Reclamar la democracia

on Viernes, 13 Diciembre 2013. Posted in Artículos, Natalia Ramirez Bustamante, Edición 23, Gustavo Petro, Nacional, Democracia, Alejandro Ordóñez, Procurador General

23 Natalia1Reclamar la democracia del bolsillo del procurador y del resto del Estado inoperante es un ejercicio de Derecho (así, con D mayúscula), que incluye tanto acciones judiciales como el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia y la resistencia no violenta. Lo que es más, sería un acto de justicia.
 
Natalia Ramirez Bustamante
Fuente: http://diarioadn.co/

La destitución del alcalde Gustavo Petro es la violación más grande de los derechos políticos en Colombia en la historia reciente. Las 721.000 personas que votaron por el alcalde, y aún los que no habiendo votado por él y están comprometidos con la democracia, no tienen hoy una vía institucional razonable para hacer valer su voluntad y oponerse eficazmente al fallo disciplinario del procurador. Pese a que la competencia jurídica del procurador para destituir al alcalde es controvertible y no hay un acuerdo unánime en el derecho interno sobre el alcance de las mismas, lo que sí es incontrovertible es que la sanción impuesta a Petro viola la Convención Americana de Derechos Humanos en lo que se refiere a la protección del derecho a la participación política de los ciudadanos. Dicha Convención establece, en el artículo veintirés, inciso segundo, que los derechos políticos de un ciudadano, Petro en este caso, sólo pueden ser suspendidos como consecuencia de una condena en un proceso penal.

El respeto a la participación política de los electores, en este caso de los ciudadanos bogotanos que votaron por el proyecto político que encarna Petro, así como el derecho del alcalde a ejercer su mandato, son condiciones necesarias, más aún, irreductibles, de un sistema que se diga democrático. Debido a la centralidad que tiene el derecho a la participación política como elemento estructurante de los sistemas democráticos, los ojos del hemisferio se han vuelto hacia Colombia, entre ellos los del representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, quien ha sido el único en resaltar el impacto negativo de esta decisión en el derecho a la participación política de los ciudadanos. Más allá de que uno comparta o no el proyecto político de Petro, y de que su administración haya tenido problemas de ejecución en el caso de la recolección de basuras, entre otras críticas posibles a su alcaldía, el hecho cierto es que estaba cumpliendo con el mandato que le otorgaron los bogotanos que hoy se manifiestan en las calles.

Estas cuestiones no son de poca monta pues lo que está en peligro es uno de los elementos estructurantes de los Estados modernos: la cesión del monopolio de la fuerza pública al Estado con el compromiso de que los gobernados podrán ejercer el derecho a la participación política eligiendo a sus gobernantes, y a través de ellos, proyectos políticos que los ciudadanos consideran deseables. Decisiones como la del procurador erosionan la confianza democrática y el interés de la ciudadanía en participar activamente en los asuntos que les interesan.

Lo que es peor, la falta de reacción institucional frente a estos desafueros del procurador (que ya vienen de tiempo atrás), podría incitar reacciones violentas en los manifestantes que encuentran en el Estado un aparato inoperante, y por inoperante abusivo. Al mismo tiempo pueden dar argumentos a los grupos alzados en armas para legitimar el recurso a la violencia como un medio de acción política necesario para lograr cambios sociales. Este panorama es más patente cuando se consideran las precarias vías jurídicas en el derecho interno con las que cuenta el alcalde Petro, que están necesariamente ligadas al derecho de los bogotanos a que su decisión manifestada en las urnas se respete.

Entre las alternativas con las que cuenta el alcalde, está la acción de tutela que por su carácter expedito podría frentar su salida del Palacio Liévano. Sin embargo, este camino es poco promisorio, pues evaluando una acción de tutela instaurada por Piedad Córdoba en octubre de este año, la Corte Constitucional sentó un precedente constitucional problemático en que confirma la potestad del procurador para inhabilitar a funcionarios de elección popular sin que ello vulnere el derecho internacional.

Otras dos alternativas jurídicas son una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, y una denuncia penal contra el procurador, entre otros delitos, por un posible prevaricato por acción. En ambos casos, se trata de procesos judiciales largos que tradicionalmente toman meses si no años en resolverse. Además, debe recordarse que el procurador Ordoñez fue consejero de Estado, lo que invita suspicacias sobre la objetividad con la que podrían juzgarlo sus ex colegas.

