¿Para dónde va Colombia?

on Viernes, 30 Junio 2017. Posted in Artículos, Edición 108, América Latina, Jaime Rafael Nieto, Nacional, Democracia, Participación política, Proceso de paz

108 Nieto

Nada ni nadie puede asegurar que la transición democrática irá a buen puerto, ni tampoco que todo siga igual como antes de 1991. Sólo la lucha decide, como diría el marxista italiano Antonio Gramsci. Lo que sea que pueda ser, depende de lo que las fuerzas progresistas, democráticas y emancipatorias, puedan realizar y lograr en términos de correlación de fuerzas sociales y políticas a favor del cambio, de un nuevo país.

 

Jaime Rafael Nieto

Fuente de la imagen: http://www.taringa.net/

A finales del siglo XX, América Latina cerró el ciclo de lo que la mayoría de los académicos en su momento llamaron la transición a la democracia. Esta categoría fue utilizada para estudiar y caracterizar los procesos de transición de regímenes autoritarios o de dictaduras militares imperantes en la región hasta los años 80s del siglo pasado hacia formas de democracia liberal, luego del desgaste sufrido por las primeras tras la vasta movilización ciudadana en sus respectivos países por el establecimiento de libertades ciudadanas, la vigencia de los derechos humanos y el ejercicio de autonomías territoriales y sociales. Fue la hora de la llamada sociedad civil como protagonista de tales transiciones. Así, por ejemplo, mientras en los países del cono sur del continente el sentido de las transiciones se dirigió hacia un cambio de régimen político (de dictaduras a democracias), en países como México, tras la pérdida de hegemonía histórica del PRI y en Colombia tras la promulgación de la Constitución Política de 1991, se trataba de cambios en el régimen político, esto es, hacia una mayor democratización.

Todo esto en los marcos de un ciclo político e intelectual de revalorización hegemónica de los principios de la democracia liberal acompasada entonces con la retórica de la democracia participativa, y exaltada como la última forma histórica de sociedad, como el fin de la historia en la versión teleológica y euro-nor-céntrica de Francis Fukuyama. No pudiendo arribar al buen puerto de “la consolidación democrática” que las mismas teorías de las transiciones le predestinaron, ninguna de ellas fue exitosa. En la mayoría de los países, lo que terminó “consolidándose”, según el lenguaje académico en boga, fueron regímenes de democracias delegativas o autoritarias gravitando alrededor del poder ejecutivo y los viejos poderes corporativos y políticos. La sociedad civil, en su potencia transformadora y constituyente, rápidamente fue sacada de la escena política o reconducida en el mejor de los casos hacia gestiones de gobernabilidad, que equivale tanto como decir a estrategias de preservación del statu-quo y del orden.

Este relato tiene, sin embargo, su correlato. Con la transición democrática se despliega también, al mismo tiempo y de manera funcional, la transición económica y social en toda la región, cuyo sentido consistió en pasar de un modelo de desarrollo hacia adentro con fuerte intervencionismo estatal y provisión de bienes públicos sociales hacia un modelo de desarrollo hacia afuera, de drástica reducción de Estado, privatización de bienes públicos y liberalización del mercado según el credo neoliberal hegemónico en esta nueva fase de globalización capitalista. La democracia llegó con el recetario neoliberal bajo el brazo, todo circunscrito al lenguaje de moda del consenso, esto es, del consenso hegemónico de Washington. Los efectos de este correlato se tradujeron en procesos crecientes de exclusión social, de profundización de las desigualdades, de formas generalizadas de informalización económica y laboral, de destrucción de tejido social, de precarización de derechos fundamentales como salud y educación y un largo etcétera de viejas y nuevas formas de calamidades sociales. La democratización política alabada en sus supuestas bondades se alejaba progresivamente de la esperada democratización social. Capitalismo y democracia, como ya lo hubiera anticipado Thomas Marshall, a propósito de la ciudadanía a mediados del siglo XX, no cuadraban.

Azotada por este capitalismo senil con imaginario juvenil, desde comienzos del siglo XXI suena la hora de los subalternos y excluidos en América Latina. La rebeldía popular irrumpe contra los gobiernos de estas democracias delegativas, autoritarias y en algunos casos populistas para copar la escena. Se instaura un nuevo ciclo social y político en América Latina. En algunos países como, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, la resistencia plebeya instaura gobiernos de nuevo tipo alejados parcialmente del credo neoliberal aunque acogido más tarde bajo la forma del consenso de los comodities o extractivismo, con la impronta de discursos y proyectos de izquierda, de inclusión social y profundización de la democracia. Tras la derrota electoral del kichnerismo en Argentina, el “golpe suave” contra Dilma Roussef en Brasil y la crisis del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, muchos analistas vaticinan el fin de este nuevo ciclo político latinoamericano.

