Políticas para la paz o gatopardismo: el papel de las élites político administrativas

on Jueves, 31 Octubre 2013. Posted in Artículos, Edición 20, Nacional, André-Noël Roth, Participación política, Proceso de paz

20 RothNo basta que se firme la paz en La Habana. Se necesita un cambio en las élites administrativas junto con el reforzamiento de una real autonomía técnica frente al gobierno.  Ningún cambio real se producirá si se sigue con las mismas élites. 
 
André-Noël Roth
Fuente: www.bbc.co.uk

Mucho se vaticina sobre qué reformas y políticas van a salir del proceso de negociación de la Habana (si prospera), pero no existe mayor consideración en relación a quiénes las van a construir e implementar en el día a día. La tradición colombiana (y en gran parte latinoamericana) tiende a que las élites económicas predominantes a un cierto momento, legales o ilegales, tengan una gran capacidad para cooptar las instituciones del Estado para garantizar la permanencia de sus intereses, estamento y clan a través de las políticas públicas.

Durante el pasado VI Congreso Nacional de REDUNIPAZ, que se desarrolló en varias universidades de la ciudad de Cali del 23 al 26 de octubre, fueron numerosas los y las ponentes que mostraron de qué manera, por ejemplo, las políticas de desarrollo rural, agrícola o de tierras de los últimos gobiernos de Uribe y Santos, así como de sus predecesores, terminaron favoreciendo a los grupos sociales a los cuales ellos mismos pertenecían (ponencia de José Honorio Martínez de la UNAL). Asimismo, el representante a la Cámara para el Polo democrático Wilson Arias señaló, con datos contundentes, quiénes eran los beneficiarios de las políticas de libre comercio (TLC) y el economista Aurelio Suarez hizo lo mismo con la política agropecuaria. Y esta situación es la habitual a lo largo de los dos siglos de vida de la República oligárquica colombiana.

En la coyuntura actual, las élites “santistas” principalmente urbanas, conformadas por los sectores agroindustrial, industrial, minero y financiero que controlan el poder político, parecen estar dispuestas a sacrificar los intereses de las élites terratenientes tradicionales y regionales, comerciales, agrícolas y pecuarias, mediante algunas concesiones en términos de reforma agraria en aras de la paz con las FARC con la finalidad de facilitar así su proyecto minero extractivista y agroindustrial bajo las banderas de la paz. Esta situación produce una línea de fractura entre las élites. De un lado, las élites terratenientes históricas, bajo el liderazgo carismático de Uribe, buscan atraer a fines electorales al pequeño campesinado desesperado y arruinado por las políticas aperturistas, y del otro lado las élites santistas, más “modernizadoras”, buscan su salvación electoral mediante la clientelización de los artesanos, la transformación del campesinado en empresarios agropecuarios y la extensión de una seguridad laboral y asistencial mínima para las clases bajas y las escasas clases medias urbanas.

Este contexto genera el efecto político de polarizar a las élites dominantes, partiendo en dos el Partido Conservador, revitaliza el centro liberal y desorienta y divide a la izquierda gubernamental reformista vagamente socialdemócrata entre apoyo a la modernización santista y apoyo popular a los campesinos. Los uribistas se sienten traicionados por los santistas, ya que consideran que son ellos los que soportarán probablemente el costo de la reforma agraria pactada en La Habana y se sienten amenazados en sus intereses económicos por el aperturismo total de Santos. Es así como en la próxima contienda electoral se definirá cuál de estos dos estamentos se hará con el control y cooptación del Estado para la defensa de sus intereses particulares. De una cierta manera, aunque las líneas de fracturas no son tan contundentes o nítidas, se podría decir que las élites se dividen entre unas más ligadas a las empresas nacionales tradicionales, moderadamente presente en el mercado internacional, y otras que buscan reforzar la internacionalización de la economía vía las grandes empresas transnacionales y el mercado financiero internacional.

