Paz, violencia socioeconómica y justicia social ¿Qué esperar de la negociación?

on Viernes, 15 Febrero 2013. Posted in Artículos, Edición 3, Nacional, Justicia social, Andrés Felipe Mora, Desigualdad social, Proceso de paz

3 andresMDe la negociación de paz puede y debe esperarse un compromiso de los actores negociadores en cuanto a la suspensión de toda forma de violencia. Por su parte, la construcción de la paz implica un proceso mucho más complejo, asociado al desmonte de los órdenes de violencia y a la emergencia y visibilización de viejos y nuevos conflictos redistributivos en el país.
 
Andrés Felipe Morai
El escepticismo es el elemento común dentro de las expectativas que ha generado el proceso de paz iniciado hace algunos meses entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Entre los moderadamente optimistas y los moderadamente pesimistas, se presentan  diferentes argumentos. Por un lado se señala una pretendida ingenuidad gubernamental, referida a su voluntad de negociación con un grupo terrorista y carente de legitimidad política. Por otro, se insiste en el carácter incompleto de un proceso que no logra integrar de manera adecuada a la totalidad de la sociedad colombiana, o que no ofrece garantías de transformaciones estructurales desde el punto de vista de una mayor justicia social para el país.

Al interior de este espectro de análisis y opiniones, los criterios de evaluación del proceso y los factores que determinarían su eventual fracaso igualmente varían. Para algunos, la rendición incondicional de las FARC sería la única muestra de éxito; para otros, la no transformación de las estructuras sociales que perpetúan la pobreza y la desigualdad en el país, constituirían la prueba del fracaso.

¿Qué esperar entonces de las negociaciones de paz que actualmente se adelantan? ¿Cuáles serían los criterios que permitirían hablar de un eventual fracaso o éxito de las mismas? Un acercamiento al concepto de violencia, y el establecimiento de una distinción clara entre negociación de paz y construcción de paz, ayudaría a anclar las expectativas frente al proceso, permitiendo valorar la importancia relativa de los cinco puntos de la agenda acordados por el Gobierno y las FARC.

Específicamente, en el campo de la justicia social, este ejercicio implica, además, una aproximación al concepto de violencia socioeconómica, pues como se anotará más adelante, deberían ser las situaciones mediadas por este tipo de relación social las que deberían suspenderse después de un proceso de negociación de paz.  Por su parte, el concepto más amplio de justicia social tendría un vínculo profundo con los procesos de construcción de paz y con lo que más adelante se denominará los órdenes de violencia.

Hacia un concepto de violencia socioeconómica

La violencia socioeconómica constituye una relación social que hace parte (y se interrelaciona) con un conjunto más amplio de violencias, que no necesariamente es visible ni se encuentra vinculada siempre al ejercicio de la fuerza física, y que emerge en el marco de conflictos económicos y sociales relativos a la producción y distribución del ingreso y la riqueza.
 
La identificación de una situación de violencia socioeconómica debería realizarse desde el punto de vista de las consecuencias sufridas por las personas; más allá del proceso social consensuado o impuesto, legal o ilegal, legítimo o ilegítimo que ha llevado a dicha situación.  Un primer acercamiento al concepto de violencia socioeconómica podría darse, entonces, a través del concepto de vulnerabilidad social: es decir, la violencia socioeconómica surgiría en aquellos casos en que se identifica una situación de extrema vulnerabilidad social.
 
Esta primera aproximación permite establecer que en un contexto de extrema vulnerabilidad o de violencia socioeconómica la política social deja de cumplir su función primaria; es decir, la garantía de protección de los sujetos frente a los riesgos naturales y sociales que ponen en peligro la reproducción de la vida y de las poblaciones.

Bajo estas premisas, entonces, la violencia socioeconómica puede ser definida como una situación de vulnerabilidad extrema provocada por relaciones sociales y prácticas gubernamentales que eliminan las condiciones base para la reproducción de la vida, provocando la eliminación física y simbólica de los individuos o grupos sociales.  En este contexto, las lógicas de regulación de los conflictos relativos a la producción y redistribución del ingreso y la riqueza abandonan el horizonte de protección e integración social y provocan situaciones sociales de “vida nuda”; es decir, situaciones en las que los individuos y los grupos sociales se ven desprovistos de todo derecho humano elemental (formal o sustancial), o se ubican en el borde de esta condiciónii.
 
