Los “Debates ad hominem” de Mauricio García. Sobre las falacias en la política

on Lunes, 22 Septiembre 2014. Posted in Artículos, Mauricio García, Iván Cepeda , Edición 41, Álvaro Uribe, Nacional, Edwin Cruz

41 Edwin

Aunque tanto Cepeda como Uribe y sus defensores hicieron afirmaciones sobre personas, sus retóricas no pueden hacerse equivalentes. En el primer caso se trata de argumentos fundamentados sobre personas en el contexto del control político y de un problema que difícilmente puede tratarse en abstracto, mientras en el segundo caso sí se trata de falacias, afirmaciones sin fundamento cuyo fin era atacar personas -no argumentos, pruebas o evidencias- con el fin de deslegitimarlas como interlocutores válidos.

 
Edwin Cruz
Fuente de la imagen: www.cablenoticias.tv

En su última columna de El Espectador, “Debates ad hominem” (20-09-2014), el profesor Mauricio García plantea una muy interesante discusión sobre el uso de las “inculpaciones personales”, los “cargos personales” y las “falacias ad hominem” en las discusiones públicas y políticas, con ocasión del debate que el Senador Iván Cepeda adelantó el pasado miércoles en el Congreso sobre los posibles nexos del ex presidente Álvaro Uribe y el paramilitarismo.

García sostiene que en nuestro país frecuentemente “las discusiones sobre ideas y sobre hechos terminan en inculpaciones personales”. En su perspectiva, el mencionado debate habría sido un caso más que confirma la tendencia, puesto que prácticamente todos los participantes se hicieron acusaciones mutuas.

Estoy de acuerdo con el Profesor cuando sugiere que los debates políticos no pueden centrarse en forma exclusiva en ese tipo de retóricas porque disminuyen la calidad de la argumentación, pero discrepo de la forma en que por esta vía los argumentos de Cepeda se hacen equivalentes a los de sus contradictores. Tal equivalencia, a mi modo de ver desacertada, se explica porque García no establece la necesaria distinción entre lo que constituye una falacia ad hominem (contra el hombre) y lo que pueden concebirse como argumentos sobre personas. En otras palabras, no todo argumento sobre una persona constituye una falacia ad hominem.

La falacia, según la RAE, tiene dos acepciones: “Engaño, fraude o mentira con que se intenta dañar a alguien” y “Hábito de emplear falsedades en daño ajeno”. Por otra parte, se incurre en una falacia ad hominem, cuando se da por sentado que un argumento es falso porque procede de una persona determinada, sin tomarse el trabajo de demostrar su invalidez. Así pues, una falacia se origina cuando un interlocutor deliberadamente presenta argumentos falsos. Típicamente, se trata de una mentira que quiere hacerse pasar por verdad. Una falacia ad hominem, por su parte, designa un estratagema retórico que en lugar de discutir o rebatir un argumento ataca la calidad de la persona que lo defiende.

Respecto del debate del pasado miércoles, habría que considerar si en efecto lo que dijeron, o qué parte de lo que dijeron, los interlocutores puede considerarse “falaz”, independientemente de si se trata de acusaciones o argumentos. Este no es un asunto menor. Sabemos que la lógica dispone de distintas herramientas para probar la validez, la verdad o la falsedad, de las proposiciones. Empero, sus criterios de verdad resultan muy limitados para evaluar el debate político en general puesto que, por una parte, de preferir argumentaciones cabalmente lógicas y ajustadas a las tablas de verdad se terminaría por excluir buena parte de los potenciales participantes y, por otra, el lenguaje político no sólo es excepcionalmente polisémico sino que su sentido depende del uso en contextos particulares o “juegos de lenguaje”. Por consiguiente, la validez de los argumentos en el debate político dependerá menos de su correspondencia con una forma lógica y un sentido unívoco que del tipo de evidencias que sirvan de soporte. Así, antes de comparar y hacer equivalente lo que dice “la izquierda” o la “derecha”, habría que mirar cuáles son los fundamentos, las pruebas y las evidencias de lo que dicen.

