Políticas de juventud, una fábula

on Sábado, 29 Noviembre 2014. Posted in Artículos, Edición 46, Nacional, Juventud, Participación política, Libardo Sarmiento Anzola

46 Libardo

A causa de la crisis, los jóvenes han perdido empleos, han luchado por conseguir trabajos poco remunerados y han visto limitado su acceso a la enseñanza. Es por esto que en tiempos de estabilización económica se deben privilegiar las necesidades de los jóvenes.

 
Libardo Sarmiento Anzola
Fuente de la imagen: www.revistahumanum.org

El exceso relativo de jóvenes desocupados es una fuerza tendiente a provocar el conflicto en toda comunidad humana, sentencia H. G. Wells en su obra “El destino del homo Sapiens” (1949). En Colombia, la tasa de desempleo de los jóvenes es 15,6 por ciento, cerca al doble del promedio nacional, según los indicadores de mercado juvenil que publica el DANE (trimestre julio-septiembre de 2014). Para las mujeres jóvenes la tasa de desempleo fue 20,1 por ciento y para los hombres 12,3.

En el país 1,2 millones de personas entre los 14 y 28 años ni trabajan ni estudian (generación nini, los llaman así en Latinoamérica) porque entrar al sistema educativo no es opción de vida (debido a situaciones de pobreza combinadas con los precios especulativos de la educación privada o a que la consideran una estafa y pérdida de tiempo y dinero) y debido a que no hay trabajo disponible en la ciudad, están cansados de buscar trabajo, no encuentran trabajo apropiado en su oficio o profesión, carecen de la experiencia necesaria, no tienen recursos para instalar un negocio o los empleadores los consideran muy jóvenes.

De acuerdo con el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013), joven es toda persona entre 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía (artículo 5). En Colombia actualmente hay 12,5 millones de jóvenes; equivalente al 26,3 por ciento del total de 47,7 millones de habitantes en 2014. Del total de población joven 41,8 por ciento son inactivos (sólo estudian, hacen oficios en el hogar o por impedimentos físico-mentales) y, en consecuencia, la tasa global de participación es de 58,2 por ciento (relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar), esto es, los jóvenes que por su situación socio-económica tienen que trabajar para sobrevivir.

En efecto, además de los 1,2 millones de desocupados (personas que están buscando trabajo), 6,2 millones de jóvenes trabajan para ganarse la vida. La rama de actividad que concentra el mayor número de ocupados jóvenes es comercio, restaurantes y hoteles (29,3%), seguido por servicios comunales, sociales y personales (17,8%). Las posiciones ocupacionales que registran la mayor concentración de la población joven durante 2014 son obrero, empleado particular (50,5%) y trabajador por cuenta propia (30,8%). En su mayoría son puestos de trabajos informales, precarios, mal remunerados e inestables. En sólo la población de 18 a 25 años, el 5 por ciento no tiene acceso alguno al sistema de salud.

Para el total de la población ocupada joven (14-28 años), los principales niveles educativos reportados en septiembre de 2014 fueron: 31,1 manifestó tener secundaria completa, el 24,1 registra el nivel educativo de secundaria incompleta y el 23,2 por ciento superior incompleta. Para el total de la población desocupada joven (14-28 años), los principales niveles educativos reportados fueron: 35,4 por ciento tiene secundaria completa y el 27,6 manifiesta tener el nivel educativo superior incompleta.

Esta situación se explica porque si bien en Colombia actualmente la tasa neta de matrícula en el nivel de primaria alcanza el 95%, la tasa de deserción es de 15,5 (el promedio de deserción en América Latina y el Caribe es 14,3 y en los países de IDH muy alto 3,8%). El porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que culminan la educación secundaria en Colombia es de sólo 30%. De los que alcanzan el bachillerato, sólo 37,2% continúa sus estudios o continúa su capacitación; no obstante, 45,4% abandona la educación superior.

En consecuencia, en el país es radical la diferencia entre la «condición» y la «situación» juvenil. Una cosa es lo que el joven es (su condición) y otra como está (su situación). La situación está determinada por el origen de clase de los jóvenes, por ello, los jóvenes desempleados, trabajadores y excluidos comparten el destino y las desgracias de la explotación, la opresión y la violencia que se ejerce, por parte de la clase dominante, contra todos los de su clase.

