Proceso de paz y participación política

on Jueves, 31 Enero 2013. Posted in Artículos, Edición 2, Nacional, André-Noël Roth, Participación política, Proceso de paz

2 Andre¿Están dispuestas las élites colombianas a aceptar que la representación y participación política de la sociedad colombiana corresponda más a la realidad sociológica que a su cómoda ficción abstracta? ¿Que el pueblo se represente a sí mismo y no a través de representantes “ilustrados” que actúan como un abogado en relación a su mandante?
 
André-Noël Roth

Fuente: http://www.columnanornilandia.blogspot.com.es

El proceso de negociación en curso entre las FARC y el gobierno del Presidente Santos tiene como uno de sus puntos centrales para un acuerdo de paz el tema de la participación política. El texto inicial señala tres elementos: 1) Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación. 2) Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas, y 3)  Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

La negociación en curso, en particular con los puntos dos y tres, ofrece así una oportunidad para repensar las diferentes modalidades y espacios posibles para el ejercicio de la participación política. Como es sabido, la tradición republicana considera a la democracia representativa como el mecanismo institucional más idóneo para ejercer la soberanía del pueblo entero sobre la nación. El problema práctico de la representación consiste entonces en responder a la siguiente pregunta: ¿quiénes están habilitados para representar al pueblo y de qué manera escoger estos representantes? Desde sus inicios decimonónicos, en herencia de la Revolución francesa, la idea es que la representación debe recaer sobre los mejores elementos de la nación. Es entonces comúnmente aceptado por la filosofía política liberal (y más allá) que “el gobierno representativo es una feliz invención para poner en evidencia los hombres eminentes que se encuentran en una nación”1. El régimen representativo implica una selección de los más eminentes, una concentración de la razón, y constituye, por lo tanto, un régimen aristocrático. El pueblo, asimilado a la nación, pasa así a ser una mera abstracción política.  

En la concepción del régimen representativo, los representantes son los mejores de la nación y ejercen una función de tutoría sobre el pueblo. Es decir, no se trata de una representación “en miniatura” de la diversidad social y cultural del país. Además, en su función colectiva de representación del pueblo, son los garantes del interés general de la nación concebida como siendo uno solo. Progresivamente, el sistema moderno de partidos se impuso como una forma de organización de la democracia de masa y de racionalización de la vida política parlamentaria. Esa perspectiva está aún hoy muy presente en la cultura colombiana. Los honorables congresistas son considerados como los padres (y madres) de la Patria y casi siempre los medios de comunicación visuales omiten señalar, en la banderita de presentación del representante entrevistado, su afiliación partidaria. Si los partidos políticos son la expresión de una fracción del pueblo, el representante se expresa como un padre (o madre) representante de toda la nación. El pueblo, así entendido como abstracción, se encuentra entonces desubstancializado, distanciado de su realidad sociológica (étnica, social, cultural, de género, etc.). Si bien el texto de la Constitución de 1991 se ha alejado de esta perspectiva clásica, por su reconocimiento del pluralismo y de la diversidad de la nación, su presencia en la sociedad colombiana es aún evidente. Por ejemplo, en la virulencia del discurso antichavista, anticorreista o antipetrista que, con el calificativo condenatorio de “populista”, se expresa consciente o inconscientemente una desconsideración por la mayoría de la población colombiana, vista como si fuera menor de edad políticamente, y por ello fácilmente manipulable. El pueblo sociológico es visto con una mezcla de sentimiento de temor, compasión y de caridad cristiana expresada en políticas sociales asistencialistas. Las élites no se sienten parte del pueblo.    

Esta perspectiva tiene claramente sentido y presencia para las élites políticas tradicionales colombianas que se consideran a sí mismas como los mejores elementos de la nación, y que, por lo tanto, merecen un trato particular (por ejemplo, en caso de caer en desgracia, en las cárceles). Se consideran llamadas a tomar las riendas de la nación, a ejercer la tutoría sobre el pueblo. Desde allí, el pueblo es considerado, en un sentido sociológico, como una masa irresponsable, una chusma incapaz de gobernarse y peligrosa (así se entiende el interés de mantener una democracia censitaria, si no de derecho, por lo menos de hecho con la abstención electoral). Para estas élites, es simplemente imposible (y peligroso para la nación) que exista una visión distinta del país a la de ellas. Solamente a través de un exigente y eficaz filtro meritocrático basado en una mezcla sutil de pruebas compuestas por títulos académicos – de fácil acceso para los miembros de la élite-, de recursos económicos y de “blanqueamiento cultural y/o origen étnico” pueden ser admitidos en su seno algunos individuos meritorios, como excepciones que confirman y refuerzan la regla. La persistente y extrema desigualdad socioeconómica de Colombia es la consecuencia y la traducción sociológica del sistema ideológico y cultural dominante.

Históricamente, la búsqueda de los mecanismos y las instituciones garantes de una representación más cercana a la realidad sociológica de un país ha sido siempre un objetivo de todo movimiento emancipatorio. Por ejemplo, el movimiento socialista luchó, de un lado, en lo político, mediante la creación de partidos políticos para elegir representantes provenientes de sus propias filas y exigir el derecho al sufragio universal. De otro lado, en lo económico, promovió la participación sindical tanto en la dirección de las empresas privadas y públicas (representación, información, cogestión, autogestión) como en las instancias de decisión de la política económica (el diálogo social).   

