos de entidades públicas y privadas sobre temas ambientales. La falta de éstos es un obstáculo para el ejercicio ciudadano de la defensa del ambiente, pues nos obliga a la confianza ciega de que la administración estatal lo está haciendo y de manera óptima.

 

 
Adolfo Franco Caicedo
Fuente de la imagen: http://www.lookfordiagnosis.com/

Bastante se ha discutido sobre la orientación cada vez más restaurativa –en vez de retributiva- que debería asumir el sistema penal. De acuerdo con la definición que propuso el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, el modelo de justicia restaurativa es “todo proceso en que la víctima, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, por lo general con la ayuda de un facilitador. Entre los procesos restaurativos se puede incluir la mediación, la conciliación, la celebración de conversaciones y las reuniones para decidir sentencias”1.

Mediante el Acto Legislativo 03 de 2002 se incorporó en el ordenamiento jurídico colombiano este modelo de justicia, que luego se desarrolló en los artículos 518 a 527 de la Ley 906 de 2004, o Código de Procedimiento Penal. Allí se incorpora la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación, como mecanismos de justicia restaurativa que tiene a su disposición la Fiscalía General de la Nación para incentivar la participación de las víctimas en lo relativo a la reparación de los perjuicios que le fueron causados.

Pero, ¿qué sucede cuando los daños son causados a los ecosistemas, a la biosfera o a seres sintientes no humanos? Es claro que los crímenes ambientales son diferentes de otros delitos porque los daños suelen ser irreparables, y porque no hay una víctima en el sentido ordinario de la justicia penal2. La pregunta es quién representa los intereses de la víctima del delito cuando ésta es el ambiente. Los manuales de derecho penal suelen afirmar que es el Estado quien ostenta la calidad de representante de los intereses de la sociedad y de su derecho a un ambiente sano; esto sin perjuicio de que puedan participar aquellas personas que se consideran victimizadas y reclamen su derecho legítimo a una indemnización, como las poblaciones indígenas, las personas que reportan daño en su salud, aquellas cuya propiedad se afectó, e incluso su bienestar.

Cuando la víctima no es determinable, corresponde entonces al Estado, por intermedio de las Corporaciones Autónomas Regionales –CAR, promover el incidente de reparación integral que pueden pedir las víctimas dentro de los treinta días siguientes a la condena del procesado, para que éste tenga oportunidad de resarcir el daño causado, bien sea mediante obligaciones de hacer (v.gr. reforestar) como obligaciones de dar (v.gr. pagar para que otros reforesten). Un rol similar lo desempeña la Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales de Colombia –PNNC, cuando los delitos afectan un parque, una reserva nacional o un santuario a los que se debe esta entidad.

Según el Juez de la Corte de Tierras y Ambiente de Nueva Gales del Sur, el australiano Brian J. Preston, la justicia restaurativa para delitos ambientales tiene el potencial empoderar a la comunidad en la estimación del daño ecológico, en la formulación de estrategias de reparación que involucren al victimario y prevenir la reincidencia del comportamiento3. Este empoderamiento debería traducirse en un apoyo a la administración de justicia, principalmente a los jueces de ejecución de penas que tenemos en nuestro ordenamiento, pues la misma comunidad podría hacer el seguimiento de las sanciones restaurativas impuestas.

Por supuesto que el modelo restaurativo para los delitos ambientales tiene sus límites. El mismo juez Preston señala que la pluralidad de víctimas (comunidades, propietarios, el Estado,…) puede generar nuevas tensiones que podrían degradar más la relación armónica que se rompió con los efectos del crimen y para la cual se postulaba la justicia restaurativa como instrumento de recomposición del tejido social, el cual es uno de sus fines. No obstante, de haber unas reglas o principios claros de representación para la participación procesal, debería reducirse el riesgo de este impacto colateral.

En todo caso, si el Estado por intermedio de estas autoridades administrativas ambientales está ejerciendo la representación del ambiente como víctima, ¿qué tanto sabemos de cómo lo está haciendo? Existen algunos datos disponibles que nos confirman que al menos algunas entidades sí lo hacen4. Sin embargo, no encontré disponible ninguna información que como ciudadano común y corriente me permitiera conocer cuál es el porcentaje de incidentes de reparación integral en los que las CAR se hacer reconocer como víctimas dentro de los procesos penales, ni tampoco qué solicitudes reparadoras se suelen solicitar, menos la tasa de cumplimiento efectivo de las medidas acordadas entre las partes o impuestas por el juez.

Visité la página web de CODECHOCÓ5 y la sorpresa es que en la sección de “Información de interés” no hay contenido publicado relacionado con “Datos abiertos” ni en “Estudios, investigaciones y otras publicaciones”. Esto es preocupante, pues según el informe de 2016 del Ministerio de Justicia y del Derecho y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC, sobre el flagelo de la minería ilegal de aluvión, se ha advertido que la “pérdida total de coberturas de alto valor ambiental asociada a las actividades de explotación de oro de aluvión fue de 24.450 ha para el año 2014 y se concentró en Chocó (77%), uno de los hotspots de biodiversidad más importantes del mundo”6. Ante estos hallazgos, esta CAR debería tener disponible –como mínimo- la consulta de este informe.