Y las políticas de juventud, tan en boga desde los años 1980 (aupadas por la declaración del año internacional de la juventud, por parte de la Organización de las Naciones Unidas) no pasan de ser una fábula, si bien los jóvenes con su expresión, acciones y compromisos con lo social, político, económico, cultural y ambiental, vienen irrumpiendo en el escenario público desde mediados del siglo XX, en el contexto y dinámicas de la modernización del país. Una fábula tiene varias acepciones: es un breve relato ficticio con intención didáctica y moraleja final; cada una de las ficciones de la mitología; relación falsa carente de todo fundamento; ficción artificiosa con que se disimula una verdad; cuento liviano sin más fin que entretener a los lectores.

Por política de Juventud debe entenderse, según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Titulo III, artículo 11) el proceso permanente de articulación y desarrollo de principios, acciones y estrategias que orientan la actividad del Estado y de la sociedad para la promoción, protección y realización de los derechos de las y los jóvenes; así como para generar las condiciones necesarias para que de manera digna, autónoma, responsable y trascendente, ejerzan su ciudadanía mediante la realización de proyectos de vida individuales y colectivos.

En el marco del mandato constitucional, en 1997 se expidió la Ley de Juventud. Esta ley 375, a través de sus 16 años de vigencia, antes de quedar derogada en su totalidad en 2013, tuvo tres logros parciales: i) intentó a nivel nacional, sin lograrlo, crear y/o articular un conjunto de entidades dedicadas a trabajar por los jóvenes, a esto se le llamó Sistema Nacional de Juventud; ii) la incorporación en todo el país de los Consejos de Juventud como espacio de participación de los jóvenes; iii) impulsar la creación de políticas públicas de juventud a nivel nacional, departamental y municipal. El marchitamiento de la Ley 1997 fue lánguido, mustio y con desanimo. Menos del 5 por ciento de los jóvenes conocieron el contenido de la Ley a lo largo de su vigencia y de los 51 artículos que la estructuraban sólo quedaban vigentes tres, por falta de financiamiento, institucionalidad y del carácter errático, desenfocado, burocratizado, clientelista y débil de las políticas de juventud.

En respuesta a esa situación una alianza entre jóvenes, Gobierno Nacional y congresistas impulsaron una nueva norma, y así se llegó a la Ley estatutaria 1622 de 2013 «Estatuto de Ciudadanía Juvenil». Esta Ley busca establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y democrática del país (artículo 1). La Ley 1622 está estructurada en V títulos y 79 artículos; en su contenido se hace evidente el énfasis por desarrollar aspectos referentes a: i) garantía de derechos; ii) participación e incidencia política; iii) inversión pública para jóvenes; iv) fortalecimiento institucional; v) sanciones y garantías.

La fábula es manifiesta. Es una Ley sin financiamiento, institucionalidad, legitimidad ni desarrollo. Respecto a lo primero, el artículo 78 es risible por lo abstracto e indefinido: “Para el desarrollo de la presente ley se considerarán como fuentes de financiación los recursos del sector público y aquellos recursos provenientes del sector privado y de la cooperación internacional”, esto es, sin nada de platica contante y sonante, menos aún orientaciones normativas en materia del presupuesto General de la Nación. En cuanto a la institucionalidad, las leyes de juventud sólo han tenido hogares de paso para su afirmación, sin recursos, burocratizada, sin identidad, inestable y permeada de la politiquería más descarada: del Ministerio de Educación a un Programa presidencial que finge ser entidad rectora del Sistema Nacional de Juventud, carente de recursos, estabilidad, capacidades y liderazgo. En la formulación, menos del uno por ciento de los jóvenes del país participaron en su definición de contenidos, lo que resta legitimidad. Y, por último y no menos importante, en las “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país: Paz, Equidad, Educación” (versión preliminar para discusión del Consejo Nacional de Planeación, noviembre de 2014) no existen programas específicos que desarrollen y concreticen el “Estatuto de Ciudadanía Juvenil”, ni lo nombran; en la estructuración sectorial y regional de las bases del PND se menciona a los jóvenes como beneficiarios pasivos de los programas de educación, salud, deportes, cultura o acciones asistencialistas de poco vuelo (por ejemplo, aumentar la cobertura del programa “Jóvenes en acción” que actualmente sólo beneficia a 80.000 personas).

