¿Los verdaderos retos de la participación política?

on Sábado, 29 Junio 2013. Posted in Artículos, Edición 12, Nacional, Participación política, Proceso de paz, Laura Quintana Porras

12 Laura¿Qué es lo que está realmente en juego con el segundo punto en la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC? En gran medida está en juego el reto de democratizar la democracia sin demonizar la representación, o idealizar las instancias de democracia directa, ni mucho menos rehabilitar la dicotomía entre “democracia directa o representación”.
 
Laura Quintana
Fuente: www.opinion22.com.ar
En estos días comienza propiamente en la Habana la discusión sobre el segundo punto de la agenda de los diálogos de paz, dedicada a la espinosa cuestión de la participación política. Un tema que el gobierno ha asumido como el reto de que las FARC cambien “las balas por los votos” y de establecer, en palabras del jefe del equipo de negociación del gobierno, “reglas que permitan el tránsito de las FARC a una fuerza política sin armas”1. .

Esta cuestión, como es bien sabido por la difusión que ha tenido en algunos medios de comunicación, hasta ahora ha resultado espinosa sobre todo por la tensión que parece generar entre las demandas de justicia y la viabilidad misma del proceso de paz; tensión que emerge entre, por una parte, quienes consideran que los crímenes cometidos y ordenados por la dirigencia de las FARC deberían inhabilitarla para participar en política, y por quienes consideran, por otra parte, que sólo la apertura de garantías para la participación política a quienes hicieran parte de los grupos armados, desincentiva que éstos reincidan en la lucha armada y permite entonces hacer más sostenibles los acuerdos alcanzados en los diálogos de paz2. Las posiciones que hacen emerger esta tensión y los argumentos para respaldar una posición u otra son, por supuesto, muy diversas: en el primer polo de la tensión, las reservas, por parte de organizaciones como Human Rights Watch, con respecto a que la participación en política de excombatientes no sea consecuente con la justicia transicional y viole disposiciones del derecho internacional, se cruzan con las posturas muy distintas de los representantes del Puro Centro Democrático, quienes usan estos argumentos humanitarios para respaldar una visión muy reductiva y problemática de la paz, según la cual el proceso no debe asumirse sino como la rendición de los terroristas que han amenazado la seguridad y prosperidad del Estado. Pero precisamente esta última asunción es problematizada por otras posiciones, que constituyen en parte el segundo polo de la tensión, para las cuales la insurgencia y su violencia fue en gran parte reactiva con respecto a un Estado igualmente responsable de violaciones a derechos e incapaz de garantizar condiciones mínimas de justicia social3; y es apenas matizada por otros sectores que, sin cuestionar la legitimidad del Estado colombiano, consideran, desde un posición más pragmática, que si el proceso de paz ha de funcionar, debe incluir la participación política de los desmovilizados, pues de hecho, en palabras del alto comisionado, “todos los procesos de paz exitosos en el mundo llevan a una transformación de los grupos armados en movimientos políticos”. Así, difiriendo en sus presupuestos, estas dos posturas favorables a la participación política de los excombatientes de las FARC, coinciden en pensar que lo que está en juego con este debate es la transformación de la violencia política en política democrática.

Sin embargo, la agenda misma vinculada con este segundo punto de discusión del proceso de paz, parece no restringirse a la posible participación política de los excombatientes, sino que –como lo señala el representante Iván Cepeda- lo que se espera es que “se llegue a un acuerdo que amplíe las condiciones democráticas para hacer política en Colombia”, pues “no se trata solo de pasar de la guerra a la paz, sino también de pasar de una democracia débil a una verdadera democracia, en la que haya garantías para la oposición, así como para quienes decidan dejar las armas”4. Esta dimensión mucho más amplia del asunto, de hecho, puede derivarse de los subtemas que se han planteado en la discusión sobre el segundo punto de la agenda:

1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y, en particular, para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final,  así como el acceso a los medios de comunicación.
2. Mecanismos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles.
3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluida la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

Aunque algunos medios de comunicación han limitado la discusión del primer tema a la cuestión de las dificultades prácticas que podría encontrar la participación política de las FARC5, éste implica evidentemente cuestiones más de fondo. Como se puso de manifiesto en el reciente foro sobre participación política organizado por la UN y la ONU, este punto implica una reconsideración del funcionamiento del sistema político y de las garantías que ofrece para la oposición, así como la discusión sobre los mecanismos para garantizar la igualdad de derechos de las minorías, el control del clientelismo, y la introducción de medidas legales que impidan la “alta concentración de los medios de comunicación en su vínculo con el poder económico”6.

El tercer subtema, a mi entender, también se refiere a las posibles modificaciones en el sistema político, y más precisamente, como lo ha destacado Patricia Muñoz, tiene que ver con los ajustes que habría que hacerle al sistema electoral en un “escenario de postconflicto”, pensando sobre todo en fortalecer la participación a nivel local, para lograr que en los espacios de discusión haya una mayor participación de las “minorías”, y que los ciudadanos puedan incidir mucho más en los mecanismos de control y rendición de cuentas, y en las decisiones gubernamentales7. Pero esto, supondría entre varias cosas, según se debatió también en el citado foro sobre el tema, el fortalecimiento de formas de participación ya existentes, por ejemplo, dentro de las organizaciones campesinas; y el objetivo mucho más amplio de “transformación de la cultura política” del país8.

