Las víctimas y el desafío de un modelo alternativo de “transición”

on Lunes, 18 Agosto 2014. Posted in Artículos, Alfredo Gómez Muller, Edición 39, Víctimas, Acuerdos de la Habana, Nacional, Conflicto armado

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Pretender resolver el tema de la justicia y reparación para las víctimas, basándose en esta forma de política de “transición”, sería un grave error ético y político que no contribuiría ni a pacificar a nuestra sociedad, ni a crear unidad social.

 
Alfredo Gómez Muller
Fuente de la imagen: www.colombia.com

El hecho de que el tema de la justicia y reparación para las víctimas sea abordado solo en la fase final de los diálogos de La Habana, no significa que se trate de un punto menor o secundario para la sociedad colombiana. Se trata, por el contrario, de un punto crucial, no solo porque la forma en que será tratado tendrá incidencias determinantes para la implementación de otros puntos de la agenda de negociaciones —como la participación política y el desarrollo agrario integral— sino también, y más fundamentalmente, porque en la manera de dar respuesta a las exigencias de las víctimas se pone en juego el sentido mismo de lo social y de lo político.

Para entenderlo, conviene recordar que las víctimas son ante todo, en el contexto del conflicto colombiano, víctimas de la violencia y, más precisamente, de formas de la acción humana que son precisamente negadoras de lo humano, esto es, que no reconocen la humanidad de las personas y grupos victimizados. Por ello, la exigencia de justicia de las víctimas dice siempre algo ético y político sobre lo humano y lo inhumano, trazando en el espacio público y para el espacio público una línea que separa lo inaceptable y lo aceptable para una sociedad. Por ello también esa exigencia no concierne únicamente a las víctimas “directas” e “indirectas”, sino también al conjunto de la sociedad. Victimizar a una persona o a un grupo de personas es también victimizar a la sociedad entera, porque la sociedad no es la simple suma de sus miembros sino la relación entre éstos. Ignorar o distorsionar la exigencia de justicia de las víctimas y de la sociedad-víctima equivale, entonces, a ignorar o distorsionar los elementales valores y normas que fundan la vida social y constituyen el núcleo de la cultura y, por ende, de la producción de sentido y valor.

En Colombia, como en otros contextos históricos, la exigencia de justicia —que supone verdad e implica reparación— de las víctimas se enfrenta no solo a las políticas de impunidad (“olvido” y “perdón” decretados) y de ocultamiento de la verdad de los hechos promovidas por los perpetradores de inhumanidad desde dentro y fuera del Estado, sino también a ciertas políticas de “reconciliación” o de “transición” basadas en un tipo de racionalidad meramente calculadora y estratégica. La instancia que se atribuye a sí misma la función de agente exclusivo o fundamental de estas políticas es el Estado, que le sustrae de esta manera a la sociedad civil toda capacidad de iniciativa, o la subordina y canaliza en función de los intereses de los grupos sociales y políticos que controlan el Estado. En la perspectiva de estas políticas, la salida del estado de violencia —que es superficialmente identificada a la “paz”— debe basarse en una especie de “compromiso” imaginado por los agentes del Estado e impuesto verticalmente a las víctimas y a la sociedad-víctima, en el cual se define la parte supuestamente “aceptable” de verdad, justicia y reparación que puede ser reconocida públicamente a cambio de una parte supuestamente “aceptable” y “equivalente” de ocultamiento de la verdad y de impunidad. Dicho en los términos del expresidente Álvaro Uribe, para construir la “paz” se requiere “…tanta justicia como sea posible y tanta impunidad como sea necesaria” (declaración del 12 de febrero de 2005).

En lo ideológico, esta forma de las políticas de “transición” se construye en un sistema de oposiciones binarias: se presenta a sí misma como única política “realista”, y presenta las exigencias de las víctimas como “maximalistas”; pretende encarnar la única forma posible de “reconciliación” nacional, y señala a las asociaciones de víctimas como enemigas de la “unidad” de la Nación; tiende a presentarse como expresión única de la racionalidad pública, y a describir la subjetividad de la víctima como pura irracionalidad dominada por el “resentimiento”. Ampliamente difundidos en la prensa y en ciertos espacios académicos, estos contenidos ideológicos impregnan a gran parte de la sociedad —contribuyendo a su alienación en tanto que sociedad— y construyen el aislamiento social y político de las víctimas.

