La autonomía de gobierno en la actual coyuntura universitaria

on Lunes, 15 Julio 2013. Posted in Artículos, Edición 13, Nacional, Crisis educativa, Germán Paul Cáceres

13 German Paul2Este texto aborda las características y límites del actual modelo de gobierno universitario, especialmente de las instituciones públicas y exhorta a que se le otorgue a éste tema la importancia debida en la actual coyuntura en la que se discute un nuevo ordenamiento legal para la educación superior.
 
Germán Paul Cáceres
Fuente: http://movidacapital.com

El movimiento estudiantil colombiano, ante la urgente necesidad de transformar la educación superior en Colombia como apuesta fundamental para darle vida a un país con Soberanía, Democracia y Paz, ha cumplido con su compromiso de construir una nueva ley alternativa de educación superior”. Declaración política VII. Plenario de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. Encuentro Aprobatorio 1, 2 y 3 de junio, Medellín.

La urgencia de transformación de la educación superior vive un momento clave pues compromete a todos los actores con los estudiantes en la primera fila de las definiciones. Precisamente, para el próximo 28 de agosto la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) ha anunciado un encuentro nacional sancionatorio de una nueva y alternativa ley de educación superior.

En el debate público sigue instalada la necesidad de la reforma y para el movimiento estudiantil esta tiene que ser construida sobre el mayor consenso posible especialmente entre sus protagonistas: los universitarios. El mérito de la MANE es su tenaz proceso de construcción de consenso que ya toma al menos dos años y en consecuencia le da legitimidad a la propuesta del estudiantado que será presentada en detalle el 28 de agosto.

Hasta el momento, se conocen los contenidos fundamentales a partir de los cuales se formalizará el articulado de la Ley: reafirmación de un concepto amplio de autonomía universitaria, redefinición de las características del Sistema de Educación Superior, propuesta de financiación que insta a reinstalar el papel central del Estado y que incluye la gratuidad, reflexión para garantizar la calidad académica y reivindicaciones sobre el bienestar universitario que es una deuda pendiente de la educación superior en Colombia.

El proceso que ha liderado la MANE representa un ejemplo de discusión democrática y ha renovado al movimiento estudiantil colombiano de cara a participar con incidencia en las definiciones sustanciales sobre la educación en Colombia.

Justamente, una de estas definiciones que determinará un verdadero cambio en el Sistema de Educación Superior es la que tiene que ver con la autonomía en el gobierno universitario y la configuración de la conducción político-institucional de las universidades; cuestiones indispensables para consolidar una educación superior con altos estándares de calidad académica que cumpla con su misión social y cultural, si bien el futuro de la educación superior sigue dependiendo de una solución de fondo en su economía, esto es, en la garantía de su sobrevivencia financiera.

Esta reflexión hace énfasis en la necesidad de dar un debate sobre las características perniciosas del actual modelo de gobierno universitario y la importancia de lograr su transformación, más allá de la aritmética de la composición de los actuales órganos de gobierno universitario.

El ejercicio tutelado de la autonomía de gobierno de los universitarios1

La autonomía universitaria tiene al menos dos dimensiones básicas: por un lado, autonomía científica y académica; por otro, autonomía en el gobierno institucional. En el caso de la universidad pública esto es un ideal regulativo, pues la relación jurídica con el Estado la condiciona. Sin embargo, esto no impide que la universidad deba sustraerse, a nivel académico-científico y a nivel de su gobierno, de influencias gubernamentales y externas.

El documento de Consensos Políticos presentado por la MANE en junio pasado, habla de democracia y cogobierno como parte constitutiva de la autonomía y reclama una participación activa y decisoria de las comunidades educativas. Para la MANE, la autonomía de gobierno es un punto clave de su propuesta, pues el mencionado documento propone la reorganización de funciones entre los diferentes órganos hoy existentes y el que sería en adelante el organismo principal: la asamblea universitaria.

Asimismo, propone que la composición de dichos órganos sea mayoritariamente dominada por profesores y estudiantes, incluso con la participación de los trabajadores administrativos; pero independientemente de las proporciones de representación de uno u otro estamento y del volumen de la presencia gubernamental en los órganos de dirección, el diagnóstico estudiantil acierta en identificar que el actual perfil del gobierno universitario expresa una débil autonomía y un amplio y contraproducente control gubernamental.

