Protestas campesinas y política comercial

on Jueves, 29 Agosto 2013. Posted in Artículos, Paro nacional, Edición 16, Nacional, André-Noël Roth

16 Andre2Las protestas campesinas son consecuencia de la ceguera de unas élites políticas y económicas que se limitan a defender sus propios intereses a corto plazo. La política comercial colombiana basada en TLC malogrados, tendrá efectos desastrosos si no está contrarrestada por políticas de desarrollo de infraestructuras para las regiones semirurales y rurales.
 
André-Noël Roth
Fuente: http://www.lahora.com.ec

Después de varios lustros de intentos para la concretización de una política comercial basada en la obsesión de la firma de tratados de libre comercio (TLC), es el presidente Santos, como beneficiario de una coyuntura favorable, quien tuvo la posibilidad de firmar tratados comerciales con los Estados Unidos, la Unión Europea y algunos otros países, incluyendo la constitución aún incipiente de una zona de libre comercio regional como la Alianza del Pacífico. Fueron muchos años de espera para que Santos y las principales industrias financieras, los gremios exportadores nacionales y sus diversos socios políticos, mediáticos e intelectuales lograran su propósito y se sientieran ahora orgullosos de pertenecer al mundo de la élite global que les permite – como justa recompensa-  viajar a México y Estados Unidos, y tal vez mañana a la zona Schengen, sin solicitar un humillante visado. Es tal la euforia en la zona estratosférica del país que, en pleno delirio de realismo mágico, sus miembros ya se ven ahora ad portas de ser socios del exclusivo club social OCDE de los países ricos.

Por ello, la cruda realidad de los levantamientos campesinos les parece incomprensible ¿Cómo es posible que, después de haber estado tanto tiempo en el purgatorio de la comunidad internacional, cuando por fin se logra entreabrir la puerta del paraíso de la libre circulación internacional de (algunas) mercancías, unos de ruana se tomen las vías e impidan, ironía, la libre circulación por las pocas y sinuosas carreteras del país? Tal vez, tan ocupadas de disfrutar y deleitarse de productos importados en sus zonas residenciales, estas élites, protegidas del mundo exterior local, pero atentas a las noticias de la BBC y de FOX, no se dieron cuenta de los dramáticos efectos provocados por los acuerdos comerciales que promovieron. Obviamente, la élite administrativa nacional andinojaveriana, que representa el 54% de la alta función pública del gobierno nacional1, no tiene tiempo para ocuparse de los asuntos triviales del mercado semanal. Así, esa élite no se percató –nunca mira el precio de los alimentos- que basta ir a un supermercado para entender la violencia simbólica (y económica) que ejercen sobre los productores nacionales estos tratados que constituyen una traición al interés general: un kilo de perniles de pollo importado (está escrito en letra menuda) se vende a aproximadamente 5,000 pesos, mientras la marca de producción nacional se vende a alrededor de 10,000 pesos. Igualmente, hace ya tiempo que es posible conseguir ajo importado de China, bonito y bien empacado, a un precio inferior al colombiano. Sin hablar de los zapatos y tanto otros productos y de la ahora ya famosa Resolución 970 del ICA (ver en Youtube el Documental 970), parte integrante del TLC con Estados Unidos, que prohíbe a los campesinos sembrar semillas no certificadas y que conllevó a la destrucción de toneladas de arroz y a la judicialización de campesinos que hacían lo que siempre se ha hecho desde hace miles de años: conservar sus propias semillas – de las mejores- para su siembra. Todo esto para permitir la extensión del oligopolio de las multinacionales del agro sobre la producción mundial de alimentos. Sin embargo, un producto como el vino, que no tiene competidor nacional, sigue valiendo mucho más que en los países de producción a pesar de la valorización del peso.

La estrategia comercial de los actores económicos que promueven y aprovechan el libre comercio es simple: como en la producción vinícola no hay productor nacional a quebrar, entonces no hay necesidad de ejercer una presión a la baja sobre los precios. En cambio, en los productos alimentarios corrientes es preciso vender a precio mucho más bajo del que lo hace la producción nacional, empujándola a la quiebra, para luego quedarse con una posición dominante y oligopólica. En un segundo momento, ya sin capacidad productiva local significativa, se podrá iniciar un movimiento de alza de los precios. Así la “poca” ganancia inicial se considerará como una inversión muy rentable a mediano o largo plazo, dependiendo del grado de resistencia y adaptación (presión a la baja sobre los salarios) de la producción local.

La presente política comercial basada en TLC, que podemos calificar como una política de apertura económica de segunda generación – porque está grabada en instrumentos de derecho internacional- profundiza y extiende a nuevos territorios la primera apertura realizada por Gaviria a inicios de los 90. Las mismas causas están provocando los mismos efectos, es permitido augurar a mediano plazo la ruina de los campos y la quiebra de las pequeñas y medianas empresas familiares, con un consiguiente éxodo de poblaciones pauperizadas hacia las ciudades, y un aumento de la dependencia exterior en materia alimentaria. Los campos quedarán así, según la situación particular, dejados al abandono, o usados (y destruidos) para producir en forma intensiva algún cultivo en boga, por unos años, para abastecer el mercado internacional, o sembrado de cultivos de uso ilícito. Tal situación está obviamente cargada de amenazas para el futuro.

Esta política de libre comercio sin discernimiento llevada a cabo por los sucesivos gobiernos de Colombia, es la demostración de los límites estrechos alcanzados por el proceso de democratización del régimen político desarrollado a partir de la Constitución de 1991. Los tratados de “libre”2 comercio negociados reflejan perfectamente los valores e intereses dominantes de la élite andinojaveriana, la cual confunde sus propios intereses con el interés general del país. Las protestas campesinas están allí para recordar al país su diversidad social y económica. Tener en cuenta esta diversidad no puede limitarse a una promoción turística. Un sacudón constitucional y político se hace necesario para incluir de manera duradera a estos portadores de valores e intereses distintos y diversos en los instituciones políticas y administrativas del país. Esto permitiría redefinir el rumbo del país con políticas que tienen mejor en cuenta los diversos intereses y valores presentes en todo el país (y no solamente en las zonas exclusivas de las grandes ciudades y en las zonas francas). En particular es preciso que se establezcan políticas de desarrollo de infraestructuras pertinentes para elevar el bienestar integral (vías, servicios públicos domiciliarios, educación, salud, acceso a la cultura,…) en las zonas semirurales y rurales. Y eso no se logrará a punto de subsidios cortafuegos. ¡Se necesitan políticas integrales, incluyentes, redistributivas, serias y de largo plazo, no de caridad jesuitoliberal!

***

1Según una reciente investigación realizada bajo mi responsabilidad por los estudiantes matriculados a la asignatura de “Teorías de la administración pública” de la Universidad Nacional de Colombia, durante el semestre I de 2013.
2¡Esos tratados no son tan de “libre” comercio ya que necesitan miles de páginas! ¿Por qué no fueron tenidos en cuenta en algunas páginas los intereses de otros grupos sociales?

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