Sobre la utopía de la paz

on Lunes, 15 Abril 2013. Posted in Artículos, Edición 7, Nacional, Edwin Cruz, Proceso de paz

7 EdwinEl reconocimiento del otro, el respeto de él o ella como igual y diferente, implica responder a las “causas” objetivas, subjetivas y culturales de la violencia. No se puede plantear el reconocimiento del otro sin tocar la desigualdad socioeconómica y mucho menos si sobre él se ejerce violencia físicaar su problemática y desigual condición ciudadana y laboral.
 
Edwin Cruz
Fuente: www.elcolombiano.com/
En la concepción de cambio social defendida por Orlando Fals Borda1, las utopías nunca se realizan plenamente, siempre se “decantan” en “la realidad ambiente”, pero producen transformaciones que terminan por generar otra “topía”, otro orden social. Desde ésta matriz, quienes apuestan por la paz, para ser realistas, deberían pedir lo imposible. Es por ello que la “paz con justicia social” que reivindican varios movimientos sociales puede resultar limitada.

Las negociaciones de La Habana, como las anteriores conversaciones entre Estado e insurgencia, son ante todo una lucha por el significado de la paz. El proceso es un nodo articulador de la política colombiana, en el que cada uno de los actores tiene sus propios intereses no siempre alineados con la búsqueda de la paz, aunque ésta sea tácticamente funcional a sus objetivos. Sin embargo, los bandos se definen en torno a dos significados: por un lado, la paz como ausencia de confrontación armada, una paz minimalista que se contenta con acallar los fusiles y desmovilizar la insurgencia. Por otra, una noción de paz sustancial, un contrato social inclusivo que haga posible la participación política sin recurrir a la violencia y siente las bases para construir un país más equitativo: “paz con justicia social” es el lema que resume esta perspectiva. Ambos significados se sustentan en intereses antagónicos y lecturas divergentes tanto de las causas del conflicto como de las fórmulas para su solución.

Desde la perspectiva minimalista la demanda de una paz sustancial e inclusiva no es conveniente. Primero, porque ese tipo de paz afectaría los intereses de quienes sustentan la estructura del poder político en el país: el proceso de paz no puede traducirse en “la revolución por decreto”. Segundo, esa perspectiva se sustenta en una lectura del conflicto en términos de sus “causas subjetivas”, como algunas veces se ha mencionado, es decir, como la consecuencia del desacuerdo de unos actores que se rebelan contra el Estado. El conflicto es ante todo bélico o armado, no social. Es un problema principalmente militar que trata de desligarse de sus raíces históricas, socioeconómicas y políticas. Tercero, quienes defienden este punto de vista asumen que las posibilidades de llegar a un acuerdo entre Estado e insurgencia disminuyen de manera proporcional al aumento de las expectativas y de los recursos de legitimidad de los actores que negocian. Para esta perspectiva, la paz sustancial implica una nutrida agenda de negociación que articule las demandas de distintos actores afectados por el conflicto, más allá del gobierno y la guerrilla, lo cual hace más dispendioso el proceso de negociaciones al ampliar el rango de los actores legitimados para participar y diluye los tiempos de las negociaciones en conversaciones sobre infinidad de problemas. Así, las negociaciones de paz deben limitarse a lo que es posible negociar dadas estas constricciones. En el mejor de los casos se argumenta que una paz minimalista es la condición necesaria para construir una paz sustancial. En cambio, si las negociaciones de paz se centran en los problemas que es necesario solucionar para construir la paz sustancial, se puede terminar por truncar la consecución de la paz minimalista.

Desde la perspectiva sustancial, por el contrario, las negociaciones no pueden restringirse a las élites que dirigen el conflicto armado ni dejar por fuera problemas que es necesario resolver para forjar el contrato social inclusivo y el país con justicia social que reivindica. Primero, independientemente de los intereses de la insurgencia, quienes propugnan por este significado de la paz ven las negociaciones como una oportunidad para ampliar los límites de lo político y posicionar demandas de sectores sociales históricamente excluidos. Segundo, ello está articulado a una concepción del conflicto armado que va más allá de las “causas subjetivas”, para enfatizar los factores históricos, socioeconómicos y políticos que producen y reproducen la violencia. Existen “causas objetivas” o estructurales en la raíz del conflicto que no sólo es armado, sino también social y político. Finalmente, desde este punto de vista el argumento pragmático, según el cual es necesario reducir tanto los actores negociadores como los temas sujetos a negociación a fin de facilitar la llegada a acuerdos de finalización del conflicto bélico es inaceptable, incluso si se postula como un primer paso hacia la consecución de la paz sustancial. No es posible erradicar la violencia como instrumento político mientras no se solucionen esos factores estructurales que sustentan tales conductas: la inequidad, la pobreza, el despojo, la exclusión, etc. Los actores productores de violencia pueden cambiar, pero los problemas de fondo que la sustentan seguirán presentes, reproduciendo la violencia. Por tanto, no se alcanzará una paz verdadera.