Tal vez el mecanismo más promisorio lo tiene en la solicitud radicada por sus abogados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyo posible resultado sea la imposición de medidas cautelares para dejar sin efecto temporalmente la resolución del procurador, y permitirle mantenerse al mando de la capital. Esto en cuanto a las alternativas de Petro, pero ¿con qué recursos efectivos cuentan los electores para oponerse a la decisión del procurador?

Hasta ahora, la única defensa discursiva abierta y sustantiva ha provenido de organismos y autoridades internacionales. Al llamado del representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia para reunirse con el procurador y discutir la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece la prohibición que señalé antes, se sumó una carta firmada por alcaldes de varias ciudades suramericanas (Red Cisur) en la que señalan, como lo reportó la revista SEMANA que "consideramos muy grave este hecho ya que asesta un duro golpe a la gobernabilidad de nuestra hermana ciudad de Bogotá, y significa una peligrosa señal para nuestras democracias". Estas intervenciones, al tiempo que respaldan el mandato del alcalde, son un espaldarazo a la ciudadanía descontenta y generan presión internacional sobre el gobierno Santos para tomar cartas en el asunto. Pero aún si la presión sobre el gobierno Santos fuera eficaz y se promoviera una reforma constitucional para reducir el poder de la Procuraduría, ésta llegarían muy tarde para los electores bogotanos, pues en el interregno Petro habría sido destituído y se habrían convocado nuevas elecciones. Alternativamente, los electores tendrían acciones judiciales como aquellas con las que cuenta el alcalde, con resultados similares, que no por ello deben ser deshechadas de antemano. Por el contrario, el respeto al orden democrático invita su uso, así como también su complementación con la participación política directa a través de la protesta.

En efecto, si el derecho a la participación política a través del voto es el mecanismo esencial a través del cual los ciudadanos participan democráticamente, y éste es abusado por una autoridad pública bajo la mirada indiferente de los demás funcionarios del Estado, o éstos están incapacitados porque su falta de carácter se los impide, o porque alegan su inhabilidad jurídica para actuar, los ciudadanos mantienen el derecho a la protesta pacífica y a la resistencia civil no violenta. Hacerlo, es también parte del ejercicio legítimo de la ciudadanía en una democracia, como lo revela el hecho que la objeción de conciencia es reconocido por nuestra Constitución Política en el artículo dieciocho, que establece que ningún colombiano deberá ser obligado a actuar contra su conciencia.

Algunos actos de resistencia civil a través de los cuales se han logrado cambios institucionales incluyen el movimiento por los derechos civiles liderado por Martin Luther King en los Estados Unidos, la resistencia al colonialismo Británico liderado por Gandhi y la resistencia al apartheid en Suráfrica. El paralelo aquí no es entre Petro y Gandhi o King, sino entre los ciudadanos que se movilizan para reclamar sus derechos, desconocidos, cercenados o restringidos injustamente, y la posibilidad de promover cambios sociales. Lo que se reclama hoy en Bogotá, y en las demás ciudades de Colombia en que se esperan manifestaciones, es el respeto a la decisión soberana de un electorado de que su alcalde termine el mandato que le fue entregado. Hasta Tomás de Aquino, seguramente estimado por el procurador, defendía el derecho a la resistencia civil cuando las leyes (en este caso una decisión disciplinaria) estaban sustentadas en la motivación privada del gobernante, lo cual los convertía en tiranos, o cuando los gobernantes actuaban excediendo la autoridad que les había sido otorgada.

El procurador ha venido generando una expectativa de incumplimiento de su función o abuso de su autoridad en casos de los derechos de las mujeres a practicarse un aborto en los tres casos previstos por la Corte Constitucional, educación sexual en los colegios, la protección de los derechos de la población LGBTI, el matrimonio igualitario y más recientemente persiguiendo a funcionarios que cumplen su deber de protección del medio ambiente frente a los intereses de algunas multinacionales. Los activistas de derechos humanos, especialmente por los derechos de las mujeres y la población LGTBI se han cansado de denunciar los atropellos de la procuraduría. Hasta la Corte Constitucional parece impotente frente a la reticencia de la procuraduría a aplicar las sentencias emanadas de esa corte. Puede ser que la gota que ha rebosado la copa de los bogotanos, pero también de los colombianos, porque este es un asunto que nos interesa a todos, se haya llenado. En este caso en particular, los mecanismos jurídicos disponibles resultan ineficaces para protejer eficientemente el derecho a la participación política de los colombianos. Reclamar la democracia del bolsillo del procurador y del resto del Estado inoperante es un ejercicio de Derecho (así, con D mayúscula), que incluye tanto acciones judiciales como el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia y la resistencia no violenta. Lo que es más, sería un acto de justicia.

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