Santos, el pilo de la estafa maestra

on Lunes, 13 Marzo 2017. Posted in Andrés Camilo Rodríguez, Artículos, Edición 101, Posconflicto, Nacional, Crisis educativa, Gobierno de Santos

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Si el Gobierno considera que no hay recursos para la educación habría que preguntar sobre los 8 billones de pesos en corrupción del caso Reficar o los impuestos que evaden los ricos en paraísos fiscales. Es momento de cesar los ataques contra la educación superior pública y diseñar de la mano con la comunidad universitaria planes de política pública y leyes que permitan hacer de la educación un derecho fundamental para una Colombia en paz.

 

Camilo Rodríguez
Economía Unal
@AcamiloRR
Fuente de la imagen: http://www.cronicadelquindio.com/

“Las balas escribieron nuestro pasado, la educación escribirá nuestro futuro”, es la frase impresa sobre el balígrafo con el que se firmó el Acuerdo de paz entre las FARC EP y el Gobierno colombiano. Esta corta pero contundente frase demuestra la importancia de la educación en el escenario de posacuerdo. El presente artículo estará dividido en dos partes que buscan analizar la política pública del programa “Ser Pilo Paga”, su relación con la política de financiamiento y de bienestar, sus consecuencias sobre la educación superior pública y su viabilidad en el posacuerdo. En la primera parte se analizará la problemática de cobertura e inclusión y, en la segunda, la viabilidad futura del programa.

Cobertura, un derecho de todos pero garantía de pocos

Muchos jóvenes del país anhelan estudiar en una universidad o institución de educación superior, algunos quieren ejercer la medicina, otros prefieren la economía, el derecho, la electrónica, la mecatrónica, el diseño, mientras otros querrán la pintura y la danza. Estos sueños juveniles han sido truncados, pues la educación en Colombia, a pesar de ser un derecho, se ha convertido en un privilegio de las familias con mejor ingreso.

La precaria cobertura y la deficiente inclusión de los más pobres en la educación superior ha sido una preocupación de los últimos gobiernos, por lo que se han adoptado una serie de tácticas que buscan mejorar estos dos aspectos de la educación superior.

En los últimos 10 años la cobertura ha aumentado considerablemente. Como se observa en la tabla 1, este incremento ha sido jalonado por instituciones de educación superior (IES) públicas entre 2005 y 2010. En este periodo de tiempo, la matrícula pública creció a mayor velocidad que la de educación privada. De forma contraria sucedió entre 2010 y 2013, periodo en el cual el aumento de cobertura se impulsó por IES privadas. Para aumentar la matrícula universitaria se necesita infraestructura, suficiente planta docente, material bibliográfico pertinente y en cantidades adecuadas, capacidad administrativa, entre otras condiciones. Todo esto requiere un gran músculo financiero capaz de aumentar la cobertura sin afectar la calidad educativa. A pesar del aumento en la cobertura de IES públicas entre 2005 y 2010 no existió una adición presupuestal suficiente por parte del Gobierno Nacional, no hubo aumento ni adecuación en infraestructura, ni tampoco existió un crecimiento en la contratación de planta docente; las pocas adecuaciones que existieron en las Universidades públicas se dieron producto de los esfuerzos financieros propios de las instituciones de educación superior adquiriendo créditos con bancos, del financiamiento por medio de investigación y extensión, de la disminución de presupuesto para apoyos socioeconómicos, de la reducción de apoyo al deporte, cambiaron las formas de contratación de profesores por estudiantes becarios e incluso en algunas casos se hicieron aumentos en los cobros de matrículas a los estudiantes.

Tabla 1. Variación porcentual de la matrícula entre 2002 y 2013.

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Fuente: (El Observatorio de la Universidad Colombia, 2014)

Actualmente en la educación superior pública se necesita una adición presupuestal de $7,2 billones1 para sanear –y no aumentar- la infraestructura existente y aproximadamente $429.0002 millones adicionales para el pago docente. A estos montos se le suman otras partidas de bienestar, sueldos administrativos, entre otros, arrojando un total de $11,53 billones de pesos que el Estado colombiano le debe a las IES públicas.

Aunque exista tal tamaño de la deuda con la universidad colombiana, el Gobierno Nacional y las administraciones universitarias siguen aumentando programas educativos sin ni siquiera intentar sanear la deuda actual. Cada vez se encuentran más programas de pregrado y posgrado en condiciones infernales, sin apoyos económicos suficientes que obligan a los estudiantes a trabajar y estudiar al mismo tiempo, insuficiente material bibliográfico, con profesores becarios4 sin salarios decentes, sin sillas ni pupitres adecuados, en edificios en ruinas, entre otras condiciones indignas para los estudiantes de IES públicas.