Pretender resolver el tema de la justicia y reparación para las víctimas, basándose en esta forma de política de “transición”, sería un grave error ético y político que no contribuiría ni a pacificar a nuestra sociedad, ni a crear unidad social.

Error ético, porque tal política supone una simetría entre las exigencias de las víctimas y las de los perpetradores, entre verdad y ocultamiento, entre justicia e impunidad. Afirmar que el Estado sería el “árbitro imparcial” entre exigencias de mismo nivel significa igualar lo ético (exigencia de humanidad) y su contrario (la negación de la humanidad del ser humano); equivale, en última instancia, a desconocer la primaria asimetría que separa a la víctima indefensa del perpetrador armado. Implica, por consiguiente, borrar lo ético de lo público y propagar la idea de que finalmente cualquier proceder es equivalente a cualquier otro con tal de alcanzar la meta fijada.

Error político, tanto en su concepción como en su práctica y en sus efectos. Sorprende que se presente como “realista” una política basada en una pura ficción, esto es, en el “compromiso” entre víctimas y perpetradores imaginado por los agentes que dirigen el Estado. En la realidad, tal compromiso no existe y solo podría tal vez existir si lo decidiesen las víctimas mismas bajo determinadas condiciones. Por ello, tanto en Colombia como en los países del Cono Sur y en otras partes del mundo, este modelo de política de “transición” no puede aportar ninguna verdadera respuesta a las exigencias de verdad y justicia de las víctimas y de la sociedad-víctima: en Argentina, la ominosa ley de “Punto final” (1983) tuvo que ser abrogada 22 años después por la presión de las víctimas y de la sociedad-víctima, y en España, a los 70 años de finalizada la Guerra civil, más de la mitad de la población apoya las exigencias de reconstrucción de la memoria de las víctimas del conflicto (El País, 18 de julio de 2006). La experiencia histórica revela que la imposición vertical y autoritaria de un “compromiso” ficticio solo consigue, en el mejor de los casos, instaurar un precario equilibrio, que será posteriormente modificado en función de la correlación de fuerzas sociales y políticas. Al mismo tiempo, esta experiencia histórica, y en particular la más reciente en Colombia y América Latina, revela igualmente la importancia pública de las asociaciones de víctimas y del proceso de concientización de la sociedad-víctima en las tareas de reconstrucción social y nacional, sugiriendo que otra política de transición es posible.

La racionalidad que sustentaría esta política de transición alternativa no sería estratégica sino comunicacional, y su agente fundamental no sería el Estado sino la sociedad civil. En Colombia, diversas iniciativas de las asociaciones de víctimas, y en particular aquellas en las que se abre un diálogo entre víctimas de los diferentes actores armados del conflicto —Fuerzas armadas del Estado, paramilitares y guerrilla—, así como ciertas experiencias como las Comunidades de Paz o como la movilización de comunidades indígenas contra la presencia de actores armados violentos en sus territorios, indican la capacidad política de la sociedad civil. Un nuevo modelo de transición debería erigir como principio rector el protagonismo de la sociedad civil, en particular el de las asociaciones de víctimas. En vez de marginar a las asociaciones de víctimas, como sucede habitualmente en las políticas estatales de transición que tienden a excluir a las víctimas de las comisiones de verdad, justicia y memoria, se buscaría reconocer su activa participación y su capacidad de contribuir a la común reconstrucción de lo público. Reconstrucción en la cual la sociedad misma, y no la burocracia estatal o partidista, deberá delimitar la frontera entre lo inaceptable y lo aceptable ética y políticamente, esto es, decidir la base de valores y normas que deberán regirla. Se trataría de un modelo de transición desde la sociedad civil y no desde la burocracia estatal, lo cual no implica evidentemente que el Estado no tenga que intervenir.

El desafío que plantea a nuestra sociedad la exigencia de verdad y justicia de las víctimas no se reduce a un problema de “pacificación” —entendiendo la paz como estado de no guerra— y menos aun de simple “indemnización” de las víctimas. En la manera de responder a esta exigencia estaremos decidiendo si aceptamos una base ética para nuestro convivir —definiendo precisamente si lo que anhelamos es convivir o simplemente coexistir—. O, en otros términos, decidiendo si lo que queremos es paz —relaciones sociales basadas en el bien común y la solidaridad— o pacificación, hasta la siguiente Violencia.

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