Este perfil se puede caracterizar como un ejercicio tutelado de la autonomía de gobierno de los universitarios, lo que se profundizó en últimas décadas de predominio de la agenda neoliberal que si bien no fundó este carácter limitado de la autonomía universitaria en Colombia, si consolidó un menosprecio hacia la participación y una desconfianza hacia los universitarios y su capacidad de decidir sobre sus propios asuntos.  

El tutelaje del Estado en las decisiones universitarias parte de un prejuicio muy común que sale a relucir cuando se habla de la universidad pública desde el gobierno e inclusive de algunos sectores del profesorado, que se basa en la creencia de que los universitarios (profesores y estudiantes) no tienen suficiente “mayoría de edad” para gobernarse a sí mismos y darles esa prerrogativa llevaría al caos universitario. Además, este prejuicio se resguarda en la idea de que el Estado debe ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación superior, aunque aquello bien entendido no tendría porque equipararse con la idea de que ejerza el gobierno.

Adicionalmente y dado el contexto de conflicto armado en Colombia, el ejercicio pleno de la autonomía de gobierno es visto con recelo en un país con escasa democratización de sus élites gobernantes que temen perder el control político de las universidades públicas y de ahí, que se insista en la idea de mantener una amplia intervención gubernamental que evite el riesgo de que otros actores políticos y al margen de la ley permeen las decisiones universitarias.

Así, este ejercicio tutelado demuestra la predominancia de una cultura política autoritaria, que se refuerza en los condicionantes impuestos por el tecnocratismo neoliberal y expresa las condiciones políticas de un país con un conflicto armado anacrónico y cuyas élites tienden a ideologizar desde la lógica de la guerra los espacios públicos.

Conforme a ello, el ejercicio del gobierno universitario en Colombia se caracteriza por una fuerte concentración y discrecionalidad de las decisiones en la cima de la organización universitaria, con una recurrente búsqueda de legitimidad en el afuera de la universidad y particularmente en los gobiernos de turno que mantienen amplio control de las decisiones universitarias al tener presencia suficiente en los consejos superiores.

La amplia discrecionalidad del Consejo Superior Universitario de marcada composición extrauniversitaria2 y en general un sistema de gobierno hecho para mediar la voluntad de la comunidad universitaria se traducen en un modelo de gobierno universitario de tipo burocrático. En otras palabras, la legitimidad de las decisiones y las políticas se convierte en una legitimidad burocrática, pues no apela al resultado de la discusión cualificada de los protagonistas y directos involucrados sino al hecho de ser adoptadas formalmente por los órganos de dirección.

Esa preponderancia de un principio de autoridad política externo a la universidad en la cima de su dirección, así como la existencia de una representación minoritaria de los estamentos universitarios, con especial marginación del estudiantado y el desconocimiento de instancias independientes de cada estamento deben ser parte del debate de reformulación de las bases del gobierno de las universidades y con ello de la revitalización de su autonomía. La MANE le ha dado un lugar de privilegio a estas cuestiones.

Lo anterior también implica el cuestionamiento al relato oficial sobre la existencia de un principio de gobierno colegiado en la universidad pública colombiana y que se explica precisamente por la existencia de las llamadas representaciones estudiantiles y profesorales. Ante esta realidad, la argumentación de la MANE debe poner de manifiesto las enormes limitaciones de esta fórmula de participación, e incluso, deslindarse de la defensa ultranza que de las representaciones hacen algunas organizaciones que la componen. Las representaciones no dejan de ser una parodia de gobierno colegiado o cogobierno como el que reclama el movimiento estudiantil.

En síntesis, la discusión debe tender a cuestionar los fundamentos que sostienen la configuración político-institucional del gobierno universitario y romper con las discusiones aritméticas del actual esquema de dirección burocrático, pasando por  reclamar la existencia de auténticos órganos colegiados de gobierno y denunciando la argumentación estatal e institucional que habla de una supuesta politización nociva cuando se trata de dar voz y voto a los universitarios, pero que guarda silencio frente a la presencia de poderes políticos externos en sus órganos principales de gobierno.

***

1Una discusión ampliada sobre este tema puede verse en Cáceres (2012). Disponible en, http://hdl.handle.net/10469/4905
2Este problema es aún más agudo en las universidades públicas de carácter departamental, algunas totalmente capturadas por la politiquería de la Región y vencidas en el ejercicio de su autonomía de gobierno.

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