Aunque este último punto puede entenderse en términos del profesor Rodolfo Arango como la exigencia de preparar los “seres humanos pensantes, críticos, solidarios, comprometidos con su cultura y su comunidad” que requiere la democracia, a través del mejoramiento de las escuelas, los colegios y las universidades, y la expansión de “la educación para la democracia y la paz”9, me parece que este tercer subtema está de fondo muy ligado con el segundo. En efecto, aunque coincido con Arango en que lo que puede estar en juego en general con el punto de la participación política es la formación de sujetos políticos y no de mero clientes o de víctimas controladas por los aparatos humanitarios, no creo que se trate de preparar primero a los ciudadanos como sujetos críticos y pensantes, a través de una formación de “calidad”, para luego poder contar con una participación política más acorde a la democracia, sino que la formación de tales capacidades críticas se propicia ya a través de la experimentación que puede desplegarse en formas diversas de participación popular. Y por eso, a mi modo de ver, el punto que abre el subtema 2 es cómo propiciar institucionalmente formas de participación política en espacios institucionales y no institucionales, pero que pueden tener incidencia en la elaboración y ejecución de las políticas públicas, y en general en las formas de vida de las comunidades locales. Es aquí, donde veo el verdadero reto para repensar lo que significa participar políticamente en democracia o democratizar la democracia, aunque sin duda un mejoramiento en algunos de los puntos señalados con respecto a los subtemas 1 y 3, contribuiría enormemente también a avanzar en esta dirección10.

¿Cómo pensar entonces la promoción institucional de espacios de experimentación política que hasta ahora se han desplegado confrontacionalmente, estratégicamente o tangencialmente, con respecto a las formas institucionales existentes?

Es una pregunta que merece reflexiones, experimentaciones y mucha creatividad política. Pero ciertamente puede advertirse ya que no puede tratarse ni de la demonización de la representación, ni de la mera reactivación de instancias de democracia directa, ni mucho menos de rehabilitar la dicotomía entre “democracia directa o representación”. Lo que sí me parece que está en juego es la problematización de una política democrática entendida meramente en términos de representación vertical y de un modelo económico que parece ser contraproducente con respecto a las formas de experimentación política de las comunidades locales11.

Con respecto a esto último, sin duda resulta paradójico que aunque en los planes del gobierno, sobre todo en lo que ha proyectado para la denominada fase de “reconstrucción o finalización del conflicto” se considera por ejemplo que la transformación del campo implica la participación de comunidades12, no es mucho lo que parece haberse avanzado en cómo se comprende esta participación comunitaria ni cómo contribuiría a la transformación del campo; mientras que esto sí parece ser definidor de las luchas políticas de los movimientos sociales, especialmente del Congreso de los Pueblos. Lo que me llama la atención es que para un movimiento social como este promover la participación comunitaria en el campo implica todo un debate sobre el modelo económico13, que paradójicamente el gobierno ha insistido no está en discusión en la fase de negociación de este proceso de paz. En efecto, desde el punto de vista de estos movimientos sociales no resulta tan democrático un modelo de construcción social, como el que hasta ahora ha sido defendido con las 5 locomotoras de la prosperidad democrática, que apuntea dictar y regular desde arriba, desde un nivel nacional o global, los planes de vida de las formas de vida locales; que regule las diversas interacciones sociales y políticas en términos de una racionalidad mercantil, y que asuma que se trata de promover una política pública integral que incluya a todos en el ritmo del progreso y la búsqueda de la prosperidad.

Así que la mesa de negociación llega a aquí a un punto crucial que, de tomarse en serio, tiene que ir mucho más allá debe “cambiar las armas por los votos” e integrar a los eventualmente excombatientes de las FARC al sistema político y a la política electoral.

***

1http://www.eltiempo.com/politica/articulo-web-new_nota_interior12860285.html
2Al respecto ver http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/3746-la-participacion-politica-de-los-ex-miembros-de-las-farc-un-camino-espinoso-pero-viable.html
3En palabras de Álvaro Jiménez: ¿Son las FARC el único responsable por la violencia que ha vivido Colombia en 60 años? ¿Cabe responsabilidad a agentes políticos, económicos y armados del Estado colombiano?” (http://www.lasillavacia.com/movida/que-tipo-de-participacion-politica-deberian-tener-las-farc-41757)
4Ver http://www.eltiempo.com/politica/articulo-web-new_nota_interior-12860285.html
5Entre estas se mencionan: el partido con el cual las FARC se podrían lanzar; las dificultades que este partido en cualquier escenario podría tener por el cumplimiento del umbral mínimo requerido; los recursos para financiar sus campañas y el acceso que podrían o deberían tener a los medios de comunicación, si las desarmadas FARC no consiguen constituirse en el mediano plazo en un partido con personería juridicial. (Verhttp://m.lasillavacia.com/node/43897#sthash.F21At6HF.dpuf
6Sobre esto http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/relatorias-del-foro-sobre-participacion-politica-voces-de-un-pais.html
7Ver http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/6899-proceso-de-paz-ahora-la-participacion-politica.html
8http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/ndetalle/article/relatorias-del-foro-sobre-participacion-politica-voces-de-un-pais.html.
9Rodolfo Arango, “Víctimas o ciudadanos”, columna en El espectador 29 de mayo de 2013.
10Podría argumentar esto en el espacio de otra columna.
11En otra columna podría desarrollar este punto, volviendo también más detenidamente sobre las cuestiones formuladas antes acerca de cómo pensar la participación política de las FARC, y acerca de cómo puede volverse política democrática su violencia política.
12Ver http://www.hchr.org.co/acnudh/index.php?option=com_content&view=article&id=3021:la-ruta-mental-de-la-negociacion-con-las-farc&catid=121:proceso-de-paz&Itemid=91
13Ver http://congresodelospueblos.org/sitio/index.php/comunicados/para-la-paz-2/318-es-hora-de-gobernar-nuestros-territorios-para-la-vida-digna-y-el-buen-vivir

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