¿Están dispuestas las élites colombianas a aceptar que la representación y participación política de la sociedad colombiana corresponda más a la realidad sociológica que a su cómoda ficción abstracta? ¿Que el pueblo se represente a sí mismo y no a través de representantes “ilustrados” que actúan como un abogado en relación a su mandante? ¿Están dispuestas que exista una real participación ciudadana en las políticas públicas, desde su formación hasta su implementación y evaluación tal como le estipulan varias normas? Si es así, se puede dar algunas pistas en aras de construir una sociedad con mayor participación política popular. Los escenarios para tal transformación son varios.

El primero lo constituye el mismo sistema representativo, como espacio indirecto de participación política. Una medida sencilla podría ser la obligación de la participación electoral. Esta medida, que haría más difícil (o precisamente más costosa) la tradicional compra de voto, introduciría, por un tiempo por lo menos, una cierta incertidumbre en los resultados electorales. Para ser más eficaz, y en aras de mayor equidad ante los electores, esa medida debería ser combinada con una financiación completa e igualitaria de las campañas electorales por el Estado y un acceso igual en los medios de comunicación a los partidos que cumplan con ciertas condiciones a definir.

Otro escenario es el de la participación directa. Una medida, y para quedarse siempre en un contexto tradicional, podría ser una reforma a la actual normatividad en relación al referendo. Con la norma actual, la posibilidad de que el pueblo se pronuncie directamente sobre un asunto respaldado por firmas depende de la buena voluntad del Congreso. Al respeto se puede ver lo que ocurrió, por ejemplo, con el referendo sobre el agua. Un derecho de referendo y de iniciativa de origen popular, sin posibilidad de veto parlamentario o gubernamental, pero tal vez con un control previo de constitucionalidad, podría ser instaurado a nivel nacional, departamental y municipal inspirado sobre el modelo suizo o estadounidense. Constituiría un instrumento de contrapoder, aunque no siempre progresista, a las mayorías parlamentarias.

Estas reformas, aunque relativamente sencillas y comunes, significarían sin embargo cambios importantes para la democracia colombiana.  

En el plano de la participación directa, se puede pensar en reformas más audaces. En la medida en que las instituciones de la democracia representativa tienden a ser un escenario poco idóneo, efectivo y legítimo2 para tratar la complejidad de los problemas contemporáneos de políticas públicas, el desarrollo de escenarios e instituciones basados en la participación directa de los involucrados constituye una pista para renovar la democracia. Se podría imaginar la constitución de instituciones participativas pluralistas, es decir no constituidas sobre una lógica electoral sino delegativa para la deliberación y definición de políticas públicas que contarían con la participación de todos los actores involucrados, garantizando un pluralismo de valores, a nivel local, regional y nacional. El producto de estas negociaciones podría ser luego “legalizado” por la instancia representativa correspondiente. Estas instituciones podrían ser tanto ad hoc y transitorias para definir una política, como permanentes para realizar el seguimiento a las políticas. En particular se podría imaginar una institución de esa naturaleza para el detalle (en donde el diablo siempre se aloja) de la aplicación de una eventual reforma agraria, ya que, probablemente, no puede existir una política uniforme a nivel de todo el país.

La efectividad de estas instituciones dependerá en parte, a mi juicio, de un reforzamiento de las competencias departamentales en detrimento tanto del nivel municipal como del nivel nacional. Se trata de permitir la formación de una mayor integración administrativa y política a nivel supramunicipal o regional y limitar así los excesos de parroquialismo o de centralismo. Estas pistas podrían ser también una salida a la expresión efectiva de un poder en las regiones para los nuevos movimientos políticos y sociales que saldrían de la negociación de paz, y los ya presentes, que difícilmente podrían ser efectivos, por ser minoritarios – particularmente en el campo-, en un escenario electoral.

Otra propuesta, además del reconocimiento efectivo de una amplia autonomía territorial para las poblaciones indígenas, afrocolombianas y raízales, fundamentado en el derecho a la consulta previa, podría ser precisamente la extensión de un mecanismo similar a la consulta previa a toda la población, en la medida que se reconoce la diversidad y el pluralismo en el interior mismo de la sociedad “mayoritaria”. Esta pista merece mayores desarrollos y explicaciones. Será por lo tanto objeto de una próxima entrega.

***

1 Sismondi, Etudes sur la constitution des peuples libres, Bruxelles, 1836
2 Un síntoma de esto es la confianza muy baja que expresan las poblaciones en instituciones centrales para la democracia representativa tales como los partidos políticos y los parlamentos. Vale la pena recordar que las instituciones de la democracia representativa se inventaron hace unos dos a tres siglos en un contexto social y tecnológico muy distinto al presente: sin educación universal, sin luz eléctrica, ni los medios de transporte y de comunicación actuales. Es posible que nos encontremos ad portas de una obsolescencia histórica de estas instituciones emblemas de una cierta modernidad.  

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