Para seguir construyendo la estrategia y afrontar la «batalla (político-cultural) de ideas»

on Viernes, 14 Abril 2017. Posted in Artículos, Edición 103, Andrés Felipe López, FARC, Nacional, Proceso de paz

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La actual «politización» de la sociedad, producto del proceso de paz, es un avance que como bien lo explica el profesor Estrada introduce en el debate público temas del Acuerdo final y que harán parte de la futura «batalla (político-cultural) de ideas» que apenas empieza a decantarse.

 

Andrés Felipe López
Fuente de la imagen: http://robohub.org/

A medida que transcurren los días y meses posteriores a la firma del cese de hostilidades definitivo entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional, así como el comienzo de (al menos en términos jurídicos) la implementación de los acuerdos, se va despejando con más claridad la complejidad de lo que viene de acá en adelante. Una base social que emerge para defenderlos, pero también una serie de grupos (mediáticos, políticos, empresariales) que no quieren perder privilegios y mucho menos dar verdad, justicia y reparación.

El panorama es aún más complejo porque las partes que firmaron esos acuerdos no parecen estar en la misma tónica. Por un lado la guerrilla ha cumplido cabalmente con su palabra trasladándose a las Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización (ZVTN y PTN). De hecho, y en un gesto que salvó el proceso, posterior a la victoria del No en el referendo se ubicaron en zonas de pre-agrupamiento que, como lo recuerda el profesor Jairo Estrada, no estaban previstas en los acuerdos1. La contraparte, es decir el Gobierno Nacional, no ha cumplido con los compromisos de adecuación de las zonas, infraestructura para su uso, entre otros. Esto se explica en parte porque en la práctica el Estado colombiano en su configuración centralista, heredada de la Colonia, históricamente no ha hecho presencia en dichos territorios. Su preparación para la reincorporación de los grupos insurgentes debe ir en paralelo a su presencia (fuera de la armada) en regiones donde estos grupos tuvieron influencia y ejercieron un poder.

Las rupturas históricas y la necesidad de fortalecer el tejido social (ZVTN, un laboratorio)

Pero también se explica en que una parte de ese poder (esté directamente en el gobierno central o no) continúa queriendo impedir (como en diferentes momentos lo ha hecho) la solución política del conflicto. Recientemente se conmemoró el 9 de abril, el día de las víctimas, cuando se cumplen 69 años del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán. En la pasada edición de Palabras Al Margen, Edwin Cruz hablaba de este asesinato como un acontecimiento que había impedido el desarrollo de un proyecto nacional-popular que se dio en otros países latinoamericanos2.

Entre mediados de los ochenta y comienzos de los noventa se llevaron a cabo diferentes procesos de negociación, con las FARC, que dio origen a la Unión Patriótica (UP), y con el M-19, el Quintín Lame y otros grupos que llegaron a un acuerdo final y la posterior Constitución de 1991. Dicha reforma si bien permitió la elección directa de alcaldes no resolvió las causas centrales del conflicto, entre ellas el problema de la tierra y sus modos de apropiación vía despojo. La guerra sucia que continuó la década siguiente con el asesinato de más de 3500 militantes de la UP, masacres y asesinatos selectivos por parte de paramilitares, definitivamente cerró esa tentativa de inclusión de la población rural tradicionalmente excluida.

En este sentido es necesario seguir encontrando los cómos y los porqués de estas rupturas históricas. Las ZVTN actuales son laboratorios para esto, en la medida en que han sido sucesivamente escenarios de acción de las organizaciones sociales y posteriormente objeto de persecuciones por parte de los paramilitares en los años noventa. En el acuerdo inicial firmado en Cartagena se incluía la ZVTN de Mapiripán en el Meta. Este municipio ha sido tristemente conocido por la masacre de las AUC entre el 15 y el 20 julio de 1997. El profesor Darío Fajardo, miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, explica que en el momento de materializar las primeras propuestas de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), este municipio era uno de los escogidos para echar a andar la experiencia:

«cuando comenzó a explorarse la posibilidad de este asentamiento en las vegas del río Guaviare con un epicentro en el municipio de Mapiripán, se desataron descomunales operativos paramilitares con el apoyo del Ejército nacional, que generarían el terror de los pobladores de la región»3.

