Sometimiento, negociación y construcción de paz. Reacciones frente al anuncio de un nuevo proceso

on Domingo, 12 Mayo 2013. Posted in Artículos, Edición 9, Marya Hinira Sáenz , TEOPOCO, Nacional, Conflicto armado, Medios de comunicación, Proceso de paz

9 teopocoEn esta entrega presentamos las configuraciones posicionales de los medios de comunicación nacionales de mayor circulación, regionales más representativos y algunos virtuales que emergieron desde la tercera semana de agosto hasta el 31 de septiembre del año pasado, en torno al proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.
 
Marya Hinira Sáenz
Fuente: www.cubadebate.cu
El Observatorio Posicional de Teopoco (Teoría Política Contemporánea)1 inicia con este artículo un análisis de las posiciones que distintos actores van tomando frente al proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Los artículos son el resultado de una revisión sistemática de los medios de comunicación nacionales de mayor circulación (El Espectador, El Tiempo, La República y Semana), regionales más representativos (El Colombiano, El Heraldo, El País y Vanguardia Liberal) y algunos virtuales (La Silla Vacía y Razón Pública). La identificación de cada uno de los actores, sus posiciones y las perspectivas políticas que les dan sustento, guía la escritura de los textos. En esta entrega, presentamos las configuraciones posicionales que emergieron desde la tercera semana de agosto hasta el 31 de septiembre del año pasado.

En la noche del 20 de febrero de 2002 el entonces presidente Andrés Pastrana dio por terminado el proceso de paz que venía desarrollándose con las FARC desde enero de 1999, el tercero después de las negociaciones llevadas a cabo en los gobiernos de Betancur y Gaviria. Al momento de la finalización no había ningún acuerdo concreto entre el Gobierno y el grupo guerrillero, y en cambio los diferentes actores del conflicto se fortalecieron militarmente y la perspectiva de paz se debilitó. El fracaso de la negociación fue canalizada políticamente por Álvaro Uribe, quien llegó a la presidencia en el 2002 y se mantuvo en ella hasta el 2010. Desde ese momento las posibilidades de terminar el conflicto armado por una vía política y negociada fueron sepultadas por la idea de la seguridad democrática, que sólo contemplaba la eliminación física de los enemigos del Estado o, en dado caso, la rendición y sometimiento de los que ahora sólo eran «terroristas».

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Cuando a finales del mes de agosto del año pasado el presidente Santos confirmó, después de rumores provenientes del expresidente Uribe y Telesur, que en los meses anteriores delegados del Gobierno habían llevado a cabo conversaciones exploratorias con delegados de las FARC en La Habana, el peso de las ideas que gobernaron al país desde el 2002 se hizo sentir. Pero también, el peso de quienes desde el mismo periodo de tiempo, e incluso antes, no dejaron de insistir en la necesidad de darle una salida negociada al conflicto que el país experimenta desde hace ya más de 50 años.   

Álvaro Uribe y quienes comparten su visión política del país se opusieron desde el principio a la posibilidad del inicio de un proceso entre el Gobierno y las FARC. Dos puntos sirvieron de fundamento a su oposición. El primero de ellos radica en lo que según su opinión fue una traición a la plataforma política con la que fue elegido Juan Manuel Santos, que se resumía en la continuidad de las banderas de los gobiernos de Uribe: seguridad democrática, inversión extranjera y cohesión social. A pesar de que es evidente que para Santos la seguridad (entendida como fortalecimiento militar), la inversión extranjera y el asistencialismo siguen siendo centrales en su modelo de país, aunque trate de disfrazarlo con un manto de progresismo. El segundo punto, que explica mejor esta lógica opositora, es la afirmación según la cual en Colombia no hay conflicto armado, sino «un desafío narcoterrorista contra la democracia y la población en general»2, como lo expresó el expresidente.

