La politización del delito político, una condición para la paz

on Domingo, 14 Diciembre 2014. Posted in Artículos, Nicolás Jiménez Iguarán, Delito político, Edición 47, Nacional, Proceso de paz

47 Nicolas

No hemos llegado ni al fin de la historia, ni al fin de las ideologías. Al contrario, este es el momento en el que debemos disputarnos nuestro derecho a la paz con todas su dificultades y nudos, en el entendido de que la historia aún puede tomar otro camino.

 
Nicolás Jiménez Iguarán
Fuente de la imagen: http://www.ipc.org.co/

El delincuente político es, en principio, un disidente, un rebelde

Carlos Gaviria Díaz

En 1997 el excomandante de las fuerzas militares, Harold Bedoya Pizarro, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 127 del Código Penal de 19801, el cual exoneraba a los rebeldes y sediciosos de pagar penas por los “hechos punibles cometidos en combate”, mientras estos no fueran actos de ferocidad, barbarie o terrorismo. La decisión de la Corte Constitucional (C-456 de 1997), al fallar a favor del demandante, alteró sustancialmente el elemento subjetivo del delito político, otrora garantía del estatus beligerante de la insurgencia. El exmagistrado Carlos Gaviria Díaz, en su salvamento de voto, advirtió que “una restricción de tal magnitud del concepto de delito político tendría graves consecuencias para cualquier proceso de paz con los alzados en armas”2. Y esto es precisamente lo que está pasando hoy en día3.

El pasado 13 de noviembre se realizó, en la Universidad del Rosario en Bogotá, el foro “Proceso de paz: ¿qué van a aprobar los colombianos y cómo?”, organizado por El Tiempo, la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel, en el que se debatió, entre muchas otras cosas, sobre el delito político. Entre los participantes a este evento se encontraba el jefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con las FARC-EP, Humberto de la Calle Lombana, quien con su participación desató una polémica cuando señaló la necesidad de ampliar la conexidad del delito político4. La polémica alcanzó niveles mucho más críticos cuando el Presidente Santos sugirió, en una reciente entrevista con RCN Radio, la necesidad de considerar el narcotráfico como uno de los delitos conexos5. Las razones de su propuesta responden, específicamente, a las dificultades técnicas que ha implicado la desnaturalización del delito político en Colombia a partir de la Sentencia C-456 de 1997 y las trabas que le impone al proceso de paz.

A finales del año 2013, de la Calle ya había señalado que el ‘nudo’ del proceso de paz tendría dos aristas. La primera de ellas, relacionada con las críticas por parte de la insurgencia, así como de amplios sectores de la sociedad, a la unilateralidad del marco jurídico para la paz; y la segunda, relacionada con los alcances del delito político y la figura de la conexidad. Ahora bien, los términos en los que se plantea el debate, ¿son consecuentes con la naturaleza del delito político?

En una entrevista publicada en el año 1988, Jaime Pardo Leal, dirigente de la Unión Patriótica y víctima del genocidio político, señalaba que, “cada vez que hay una forma de resistencia contra cualquier forma de opresión, y la resistencia adquiere la manifestación bélica armada, estamos frente a un delito político”6. En el Código Penal actual los delitos políticos o “delitos contra el régimen constitucional y legal”, no incluyen, en su formulación, el elemento político de la resistencia contra cualquier forma de opresión. Sin embargo, el Derecho Internacional, al que se suscribe la Constitución Política de Colombia, sí reconoce el derecho a resistir y a rebelarse contra regímenes opresores7. De manera que, el delito político, tiene características extrajurídicas que son de naturaleza objetivas y subjetivas y que explican, no solo los hechos y los motivos que lo caracterizan, sino las condiciones socio-políticas de las cuales surge.

Al Gobierno le llegó la hora de tomar una posición definida frente al tema del delito político y eso fue precisamente lo que hizo Humberto de la Calle en el foro realizado en la Universidad del Rosario, en donde afirmó que “deberíamos hacer nuevamente una discusión sobre la vigencia del delito político en un momento de transición, sin perjuicio de que, una vez concluya el conflicto, revaluemos nuevamente sus características”. De acuerdo con las declaraciones del Gobierno, hay una voluntad de ampliar la definición de delito político, pero lo que no queda claro es si esta voluntad es consecuente con la naturaleza histórica y política del mismo.

El Gobierno ha afirmado la necesidad de reconocer la vigencia del delito político para aplicarlo al “momento de transición”, pero ha dejado muy claro que una vez terminado el conflicto, se deben reevaluar “nuevamente sus características”. Para Humberto de la Calle, su aplicación es necesaria para “avanzar en un camino realista, para que jurídicamente podamos lograr la paz”8. Sin negar la importancia de aplicar con pragmatismo los mecanismos necesarios para que el proceso sea viable jurídicamente, no hay que eludir, en todo caso, la discusión política de fondo sobre la figura del delito político en el marco de un modelo de justicia transicional que responda a un verdadero proyecto de transformación social y de superación de las causas que han dado origen al conflicto armado.

