La experiencia de la Zona de Reserva Campesina. El caso de Magdalena Medio

on Domingo, 12 Mayo 2013. Posted in Artículos, Edición 9, Magdalena Medio, Fernando Forero Pineda, Zonas de reserva campesina, Conflicto agrario, Nacional

9 fernandoLa experiencia de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) es tal vez el acercamiento más inmediato a una reforma agraria en el Magdalena Medio; aunque no representa para la colonización una transformación sustancial de la política agraria en Colombia, sí constituye, sin lugar a dudas, un mecanismo de protección contra el latifundio y la concentración de la tierra. 
 
Fernando Forero Pineda
Fuente: http://www.semana.com
La ley agraria de 1994 guardó en el capítulo XIII un espacio para la Zona de Reserva Campesina (ZRC). Los objetivos de esta figura consistieron en contrarrestar el acelerado crecimiento de los cultivos de coca, evitar las masivas tomas de tierra que venían prometiendo los movimientos campesinos desde principios de los 90, detener la concentración de la tierra en manos de los terratenientes mediante la figura de propiedad colectiva, y proteger a la colonización que se encontraba arrinconada entre los últimos vestigios de la selva colombiana y los extensos alambrados de los terratenientes de viejo cuño y de los nuevos propietarios conocidos como narcolatifundistas.

Como tal ley dejó de lado la extinción de dominio para los predios incultos e impulsó la distribución de la tierra mediante el aumento de créditos para que el campesinado comprara tierras, fue claro que la ley no afectó significativamente los intereses de los grandes propietarios. Pues bien, a pesar de que la ZRC fue sancionada a través de la ley 160 de 1994, no fue reglamentada sino hasta 1996 bajo el decreto 1777, después de que los cultivadores de coca se lanzaran a las calles protestando contra los efectos negativos que las fumigaciones aéreas traían sobre los cultivos de pancoger, sobre el medio ambiente y sobre la salud humana en general

Según el decreto 1777 de octubre de 1996, las ZRC estarían circunscritas a zonas de colonización con baldíos que necesitaran regulación y ordenamiento rural –una característica por lo demás común a las fronteras agrícolas colombianas–. El decreto establece, además, que la delimitación de las zonas tendrá lugar según sus características agroecológicas y socioeconómicas, y exige a estas zonas un programa detallado de sus objetivos económicos, ambientales y políticos; estipula la necesidad del trabajo mancomunado con instituciones estatales que financien proyectos para el fortalecimiento de la economía campesina; confirma el compromiso del gobierno nacional con el suministro de servicios públicos básicos; determina que los planes de desarrollo deben tener en cuenta las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), de manera que garanticen la subsistencia de la familia, y establece que los proyectos territoriales colectivos son los esquemas fundamentales de relación del campesino con la tierra.

Las experiencias de ZRC que fueron reconocidas por el gobierno colombiano se situaron en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo y Bolívar. En el Guaviare se desarrollaron dos proyectos ganaderos: al norte (San José del Guaviare - El Retorno), se incentivó la ganadería extensiva; al sur (Calamar y Miraflores), se promovió la mediana ganadería y la agricultura. Además, en asocio, el gobierno y el campesinado hicieron posible el proyecto de Pato-Balsillas en San Vicente del Caguán –Caquetá–, ubicado entre la reserva forestal de la Amazonía y el parque Los Picachos, donde fue necesaria la compra de tierras para adelantar un proyecto de extracción maderera.

Ahora bien, cabe preguntarse ¿por qué los campesinos abrazaron –y siguen abrazando– tan enérgicamente la iniciativa de la ZRC? A principios de la década del 90 la frontera agraria en Colombia estaba a punto de cerrarse. En el Magdalena Medio, por ejemplo, para el año 2000 la colonización había ocupado los vacíos que encontró cuando se abrió paso, porque al ritmo de la colonización había agudizado el monopolio de la tierra; sólo en el Sur de Bolívar y en el Nordeste antioqueño quedaban zonas de reserva forestal y territorios baldíos en las que los colonos podían fundarse.

Pues bien, cuando se cerró la frontera agrícola, el ciclo de colonización-expropiación-emigración-colonización que ha caracterizado la historia de la tierra en Colombia, llegó a su fin; ya no había terrenos baldíos para colonizar. Por lo mismo, el campesinado colombiano no tuvo otra opción que aferrarse de pies y manos a la tierra y, en este contexto, la figura de la ZRC apareció como un mecanismo de protección en tanto evitaría que sus tierras quedaran en manos de los terratenientes, los empresarios, los comerciantes o los grupos armados.