Un incremento en la base presupuestal para las IES públicas no se traduce en un aumento de cobertura en el corto plazo, esto porque las IES públicas tienen un deterioro de infraestructura, deficiencia de planta docente, entre otras problemáticas que se deben solventar para dar paso a un aumento en la matrícula universitaria sin tener un detrimento en la calidad. Para aumentar la cobertura educativa eficientemente5 se acude a créditos, logrando resultados aparentemente exitosos en el corto plazo aunque no se soluciona la deuda que tiene el Gobierno con la educación pública. En este contexto, el programa “Ser Pilo Paga” es una respuesta política en busca de aumentar la cobertura en la educación superior además de garantizar inclusión de los estudiantes más pobres.

Deserción estudiantil, un riesgo presente

El “Ser Pilo Paga” es un programa de política pública6 dirigido a personas de escasos recursos que obtengan buenos resultados en las pruebas de Estado Saber 11. El programa fue diseñado bajo el argumento de que se debe premiar a los estudiantes que, en condiciones económicas desfavorables, obtengan buenos resultados académicos. Este programa otorga 10.000 becas crédito si se cumplen los siguientes criterios:

1. El estudiante demuestra a través del puntaje del Sisbén una necesidad económica, además debe obtener un puntaje superior a 3187 en la prueba de Estado Saber 11.

2. Si el estudiante es aceptado puede elegir la carrera y la institución que desee, siempre y cuando esta tenga acreditación de alta calidad.

3. En el momento en que el beneficiario entra a estudiar tiene un crédito con el Estado que será condonado si termina la carrera en los tiempos señalados en el plan de estudios de la institución académica. Por cada semestre adicional al estipulado por el estudiante debe cancelar el valor del semestre adicional a la institución. Por ejemplo, si un estudiante quiere cursar economía en la universidad de los Andes debe graduarse en los 8 semestres que estipula el plan de estudios, si se gradúa en 10 semestres deberá cancelar el valor institucional de cada semestre adicional, si el semestre en la Universidad de los Andes tiene un costo de $15 millones, en este caso el estudiante debería cancelar $30 millones.

4. En caso de que el estudiante se exceda un semestre podrá solicitar ante el Icetex un semestre adicional de cobertura del programa, por lo que existe un semestre de “colchón”. Si se desea hacer cambio de carrera y/o de Universidad, podrá hacerlo en los dos primeros semestres, siempre y cuando el valor de la matrícula de la nueva carrera no exceda el de la carrera anterior.

5. Durante los semestres estipulados institucionalmente el estudiante tendrá un apoyo socioeconómico que varía entre 1 y 4 SMLV8 según unas condiciones estipuladas por el Ministerio de Educación Nacional.

El primer cuestionamiento que arroja este programa está en torno a la deserción estudiantil. Según el acuerdo 2034 los estudiantes de educación superior en promedio les toma 149 semestres en graduarse. Esto implica que los estudiantes se demoran entre 4 y 6 semestres adicionales a lo señalado por las IES para graduarse. Según el Acuerdo 2034 este fenómeno se da por distintas razones, se resalta que los colegios no preparan adecuadamente a los estudiantes, quienes deben sobre-esforzarse en la universidad, lo cual induce a perder materias y atrasarse en el grado; otra causa importante es que muchos estudiantes no tienen guía profesional para escoger la carrera que mejor se acomoda a sus aspiraciones, lo que les lleva a buscar otro futuro académico o a demorarse mucho tiempo intentando graduarse de una carrera que no es afín a su interés. Una razón importante es que no existen apoyos socioeconómicos adecuados que garanticen el bienestar estudiantil. El alto costo del transporte, de las fotocopias, los libros y en general el costo de vida de las capitales colombianas, obliga a que muchos jóvenes deban trabajar en restaurantes, hoteles, vendiendo dulces en “chazas”, para poder estudiar y mantener cierto nivel de vida.

La siguiente gráfica muestra la deserción estudiantil acumulada según ingreso familiar. Allí se observa que entre mayor sea el ingreso familiar, menor será la tasa de deserción. En el primer semestre un estudiante cuya familia devenga mensualmente hasta $1,4 millones, tienen un promedio de deserción del 23% mientras estudiantes con un ingreso familiar mensual entre $7,7 y $9,1 millones tienen un promedio de deserción del 13%. Esto permite concluir que los estudiantes más pobres son los más propensos a abandonar la universidad. Esta problemática es analizada por el Acuerdo 2034 aceptando que no existen programas de bienestar integral que faciliten el buen vivir académico evitando la deserción; incluso en el último informe de la OCDE10 sobre educación en Colombia se sugiere la necesidad de aumentar los apoyos socioeconómicos para los estudiantes de educación superior.