Mientras tanto, en Colombia la transición en el régimen político tuvo como figura emblemática la Constitución Política de 1991, producto de acontecimientos igualmente emblemáticos y constitutivos de esa misma transición, como, por ejemplo, los acuerdos de paz con algunos grupos insurgentes como el M-19, el EPL, MIQL, el PRT y la Corriente de Renovación Socialista, y la convocatoria y realización de la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen a la primera. Sin embargo, como en el resto de países de la región, la transición democrática en Colombia también encalló y quedó a mitad de camino, trunca, y en muchos casos como simple promesa.

A diferencia de Saturno tragándose a sus hijos, los hijos de la Constitución han terminado por devorarla en algunos de sus ejes y propósitos fundamentales. Al amparo de uno que otro artículo estratégico de la misma Constitución se reestructuró el modelo de desarrollo y de Estado prevaleciente desde los años 30s. El programa de apertura o de restructuración e internacionalización de la economía promulgado por César Gaviria instauró la fase de modernización y reestructuración neoliberal de la economía, de la sociedad y del Estado que continuaron Samper, Pastrana y Uribe y continua Santos, con sus efectos ya conocidos de manera similar por otros países de la región. Si la Constitución de 1991 nacía con la impronta de la democratización política, el programa neoliberal promulgado bajo su amparo nos familiarizaba con la creciente exclusión y desigualdades sociales. La Constitución Política de la democracia participativa muy pronto aparecía ante los ojos de muchos como la Constitución neoliberal. En últimas, como en la mayor parte de países de la región, la democratización política no trajo la democratización social y territorial.

Mientras tanto, para finales del siglo XX el conflicto armado en Colombia escalaba a niveles cada vez más altos y se generalizaba. La transición se hacía más compleja y traumática que en el resto de América Latina. La confrontación armada se convierte en el único lenguaje y ejercicio de la trama política. Insurgencia y contrainsurgencia se trenzan en una guerra a muerte por el poder, el territorio y la población. La Constitución de la paz muy pronto se trastocó en la Constitución de la guerra. El orden democrático constitucional establecido por la Constitución de 1991 se transmutaba y consolidaba como orden contrainsurgente. Del neoliberalismo “democrático” se pasó al neoliberalismo armado. Sus resultados dramáticos los investigó y mostró la Comisión Histórica: 6 millones de desplazamientos forzados, 8 millones de hectáreas despojadas a campesinos pequeños y medianos, 250 mil homicidios, destrucción de organizaciones sociales, criminalización de la protesta y de los movimientos sociales y muerte de sus líderes. Por sus resultados dramáticos en términos de pérdidas humanitarias, Colombia suma, en lo que va del siglo XXI, todo el legado de las dictaduras militares del cono sur juntas durante los años 70s y 80s del siglo pasado.

¿Tiene sentido evocar estos relatos y correlatos de la historia reciente de Colombia? Sí lo tiene. Porque dependiendo del sentido que les demos depende también la valoración de lo que está en juego en relación con la coyuntura actual y, más precisamente, en relación con el proceso de paz que se adelanta con las FARC y con el ELN. Porque de la lectura que hagamos de ellos deriva también la definición de escenarios de futuros probables para el país y posibles respuestas a la pregunta recurrente que nos hacemos los colombianos ¿Para dónde va Colombia? ¿Tiene sentido hablar aún en términos de transición en el régimen político?

Observo tres sentidos con sus respuestas posibles. Por un lado, está la perspectiva optimista, lineal evolucionista de los acontecimientos, para la que, pese a lo doloroso y traumático de los mismos, su ocurrencia hace parte del proceso casi inevitable, o necesario, de la fase o del ciclo aún no concluido en Colombia, consistente en la transición no de régimen político sino en el régimen político. En esta perspectiva, pareciese como si una fuerza inmanente gobernara la direccionalidad del proceso hacia su culminación final: la mayor democratización del sistema político colombiano. Por otro lado, se encuentra la perspectiva pesimista, la de quienes estiman que la tan anunciada transición en el régimen político colombiano no ha sido sino la aplicación de la vieja estrategia de las élites en el poder consistente en simular el cambio o prevenirlo para que todo siga igual. Según esta perspectiva, todo el proceso político post-constituyente del 1991 a acá no ha sido más que una coartada de carácter preventivo por parte de las clases dominantes para relegitimar el orden tradicional de la cual ha echado mano cada vez que el statu-quo o su estabilidad política se encuentran amenazados. Aquí, contrario a la primera perspectiva, no hay una fuerza inmanente en los acontecimientos hacia la transición, sino hacia la conservación.

