¿No más balcón? La verdadera editorial de Semana

on Lunes, 20 Enero 2014. Posted in Artículos, Revista Semana, Edición 25, Gustavo Petro, Nacional, Procurador General, Andrés Felipe Parra Ayala

25 express parraEl ejercicio periodístico es cada vez más mediocre y ligero y su calidad conceptual para entender las situaciones de las que informan es ciertamente deplorable. Lo que es inaceptable es que Semana estigmatiza la movilización social: el texto es sólo la expresión del odio a la democracia con un lenguaje de reportero despistado.
 
Andrés Felipe Parra
Fuente: http://www.semana.com/ 

La revista Semana, en el texto que acompaña la portada de su última edición, reclama que el alcalde Gustavo Petro no interfiera en la aplicación de la justicia en su caso. No es difícil ver que la inteligencia de su autor y, por ende, la consistencia del texto es verdaderamente precaria y deficiente. Pero lo preocupante es que todo ello no compromete al autor (que no firma el artículo en la página web) sino a la propia revista Semana en el ejercicio profesional de la opinión pública: parece que todo un equipo de directivos, correctores, periodistas y escritores olvidaron la distinción elemental entre una rabieta y un texto de análisis y opinión. En los análisis se dan razones y se esgrimen argumentos, no lloriqueos, afirmaciones falsas y razones a medias.

El texto exige que Petro “deje que la justicia actúe sin meterle populismo”. La revista Semana afirma también que el alcalde está “neutralizando” la decisión del procurador, lo que significa en última instancia que está “neutralizando” la justicia. Esta afirmación no participa de ninguna inteligencia ni resiste el más mínimo examen. La afirmación de que Petro neutraliza o desobedece a la justicia al rebatir una decisión de la Procuraduría que le parece excesiva e ilegal, presupone que “la justicia”, es decir, el Estado de Derecho es igual a la Procuraduría, lo cual simplemente es falso. Las tutelas que pusieron muchos bogotanos que consideraron vulnerados sus derechos con la decisión de la Procuraduría hacen parte también del entramado institucional que llamamos “la justicia” y el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que pide medidas cautelares para el alcalde es también parte de “la justicia” y las instituciones, del mismo modo que la Procuraduría. El reclamo según el cual Petro obstaculiza la justicia no es más que un lloriqueo y una afirmación falsa.

La revista Semana confunde las opiniones que los ciudadanos pueden tener sobre las medidas judiciales y las acciones legales que pueden tomar para expresarlas con intentos por neutralizar o desobedecer a la justicia. Si fuera cierto que opinar sobre la justicia signifique neutralizarla, por simple inteligencia promedio Semana debería acusarse a sí misma de obstaculizar la justicia, debería también dejar de “meterle periodismo” y, por lo tanto, cerrar sus instalaciones de una vez por todas. Obviamente, la revista no será cerrada y la lección aprendida será que no hay que tomarla en serio porque es una publicación que simplemente se autodestruye con sus propias afirmaciones.

Pero hay, en el fondo, una razón de la revista Semana que sustenta todo el texto. Se trata de la afirmación de la Corte Constitucional según la cual el procurador sí puede destituir a funcionarios públicos. La revista reitera el punto en tres ocasiones e incluso dice haber entrevistado a dos ex procuradores que dan el visto bueno sobre la legalidad de las facultades del procurador en ese sentido. Eso es verdad, pero es una razón a medias porque no da en el meollo del asunto.

El punto no es si el procurador puede o no destituir a funcionarios electos con voto popular, sino cómo y en virtud de qué el procurador puede aplicar las sanciones que aplica y, específicamente, las que aplicó contra Petro. Los medios de comunicación, y muchas veces los propios simpatizantes del alcalde, han distorsionado la discusión que puede darse al respecto, pues el problema de fondo no es que los funcionarios electos popularmente tengan que ser intocables y no sean responsables de sus actos frente a las entidades de control, sino que la Procuraduría puede interpretar la tasación de las penas del código disciplinario a su propio antojo. Es esa facultad discrecional de interpretación de la ley disciplinaria por parte de la Procuraduría lo que puede discutirse constitucionalmente en una tutela y ser evaluada desde el punto de vista del ejercicio de los derechos políticos. Y es esta facultad discrecional lo que está a la base del caso de Petro.

Así, Semana no investiga realmente sino que sólo repite la argumentación de la Procuraduría que, si bien es cierta, sólo lo es parcialmente, pues deja de lado la importante cuestión de la forma de aplicación del código disciplinario por parte de la Procuraduría en relación con el ejercicio de los derechos políticos.

Pero todo esto no es lo más preocupante. El ejercicio periodístico es cada vez más mediocre y ligero y su calidad conceptual para entender las situaciones de las que informan es ciertamente deplorable. Lo que es inaceptable es que Semana estigmatiza la movilización social: el texto es sólo la expresión del odio a la democracia con un lenguaje de reportero despistado. Es odio a la democracia porque Semana asume que la protesta social es sólo la manipulación de un caudillo que seduce a las personas con carisma y por eso le exige a Petro “no más balcón”. Si Semana fuera seria en sus afirmaciones debería exigir que los ciudadanos dejen de tomar decisiones sobre su propio destino más allá del tutelaje de las fuerzas del statu quo, debería exigir el fin de la democracia que tiene su correlato profundo en la palabra ciudadana y no en el imperio de la ley de excepción de la Procuraduría que eufemísticamente llaman “Estado de Derecho”.

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