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Fuente: (Deserción por cohorte según ingreso familiar, 2015)

Ante esta situación los “pilos”, siendo los de menor ingreso en el país, están en alto riesgo de deserción o demora en su grado en relación con el tiempo institucional estipulado. Los estudiantes del programa, que son los más desfavorecidos del país, probablemente se vean obligados a cancelar de su propio bolsillo una matrícula que difícilmente podrán pagar, si un estudiante de la Universidad de Andes se excede en 3 semestres su grado, 1 semestre adicional lo cubrirá el Icetex, por tanto deberá cancelar $30 millones de pesos de su bolsillo a la universidad. Aunque el programa provee unos semestres de colchón, el riesgo de deserción o grado tardío sigue estando presente. Conociendo esta situación no existe una directriz nacional clara y contundente en torno a la temática de bienestar universitario que evite la deserción. Además, los programas de guía profesional y acompañamiento son insuficientes, los estudiantes deben pagar altas tarifas de transporte, alimentación y arriendo de su bolsillo, porque no existe un programa nacional universitario que contemple ayudas socioeconómicas y evite la deserción.

El Gobierno Nacional pone en situación de riesgo a los estudiantes más pobres del país, se les expone a cancelar matrículas impagables por su condición económica. Aunque el Gobierno conoce toda la problemática decide hacer un programa de política pública que no soluciona la inclusión de toda la población vulnerable en la educación superior ni garantiza su estadía en la universidad y, como si no fuese suficiente, no demuestra interés en solventar la deuda de $11 billones que tiene con la Universidad pública.

Se hace necesario solventar la deuda con la educación superior pública y adicionar recursos de inversión para garantizar infraestructura, apoyos socioeconómicos, planta docente y administrativa que además se acompañen de programas especiales de admisión, esto para facilitar la inclusión de los más pobres en las instituciones de educación superior. Si el Gobierno considera que no hay recursos para la educación habría que preguntar sobre los 8 billones de pesos en corrupción del caso Reficar o los impuestos que evaden los ricos en paraísos fiscales. Es momento de cesar los ataques contra la educación superior pública y diseñar de la mano con la comunidad universitaria planes de política pública y leyes que permitan hacer de la educación un derecho fundamental para una Colombia en paz.

Referencias

El Observatorio de la Universidad Colombia. (2014). El Observatorio de la Universidad Colombia. Obtenido de http://universidad.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=91

Deserción por cohorte según ingreso familiar. (2015). SPADIES. Obtenido de Sistema para la prevención de deserción de la educación superior: http://spadies.mineducacion.gov.co/spadies/consultas_predefinidas.html?2

Sistema Universitario Estatal. (2012). Desfinanciamiento de la Educación Superior en Colombia . Bogotá: Sistema Universitario Estatal.

Urna de Cristal. (2015). Urna de Cristal. Obtenido de

http://www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/todo-lo-que-debes-saber-sobre-ser-pilo-paga-2

CESU. (2014). Acuerdo por lo superior 2034. Bogotá: Cesu. Obtenido de Dialogo de la educación superior: http://www.dialogoeducacionsuperior.edu.co/1750/articles-319917_recurso_1.pdf

Reglamento operativo ser pilo paga 2. (2015). Colombia aprende. Obtenido de http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/Reglamento%20Operativo%20Ser%20Pilo%20Paga%202.pdf

OCDE. (2016). Ministerio de Educación Nacional. Obtenido de

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-356787_recurso_1.pdf

Cesu. (2014). Acuerdo por lo superior 2034. 52: MEN. Obtenido de http://www.banrep.org/docum/Lectura_finanzas/pdf/re_154.pdf

***

1(Sistema Universitario Estatal, 2012)

2Ibid. No incluye financiación para la formación docente.

3Ibid.

4Los profesores becarios no tienen nada de malo, es un buen ejercicio pedagógico y de formación pero es inaceptable que se reemplace masivamente profesores de planta por estudiantes becarios.

5Con menos recursos y en el menor tiempo posible.

6Ahora las reformas a la educación son descentralizadas y por medio de políticas públicas que únicamente discutidas en el Congreso de la República a través del plan de desarrollo de la Nación lo que facilita la implementación de una política pública dado que elimina actores, esta táctica logra dispersar al movimiento estudiantil impidiendo una articulación nacional efectiva.

7(Urna de Cristal, 2015)

8(Reglamento operativo ser pilo paga, 2015)

9(CESU, 2014)

10(OCDE, 2016)

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