Desde esta perspectiva, las afirmaciones de Iván Cepeda en su debate están cuidadosamente respaldadas por evidencias, se trate de pruebas materiales o inferencias sobre éstas. Por tanto, resulta muy complicado considerarlas como falacias. Las contra-argumentaciones deberían atacar los fundamentos de sus argumentos, sus evidencias y pruebas, en lugar de deslegitimarlo como un interlocutor válido. Desde luego, se podría decir que la “verdad” sobre éstas acusaciones en últimas va a depender de una instancia judicial y que, en consecuencia, no puede decirse que los argumentos de Cepeda sean verdaderos hasta tanto no se establezca con claridad esa “verdad judicial”. No obstante, establecer de esa manera la validez de los argumentos en el debate político nuevamente implicaría una exclusión de la mayoría de proposiciones que en él tienen lugar y de sus emisores, pues sólo podrían discutir, si acaso, los expertos en determinado asunto. En fin, los argumentos de Cepeda están fundamentados en el contexto del debate político, no constituyen falacias aunque sus fundamentos no sean idénticos a lo que podría ser la “verdad judicial”.

Como es obvio, todos los argumentos de Cepeda tenían por objeto establecer la responsabilidad de Uribe respecto del paramilitarismo. Sin embargo, el simple hecho de estar referidos a una persona no convierte éstos argumentos en falacias ad hominem. En el fondo, es preciso discutir si es válido argumentar en contra de personas en los debates públicos y políticos.

Una respuesta general empieza por distinguir la falacia ad hominem de los argumentos sobre personas. Las falacias ad hominem reducen la calidad de los debates públicos no por el hecho de que estén enfocados en personas, sino porque: primero, son argumentaciones falsas o mentiras, y por consiguiente son éticamente inaceptables, al menos si se parte de que el fin no justifica los medios; en segundo lugar, porque tienen como fin rechazar un argumento deslegitimando a quien lo defiende sin tomarse el trabajo de revaluarlo o, precisamente, porque el argumento en cuestión no puede revaluarse y, por tanto, oscurecen y desvían el debate público.

Claramente, las defensas de Uribe en el debate optaron predominantemente por este tipo de estrategia, no tanto porque sus afirmaciones sean falsas o verdaderas, sino porque no estaban debidamente fundamentadas, no mostraron pruebas o evidencias y, para completar, se orientaron a atacar a sus contradictores en sus personas y no a rebatir o desmentir sus argumentos. En contraste, existen argumentos sobre personas que no constituyen falacias en la medida en que estén fundamentados en pruebas o evidencias.

Pero este tipo de respuesta general no es suficiente si no se contextualiza. El debate de Iván Cepeda tuvo un carácter claramente establecido: se trataba de realizar “control político” y resulta prácticamente imposible hacer este tipo de labor sin argumentos referidos a personas o acusaciones. Además, el debate tuvo por tema el paramilitarismo y es descabellado pensar en una discusión, sea de tipo político o académico, sobre algo tan problemático en la historia contemporánea de Colombia como el paramilitarismo, sin mencionar sus posibles responsables. Podría decirse entonces que, como en el caso particular del debate de Iván Cepeda, y en contextos como el colombiano, no sólo es correcto, sino que muchas veces es necesario y deseable formular argumentos sobre personas. Todo esto haciendo abstracción de la persona sobre la cual se formularon esos argumentos: quien ha gobernado por el más largo período en la historia del país.

En conclusión, aunque tanto Cepeda como Uribe y sus defensores hicieron afirmaciones sobre personas, sus retóricas no pueden hacerse equivalentes. En el primer caso se trata de argumentos fundamentados sobre personas en el contexto del control político y de un problema que difícilmente puede tratarse en abstracto, mientras en el segundo caso sí se trata de falacias, afirmaciones sin fundamento cuyo fin era atacar personas -no argumentos, pruebas o evidencias- con el fin de deslegitimarlas como interlocutores válidos.

García termina su columna manifestando su preocupación por el grado en que éste debate pueda afectar el “clima de reconciliación nacional que se requiere para lograr la paz”. Cierto grado de polarización podría ser inconveniente, pero como concluye el Profesor, “Siendo optimista, uno podría pensar que el debate es preferible al silencio y que más vale que se digan las cosas de frente, en el Congreso, a que cada uno las rumie por su lado, en las calles o en los campos”. Evidentemente, la paz requiere una cultura pública capaz de reemplazar la violencia por la discusión, por más “polarizada” que ella sea. Además, nuestra historia ha demostrado que la “reconciliación nacional” difícilmente se puede conseguir si no se enuncian los problemas, los crímenes y sus responsables con nombres propios. Tal vez otra sería la historia de Colombia si para legitimar el Frente Nacional, en 1958, no se hubiese optado por silenciar las responsabilidades, renunciar a la justicia y promover el olvido con el eufemismo impersonal y cuasi-sobrenatural de “La Violencia”. No es deseable que suceda lo mismo con “El conflicto armado”, “La guerrilla” o “El paramilitarismo”.

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