Las víctimas y el fantasma del Caguán

on Lunes, 15 Diciembre 2014. Posted in Artículos, Alexandra González Zapata, Edición 47, Víctimas, TEOPOCO, Nacional, Proceso de paz

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La declaración de los diez principios para la discusión del quinto punto del actual proceso de paz, tiene como base el reconocimiento de todas las víctimas del conflicto y de la responsabilidad de los distintos actores en el mismo. Si bien la apuesta por garantizar los derechos a la verdad y la reparación constituyen un gran avance, la posibilidad de parar la guerra como garantía de no repetición parece un desafío enorme que las partes negociadoras no han podido asumir.

 
Alexandra González Zapata
Fuente de la imagen: www.telesurtv.net

*Este artículo hace parte del Observatorio Posicional de Medios de las Negociaciones de Paz, llevado a cabo por el grupo de investigación Teoría Política Contemporánea (TEOPOCO), de la Universidad Nacional de Colombia. Su propósito es recoger las tendencias en la opinión pública y medios de comunicación para construir un insumo de investigación académica.

Con el secuestro y la posterior liberación del general Rubén Darío Alzate por parte de las Farc, se ha posicionado el debate sobre la necesidad del cese bilateral al fuego o de «desescalar» el conflicto para evitar los inconvenientes que la dinámica de la guerra genera al proceso de paz. Las Farc desde hace varios meses le ha apostado a presionar al Gobierno de distintas formas para negociar este tema. Los principales mecanismos utilizados con tal propósito han sido las treguas unilaterales desarrolladas en época electoral y los actos de guerra contra las FF.MM. y la infraestructura del país. Esta última estrategia fue utilizada en los pasados meses de julio y agosto. En efecto, después del cese unilateral por las elecciones presidenciales, las Farc realizaron dos grandes ataques militares, el primero fue al municipio de Miranda, Cauca, donde falleció una menor, y el segundo fue el sabotaje a la infraestructura de Buenaventura.

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La insistencia del Gobierno de negociar en medio de la guerra propicia que los actores enfrentados lleven a cabo acciones bélicas. Si bien las acciones guerrilleras han tenido el propósito de continuar con el avance militar, al mismo tiempo han sido utilizadas por la delegación en la mesa de conversaciones para presionar por el cese bilateral al fuego. Las voces opositoras a los diálogos encontraron en el accionar de las Farc una nueva oportunidad para desarrollar una presión mediática en contra de la supuesta falta de voluntad de paz de la guerrilla, con el objeto de aumentar los condicionamientos que debe tener este grupo durante la negociación. En este sentido, algunos sectores de opinión1, el Centro Democrático y la Procuraduría manifestaron que el Gobierno no podía permitir que se continuara con acciones «terroristas» mientras se hablaba de paz.

Esta presión llevó a Santos a enviar un mensaje a las Farc: «están jugando con candela y este proceso puede terminar»2. Aunque esta advertencia no tuvo mayor impacto en la mesa de La Habana, denotó una situación de riesgo para el proceso de paz: la dinámica de la guerra puede afectar la posibilidad de firmar un acuerdo para una paz estable y duradera.

Aunque el Gobierno reconoce que el conflicto afecta el proceso, esto no lo lleva a apostarle a un cese bilateral al fuego. El recuerdo del fortalecimiento político y militar que tuvieron las Farc por el despeje y el cese al fuego durante los diálogos del Caguán no le permite plantear esta posibilidad ni siquiera como una opción imaginable. Además, el respaldo a las conversaciones por parte de la sociedad colombiana —por lo menos la que se manifestó en las elecciones de junio— no es lo suficientemente fuerte para otorgarle lo que para muchos significaría más concesiones a las Farc.

El eco que las voces opositoras generan en la opinión pública ha llevado al Gobierno a sostener públicamente una posición más fuerte en la negociación, escenario que deja la puerta abierta para que la dinámica del conflicto armado acabe con los diálogos. ¿Será posible y necesario parar la guerra para hacer la paz?

Mientras el Gobierno, los opositores y las Farc hacen uso político de la imposibilidad o la necesidad de cesar las acciones bélicas, en el territorio colombiano sigue aumentando la estadística de las víctimas del conflicto. Lo anterior no puede resultar ser menos que una paradoja, pues en la declaración de los diez principios sobre las víctimas las delegaciones se comprometieron a generar garantías de no repetición. A pesar de ello y de los reclamos de la población civil que sufre las consecuencias diarias de la guerra para que esta se detenga, la insistencia de negociar en medio del conflicto y la pretensión de los actores de posicionarse militarmente deja como consecuencia que la no repetición aún deba esperar.

Ahora bien, aunque los negociadores desconocieron la necesidad inmediata de terminar la generación de nuevas víctimas, avanzaron en la incorporación al proceso de quienes ya habían sufrido las consecuencias del conflicto. Pero, ¿quiénes deberían ser escuchados? Para algunos serían exclusivamente las víctimas de las Farc pues, por una parte, este es un proceso con el grupo guerrillero y no con otros actores, y por otra, el Estado no tiene por qué responder por sus acciones frente a un grupo ilegal. Para otros serían las personas afectadas por la guerra, pues lo que se vive en el país es un conflicto armado interno que involucra a la insurgencia, los paramilitares y el Estado. La distancia entre estas posiciones demuestra que esta discusión está atravesada por disputas profundas entre proyectos políticos enfrentados.