La referencia a los jóvenes en las bases del PND 2014-2018, es descolorida y sin sustancia: “Desde la Dirección del Sistema Nacional de Juventud se coordinará y verificará la implementación de los lineamientos para la generación de oportunidades para adolescentes y jóvenes, establecidos en el Conpes 173 de 2014, de acuerdo con las acciones y responsabilidades institucionales allí establecidas. Asimismo, se desarrollará una estrategia para la difusión, comunicación y acceso por medio digital y presencial a la oferta pública y privada para jóvenes, y se gestionará un Banco de Proyectos para el apoyo a iniciativas juveniles, y se gestionará la creación de un Fondo de Inversión para el financiamiento de estos proyectos” (p. 264).

Por fuera de la institucionalidad y de las políticas burocráticas, las y los jóvenes de Colombia continúan construyendo, de manera digna, comprometida y ejemplar, un país decente, democrático, trabajador y creativo, a través del deporte, la cultura, el ambientalismo, el comunitarismo, la defensa de los derechos humanos, la educación, ciencia y la tecnología. Bien se sabe que los procesos de organización y participación juvenil registran cinco etapas distintas: i) entre los años sesenta y setenta, en el siglo XX, de lucha por la democracia, de transformación cultural y contra la forma excluyente y violenta de gobierno de la oligarquía nacional a través del Frente Nacional; ii) en la década de 1980, en un contexto histórico de “No futuro”, la juventud debió enfrentar una visión estigmatizada y peligrosa que auto justificaba la respuesta represiva del Estado hacia la juventud; iii) entre 1991 y 1997 el conflicto intergeneracional estuvo marcado por la apertura de espacios de participación y toma de decisiones, el reconocimiento explícito de la ciudadanía juvenil, la creación de la democracia escolar y la formulación de políticas públicas de juventud; iv) a partir de 1998 y hasta 2010, revaluación crítica de los preceptos establecidos en la Constitución Política en medio de un panorama de guerra generalizada y terrorismo de Estado (durante el gobierno de Uribe, los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales alcanzaron un nivel delirante y encarnizado contra los jóvenes populares, unido a una política carcelaria y de penalización de las manifestaciones de protesta de los jóvenes), donde el mayor porcentaje de víctimas y victimarios, en todos los escenarios de crisis, corresponde a la población juvenil, denunciando la incapacidad del sistema político colombiano para abrir nuevos espacios de decisión y ampliar el conocimiento del ciudadano de las posibilidades de la acción y la transformación social; v) 2011 hasta la actualidad, reorganización del movimiento estudiantil colombiano, articulación de la juventud a los procesos y luchas populares por la democracia, la paz, la defensa del trabajo nacional, el buen gobierno, los derechos humanos, el ambiente y la justicia.

Actualmente los jóvenes representan el 18 por ciento de la población mundial, es decir, 1.200 millones de personas. El 87 por ciento de ellos viven en países en desarrollo y afrontan problemas generados por el acceso limitado a los recursos, la atención de la salud, la educación, la capacitación, el empleo y las oportunidades económicas. Sin embargo, cada vez hay mayor conciencia de que en todos los países los jóvenes son un recurso humano fundamental para promover el desarrollo, un cambio social positivo y la innovación tecnológica. Sus ideales, su energía y su visión son esenciales para el desarrollo continuo de sus sociedades. Los jóvenes no son simples beneficiarios pasivos, sino agentes efectivos del cambio. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha venido enfatizando sobre los efectos desproporcionados que ha tenido la crisis económica mundial en los jóvenes. A causa de la crisis, los jóvenes han perdido empleos, han luchado por conseguir trabajos poco remunerados y han visto limitado su acceso a la enseñanza. Es por esto que en tiempos de estabilización económica se deben privilegiar las necesidades de los jóvenes. Además, son ellos quienes tienen la buena voluntad, el talento y el idealismo necesarios para erradicar la pobreza, contener la difusión de enfermedades, luchar contra el cambio climático, profundizar la democracia y alcanzar los objetivos del desarrollo humano.

Comentarios (0)

Déje un comentario

Estás comentando como invitado. Autentificación opcional debajo.

Ediciones anteriores

Ver más ediciones