En el acuerdo definitivo del Teatro Colón las ZVTN pasaron de 23 a 20, saliendo entre otras la Zona de Mapiripán, pero quedando dos en San José del Guaviare, al otro lado del río. Cito otros dos municipios con ZVTN, estas en funcionamiento actualmente, la de Ituango en Antioquia y la de Tibú en Norte de Santander. En el corregimiento de El Aro en Ituango (Antioquia) en octubre de 1997 se llevó a cabo una masacre por parte de los paramilitares, como consecuencia de la cual está seriamente acusado un conocido ex presidente de Colombia que en ese momento era gobernador del departamento. En Tibú, en el corregimiento de la Gabarra, en 1999, igualmente los paramilitares apoyados por el Ejército comenzaron una serie de masacres a partir de mayo, oficialmente para quitarle el control de la zona al ELN y a las FARC4, pero los asesinatos con listas en mano de civiles no son propiamente confrontaciones directas con otros grupos armados.

«Nos enterraron pero no sabían que éramos semilla»

Pues bien, son estas zonas que llevan secuelas de la guerra sucia los laboratorios donde se empiezan a llevar a cabo en este momento capacitaciones académicas con universidades, voluntariados de paz coordinados por organizaciones estudiantiles, entre otros. Es acá mismo donde empezará a aterrizar la implementación, pues en su mayoría probablemente serán definidas como zonas prioritarias. La aplicación regional y local del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) deberán comenzar a ser discutidos. De la inclusión y concertación de estas comunidades y sus organizaciones en sus discusiones y aplicación de planes para las regiones depende que no nazcan nuevos ciclos de exclusión y violencia. Cuando nos referimos a organizaciones hacemos referencia a las campesinas, indígenas y afrocolombianas que mantuvieron sus tejidos sociales sobre los territorios a partir de estructuras locales comunitarias. Es así como en enero de 2017 una serie de organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria permitieron la creación de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM). Esta Coordinadora que agrupa aproximadamente 7000 campesinos e indígenas en 15 departamentos busca participar activamente en los planes de sustitución que se han propuesto y que estos no sean impuestos desde realidades diferentes a las regionales y locales.

La COCCAM es el resultado de años de organización local y regional de los productores campesinos que apuestan por una sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, pero bajo condiciones integrales que respeten y escuchen sus realidades y no a través de erradicaciones impuestas que no proponen verdaderas alternativas. Estas semillas que algunos quisieron (y siguen queriendo) silenciar a través del terror continúan dando ejemplo de resistencia y dignidad. Comenzando abril se crearon, entre otras, las coordinadoras municipales de la COCCAM en Ituango y Tibú. En Tumaco y otras regiones, a pesar de la represión por parte del Ejército, las organizaciones han comenzado a lograr acuerdos para la sustitución concertada de cultivos de campesinos que no estaban inicialmente incluidos en el PNIS.

La emergencia y articulación de los (no tan) nuevos relatos propios

La construcción de un verdadero proyecto de país, como bien lo precisaba Edwin Cruz, se hace asumiendo el pasado como condición para proyectarse al futuro. Creo necesario entender este momento histórico y acompañar activamente los mecanismos que comienzan a implementarse desde el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP y los avances en la mesa del ELN. No permaneciendo callados frente a los asesinatos y amenazas de líderes sociales o los incumplimientos y contradicciones repetidas del Gobierno, pero sí participando y acompañando la articulación de estos relatos propios que hacen parte de nuestra historia.

La actual «politización» de la sociedad, producto del proceso de paz, es un avance que como bien lo explica el profesor Estrada introduce en el debate público temas del Acuerdo final y que harán parte de la futura «batalla (político-cultural) de ideas» que apenas empieza a decantarse5.

La posibilidad de una etapa de post-acuerdo(s) de paz abre un nuevo panorama de relación entre organizaciones que localmente han construido un proyecto propio y un Estado central que busca llegar a los territorios. Un nuevo proceso social entre estos actores hacia una esperada etapa de transición (no exenta de conflictividad). Saber acompañar este proceso no dejando solas estas organizaciones es vital en este momento y para lo que viene. Esos relatos nos pertenecen también y en torno a ellos estoy seguro puede nacer esa nueva Colombia que «no ha nacido todavía» cómo diría el poeta.

***

1http://www.espaciocritico.com/sites/all/files/izqrd/n0071/izq0071_a10.pdf 

2http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/el-acontecimiento-gaitan-para-una-filosofia-de-la-historia-colombiana?category_id=138

3Las guerras de la agricultura colombiana 1980-2010.

4http://rutasdelconflicto.com/interna.php?masacre=204

5Ídem : Escollos de la implementación temprana del Acuerdo Final, edit. Revista Izquierda, marzo 2017.

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