Los incentivos para un cese bilateral del fuego

on Lunes, 24 Noviembre 2014. Posted in Artículos, Cese bilateral , Edición 45, Nacional, Edwin Cruz, Participación política, Proceso de paz

45 Edwin

Como algunos analistas han advertido, el suceso del General Alzate ha demostrado que las FARC funcionan como un ejército unificado y podrían cumplir una tregua bilateral. No obstante, sus cálculos parecen seguir orientándose a lo militar más que a lo político. Probablemente continúan suponiendo que un desequilibrio militar en su favor los pondría en mejor posición en la mesa de negociaciones.

 
Edwin Cruz
Fuente de la imagen: www.publimetro.co

Tras la crisis del proceso de paz ha quedado claro que la mejor forma de “blindarlo”, incluso sobre la propuesta del “des-escalamiento” de la guerra, es declarando un cese del fuego bilateral. Esa medida reduciría considerablemente las oportunidades y argumentos de quienes irracionalmente lo atacan.

Aparentemente, los problemas más complicados de un cese bilateral tienen que ver con quién monitorea y verifica su cumplimiento. Pero decir que no es posible dadas las características del conflicto armado interno, tal como lo hace la revista Semanai, es tanto como afirmar que el fin de la guerra por la vía de la negociación es imposible.

Los argumentos de Semana se resumen en que (a) eso ya se ensayó durante el proceso de Belisario Betancur y no funcionó por la imposibilidad de verificar; (b) el conflicto colombiano está atravesado por distintas formas de violencia entreveradas, como la que ejercen el narcotráfico y la delincuencia organizada, y por tanto, cualquier acto violento podría achacársele a las partes; y (c) la única manera de conseguir un cese al fuego verificable es concentrar los combatientes de las FARC en un lugar concreto, cosa que esta organización no va a aceptar. Por consiguiente, concluye Semana, la única alternativa es negociar en medio del conflicto.

Si se sigue la lógica de los argumentos a y b tendría que concluirse que nunca será posible el fin de la confrontación armada por la vía negociada, puesto que dada la complejidad de la guerra no podría verificarse definitivamente que la guerrilla deja las armas, siempre habrá la posibilidad de que alguien ejerza la violencia escudándose en su razón social, con o sin motivos políticos, o incluso de que sean sus contradictores quienes etiqueten en su nombre actos violentos.

El argumento c fue formulado por el Senador Uribe y el Fiscal Montealegre, después de su inesperado encuentro, y la revista Semana lo adopta como la única posibilidad. Su problema no es tanto que las FARC no estén dispuestas a concentrarse, lo cual es apenas obvio, sino que la experiencia demuestra claramente que tal alternativa tampoco funciona. Durante la administración Uribe, los cabecillas del paramilitarismo se concentraron en Santa Fe de Ralito en forma previa a su desmovilización y, pese a la “mano dura” del gobierno y a la vigilancia, no sólo tuvieron la oportunidad de convertir esa localidad en un centro de veraneo, con toda clase de lujos y francachelas, sino también en un centro de operaciones desde donde se proyectaba su accionar delictivo a otros lugares.

Así las cosas, en estricto sentido ninguna alternativa parece satisfacer las necesidades de la verificación. El problema de fondo radica en que el diagnóstico de la revista Semana es errado. En otros términos, el problema del cese bilateral del fuego no es técnico, no se refiere fundamentalmente a las condiciones de su verificación, sino político. Por consiguiente, sus posibilidades dependen de los incentivos que tiene cada uno de los actores inmersos en el problema.

Aunque las FARC han demandado la tregua bilateral, el gobierno ha manifestado que no está dispuesto a declararla. En su última alocución televisada, el Presidente Santos afirmó que la negociación en medio del conflicto y fuera del país era la mejor alternativa posible. Eso no es del todo cierto, y la experiencia de anteriores procesos, como el adelantado entre Caracas y Tlaxcala a principios de los noventa, lo confirma.

Esa alternativa puede ser mejor que la de las “zonas de distensión”, pero no blinda el proceso frente al desborde de la violencia y el uso que sus adversarios pueden hacer de él. De hecho, aunque en el tiempo que llevan las conversaciones las FARC han seguido siendo golpeadas por la fuerza pública, los medios de comunicación parecen esforzarse en resaltar cada una de las acciones de la insurgencia, dejando la sensación de que el proceso de paz la ha fortalecido militarmente, cuando eso no es cierto.

Por su parte, la negativa del gobierno solo parece explicarse por un mal cálculo político: su apuesta por mantener una cierta coherencia con la “mano dura” –representada en la retórica belicista del ministro de defensa- con la que ha querido hacer el quite a los ataques del uribismo y ha tratado de disputar o mantener las simpatías que unos sectores de la derecha menos irracional puedan tener tanto en relación a su gobierno como respecto a las negociaciones de paz, acaso mostrando que no es tan diferente de su antecesor en este tema.

El costo de esa negativa por parte del gobierno es altísimo: arriesgar tanto su reducida legitimidad, apostada en las pasadas elecciones en nombre de la paz, como las negociaciones. Es obvio que a quienes más conviene la negociación en medio de la confrontación es a aquellos que irracionalmente se oponen a la paz, pues no sólo deben sus réditos políticos a la guerra sino que esperan que una coyuntura como la que acaba de pasar dé al traste con el proceso.

No obstante, dada la superioridad militar con la que ha llegado el Estado a estas negociaciones, los costos de negociar en medio del conflicto perfectamente podrían evitarse mediante la tregua bilateral, más aún si se tienen en cuenta los considerables avances del proceso. A estas alturas un desequilibrio militar favorable daría menos ventajas al gobierno en la mesa que a los opositores de las negociaciones.

Más aún, una tregua bilateral también podría ser conveniente para el propio gobierno si se tiene en cuenta que, como ha indicado la constante filtración de informaciones y los hackeos que han venido saliendo a la luz pública, no parece haber un comportamiento unificado dentro de las fuerzas armadas respecto a las negociaciones. Por la misma razón el “des-escalamiento” del conflicto, sugerido por analistas como León Valenciaii, no parece una alternativa mejor que el cese bilateral del fuego.

Como algunos analistas han advertido, el suceso del General Alzate ha demostrado que las FARC funcionan como un ejército unificado y podrían cumplir una tregua bilateral. No obstante, sus cálculos parecen seguir orientándose a lo militar más que a lo político. Probablemente continúan suponiendo que un desequilibrio militar en su favor los pondría en mejor posición en la mesa de negociaciones.

En el fondo siguen creyendo que las negociaciones se producen entre dos actores más o menos homogéneos, percatándose poco del impacto que sus acciones militares tiene sobre la sociedad colombiana, una sociedad que durante la última década fue adiestrada, vía medios masivos de comunicación, para considerarlos como su principal enemigo, y de las oportunidades que brindan a los enemigos de la paz.

Un cese al fuego quizás les permitiría proyectarse al escenario político. Desde luego, el gobierno no ve con buenos ojos esa posibilidad. Empero, ¿acaso el objetivo de las negociaciones no es cambiar la violencia por la política?

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ihttp://www.semana.com/nacion/articulo/cese-al-fuego-bilateral-imposible/409794-3
iihttp://www.semana.com/opinion/articulo/leon-valencia-desescalar-el-conflicto/409764-3

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