¿Quién le teme a la paz? Problemas y perspectivas de las negociaciones de La Habana

on Lunes, 22 Diciembre 2014. Posted in Artículos, Edición 47, Nacional, Edwin Cruz, Gobierno de Santos, Proceso de paz

47 Edwin

Con todo, el reto más importante es para los sectores organizados de esa mayoría que apuestan por la paz, para superar sus problemas de acción colectiva. Tanto el eventual acuerdo entre la guerrilla y el gobierno, como la construcción de la paz, dependerán en últimas de la capacidad de los movimientos sociales y otros actores progresistas para sustraer esa mayoría de la influencia de los adversarios y articularla en función de la paz con justicia social.

 
Edwin Cruz
Fuente de la imagen: www.eluniversal.com.co

Para un observador distante, la situación que ha enfrentado el proceso de paz de La Habana no puede parecer menos que paradójica. Nunca como ahora hubo una estrategia de negociación tan bien diseñada, jamás se avanzó tanto en la agenda propuesta y difícilmente se verificó un grado similar de “voluntad de paz” entre las partes. Aún así, en el escenario más optimista la aprobación de los diálogos, según distintas encuestas realizadas desde su inicio, no supera el 65% , sin mencionar la reprobación a la eventualidad de que los guerrilleros participen en política o no vayan a la cárcel y la permanente renuencia a un cese al fuego, aunque sea unilateral. Cifras que preocupan con vistas a una posible refrendación de los acuerdos y de cara a la oposición que se viene haciendo al proceso.

¿Por qué, si la paz conviene a la mayoría de la población colombiana, no existe un respaldo decidido frente a estas negociaciones?

Nada que perder

Es obvio que el pueblo colombiano, la mayoría de la población, no pierde en lo absoluto con la firma de un acuerdo de paz. Resolver el problema agrario, la médula del conflicto, sólo implicaría costos para ese 13% de los propietarios rurales que posee el 77% de las tierras, es posible que sólo afectara al 3,6% de propietarios que concentra el 30% o, incluso, que los costos sólo recayeran sobre quienes se apropiaron por la vía del despojo del 15% de las tierras en las últimas dos décadas . Si acaso, la mayoría de la población colombiana acarrearía por fuerza con algunos costos económicos del posconflicto por la vía del regresivo régimen impositivo, que se apuntala con la última reforma tributaria ante la presión de nuestros ilustres empresarios para no pagar impuestos.

No hace falta recordar las abultadas cifras sobre victimización, despojo violento y vulneración de derechos para sostener que la guerra ha tenido y sigue teniendo más costos para la mayoría de colombianos y colombianas: son los pobres y la clase media quienes ponen los muertos de uno y otro lado, quienes sufren el despojo y la represión desde todos los flancos. Empero, también es obvio que esa mayoría que se beneficiaría con la paz tiene menos recursos y más problemas de acción colectiva que quienes se oponen a las negociaciones.

Falacias contra la paz

Los costos de la paz afectan otros intereses, de ahí la naturaleza falaz de los argumentos esgrimidos por los adversarios del proceso. Al principio se afirmó que Santos le estaba entregando el país a la guerrilla, se ha llegado a decir que el actual gobierno traicionó la política de seguridad democrática e incluso que dada la debilidad de la guerrilla se debería apostar por su derrota militar sin ninguna concesión. Todo eso puede ser políticamente eficaz, pero no es cierto.

Para empezar, la estrategia de negociación que se acordó en La Habana muestra un aprendizaje importante de las fallidas experiencias del pasado. Desde el principio se acordó una agenda y unos procedimientos para agotar paulatinamente sus temas aunque “nada está acordado hasta que todo esté acordado”; de esa forma se evitó la dispersión que caracterizó los diálogos del Caguán, por no mencionar los de Betancur. Se involucró con tareas específicas a la comunidad internacional, lo que ha sido muy relevante para superar las crisis del proceso. Existen mecanismos eficaces, aunque ciertamente restringidos, para la participación de la sociedad civil y de las víctimas. Por primera vez se dispuso la participación de miembros retirados de las FFAA. Incluso sobre la marcha se han sorteado muy bien los problemas de negociar en medio de la guerra, modalidad que se introdujo durante el gobierno de Gaviria con pésimos resultados, y la oposición de sectores de las FFAA, que ha sido una constante en todas las negociaciones. El carácter confidencial de los acuerdos ha conseguido evitar la “mediatización” del proceso que debilitó las negociaciones durante el gobierno de Pastrana, aunque no logró blindarlas de sus opositores.

Por lo demás, hoy se sabe que una victoria netamente militar sobre la guerrilla no es posible, entre otras cosas, por el tipo de organización que se enfrenta, los recursos de que dispone, las dificultades geográficas del terreno e incluso los costos que acarrearía. Esto es tan cierto, que fue uno de los supuestos sobre los cuales se edificó hace una década el consenso sobre la política de seguridad democrática, pues desde entonces se sabía que el conflicto debía terminar negociando con una guerrilla militarmente debilitada. Hasta en este aspecto Santos no se aparta de las directrices fijadas durante el gobierno Uribe.