Además, la economía del colono siempre está al borde de la quiebra. Con el tiempo la productividad de la tierra disminuye y sus deudas se incrementan, de modo que a menudo termina entregando su tierra a los acreedores. La ZRC campesina no sólo garantizaba la sostenibilidad de la economía del colono, sino que además permitía la acumulación de pequeños capitales, es decir, de trabajo excedente, como base para incrementar la producción de la tierra o como resultado de la producción de ésta que diera pie para guardar un quantum de trabajo muerto; brindaba herramientas jurídicas para que los colonos se organizaran y crearan cooperativas de trabajo asociado con las cuales pudieran suprimir a los intermediarios, y garantizaba la inversión en infraestructura en las zonas de colonización, de modo que los campesinos pudiesen sacar sus productos a los centros de comercialización a un menor costo. Esta figura representa para el campesino la posibilidad de acumular pequeños capitales, que se suelen utilizar en la compra de ganado blanco, de cerdos o en la ampliación y dotación de la mejora.

En el Valle del río Cimitarra y Sur de Bolívar la ZRC obtuvo el aval del gobierno en 1996. Desde entonces los colonos de la región se dedicaron a la elaboración de proyectos y a adelantar los trámites jurídicos para que la zona fuera reglamentada. En 1998 el trabajo estaba terminado: se establecieron los límites de la zona que abarcaría un área de 500.000 hectáreas, de la cuales 350.000 se destinarían a la producción y al poblamiento de la zona, y 150.000 se reservarían a la conservación de la biodiversidad; el plan integró el ordenamiento de las actividades de extracción maderera con sus respectivos momentos de reforestación y protección, y enfatizó, de manera significativa, en la producción agrícola de autosubsistencia, en el incremento de la productividad de la tierra y en la cría de especies menores.

En diciembre de 2002 el proyecto recibió la aprobación del expresidente Álvaro Uribe Vélez no sobre las 500.000 hectáreas propuestas por los campesinos, sino sobre 350.000 hectáreas que comprendían las zonas rurales de Yondó, San Pablo, Remedios y Cantagallo. Así como hoy se escuchan voces contra el hecho de que los diálogos de paz de La Habana conduzcan al fortalecimiento de las ZRC, así también en aquel entonces la figura de la ZRC recibió una oposición enérgica. A la sazón, los principales opositores al reconocimiento de la ZRC fueron los grupos que se habían beneficiado de la concentración fraudulenta de la tierra, es decir, las élites políticas regionales, los gamonales, los grupos paramilitares y algunos miembros del Ejército conocidos en la región como coroneles-ganaderos.

Sin embargo, el principal obstáculo jurídico, político y técnico que tuvo la ZRC fue el hecho de que una parte del Sur de Bolívar hubiese sido declarada Zona de Reserva Forestal (ZRF) conforme a la ley 2 de 1959. Este obstáculo es común a varias de las ZRC sobre las que se está negociando en La Habana. En el Magdalena Medio, la ZRF comprendía un área total de 2’155.591 hectáreas, de las cuales a los municipios del Sur de Bolívar les correspondían 1’132.427 hectáreas; se argumentaba que allí no podía tener lugar ningún tipo de asentamiento humano. Con el paso del tiempo, algunas de las áreas que inicialmente estaban estipuladas como Zona de Reserva Forestal fueron sustraídas del decreto, sobre todo en los departamentos de Santander y Cesar, donde los ganaderos desde hacía décadas se habían asentado. No ocurrió lo mismo con el Sur de Bolívar, donde la población es fundamentalmente campesina.

En últimas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez consideró que la decisión sobre la suerte de la ZRC en el Sur de Bolívar y el Nordeste antioqueño estaría en manos de las fuerzas armadas, puesto que el ejército se pronunció en contra de esta iniciativa porque, según los militares, era una herramienta de poder de la insurgencia, la ZRC fue suspendida en febrero de 2003 por el expresidente Uribe.

Desde entonces la lucha de los campesinos reunidos en torno a la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), la organización campesina que con más fuerza hace presencia en el norte del Magdalena Medio, se concentró en la búsqueda del levantamiento de la suspensión de la ZRC. Fue así como en 2004, en la aldea comunitaria de Puerto Matilde, se reunieron alrededor de 650 organizaciones campesinas, sociales, estudiantiles y sindicales de Colombia, Europa y Estados Unidos, así como investigadores y académicos del país, con el propósito de respaldar políticamente la ZRC. También querían denunciar públicamente la presión ejercida por los latifundistas, la agroindustria y las multinacionales. A pesar de que ya consiguió la aprobación de esta figura de la mayoría de los alcaldes de la región y de las brigadas del Ejército que operan en esta parte del Magdalena Medio, hasta nuestros días la ACVC no ha conseguido que el gobierno nacional levante la suspensión de la ZRC.

La experiencia de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) es tal vez el acercamiento más inmediato a una reforma agraria en el Magdalena Medio; aunque, en efecto, no representa para la colonización una transformación sustancial de la política agraria en Colombia, sí constituye, sin lugar a dudas, un mecanismo de protección contra el latifundio y la concentración de la tierra. Esperemos que los acuerdos que se están firmando en La Habana fortalezcan esta figura tan importante para los miles de colombianos que siguen viviendo en los últimos frentes de colonización que quedan en el país.

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