Nadie, entre los actores comprometidos con la búsqueda de la paz, se opondría a una paz minimalista. Sin embargo, existen razones adicionales para pensar que, si desde un principio el significado de la paz se fija de ese modo, será muy difícil avanzar hacia una paz sustancial. Aunque la paz minimalista se sustenta en argumentos comparativos, que resaltan las formas como se han solucionado otros conflictos armados alrededor del mundo, quizás el principal argumento en favor del planteamiento de entrada de una paz sustancial sea la evidencia provista por la historia colombiana: desde los orígenes mismos de la República, las guerras se saldaron entre las élites conductoras, de uno u otro tinte, sin solucionar de fondo los factores estructurales que las alimentaban. Guardadas proporciones, algo similar ocurrió con la amnistía de junio de 1954 que en aras de la paz y la dominación de la oligarquía bipartidista desconoció demandas y proyectos, muchos de ellos articulados en torno a las Leyes del Llano, orientados a la solución de problemas socioeconómicos y políticos, que empezaban por el de la tierra y la participación. Tales problemas nunca se solucionaron, la amnistía fue incumplida por el gobierno rojaspinillista y el proceso dio paso a la configuración de un régimen político excluyente, el Frente Nacional, que terminó por alimentar otras dinámicas de violencia.

La cuestión de las “causas objetivas de la violencia” fue planteada oficialmente en el gobierno de Belisario Betancur (1982-86) y trató de atenderse mediante el Plan Nacional de Rehabilitación y una política de amnistía con las guerrillas, cuyo fruto fue la Unión Patriótica (1984). Sin embargo, como es sabido, el proceso se truncó. El PNR se orientó a las zonas afectadas por la violencia, pero la difícil situación económica de entonces terminó aminorando sus recursos. Los diálogos con la insurgencia encontraron una férrea oposición por parte de las élites regionales y las FFAA, que alineadas con narcotraficantes impulsaron proyectos paramilitares e implementaron la guerra sucia. Las negociaciones fueron sepultadas con la toma del palacio de justicia por el M-19, en noviembre de 1985. Con Barco (1986-90), la iniciativa de atacar las “causas objetivas de la violencia” dio sus últimos estertores. El PNR se mantuvo, pero poco a poco perdió el trato preferencial por las zonas afectadas por el conflicto y sus recursos disminuyeron aún más, entre problemas de ineficacia. La “Iniciativa para la paz” (1988) dio el paso al tratamiento del conflicto en términos de “causas subjetivas”, Barco planteó que el diálogo no podía ser un fin en sí mismo, sino un instrumento para la reincorporación de los alzados en armas a la vida civil. Aunque, a posteriori, esta política se reputa como exitosa, lo cierto es que si consiguió la desmovilización del M-19, y posteriormente de otros grupos, fue por la convicción de los insurgentes de dejar las armas, pues los factores contrarios a las negociaciones, particularmente la guerra sucia, se mantuvieron con más ahínco.

Pese al buen resultado con que se saldaron las negociaciones con el PRT, el EPL y el MAQL, al principio del gobierno, y la CRS, en abril 1994, la administración Gaviria (1990-1994), le apostó a una paz minimalista en las negociaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, en Caracas y Tlaxcala (1991). La “Paz integral y diálogo útil” de Samper (1994-1998), tenía un componente de “desarrollo social” como condición para alcanzar la paz, pero se frustró por los problemas de legitimidad asociados al proceso 8000. El proceso de paz de Pastrana (1998-02) funcionó como una estrategia de contención frente a los avances militares de las FARC, que impidió a ambos actores comprometerse con la salida negociada del conflicto. La “Diplomacia para la paz” contemplada en la política gubernamental de paz tenía inicialmente como objetivo canalizar los aportes económicos de la comunidad internacional para hacer viable la salida del conflicto; pero lo que inició formulándose como un “Plan Marshall” para Colombia, terminó por convertirse en la más importante reestructuración de las FFAA, mediante el Plan Colombia.

Si se tiene en cuenta este panorama, es imposible cuestionar el que la reivindicación de “Paz con justicia social” sea progresista. En uno de los países más inequitativos del mundo es imposible no ver alguna relación entre desigualdad social y conflicto armado2. No obstante, hoy contamos con mejores conocimientos de los factores que explican la violencia en nuestro país. Sabemos que dichos factores no se limitan a aquellos que comúnmente se articulan bajo la “justicia social”. Por tanto, una paz sustantiva requiere una ampliación del horizonte de la justicia, que no se limite a lo socioeconómico.