La violencia socioeconómica haría parte de un concepto más amplio de violencia (o violencias), que imposibilitarían la realización de una vida digna individual y colectiva.  Además, podría estar atravesada por diversas formas de violencia física y verse reforzarse por lógicas de violencia cultural o simbólica que naturalizan y/o legitiman la situación de “vida nuda” a la que son sometidos los individuos o grupos sociales

Violencia y órdenes de violencia; negociación y construcción de paz

La aproximación realizada al concepto de violencia socioeconómica no debe conducir al desconocimiento del papel estructurante que cumple la violencia en la sociedad. Más allá de lecturas que subrayen únicamente su carácter destructivo, es importante señalar que la violencia produce sujetos e instituciones, y no únicamente reviste un carácter negativo. Si se piensa como una relación social mediada por relaciones de poder, es claro que la violencia elimina, excluye, invisibiliza pero también que produce nuevas relaciones sociales y dinamiza nuevos procesos de producción subjetiva.  

Por lo general, dicha condición estructurante de la violencia permanece "invisible". Este punto es clave, pues llama la atención sobre la necesidad de reconocer formas de violencia no visibles, diferentes de la violencia física explícita. Es este el caso de la violencia socioeconómica, que muchas veces resulta invisible debido a que su rostro destructivo no es necesariamente evidente, más cuando se piensa desde el punto de vista de relaciones sociales que, sin recurrir a la violencia física, provocan situaciones sociales o individuales de “vida nuda”.

Sin embargo, en este punto surge la pregunta alrededor de la delimitación de la noción misma de violencia, pues es necesario establecer un concepto amplio (que dé cuenta de la violencia como una relación social estructurante, nacida de una situación de conflicto) y simultáneamente estrecho (que permita diferenciarla de otras categorías analíticas como dominación, alienación, injusticia, etc.). Este punto es clave si se piensa, por un lado, en la utilidad analítica del concepto, y por otro en su potencial práctico (por ejemplo, pensar un acuerdo mínimo de paz consistente en la suspensión o eliminación de toda forma de violencia física, simbólica y socioeconómica). En estos términos, un enfoque sustentado en las consecuencias sobre la vida de las personas es útil para delimitar el concepto, pues permite identificar situaciones sociales que dentro de una agenda mínima de paz, deberían ser resueltas (por ejemplo, la extrema vulnerabilidad social de las personas o la muerte por hambre).

No obstante, este ejercicio debe ser concebido sólo como un primer paso; es decir, como una agenda mínima de paz. La construcción de la paz estable y duradera pasaría además por la desestructuración de los órdenes de violencia vigentes. Tal sería el caso de las instituciones que producen violencia socioeconómica (por ejemplo, de las leyes que dan sustento a las lógicas de precarización laboral, o a la regla fiscal que limita el ejercicio de los derechos sociales).  

En el plano socioeconómico y de la justicia social estos dos niveles pueden ser interpretados tomando como referencia los aportes de Michael Hardt y Antonio Negriiii en relación con la apropiación y autogobierno de los bienes comunes: evidentemente, es necesario suspender todas las formas de excepcionalidad relativas a situaciones de “vida nuda” (que se definirían como lógicas de violencia socioeconómica, y que serían el objetivo esencial dentro de una negociación de paz). Sin embargo, ello no debe impedir visualizar líneas de transformación social que cuestionen, por ejemplo, ciertas formas de  propiedad privada o pública y todo el entramado institucional y jurídico que las protegen (es decir, de perspectivas de eliminación de órdenes de violenciaa socioeconómica y, por lo tanto, de avance en procesos de construcción de paz). En consecuencia, un concepto integral de paz debe ser pensado en clave de excepcionalidad (“vida nuda”, violencia física, socioeconómica, simbólica) y normalidad (órdenes de violencia); es decir, en clave de negociación de paz y construcción de paz.

Es por ello que una negociación de paz implicaría inicialmente recuperar el espíritu garantista de la Constitución Política de 1991 que, por definición, aspira al establecimiento de mecanismos de integración y protección social que suspenden la violencia socioeconómica y que se sustenten en el concepto de ciudadanía. Ello como una base para, posteriormente, avanzar en las transformaciones institucionales más profundas que implicarían, muy posiblemente, cambios en la Constitución Política misma –por ejemplo, en lo relativo al modelo económico que consagra.