De acuerdo con el Centro Internacional para la Justicia Transicional – CITJ –, ésta “no es un ‘atajo’ que se negocia o se manipula para permitir que algunas personas se liberen de la responsabilidad por sus acciones”. Mientras el Estado ha reconocido su responsabilidad en el conflicto de una manera marginal y obligada, sus acciones están encaminadas a procurarse mayor impunidad y a impulsar un modelo de desarrollo que hasta ahora resulta inviable y en total contravía con los cambios necesarios que exige la sociedad para conquistar la paz. El discurso del ‘post-conflicto’ de Santos ha sido fuertemente criticado por varios sectores de la sociedad, incluidas las víctimas, quienes insisten en que la violencia sociopolítica es intrínseca al modelo de desarrollo que en Colombia se ha venido imponiendo. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE – ha documentado permanentemente los altos niveles de criminalidad estatal que presenta el país9.

Sin embargo, el Gobierno ha dejado muy claro que no tiene intenciones de llevar el debate más allá de la discusión técnico-jurídica que se requiere para desarmar legalmente a la insurgencia. Ya es bien conocida su tesis negacionista que deslegitima de raíz el levantamiento armado según la cual no hay razones objetivas que lo justifiquen10. Por muchas diferencias que haya entre este gobierno y el anterior, hay semejanzas de fondo que se mantienen.

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ha insistido, en reiteradas ocasiones, en que sólo es legítimo hablar de justicia transicional siempre y cuando el proceso garantice, efectivamente, “la resolución, al menos, de los principales problemas que dieron origen al conflicto armado en Colombia: la exclusión política y la inequidad social”11. El delito político es el ‘nudo’ al que está atada la posibilidad de que la insurgencia pueda participar en política, pero la actitud del Gobierno es más parecida a la tolerancia que al genuino reconocimiento de su opositor político.

Santos quiere avanzar en el proceso de paz pero sin asumir sus espinosas consecuencias políticas. De ahí la violencia de su discurso, que parece ambiguo pero no lo es, cuando afirma aceptar la vigencia del delito político pero niega, al mismo tiempo, sus implicaciones de fondo. Esta negación es la clave de su estrategia, en la que se aceptan de manera superficial las características del conflicto armado interno sin comprometerse con la complejidad de sus contenidos: alzamiento armado sin armas, solución política al conflicto sin solución política y paz con justicia social sin justicia social. O ¿por qué razón el Gobierno suspendió los diálogos, rechazó la propuesta de cese bilateral del fuego y se opuso a discutir sus locomotoras del desarrollo?

No hemos llegado ni al fin de la historia, ni al fin de las ideologías. Al contrario, este es el momento en el que debemos disputarnos nuestro derecho a la paz con todas su dificultades y nudos, en el entendido de que la historia aún puede tomar otro camino. Una tarea para avanzar hacia este objetivo es la de reevaluar con responsabilidad histórica la figura del delito político y no volver sobre las anteriores premisas. El ‘nudo’ del delito político podrá desenredarse jurídicamente pero mientras no se reconozca su carácter político, seguirán persistiendo los obstáculos para el reconocimiento del conflicto armado y para la construcción de una paz con justicia social que supere las causas de la guerra.

***

1"Artículo 127: exclusión de pena. los rebeldes o sediciosos no quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en combate, siempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o terrorismo" (decreto 100 de 1980 “por medio del cual se expide el código penal”).
2http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-456-97.htm
3La eliminación del artículo 127 sólo puede resultar justificada si se niega la responsabilidad del sistema político vigente en la violación sistemática a los derechos humanos. Esta decisión desnaturaliza el delito político y excluye de cualquier tratamiento excepcional a aquellas personas que se opongan, por la vía armada, a dicho sistema.
4http://www.elespectador.com/noticias/politica/redefinir-el-delito-politico-articulo-527824
5http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/delito-politico-podria-ampliarse-a-beneficio-del-narcotraficosantos/14919317
6Pardo, J., Escritos Jurídico Políticos, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002. p. 151.
7“Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión…” preámbulo de la declaración universal de los derechos humano, 10 de diciembre de 1948.
8http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/presidente-juan-manuel-santos-habla-de-los-dialogos-de-paz/14838217
9Giraldo, J. y Andreu, F., Paz sin crímenes de estado, Movice, 2013, p. 17.
10http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191173
11“Elementos de discusión para una propuesta de justicia en un eventual escenario de negociaciones de paz”. Documento en preparación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 2014.

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