La masacre de La Rochela: Platón y el problema de la justicia

on Martes, 14 Enero 2014. Posted in Artículos, Masacre de La Rochela, Edición 25, Nacional, Paramilitarismo, Andrés Fabián Henao, Justicia social

25 HenaoNo se trata, como quizás podría interpretarse en la ciudad enferma de Platón, de que haya violencia porque no hay justicia sino todo lo contrario, hay violencia para que no haya justicia, para que reine la impunidad.
 
Andrés Fabián Henao
Fuente: www.semana.com

“Glaucón: Si estuvieras fundando una ciudad para puercos, ¿los alimentarías de otra manera?

Sócrates: Entonces ¿cómo debería alimentarlos Glaucón?

Glaucón: Como suele hacerse. Si no han de sufrir dificultades, deberían reclinarse en sofás apropiados, comer a la mesa, y servirles los manjares y postres que se comen hoy en día.

Sócrates: Ya entiendo. No es solamente el origen de una ciudad lo que estamos considerando, pero el origen de una ciudad lujosa. Y puede que no sea una mala idea. Podremos descubrir como la justicia y la injusticia crecen en las ciudades. Sin embargo la verdadera ciudad, en mi opinión, es la que acabamos de describir, la sana. Pero si quieres que ahora estudiemos el caso de la ciudad enferma, no hay nada que nos lo impida”.

(Mi traducción, Platón. La República, Libro II [372e-373a]).

El segundo libro de La República supone una paradoja. El debate sobre la justicia, que motiva los diez libros de La República, sufre un desplazamiento político, de lo individual a lo colectivo. Al orden geométrico del alma individual, que subordina la parte apetitiva a la parte racional, le corresponde un orden geométrico de la ciudad, que subordina el trabajo manual de los obreros al trabajo intelectual de los filósofos. La subordinación de una parte a la otra presupone la insubordinación, y ahí radica el misterio que encierra el libro segundo. La denominada por Sócrates ciudad verdadera, la sana, es una ciudad en donde la justicia no se enuncia porque no existe la injusticia, luego no es necesaria la filosofía. Se trata de la ciudad no lujosa, en la que se satisfacen las necesidades básicas de todos sus ciudadanos y en la que cada uno contribuye lo que puede y recibe lo que necesita. De ahí que el filósofo marxista Alain Badiou se declare pro-Platón y se haya dado a la tarea de actualizar La República en su propia re-escritura del clásico, después de todo, la primera ciudad enunciada por Sócrates no esta nada lejos del principio marxista de justicia, según el cual: de cada quien según su capacidad y a cada quién según su necesidad. Todavía más ilustrativo resulta la dependencia que se deduce en las palabras de Sócrates, entre la superestructura simbólica y la infraestructura material, ya que la necesidad de la filosofía sólo aparece cuando aparece también la injusticia, cuando nace la ciudad enferma, la del lujo.

De modo que en el libro segundo se enfrentan dos formas completamente diferentes de la justicia. Por un lado, la justicia que coincide con el orden geométrico de lo público y que, por ende, no se enuncia, ya que la injusticia que surge con la desigualdad del lujo no existe, haciendo a la ciudad y a la justicia indistinguibles en el principio que garantiza la satisfacción en común de las necesidades básicas. Por otro lado, surge también la justicia que sólo existe como predicado, como forma de reparar la injusticia que ahora coincide con la ciudad, con el sustento material del lujo en la necesidad de ejercer la violencia. El tan cuestionado rey-filósofo, por el que se acusa a Platón de autoritario, es el remedio contra la enfermedad que el filósofo mismo diagnostica, la posibilidad siempre presente de que los guardianes (inexistentes en la primera ciudad pero necesarios en la segunda), se vuelvan en contra de la propia población que dicen proteger. Porque a diferencia de lo que sucede en la primera ciudad, en la segunda existe algo que se necesita proteger, la propiedad sobre la tierra que sustenta la desigualdad social. Jean-Jacques Rousseau lo supo antes que Marx, cuando dijo que el verdadero fundador de la sociedad civil fue el que descubrió la manera de decir: ¡esto me pertenece! (Rousseau, Discurso sobre el origen de la desigualdad). Platón no confió del todo en el exclusivo poder de la filosofía para deshacer este daño, pues además de someter a los guardianes a veinticinco años de filosofía (desde la formación matemática básica para que aprendan los principios geométricos del orden, hasta la más compleja formación en dialéctica, para que aprendan los principios de la deliberación argumentativa) declaró que la propiedad debía ser colectiva y que las mujeres también deberían ser guardianes-filósofas. Es decir, para que la filosofía pudiera surtir efecto, el medicamento necesitaba de un revuelco material, una revolución de clase y de género.