Los puntos de la agenda de negociación
 
Si el origen de la violencia socioeconómica puede hallarse en las relaciones sociales y los dispositivos gubernamentales y de protección social que intentan regular los conflictos relativos a la producción y distribución del ingreso y la riqueza, ¿ha funcionado el Estado como estructura contrarrestadora de la violencia socioeconómica en Colombia? En otras palabras, ¿ha cumplido el Estado con las obligaciones formales y sustanciales consagradas en la Constitución Política de 1991 que, por definición, buscarían la eliminación de toda forma de violencia socioeconómica como medio para garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía económica y social?  

Los procesos de despojo de la tierra en Colombia muestran que el Estado, más que una estructura contrarrestadora de la violencia socioeconómica, ha sido un agente activo en su producción y reproducción.  El apoyo al paramilitarismo, la cooptación sufrida por cuenta de sectores sociales interesados en la profundización de un modelo agro-extractivista, la represión a la que históricamente se ha sometido todo tipo de lucha redistributiva por la tierra, y la formulación y profundización de políticas públicas perversas desde el punto de vista del campesinado, constituyen un ejemplo claro de la manera como el Estado produce y reproduce violencia socioeconómica. Es aquí donde cobra plena importancia el primer punto de los diálogos, pues la expectativa debe centrase en que se establezca un compromiso estable y verificable entre el Estado colombiano y las FARC relativo al fin de la violencia socioeconómica en el campo colombiano.

En la perspectiva de una agenda mínima de paz, debería esperarse, entonces, un compromiso relativo a la suspensión de todas las situaciones de violencia socioeconómica.  Esta es la base desde la cual puede pensarse para el futuro la desestructuración de los órdenes que la producen y la reproducen.  En eso consistiría la construcción de paz en el campo colombiano.  Y es aquí donde resulta esencial el segundo punto de los diálogos (relativo a la participación democrática, la oposición política, y las garantías para la acción colectiva), pues el desmonte de los órdenes de violencia implica la visibilización y el reconocimiento de actores sociales y conflictos redistributivos que han sido aplastados bajo argumento de supuestos vínculos con la insurgencia, o que han sido eclipsados por la persistencia y el protagonismo que históricamente se le ha ofrecido al conflicto armado interno.

Es así como la construcción de la paz en Colombia pasa por el reconocimiento, el dinamismo y la emergencia de conflictos redistributivos cuyo horizonte de justicia trasciende las demandas e intereses más inmediatos relativos a la suspensión de la violencia socioeconómica.  Conflictos que esperan desarrollarse en un contexto que garantice también la suspensión de todo tipo de violencia física directa y simbólica sobre los actores y movimientos sociales y populares presentes en dichos conflictos redistributivos.

En conclusión, de la negociación de paz puede y debe esperarse un compromiso de los actores negociadores en cuanto a la suspensión de toda forma de violencia. Por su parte, la construcción de la paz implica un proceso mucho más complejo, asociado al desmonte de los órdenes de violencia y a la emergencia y visibilización de viejos y nuevos conflictos redistributivos en el país. Por su definición implicaría a la totalidad de la sociedad colombiana. La construcción de la paz en Colombia representará entonces el salto de la política (en términos de una negociación de paz que, dentro de los marcos establecidos por el concepto de ciudadanía, conlleve a la suspensión de las formas de violencia) a lo político (referido a las posibilidades de transformación social más allá de los órdenes políticos, sociales, económicos y jurídicos establecidos).

***

iAgradezco al Profesor Leopoldo Múnera por la estimulante discusión sobre el concepto de violencia.  Por supuesto, las opiniones aquí expuestas son plena responsabilidad del autor.
iiUna situación de “vida nuda” implica una situación en que la vida está absolutamente expuesta a que se le dé muerte, objeto de una violencia que excede la esfera del derecho.  Una vida a la que se puede dar muerte lícitamente.  
iiiHARDT, Michael y NEGRI, Toni (2012).  Commonwealth. Stock: Paris.

Comentarios (10)

Déje un comentario

Estás comentando como invitado. Autentificación opcional debajo.

Ediciones anteriores

Ver más ediciones