Por último, está la perspectiva que comparto, de quienes consideran que no hay una lógica predeterminada y única comandando la direccionalidad de los acontecimientos, que éstos condensan relaciones de poder y estrategias en juego entabladas por los actores en disputa por la direccionalidad de los mismos, lo cual significa que en cada acontecimiento se juega el sentido de esa direccionalidad. Esto explica que, aun si hay una conducción hegemónica o dominante en el proceso, los resultados de la interacción estratégica no están preestablecidos anticipadamente ni tampoco que esa conducción se imponga sin disputa, sin conflicto o sin resistencias. Si cabe hablar de transición, habría que decir que la dirección y fin último de la misma no está predeterminada de antemano, ni hacía el éxito inexorable ni hacia el fracaso. Si cabe hablar de transición lo adecuado es considerarla como algo aún no resuelto, que el sentido de la misma sigue siendo un campo en disputa, con resultados impredecibles, que registra avances y retrocesos, saltos, recaídas y nuevas oportunidades.

Dado que simpatizo con esta última manera de ver las cosas, así como registro retrocesos, como, por ejemplo, la derrota del movimiento sindical frente a la reforma neoliberal del mundo del trabajo, la reducción o desaparición de derechos de ciudadanía social sin que una fuerza popular vigorosa la enfrentara, la destrucción de la Unión Patriótica y la frustración de la AD-M19 y el PDA, el ahogamiento de la potencia del movimiento popular por el recrudecimiento y degradación de la guerra, la frustración de los movimientos territoriales de los años 80s y 90s a causa de la misma guerra y el clientelismo viejo y nuevo que siguió incólume en las localidades del país, la postergación indefinida de la reforma agraria proporcional a la criminalización progresiva del movimiento campesino e indígena; también registro avances, oportunidades y potencialidades, algunas perdidas, otras aún presentes aunque débiles.

De algún modo, con la continuidad de la guerra y la consolidación del neoliberalismo, el ciclo de la transición colombiana instaurado con la constitución de 1991 se cerró. Sin embargo, como diría Galilei, se mueve. Existe un aleteo que reverbera y fluye por debajo del orden y el poder dominantes, que se expresa en los intentos del movimiento popular (indígena, afro, campesino, sindical, de mujeres, universitario, territoriales) por retomar la iniciativa e imprimirle un sentido diferente o alternativo al proceso. Que no resigna la lucha, que no capitula. En este aleteo y en sus posibilidades está la Constitución de 1991 y los avances democrático-populares consolidados en su trayectoria, está la resistencia popular territorial frente a la guerra y el neoliberalismo, entre otros. El proceso de paz con las FARC en su fase de implementación y el del ELN aún en su etapa de negociación, se inscriben en la misma dirección. Se trata de procesos en potencia, condensación de fuerzas de cambio que bien podrían imprimirle un sentido diferente, bifurcado, a la transición democrática “concluida”. De algún modo, la transición sigue abierta.

Nada ni nadie puede asegurar que la transición democrática irá a buen puerto, ni tampoco que todo siga igual como antes de 1991. Sólo la lucha decide, como diría el marxista italiano Antonio Gramsci. Lo que sea que pueda ser, depende de lo que las fuerzas progresistas, democráticas y emancipatorias, puedan realizar y lograr en términos de correlación de fuerzas sociales y políticas a favor del cambio, de un nuevo país. De ahí la enorme importancia de defender en la coyuntura actual la implementación de los acuerdos con las FARC, el aligeramiento de la negociación con el ELN, la continuidad y fortalecimiento de la resistencia popular por la defensa de sus derechos, por la redistribución de la riqueza, por un nuevo modelo de existencia respetuoso del medio ambiente y las culturas ancestrales, por una reforma agraria que vaya más allá de lo pactado en la Habana con las FARC, por una Asamblea Nacional Constituyente que cierre este ciclo traumático de la transición y abra uno nuevo. El futuro no es sólo el que vendrá, es el que podemos disputar ahora, aquí mismo. ¿Para dónde va Colombia? No lo sabemos. Podría ir hacia un nuevo país.

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