Esta situación podría ser, tal como lo analizaba Marx en su 18 de Brumario, una oportunidad para permitir, ante las divisiones entre élites dominantes, la irrupción de representantes de otros sectores sociales y facilitar la construcción de un Estado un tanto más moderno, es decir con un cierto grado de autonomía en relación a estas mismas élites, y que podría ponerse más al servicio de los intereses generales de una clase media emergente en busca de su consolidación. En las elecciones pasadas (2010) la “ola verde” de Mockus logró seducir a esta clase media, profesional y principalmente urbana, alcanzando a reunir aproximadamente un cuarto del electorado nacional. Sin embargo, a unos meses de la próxima contienda electoral, tal escenario no parece ser repetible y tampoco se le ve con posibilidad de crecimiento suficiente como para triunfar. Los dos ex aliados lograrán, probablemente, ocupar el debate mediático a la manera de las telenovelas: llenas de golpes bajos, traiciones, frases asesinas e intrigas familiares y políticas que fascinarán al público, lo cual terminará escogiendo a quién habrá presentado el mejor espectáculo político mediático y desarrollado la más eficaz estrategia clientelista.

No obstante, y sin importar cuál será el resultado de las elecciones y de la suerte de las negociaciones de paz, es preciso recordar el papel fundamental que juegan las élites político administrativas en la definición e implementación de las políticas públicas. El botín del enfrentamiento electoral consiste en la cooptación del Estado mediante el control y ocupación de los principales cargos públicos del poder ejecutivo en donde se definen las políticas públicas y la gestión estatal día a día. El recién trabajo de investigación que realicé con la colaboración de estudiantes del Programa de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia sobre el perfil de las élites administrativas del gobierno central, publicado en UNPeriodico (N°171)1, nos muestra la realidad de una administración pública nacional cooptada por una élite de origen acomodada, ampliamente urbana, bogotana e internacionalizada. Esa élite, que refleja de forma casi caricaturezca el proyecto político santista, garantiza que la aplicación de las políticas permitirá la reproducción y extensión de sus propios valores e intereses. Esperan que el proceso de paz sea una muestra más de gatopardismo: cambiar todo formalmente para que nada cambie realmente. Seguramente consideran que unos cargos de representación política minoritaria, algunas alcaldías o gobernaciones periféricas con unas cuantas miles de hectáreas entregadas a campesinos, no afectará sino muy marginalmente sus intereses a largo plazo, a su vez que los dividendos de la paz les permitirán conservar el poder sobre el poder de Estado, desde el cual se puede mantener, mal que bien, las estructuras económicas y sociales del país en el estado actual. La experiencia del proceso de paz anterior con el M-19 los conforta en esta idea.

Pero la construcción y consolidación de una paz duradera implica no solamente la resolución y dejación de la lucha armada, sino la implementación efectiva de políticas capaces de reducir la extrema polarización material y simbólica entre ricos y pobres que vive la sociedad colombiana (índice de Gini), producto de la permanente cooptación oligárquica del Estado colombiano durante sus 200 y más años de existencia, impidiendo la constitución de una burocracia consolidada técnicamente y relativamente autónoma del clientelismo político.

Por eso, no basta que se firme la paz en La Habana. Se necesita un cambio en las élites administrativas junto con el reforzamiento de una real autonomía técnica frente al gobierno. Ningún cambio real se producirá si se sigue con las mismas élites. La solución consiste en generar políticas para hacer crecer y fortalecer política y socialmente una clase media profesional que deba su mantenimiento a la actuación de un Estado capaz de cobrar impuestos a los ricos y redistribuirlos para fomentar consumo y seguridad social: el típico compromiso socialdemócrata del Estado de bienestar. Tal como lo demuestra una amplia literatura en políticas públicas, no se puede cambiar las políticas sin un cambio significativo de los agentes responsables de éstas. Por eso, es importante buscar las vías para que se dé paso a las clases medias colombianas en los altos cargos administrativos del Estado. Sin ello, continuaremos en el gatopardismo.

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1http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/elite-de-poder-en-bogota-eclipsa-la-diversidad-nacional-1.html

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