Como lo demostró Cristina Rojas3, en la historia colombiana existen una serie de violencias simbólicas y culturales, que no se agotan en su manifestación fenoménica como hecho de sangre. En el fondo, existe una cultura política, que ha sido funcional al mantenimiento de las estructuras de poder y las clases dominantes, que alimenta ese tipo de violencia y que se caracteriza por la imposibilidad de comprensión y respeto por el otro.

Es común que la exclusión, la invisibilización, el desconocimiento del otro, el racismo, el machismo, la homofobia, etc., sean puestos en evidencia en relación a sujetos como las comunidades indígenas, los afrodescendientes, las comunidades LGBTI o las mujeres, como mecanismos en los que se sustentan los dispositivos de dominación y explotación de estas poblaciones. Tiene razón el profesor Jaime Arocha, al desenmascarar el racismo que se oculta tras los argumentos que ven en la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes un premio a su supuesto egoísmo en detrimento de los intereses nacionales, cuando afirma que tales alegatos responden a “la urgencia de crear nuevos enemigos en caso de que el proceso de paz con las FARC sea exitoso”4.A estas alturas deberíamos tener claridad sobre el grado en que tales prácticas han alimentado nuestra guerra. Esos mecanismos tienen un vínculo más directo con el conflicto armado de lo que se cree.

En la raíz de la insurgencia se ubica esa lógica. Lo que sean las guerrillas hoy está sujeto a discusión, pero para nadie es un secreto que su orientación a la violencia se debió, en un primer momento, a la exclusión del proyecto de nación que se planteó el Frente Nacional. Incluso mucho antes de los desmedidos ataques a las “republiquetas independientes” en 1962, ya existía una lógica perversa de exclusión del otro, en este caso del otro campesino ¿De qué otra forma se puede denominar el éxodo más allá de la frontera agrícola al que se veían obligados los colonos, por métodos violentos y no pocas veces en connivencia con el Estado, cada vez que la tierra que habían labrado empezaba a ser productiva? Pues esta lógica operó desde la fundación de la república y no es tan distinta del cimarronaje al que se vieron obligados los esclavizados y el destierro al que eran condenadas otras poblaciones que a los ojos de las élites no debían formar parte de su proyecto de nación.

Así, el conflicto armado en Colombia tiene otra “causa”: hay una diversidad que no se ha dejado expresar, hay un desconocimiento, invisibilización y exclusión del otro. Por ello no sólo es necesario resolver la inequidad extrema, sino también construir una nación, una “comunidad imaginada”, donde quepamos todos y podamos convivir con nuestras diferencias. Para este propósito es necesario, entonces, empezar a plantear la necesidad de la reparación a la par con el trabajo del duelo. Toda la cuestión del respeto al otro pasa también por la reparación, el perdón, y el recuerdo colectivo, que implica forjar una memoria justa y sancionar las responsabilidades, de forma que se impida la repetición de las prácticas que permiten la reproducción de la injusticia. Es necesario saldar cuentas con el pasado si queremos proyectarnos al futuro. Con todo, siempre surgirán antagonismos basados en las distintas interpretaciones del pasado. No es deseable terminar con las diferencias de leer el pasado, el presente y el futuro, pero sí el que esas diferencias puedan presentarse sin incurrir en prácticas como las que han ocasionado la injusticia y alimentado la violencia.

En fin, la utopía de la paz debería ensanchar el significado de la justicia, hacia una justicia social y cultural. Quizás la mesa de negociación de La Habana tenga un mayor margen de maniobra para acordar respuestas orientadas a la justicia social, pero la justicia cultural no por ello debería ser olvidada por quienes apuestan por construir una paz sustantiva. El reconocimiento del otro, el respeto de él o ella como igual y diferente, implica responder a las “causas” objetivas, subjetivas y culturales de la violencia. No se puede plantear el reconocimiento del otro sin tocar la desigualdad socioeconómica y mucho menos si sobre él se ejerce violencia física. Pero no se extinguirá la violencia y la desigualdad sin ese reconocimiento.

***

1La subversión en Colombia. El cambio social en la historia, 4ª Edición actualizada, Bogotá, Fica-Cepa, 2008, p. 24.
2Al respecto ver: Gutiérrez Sanín Francisco, "Inequidad y violencia política: una precisión sobre las cuentas y los cuentos", en Análisis político, 43 (2001); “Violence and Social Inequalities”, en LASA Forum, XL: 2-3 (2009).
3Civilización y violencia. La búsqueda de la identidad en la Colombia del siglo XIX, Bogotá, Norma, 2001.
4Jaime Arocha, “Consulta previa y racismo”. http://www.elespectador.com/opinion/columna-405616-consulta-previa-y-racismo

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