Este mes, en el que se cumplen veinticinco años de la masacre de La Rochela en Colombia, no sería descabellado solicitar, ante la dimensión de la injusticia y en ausencia de una revolución socio-sexual que establezca cierta paridad de clase y de género para que la medicina funcione, que a los militares deberían pedírseles al menos veinticinco años de filosofía antes de ejercer su cargo. En el pensum se incluiría La República de Platón, para que sepan de donde viene la idea, pero también el informe del Grupo de Memoria Histórica (MH) titulado, La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia, que las víctimas consultadas solicitaron fuera de lectura obligada en el diplomado de capacitación en derechos humanos de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP, que el Estado debió crear hace mucho tiempo como lo ordenó la sentencia que lo condenó por estos hechos.

La masacre de La Rochela (municipio de Simacota en el Magdalena Medio santandereano) tuvo lugar el 18 de enero de 1989 y continúa en la impunidad, pues no se han esclarecido los hechos en relación a los autores intelectuales de la masacre (como sucede, por ejemplo, con el político local Tiberio Villareal y Oscar de Jesús Echandía, a quienes no se les imputaron cargos por concierto para delinquir a pesar de sus claros vínculos con los grupos paramilitares). En ella fueron asesinados doce de los quince miembros de la comisión judicial que investigaba una serie de asesinatos y desapariciones cometidos por una alianza entre paramilitares y militares de la zona. A la comisión judicial (que los asesinos creyeron era de la Procuraduría) no la asesinaron por esa investigación, sino por la masacre de 19 comerciantes cometida en octubre de 1987, las más de 20 desapariciones ocurridas en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, y los cultivos de coca de Gacha y Escobar que los militares, paramilitares y narcotraficantes creían que la comisión estaba investigando.

El crimen por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaría al Estado casi dos décadas más tarde, en mayo de 2007, no supuso el rompimiento que la revista Semana intentó plasmar en la editorial que le dedicó un mes después de acontecida a la masacre, titulada “Se creció el monstruo.” No significó ni el rompimiento de las relaciones entre los grupos paramilitares y los agentes del Estado, ni mejores condiciones para la administración de justicia. Según los reportes de MH, entre enero de 1979 y diciembre de 2009 se documentaron hechos de violencia contra 1.487 funcionarios judiciales. El 70% de la victimización se concentra entre los años 1995 y 2005, cuando los grupos paramilitares adoptaron la masacre como su principal estrategia de guerra para ejercer control territorial. El crecimiento del paramilitarismo a partir de 1995 se explica, en parte, por el generoso marco jurídico que el Estado les ofreció a estos grupos con la creación de las Convivir del ex presidente Uribe, marco jurídico que tiene su antecedente en la ley 48 de 1968 que facultó a grupos privados para restaurar la ‘normalidad’ del orden y que organizaciones de derechos humanos advirtieron, mucho antes de la masacre de La Rochela, tendría consecuencias desastrosas sin que La Rochela evitara reciclar la medida en los 90.

