La maratruchización de la violencia en Colombia

on Martes, 14 Octubre 2014. Posted in Artículos, Edición 43, Sebastián Ronderos, Nacional, Desigualdad social, Proceso de paz

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Centroamérica, tras poner el punto final a sus respectivas negociaciones, se consolida como una de las regiones más violentas en el planeta, un escalofriante presagio para Colombia, pudiendo caer en una maratruchización de la violencia por no sostener una mínima elocuencia entre el dicho y el hecho.

 
Sebastián Ronderos
Fuente de la imagen: http://espiralesceptico.wordpress.com/

El actual proceso de paz demuestra el aprendizaje de importantes lecciones tanto de anteriores negociaciones internas como de diversas experiencias internacionales, donde Centoamérica en general y El Salvador en particular, por una serie de similitudes, han aportado invaluables rutas que se han recorrido en la mesa de negociación. Entre ellas se resalta la importancia de las terceras partes, los gestos conciliatorios como herramientas de maduración del conflicto armado y el seguimiento de etapas organizadas desde prenegociaciones hasta la formulación de acuerdos conjuntos y sus implementaciones.

Sin embargo, también presagia inminentes peligros que deben ser atendidos con urgencia, pues podrían transformar las dinámicas de violencia propias del conflicto armado hacia una absoluta descentralización e indiscriminalización, que acarrearía un retroceso frente al terreno ya caminado.

Las características que definirían la historia, tanto del conflicto armado colombiano como del conflicto salvadoreño, radican en una doble exclusión del acceso a la tierra y al poder político, las cuales han estado presentes en su desarrollo y se han consolidado como los principales temas dentro de la agenda de demandas de los actores sociales en ambos países.

Una de las formas más recurrentes de violencia aplicada desde el Estado salvadoreño fue la organización de grupos oficiales encargados de perpetrar asesinatos en masa a sus opositores políticos. Se enmarcan dentro de esta figura la Guardia Civil de 1932, conformada por jóvenes militares y más adelante, en 1982, los “escuadrones de la muerte”. De esta manera, los miembros de las fuerzas armadas eran militares de día y paramilitares de noche. En buena medida se asemejan a la articulación de los grupos paramilitares con el ejército colombiano, muchas veces coordinados desde altos mandos del Estado.

El proceso de negociación sobre el conflicto salvadoreño tuvo inicio el 4 de abril de 1990 en Ginebra, planteando acuerdos y estableciendo un cronograma inicial de negociaciones y una agenda preliminar. Su culminación se estipuló para marzo de 1991, sin embargo se extendió hasta el 6 de enero de 1992 con la firma definitiva del acuerdo de Chapultepec.

Las fechas límites de las negociaciones en El Salvador y en Colombia contradicen los procesos habituales donde las negociaciones son exitosas, pues según las cifras de la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona, a cargo de Vicenç Fisas, es frágil el éxito de un proceso express, cuya duración sea inferior a dos años. Este punto resulta esencial frente a las presiones cronométricas por parte del Centro Democrático y sectores de la derecha tradicional, que buscan frustrar el proceso por imponerle una condición prematura.

A partir de Chapultepec se puso en marcha un período de transición de la guerra a la paz, que no ha concluido, y en el que se asumieron grandes retos que cobran vigencia actualmente; una reforma del sistema judicial que permitiera superar el vacío institucional en materia de seguridad pública y justicia, un avance ante las dificultades de la reinserción económica de excombatientes y las grandes cantidades de armamento circulante en manos de civiles, participación política popular -no limitada a la cúpula de excombatientes-, la corrección de fallas en las políticas de desarme, desmovilización y reinserción, enjuiciamientos acordes con el período de transición y el esclarecimiento de una verdad judicial e histórica.

Por un lado encontramos que al final del proceso, y con la declaración de la ley de amnistía general de 1992, se rompe la lógica que precedió la conformación de la Comisión de la Verdad, ya que si bien fue posible documentar en investigaciones las violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas estatales, la declaración de amnistía dejó en el ambiente un clima de impunidad que se extiende hasta el día de hoy.

Lo anterior, sumado a la no resolución de las problemáticas sociales en el país, ha sostenido las dinámicas de violencia imperantes, tanto por el no desmantelamiento total de los cuerpos de seguridad “paralelos” al Estado, que incluso hoy sobreviven, sino que se mantiene el imaginario que relaciona violencia y pobreza, orientando toda la acción de consolidación de seguridad hacia el combate de las maras, dejando de lado las grandes estructuras criminales enquistadas en las instituciones y la violencia estructural que ha persistido a través de las desigualdades sociales.

Se ha dejado abierta la puerta a la ininterrumpida tendencia de la violación de derechos humanos a las poblaciones más vulnerables y de defensores de Derechos Humanos.

Colombia adelanta un proceso exitoso en términos de la teoría de la negociación, abriendo escenarios de diálogo y construcción pacífica en ciertos planos, pero se expone a una crisis social de mayor complejidad por mantener el ejercicio del poder en manos de burocracias profesionalizadas, permitir la indiscriminada acumulación de tierras por unos pocos, ver los servicios públicos como responsabilidad del sector privado y no desmantelar las estructuras paraestatales que apoyan los intereses de los sectores de influencia en el poder. Esto se puede evidenciar en la creciente correlación que ha existido en los últimos años entre explotación minero-energética, monopolios, miseria e incremento en los niveles de violencia.

Centroamérica, tras poner el punto final a sus respectivas negociaciones, se consolida como una de las regiones más violentas en el planeta, un escalofriante presagio para Colombia, pudiendo caer en una maratruchización de la violencia por no sostener una mínima elocuencia entre el dicho y el hecho.

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