Si los datos no están disponibles, no hay posibilidades de dimensionar el problema de los delitos ambientales en Colombia y que un sector de la opinión confía que lo resuelva el sistema de justicia penal. Frente a esto último tengo mis reservas, pues dudo mucho que ficciones humanas como el castigo penitenciario contribuyan a la recuperación del equilibrio ecológico perdido. Sin embargo, me hacen falta los datos para poner en la mesa sanciones alternativas.

Por fortuna se percibe un movimiento regional a favor del acceso a información ambiental en materia de justicia con enfoque restaurativo.

Esta semana ha estado sesionando en Santiago de Chile el Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Se trata de la quinta reunión de negociación entre los delegados de los veintidós países signatarios de la Declaración de 2012 sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo; entre estos Estados se encuentra Colombia, que suscribió su adhesión en 2013.

En términos generales, el Principio 10 establece que la participación de la ciudadanía interesada es el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales, para lo cual es determinante que toda persona tenga acceso a información medioambiental de las autoridades públicas, e incluso, tengan la oportunidad de participar en la toma de decisiones en la materia. El Principio 10 exhorta a los Estados firmantes para que faciliten y fomenten la participación ciudadana, no solo mediante la puesta a disposición de tal información, sino proporcionando el acceso efectivo a instancias y procesos judiciales y administrativos, entre los que se destacan los relativos al resarcimiento de los daños y los recursos a los que haya lugar.

Por ahora la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL, quien se encarga de la secretaría técnica del Comité de Negociación, solamente ha publicado el documento que recoge la cuarta reunión7, por lo que dejaré para la siguiente columna el análisis de lo acordado en la quinta y lo que podría significar para Colombia en materia de acceso a información en justicia restaurativa ambiental.

Necesitamos datos de entidades públicas y privadas sobre temas ambientales. La falta de éstos es un obstáculo para el ejercicio ciudadano de la defensa del ambiente, pues nos obliga a la confianza ciega de que la administración estatal lo está haciendo y de manera óptima. Pero esta incertidumbre no puede seguir y quienes entendemos que el ambiente no es un medio sino un fin en sí mismo, estamos obligados a su defensa como la única opción para hacer frente a la crisis de deterioro a la que como especie lo hemos empujado, confiando que podamos detener –o al menos retrasar- una crisis civilizatoria aún peor que se cierne sobre nuestras futuras generaciones.

***

1CES/ONU. (7 de Enero de 2002). Principios Básicos sobre el uso de programas de justicia restaurativa en materia criminal. Obtenido de sitio web de la UNODC: https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_11/E-CN15-2002-05-Add1/E-CN15-2002-5-Add1_S.pdf

2Verry, J., Hefferman, F., & Fisher, R. (7 de Junio de 2005). Restorative justice approaches in the context of environmental prosecution. Obtenido de sitio web del Instituto de Criminología de Australia: http://www.aic.gov.au/media_library/conferences/2005-abs/verry.pdf

3Preston, B. J. (29 de Septiembre de 2012). The use of restorative justice for environmental crime. Obtenido de sitio web de la Corte de Tierras y Ambiente de Australia: http://www.lec.justice.nsw.gov.au/Documents/preston_use%20of%20restorative%20justice%20for%20environmental%20crime.pdf

4Por ejemplo, se puede consultar un informe de PNNC de septiembre de 2016, relativo a la explotación ilícita de minerales en zonas protegidas por el Sistema de Parques Nacionales, donde se menciona que esta entidad ha promovido a la fecha tres incidentes de reparación integral: dos por hechos de minería ilícita en la Reserva Puinawai ubicada en el departamento del Guainía; y uno, también por minería, en el Parque Natural Farallones en el departamento de Valle del Cauca. Este informe se puede consultar en el siguiente link: http://www.andi.com.co/XII_Feria_Minera/Documents/Viernes/MINERIA%20PNN%20SEPTIEMBRE%202016.pdf

5Consultar: http://codechoco.gov.co/portal/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones

6MJD & UNODC (Junio de 2016). Colombia. Explotación de oro de aluvión. Experiencias de percepción remota. Obtenido del sitio web del Observatorio de Drogas de Colombia: http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/estudios/OF5022016-colombia-explotacion-oro-aluvion-evidencias.pdf (pg. 11).

7Les invito a que visiten el siguiente link y se enteren de los antecedentes a esta quinta reunión: http://negociacionp10.cepal.org/5/es/antecedentes

Comentarios (2)

  • EdwinC

    EdwinC

    01 Diciembre 2016 a las 23:31 |
    De pronto sea útil este resumen de la discusión sobre los derechos de la naturaleza (o la naturaleza concebida como sujeto de derecho) en Ecuador. http://200.21.104.25/juridicas/downloads/Juridicas11(1)_6.pdf
  • Cesgew

    Cesgew

    19 Abril 2017 a las 03:35 |
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