Luego la investigación a la que dio lugar la masacre de La Rochela, y que reveló las conexiones existentes entre el grupo paramilitar Los Masetos y la base militar de Campo Capote (principalmente entre el teniente Luis Enrique Andrade Ortiz y los hermanos Rivera), entre el narcotráfico y ACDEGAM (germen del paramilitarismo en el Magdalena Medio), fue impotente ante la capacidad militar y política del monstruo, que continuaría creciendo en la década de los noventa hasta protagonizar el peor escándalo de corrupción que ha conocido Colombia, la parapolítica. En consecuencia el paramilitarismo, que no se desmovilizó en su totalidad con la generosa Ley de Justicia y Paz del 2005, continúa amenazando a los familiares de las víctimas de la masacre de La Rochela, como sucedió cuando las Águilas Negras del Bloque Capital las declararon como objetivo militar de su organización en octubre del 2009. El estado nacional, en violación al fallo de la CIDH, sigue sin ofrecerles la protección adecuada, aduciendo que los familiares de las víctimas no pueden ser objeto del programa de protección.

El diagnóstico de Platón no parece adecuado para caracterizar la realidad colombiana después de La Rochela. Habría que suplirlo con la tesis de Gonzalo Sánchez, para quién la impunidad en el caso de la Rochela “aparece allí no tanto como un problema de ineficiencia sino como una resultante de la estrategia o del programa criminal” (La Rochela, p. 19). No se trata, como quizás podría interpretarse en la ciudad enferma de Platón, de que haya violencia porque no hay justicia sino todo lo contrario, hay violencia para que no haya justicia, para que reine la impunidad. Con La Rochela los objetivos de control territorial de la alianza narco-para-militar del Magdalena Medio cambian, pasan del control de la droga mediante la lucha antisubversiva a nivel local, a la disputa contra el Estado sobre la administración de justicia mediante una política sistemática de impunidad a nivel nacional.

Luego las preocupaciones del filósofo griego por acompañar la medicina que cultiva el alma con transformaciones materiales sustantivas que garanticen su efecto, son todavía más urgentes en el caso colombiano. Máxime cuando la guerra sigue siendo efecto de la concentración de la tierra, un modelo de desarrollo agrícola profundamente desigual y la exclusión política de muchos sectores. Y aunque veinticinco años de filosofía y educación en la protección de derechos humanos para los militares no parecen una medida plausible, yo recibo la noticia del ex presidente Uribe, de impulsar una reforma constitucional que le otorga el beneficio de libertad condicional a los policías y militares condenados por delitos relacionados con actos del servicio porque “los soldados y policías presos no deben tener la suerte de los terroristas”, con mucha preocupación. Más aún después de leer sobre la responsabilidad del protegido de Uribe, José Miguel Narváez, en el asesinato de Jaime Garzón (ver la columna de Daniel Coronell en Semana), de leer en el informe de MH, que la desmovilización de algunos grupos paramilitares con la política de ‘seguridad democrática’ del gobierno de Uribe resultó en que “durante el año 2007, se incrementaron las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario pero también la violencia contra funcionarios judiciales por parte de las fuerzas militares” (La Rochela, p. 349) y que tuvieron que pasar siete años para que la Fiscalía General hiciera publica su acusación formal a un mayor, un sargento y seis soldados profesionales por su participación en el homicidio de un campesino en zona rural de Vista Hermosa, Meta, el 17 de Agosto de 2006, al que presentaron como un guerrillero de las Farc abatido en combate, en ese crimen de estado que llaman ‘falso positivo’ y que también intentaron cometer en La Rochela.

Y si bien es cierto que fue en relación con la masacre de La Rochela que el Tribunal Superior Militar declaró, en el 2005, que los delitos imputados al teniente Andrade eran competencia de la justicia ordinaria, poniéndole ciertos límites al fuero militar al establecer que el concierto para delinquir no podía ser considerado como un acto de servicio, también es cierto que cuando el juzgado regional encargado del caso de los 19 comerciantes ordenó orden de captura contra el General del ejército, Farouk Yanine Díaz en 1996, un mes después, el caso fue trasladado a la jurisdicción militar (con presiones al Consejo Superior de la Judicatura), que declaró la cesación del procedimiento y dejó al General en libertad (La Rochela, p. 155). Frente a este escenario, me pregunto qué propuesta esta más lejos de la realidad, si la idea de Platón de redistribuir la tierra y confrontar la desigualdad de género mientras a los guardianes se les educa con 25 años de filosofía para hacer a la injusta ciudad un poco más justa, o la reforma constitucional que promete Uribe.

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