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En efecto, el reconocimiento de quiénes son las víctimas pasa por determinar quiénes son los victimarios, pues a través de este análisis sobre los responsables de los delitos se han posicionado interpretaciones diferentes del conflicto que vive el país. En ese sentido, se han identificado por lo menos dos perspectivas: por un lado, aquella que señala a las Farc como las únicas victimarias, y por otro, la que reconoce la responsabilidad de varios actores —entre ellos el Estado— en la continuación de la violencia. Esta discusión estuvo presente en el desarrollo de los foros regionales sobre víctimas y en la elección de 60 delegados que representarían en La Habana a los afectados por el conflicto, que según el informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica alcanza la cifra de 6,5 millones de personas.

Según la primera perspectiva, las delegaciones de víctimas que debían viajar a La Habana tendrían que ser exclusivamente de las Farc, pues en este grupo recae la responsabilidad última de un conflicto que lleva más de 50 años. Así lo afirmó la representante a la Cámara María Fernanda Cabal: «la negociación es con las Farc, por lo que no deberían participar víctimas de los paramilitares o el Estado»3. Esta posición parte de que la guerra en Colombia es una lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y por tanto, el desarrollo de estas conversaciones debe reducirse al sometimiento que el grupo ilegal debe hacer ante la «legítima» justicia del Estado. Pero además, plantea una reconstrucción narrativa de lo sucedido en Colombia en la cual se invisibiliza los crímenes de Estado y las alianzas del mismo con el paramilitarismo, justificando de antemano las acciones de terror contra la población civil donde el Estado colombiano y sus fuerzas militares fueron protagonistas y cómplices4.

La segunda perspectiva, defendida por el Gobierno, las Farc y un amplio sector de las víctimas, planteó que las delegaciones que viajarían a La Habana debían representar el amplio universo de víctimas que existe, teniendo en cuenta la diversidad de actores armados, legales e ilegales, que han tenido responsabilidad en el conflicto. En ese sentido la participación de los afectados por delitos del Estado y los paramilitares, sumada a los de las Farc, fue reconocido como un avance en la construcción de la paz5.

Al ser un conflicto armado interno no son las Farc las únicas responsables de la guerra en Colombia, cada actor, incluyendo paramilitares y Estado, tiene su parte de responsabilidad en ella. Independientemente de que la negociación sólo se realice entre las Farc y el Gobierno, su éxito es fundamental en la transformación de la realidad política colombiana, y por tanto será tal vez la única oportunidad que tendrán las víctimas de los paramilitares y el Estado de participar en un proceso de verdad, justicia y reparación, dada su invisibilización en negociaciones pasadas, como fue la de los paramilitares con el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez6.

En medio de este debate, Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia eligieron el primer grupo de víctimas del Estado, la insurgencia y los paramilitares, con criterios de equilibrio, pluralismo y sindéresis, de acuerdo con la proporción general de víctimas según el victimario, lo que resultó en que los afectados por el Estado y el paramilitarismos fueron mayoritarios frente a los de la insurgencia. Esto por supuesto no zanjó el debate, que continuará con la elección de cada delegación.

No obstante, este tipo de participación no es suficiente, pues aún hay mucho en juego en el terreno de las víctimas. La visita de estas a la mesa no implica de antemano que su relato se constituya en una nueva narrativa histórica del conflicto armado que vive el país. El turno de las víctimas en el proceso de paz no ha terminado, pues su protagonismo en la construcción de la verdad, de la justicia y la reparación debe ser preponderante ante quienes desde sus intereses imponen la verdad de la historia del conflicto.

Por lo pronto, un buen gesto de las partes sería el fin de la confrontación armada, pues no se entiende por qué insisten en generar más muertes y más dolor si estamos a puertas del fin de este conflicto. No deberían morir más soldados, policías, guerrilleros y civiles en momentos en que se habla de fin del conflicto ni tampoco debería haber más desplazados, heridos o desaparecidos. Es justo y necesario, que si vamos a hablar de un futuro sin confrontación armada, no se haga más daño, y tanto las Farc como el Estado asuman un compromiso ante los 6,5 millones de víctimas y los otros millones de colombianos/as que votaron por la continuidad de los diálogos para parar la guerra y hacer la paz.

***

1Los columnistas Diego Mora, Raúl Tamayo y María Clara Ospina de El Colombiano; Uriel Ortiz Soto y Mario Fernando Prado de El Espectador; y Plinio Apuleyo Mendoza y Andrés Quintero Olmos de El Tiempo.
2«Están jugando con candela y este proceso puede terminar». Revista Semana. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/santos-les-advierte-las-farc-que-el-proceso-de-paz-se-puede-terminar/397394-3 (29 de julio de 2014)
3Congresista uribista califica de 'circo' los foros regionales de víctimas. El País. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/congresista-uribista-califica-circo-foros-regionales-victimas (24 de julio de 2014)
4Así se manifestaron por parte del Centro Democrático la representante a la Cámara María Fernanda Cabal y el senador Ernesto Macías Tovar; por parte de las víctimas el general (r) Luis Mendieta y el ex secuestrado Herbin Hoyos; el procurador Alejandro Ordoñez; algunos sectores de opinión como el ex viceministro de Defensa Rafael Guarín, el columnista Diego Mora y María Clara Ospina de El Colombiano.
5Así lo manifestaron los senadores Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo; los representantes del Gobierno Sergio Jaramillo (Alto comisionado para la paz), Humberto de la Calle (jefe negociador del Gobierno); los analistas León Valencia, Medófilo Medina, Laura Gil; Alejo Vargas del Centro de Pensamiento de la Universidad Nacional; Fabrizio Hochschild de Naciones Unidas; las víctimas Ángela María Giraldo, Jaime Peña, María Eugenia Cruz, Alan Jara; Marco León Calarcá (negociador de las Farc).
6Así lo expresaron las víctimas: Camilo Villa del MOVICE; Luz Marina Bernal, representante de las madres de Soacha; José Antequera, hijo de víctima de Estado.

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