El fracaso de la negociación del Caguán y el fortalecimiento militar de las FARC y el Estado, fueron factores de peso para oponerse a la posibilidad de buscar una salida negociada al conflicto. La única opción válida en esta lógica sería un acuerdo entre el Gobierno y las guerrillas alrededor de la desmovilización, reinserción y entrega de armas, en resumen, del sometimiento a la justicia; otro tipo de acuerdo fortalecería a las FARC y les daría la legitimidad que no tienen. En ese sentido, criticaron que el presidente Santos haya decidido iniciar un proceso dejando de lado los «inamovibles» (renuncia al secuestro, las armas y el narcotráfico por parte de las FARC) que venían del gobierno de Uribe. Finalmente, no compartieron la participación de Venezuela y Cuba (vistos como auxiliadores y legitimadores de la guerrilla) como países garantes y acompañantes, cuestionaron la supuesta impunidad a la que se verían expuestas las víctimas del grupo guerrillero y la práctica política bajo la presión de las armas que, según su punto de vista, representaría la Marcha Patriótica, que de acuerdo con sus prejuicios es financiada y patrocinada por las FARC. La paz, afirman, no puede ser a cualquier precio y menos si ese precio es la seguridad. Como lo dice José Obdulio Gavia: «Desde una esforzada Seguridad sin "Paz", parte Colombia hacia una alegre "Paz" sin seguridad»3.

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En consecuencia, para ellos no había razón alguna para que políticas nacionales fuesen discutidas en la mesa, por lo que evidenciaron su desacuerdo con los puntos acordados en el «Acuerdo general para terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera».

Cabe aclarar que no todas las personas que se opusieron o mostraron escepticismo al anuncio de un proceso de paz son cercanas a las posiciones políticas del expresidente Uribe. Otras razones como la desconfianza por la manera como se dio a conocer la noticia, los intereses reeleccionistas del presidente Santos a los que podría responder el nuevo intento de negociación, la falta de voluntad de paz de las FARC o el inicio de conversaciones sin cese al fuego también justificaron posturas de oposición y escepticismo4.

Incluso algunos actores, como el escritor Héctor Abad Faciolince, que no desconocen la existencia de un conflicto armado, estaban en desacuerdo con negociar políticas nacionales. Para ellos, el diálogo es para terminar el conflicto armado, no para resolver los problemas políticos, sociales y económicos del país, que tienen que ser resueltos en el marco de los procedimientos que Colombia, como Estado democrático, tiene previstos5. De acuerdo con esta tesis, si el proceso termina con la desmovilización y reincorporación de los integrantes de las FARC a la sociedad civil y a la vida política, éstos podrán hacer parte de los debates para llevar a cabo los cambios que el país necesita.

Por otra parte, los actores que respaldaron los acercamientos y el anuncio de un nuevo diálogo, afirmaron que es necesario darle una salida negociada al conflicto, el cual, no es sólo armado, sino que por sus condiciones históricas de emergencia y desarrollo, también es político, y por lo tanto su solución sólo puede ser política. Afirmaron que a pesar del fracaso del proceso del Caguán, el país no puede abandonar la búsqueda de la solución del conflicto, lo que hay que hacer es aprender de los errores que entonces se cometieron6.

Para estos actores, adicionalmente, esta no debe ser una negociación cuyo único objetivo sea la terminación de la confrontación armada, sino una que permita superar las causas que dieron origen y continuidad al conflicto y que al día de hoy se mantienen. En consecuencia, los puntos de la agenda deben ser aquellos que permitan la superación de dichas condiciones. Sólo corrigiendo las causas históricas del conflicto puede darse por superado el conflicto mismo y al mismo tiempo avanzar hacia la paz. A estos puntos hay que agregar temas como el narcotráfico, que se mezcló desde hace varias décadas con el desarrollo del conflicto y el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.

