La participación de las víctimas en la construcción de la paz territorial

on Lunes, 01 Septiembre 2014. Posted in Artículos, Ricardo Cita Triana, Edición 40, Víctimas, Nacional, Territorio , Proceso de paz

40 Ricardo

La paz territorial necesita de la ampliación de la esfera pública a la que deben tener acceso todas las personas para participar en los destinos del país. Situaciones como la que está sucediendo entre el profesor Miguel Ángel Beltrán y la Procuraduría General de la Nación muestra que hay serias restricciones en el mantenimiento de una esfera pública democrática.

 
Ricardo Cita Triana1
Fuente de la imagen: www.vanguardia.com

Los últimos avances en los diálogos de paz que se adelantan desde hace dos años en La Habana están relacionados con el tema de las víctimas del conflicto colombiano. Aunque este escenario no ha estado exento de polémicas y ataques de diverso tipo y talante, lo cierto es que la participación de las víctimas en la negociación es esencial para el establecimiento de una paz duradera, dado que no sólo se involucra en el diálogo a las partes que se han enfrentado militarmente, sino también a amplios sectores de la sociedad que han sufrido la expresión violenta de esa confrontación.

En el actual proceso de paz es importante resaltar dos situaciones con relación a la participación de las víctimas, en las que pueden estar cifradas las esperanzas, a largo plazo, y el éxito de la negociación. En primer lugar, es importante reconocer el potencial que tiene esta participación para ampliar los términos del debate acerca de qué deberíamos entender los colombianos como una negociación de paz. Ello radica en que, poco a poco, pierde fuerza y respaldo la idea de que los términos centrales del proceso deben ser los de la rendición, entrega y sometimiento a la justicia de una de las partes, es decir, el reconocimiento de una derrota militar antes de que se aniquile al último combatiente de la contraparte. Sin duda, el hecho de que las víctimas del conflicto colombiano participen de los diálogos adiciona nuevos elementos, más allá de los punitivos y militares, a la discusión como, por ejemplo, el del acceso y la distribución de la tierra, el de la convivencia en un escenario de posconflicto y el de constitución de criterios para el consenso y la disputa que no lleven a un nuevo enfrentamiento con niveles de violencia como los que vivimos en la actualidad.

En segundo término, en el contexto de esta negociación se ha venido hablando de la «paz territorial», idea a través de la cual se marca un acento en la construcción de condiciones duraderas que pasan por la reorganización del territorio y de un conjunto formado por múltiples instituciones que garantizarían, no solo los derechos de las víctimas y su retorno a sus lugares de origen, sino el de las generaciones presentes y futuras de colombianos, a fin de ampliar su participación en la vida política, social y económica del país.

Estas dos situaciones presentes en las negociaciones de La Habana muestran que para la construcción de la paz duradera, los procesos y los diálogos relativos a la misma no han de estar solamente circunscritos a imperativos de pacificación (cese de la confrontación armada y violenta, sometimiento a la justicia penal de los perpetradores de crímenes de guerra, violaciones a los derechos humanos, etc.) y de indemnización-reparación económica y simbólica de las víctimas del conflicto. También hay, por lo menos, dos elementos que se suman a partir de la integración de la perspectiva de las víctimas: la necesidad de intervenir en la actual configuración de la participación de todos en las decisiones de la vida nacional y la necesidad de repensar los espacios y las instituciones donde ocurre y se desarrolla la vida de todos los colombianos, sean víctimas, excombatientes, representantes de la institucionalidad del posconflicto e, inclusive, las nuevas generaciones que vendrían a sumarse sin experimentar en sus propias vidas la confrontación violenta.

Ahora bien, con lo señalado hasta este momento, ¿qué implicaciones tiene para el desarrollo de los diálogos? Evidentemente, lo importante sobre este punto es que no se queden como retórica y argumentos para disimular otras dinámicas de la negociación. Si realmente hay un compromiso real, no solo de acabar con el conflicto, sino, desde allí, construir una paz duradera, resulta necesario, en relación con esas dos situaciones que se han indicado, tener en consideración varios elementos que se pueden tomar como retos para la participación real de las víctimas y la construcción efectiva de una paz territorial.

El hecho de que en Colombia el número de víctimas directas rebase los cinco millones de personas, hace que la participación de éstas en la construcción de la paz no se reduzca a las sesenta personas que se tienen proyectadas para participar de las mesas en La Habana. Si bien su participación es valiosa y contribuye de muchos modos a la reconciliación, este gesto no debe agotar el carácter simbólico y de representación; aunque es imposible asegurar que todas y cada una de las víctimas del conflicto puedan participar directamente en el desarrollo de las negociaciones, sí es posible asegurar esa participación en un contexto de transición. Pero para ello, es importante señalar dos puntos: el carácter representativo y simbólico de las víctimas que se sientan en la mesa de negociación necesita tener en cuenta precisamente que el papel y el lugar no se agota en lo que sucede en Cuba, sino que tendrá una prolongación permanente en lo que sucederá con el país (i) y, por ello, como ya lo ha afirmado Alfredo Gómez-Müller en este mismo portal, «un nuevo modelo de transición debería erigir como principio rector el protagonismo de la sociedad civil, en particular el de asociaciones de víctimas»2. En últimas, se trata de reconocer que la paz no es para los actores armados, sino para la sociedad en su conjunto.

En cuanto a los retos de la paz territorial, es importante mencionar que ésta no puede quedar reducida a llevar el Estado a los lugares donde ha estado ausente. La paz no es sinónimo de dejación de las armas más indemnización de los afectados, pero tampoco se agota con la realización de Estado Social de Derecho en todos los rincones del territorio.

Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, ha mencionado algo muy interesante al respecto. En marzo del presente año, en una conferencia en la Universidad de Harvard, señaló que «[n]o podemos volver a cometer el error de pensar que se trata simplemente de desmovilizar unos grupos. Hay que llenar el espacio, hay que institucionalizar el territorio, y hay que hacerlo entre todos»3. Frente a ello, se puede considerar que el Alto Comisionado acierta en la primera afirmación, pero no lo hace con la segunda.

El espacio no es un vaso esperando a ser llenado por cualquier sustancia, un continente para un contenido y, por ello, no es posible llenar el espacio como se llena un vaso con agua. El espacio, más bien, es producto de las relaciones sociales, de la acción de los hombres y de las mujeres, razón por la cual la paz territorial no puede tener como referencia únicamente al Estado, sino que debe considerar las prácticas sociales que producen ese espacio. La institucionalización del territorio, en ese sentido, pasa por garantizar las instituciones y las prácticas necesarias que aseguren relaciones sociales para la paz, como por ejemplo, las que reconocen los derechos de las víctimas en relación con su territorio.

De acuerdo con ello, la territorialización de la paz, por decirlo de algún modo, enfrenta retos que no solo están encargados para el futuro, como puede serlo la realización del Estado de Derecho en todo el país. En el presente hay también elementos que necesitan ser considerados si se busca la producción de espacios para la reconciliación y, especialmente, para la participación de las víctimas. Algunos ejemplos:

- Hay que revisar la relación entre los procesos productivos y el territorio, lo que se traduce en el contexto colombiano en reconocer el grado de compatibilidad entre la paz territorial y los procesos de megaminería que plantean gravísimas tensiones entre los derechos, sociales y fundamentales, de los habitantes y el horizonte económico del país. Lo anterior se agrava cuando se tiene en cuenta que la minería en Colombia, además de estar vinculada con violaciones de derechos humanos, está generando nuevas formas de desalojos, ya no categorizados como «desplazamientos forzados», sino como «reasentamientos involuntarios por proyectos productivos» e institucionalizados bajo formas jurídicas como la de los planes de reasentamiento involuntario4, que no son más que contribuciones a la liquidación del espacio.

- En relación con las fallidas estrategias de lucha contra las drogas, una paz territorial duradera debe considerar la supresión completa de las fumigaciones aéreas. La institucionalización del territorio implica su respeto y la garantía de las condiciones de existencia de sus habitantes.

- En el caso de los procesos de restitución de tierra que se adelantan, la paz territorial debe garantizar no solo el reconocimiento formal de la restitución, sino también la efectividad de los planes de retorno, afectados actualmente por la persistencia del conflicto, expresado en el asesinato selectivo de líderes sociales y en la violencia ejercida por los despojadores.

- La paz territorial necesita de la ampliación de la esfera pública a la que deben tener acceso todas las personas para participar en los destinos del país. Situaciones como la que está sucediendo entre el profesor Miguel Ángel Beltrán y la Procuraduría General de la Nación muestra que hay serias restricciones en el mantenimiento de una esfera pública democrática. El hecho de que a un ciudadano que ha sido absuelto en una investigación penal por vínculos con organizaciones armadas, sea sancionado en un proceso disciplinario, que le impide continuar sus actividades de docencia e investigaciones en instituciones públicas, en el que se debatía precisamente el mismo problema de pertenencia, muestra que la institucionalización del territorio no se da solo con la llegada del Estado de Derecho y su Ministerio Público; es preciso que, de un lado, el mismo Estado y sus agentes no se erijan como restrictores de la participación y del reconocimiento, y, de otro, exista la posibilidad real de tener un lugar en el espacio de la esfera pública.

Así, el horizonte de la participación de las víctimas en los diálogos de La Habana y en el eventual escenario de posconflicto y de construcción de la paz duradera se hace aún más rico y, a su vez, más complejo. Lo primero, porque las perspectivas del diálogo y la reconciliación tienen la oportunidad para descentrarse de los partes combatientes e involucrar a múltiples actores sociales con las víctimas a la cabeza. Lo segundo, porque los problemas, tanto de la paz como de las víctimas, no comienzan con la finalización de los diálogos y la implementación de los acuerdos; sino que, desde el presente, hay que comenzar la transformación a fin de evitar que pueda en el futuro presentarse nuevas víctimas, ya no sólo del conflicto, sino de algunas condiciones sociales persistentes. Con esto en mente, no podemos cometer el error de pensar que la paz se trata de pacificar el país, satisfacer a los agraviados y realizar el Estado de Derecho. Hay que insistir en la construcción del espacio y en las instituciones que garanticen los derechos y el territorio y sostengan las promesas necesarias para que no haya más víctimas. Y hay que hacerlo entre todos.

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1Abogado, Especialista en Instituciones Jurídico-Penales y Magíster en Derecho, Universidad Nacional de Colombia. Estudiante del programa de Maestría en Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
2Las víctimas y el desafío de un modelo alternativo de “transición”. Disponible en: http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/las-victimas-y-el-desafio-de-un-modelo-alternativo-de-transicion?category_id=138
3Sergio Jaramillo. “La paz territorial”. En: Todo lo que debería saber sobre el proceso de paz. Visión, realidades en las conversaciones que adelanta el Gobierno Nacional en La Habana (pp. 4-8). Documento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2014, p. 7.
4Ver, por ejemplo, las resoluciones 0970 y 1525 de 2010 del Ministerio de Ambiente.

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