Ahora bien, si existe un aspecto problemático del actual proceso de paz, es la dificultad para informar a la mayoría del país, aunada a la timidez con que el propio gobierno ha defendido los diálogos. Pero más que una falencia del proceso en sí mismo, eso puede comprenderse por el poder que ostentan quienes se oponen a las negociaciones, capaz de constreñir al propio gobierno.

¿A quién le cuesta la paz?

Las posiciones de los adversarios al proceso de paz, por descabelladas que sean, siguen siendo amplificadas por los medios de comunicación, propiedad de los principales conglomerados económicos, lo cual divide a esa mayoría de colombianos y colombianas aumentando sus problemas de acción colectiva. Eso muestra que en esa oposición no se expresan únicamente los intereses políticos de quienes han capitalizado electoralmente la retórica de la guerra. La amplificación mediática de sus posiciones se explica por las vacilaciones de importantes sectores de las élites, quienes ahora son conscientes de que la paz les puede costar más de lo que pensaron.

Pese a su carácter excesivamente prolongado, el conflicto armado colombiano se ha desarrollado la mayor parte del tiempo como una guerra de baja intensidad, incapaz de afectar seriamente el desempeño económico del país. “A la economía le va bien, al país le va mal”, decía un dirigente gremial a principios de los años ochenta. De ahí el “cómodo impasse”, del que hablara el profesor Nazih Richani : una situación en la que para todos los actores involucrados era más costoso realizar la paz que mantener el statu quo bélico.

De acuerdo con el mismo autor, la situación se desequilibró por la disposición de rentas producto del negocio de las drogas para la guerrilla y la incursión con fuerza del paramilitarismo a mediados de los años noventa. En medio de las negociaciones del Caguán, por primera vez, tanto el gobierno colombiano como los EEUU decidieron apostarle a un escalamiento de la guerra. Los recursos invertidos, provenientes principalmente del Plan Colombia, con una menor contribución local producto del impuesto para la seguridad democrática, revirtieron en el aumento de “la seguridad y la confianza inversionista”, en el marco de una bonanza económica, y en un importante debilitamiento de las guerrillas.

Sin embargo, la situación hoy es distinta, pues el consenso de la seguridad democrática se ha roto: los sectores de la clase dirigente que apoyaron esa política y que se mostraron de acuerdo inicialmente para debilitar a la guerrilla y llevarla a la mesa de negociación hoy han empezado a percibir que en función de sus intereses, la paz es costosa. No es casualidad que uno de los temas recurrentes en los medios de comunicación sea el de los “costos de la paz”. Por eso vacilan en el apoyo que puedan darle al proceso, por eso le hacen el quite al pago de impuestos y por eso amplifican la oposición a las negociaciones, lo que se refleja en las cifras de aprobación al mismo. En el fondo, parecen apostar a una “paz sin costos” para ellos o, en el peor escenario, al retorno a una guerra de baja intensidad que no afecte sus negocios.

Los problemas de acción colectiva y el futuro del proceso

Como bien argumentaba Richani, existen sectores de las élites claramente opuestos a una salida negociada del conflicto, aquellos que él caracterizaba como premodernos y atados directamente a la tradicional propiedad de la tierra. Pero también existen otros sectores con una mentalidad moderna, aunque ahora también ligados a la propiedad agraria, para quienes la paz puede ser atractiva desde el punto de vista de su articulación al capitalismo global.

El reto para el gobierno es convencer a estos últimos de que la paz puede tener para ellos más beneficios que costos y articularlos al propósito de construir paz. Una tarea nada fácil, teniendo en cuenta los cálculos paralelos que pueden hacer (“paz sin costos”, guerra de baja intensidad), y el turbio panorama económico que se vislumbra.

Hasta una “paz sin costos” para esos sectores terminaría por beneficiar a la mayoría de la población colombiana. La situación deseable para el posconflicto requiere, cuando menos, el compromiso de esos sectores de élite, si no como un deber moral al menos por cálculos estratégicos. El retorno a la guerra de baja intensidad, que es inevitable si se desaprovecha esta oportunidad de conseguir la paz, dado el rendimiento marginal decreciente de las inversiones en la guerra y la franca carencia de recursos para ese rubro aunados a la adaptación de la guerrilla a las condiciones de la confrontación militar, sólo mantendría la victimización sobre la mayoría de la población colombiana.

Con todo, el reto más importante es para los sectores organizados de esa mayoría que apuestan por la paz, para superar sus problemas de acción colectiva. Tanto el eventual acuerdo entre la guerrilla y el gobierno, como la construcción de la paz, dependerán en últimas de la capacidad de los movimientos sociales y otros actores progresistas para sustraer esa mayoría de la influencia de los adversarios y articularla en función de la paz con justicia social.

***

iVer, por ejemplo: http://www.semana.com/especiales/contradicciones-colombianos-proceso-paz/index.html; http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/encuesta-confianza-de-los-colombianos-en-el-proceso-de-paz/14342696; http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/encuesta-del-externado-revela-respaldo-a-los-dialogos-de-la-habana/14624545.
iiLas cifras son de 2012: http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/asi-es-la-colombia-rural.html
iiiSistemas de Guerra. La economía política del conflicto en Colombia. Bogotá: IEPRI-Universidad Nacional de Colombia, 2002.

Comentarios (31)

Déje un comentario

Estás comentando como invitado. Autentificación opcional debajo.

Ediciones anteriores

Ver más ediciones