El respaldo al anuncio también obedeció a una interpretación de la coyuntura nacional, regional e internacional, como la más adecuada para el inicio de un proceso de paz. En el ámbito nacional, hay dos posturas al respecto. Para la primera de ellas, representada, por ejemplo, por León Valencia y Antonio Navarro, después de cincuenta años de confrontación la guerrilla no pudo tomarse el poder por las armas ni el Estado pudo derrotarla por la vía militar, a pesar del fortalecimiento de las fuerzas armadas iniciado con el Plan Colombia. Como resultado, la guerra llegó a un punto de estancamiento en el que la única salida es la negociación7. La segunda postura sostuvo que debido al fortalecimiento militar a partir del Plan Colombia, y sobre todo a la implementación de la política de seguridad democrática durante los dos periodos de gobierno de Uribe, el Estado logró restarle capacidad militar a las FARC y las llevó a estar en una situación tal que el diálogo es una alternativa viable para dejar las armas. De conformidad con este análisis, en esta ocasión y a diferencia el Caguán, las FARC no llegan fortalecidas frente a un Estado debilitado; la relación se ha invertido y el Estado está en capacidad de poner las condiciones de la negociación. En los ámbitos regional e internacional, el respaldo a una solución negociada del conflicto y la pérdida de legitimidad de las FARC favorecerían las posibilidades del diálogo de llegar a buen término.

Finalmente, las FARC y el presidente Santos justificaron, cada uno por su lado, el proceso al que darían inicio. El grupo guerrillero afirmó que la salida negociada al conflicto siempre ha sido una bandera suya. Para él no se trataba de rendición ni entrega y, por el contrario, afirmaron tener un estatus de iguales a su contendor, el Estado. Buscaron el respaldo de la sociedad al proceso, llamando a «los de abajo»8 a manifestarse y asegurando que la llave de la paz le pertenece al pueblo colombiano; también de quienes afirmaban que las FARC pedirían cambios estructurales e imposibles, afirmando que aspirarían «tan sólo a lo que la oligarquía está dispuesta a conceder»9; y de quienes dudaba de la voluntad de las FARC, asegurando que la negociación terminaría con «un verdadero adiós a las armas»10. La conformación de su equipo negociador, con integrantes con peso político y militar dentro de su organización, respondió a la necesidad de dar un mensaje de unidad de grupo y despejar dudas frente a una posible división interna.

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El presidente Santos, por su parte, tuvo que ser mucho más precavido para lograr todo el apoyo posible a la negociación y ganarle terreno a la oposición liderada por el expresidente Uribe. Las afirmaciones del presidente en el sentido de que no repetiría los errores del pasado, mantendría las operaciones militares y la presencia militar en todo el territorio nacional, presentaría resultados en meses y no en años y que el objetivo sería la terminación del conflicto y no su prolongación respondían a esta necesidad. Del mismo modo, la conformación del equipo negociador del Gobierno buscó integrar al proceso y conseguir el apoyo de las élites económicas, políticas y militares. El mecanismo para lograr el respaldo de la sociedad civil fue presentar el modelo de gobierno como uno de carácter progresista, que ha abonado el camino para la resolución de los problemas del país. No resultó extraño, entonces, que las organizaciones y movimientos sociales que representan a la sociedad civil y que no hacen parte de ninguna de estas élites no tuvieran representación directa en la mesa.

Antes del inicio formal del proceso de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC, los distintos sectores políticos y de opinión del país habían sentado sus posiciones al respecto. Las experiencias pasadas y el modelo político de la seguridad democrática fueron determinantes en las posiciones de escepticismo y oposición. Por otra parte, el respaldo tuvo como base el convencimiento de que la salida del conflicto armado tiene que ser negociada, como primer paso para la construcción de paz. De cómo se desarrolle la negociación dependerá si las posiciones de los actores se mantienen o se transforman.

***

1El grupo de investigación pertenece a la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.
2http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-373637-ahora-uribe-no-le-gusta-participacion-de-generales-proceso-de-pa
3http://elheraldo.co/noticias/nacional/colombianos-conocen-primeros-detalles-sobre-como-sera-el-dialogo-de-paz-79844
4Columnistas como Germán Patiño, Alonso Sánchez Baute, Ernesto Macías Tovar  expresan estas posiciones.
5http://www.elespectador.com/opinion/columna-371749-bulla-y-paz
6Destacan en este grupo personas como Piedad Córdoba, Gloria Cuartas, miembros del Polo Democrático Alternativo, Absalón Machado, entre otros.
7http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/172345-estan-dadas-las-condiciones-para-la-paz-excombatientes

9http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-prometen-serias-sensatas-pragmaticas/265261-3
10http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/175044-la-paz-es-un-verdadero-adios-a-las-armas-dice-jefe-de-las-farc

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