Tierra y conflicto en Colombia

on Martes, 30 Abril 2013. Posted in Artículos, Edición 8, Zonas de reserva campesina, Conflicto agrario, Nacional, Camilo Salcedo , Conflicto armado

8 camiloLas tensiones y conflictos existentes alrededor de la tierra en Colombia no son nuevos y se pueden remitir a por lo menos los últimos cien años de nuestra historia. Su comprensión debe ir de la mano con saber el funcionamiento de los contextos sociales e historias locales y regionales, así como las formas de organización y conflicto que los diferentes grupos sociales en el campo han tenido en el tiempo.
 
Camilo Salcedo
Fuente: http://encuentroeconomiapropia.wordpress.com
Las tensiones y conflictos existentes alrededor de la tierra en Colombia no son nuevos y se pueden remitir a por lo menos los últimos cien años de nuestra historia. De igual forma, pueden comprenderse en la medida en que indaguemos sobre cómo éstos se han configurado en contextos locales y regionales (las oposiciones que “en el terreno” se presentan en torno a la tierra y el por qué existen y persisten). Es decir, se quiere resaltar que, además de existir, por ejemplo, conflictos alrededor del uso del suelo, tal como lo muestra el IGAC (con casi 40 millones de hectáreas en ganadería extensiva que deberían estar en 20 millones de hectáreas y 4 millones en agricultura que podrían estar en 15 millones), es importante entender que el conflicto por la tierra no se da, ni se entiende, solo remitiéndonos a esos datos.

Es decir, sin entender los contextos sociales e historias locales y regionales, así como las formas de organización y conflicto de los diferentes grupos sociales, es difícil poder visualizar soluciones para poder pensar otro país. Por lo tanto, existen diferentes formas de organización del trabajo, de distribución de la propiedad, de relaciones con el sistema financiero, con el comercio  (mediadores), el mercado (condiciones de comercialización) y por supuesto, el Estado, así como de significados culturales de la tierra y su trabajo para los grupos sociales existentes en el campo.

En los primeros años del siglo XX, las políticas de concesiones a extranjeros, militares, líderes y grandes propietarios regionales y las economías de plantación, generaron diferentes conflictos sociales con expresiones y ejes locales. Fueron representativos los conflictos por los baldíos (tierras públicas del Estado), el enfrentamiento por la explotación de los bosques y la necesidad de los señores de la tierra de mantener su mano de obra dominada frente a la escasez y necesidad de ésta por la expansión de las obras públicas, en la década de 1920. Diversos conflictos estallaron en los enclaves Bananeros de Santa Marta, en las fincas cafeteras de El Tequendama y Sumapaz, Cundinamarca, así como en El Espejuelo en Cauca, además de Roldanillo y Buga en el Valle.

Al mismo tiempo, la Corte Suprema de 1926, con el objetivo de frenar la expansión incontrolada sobre los baldíos, dictaminó que la única prueba de propiedad de la tierra era el título original, lo que fue un nuevo elemento para que las protestas campesinas tuvieran otro aliciente, debido a que el régimen de posesión sobre la tierra (y las relaciones de subordinación que esta implicaba) estaba siendo cuestionado en su base (el reconocimiento de la propiedad).

En el centro del país nacieron las ligas campesinas con orientaciones del Partido Comunista y la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR) de Jorge Eliecer Gaitán, de igual forma nació el Baluarte Rojo en la costa atlántica (Loma Grande, Canalete y Callejas en Montería). Frente a las presiones de las manifestaciones, la caída del régimen conservador y la llegada de gobiernos liberales, se dio “curso” a las protestas campesinas bajo las leyes 77 de 1931 y la famosa ley 200 de 1933 que estipula la “función social de la propiedad”; con ésta, algunas concesiones fueron dadas a los campesinos. Se parcelaron algunas de las grandes propiedades entre los ocupantes y se concedieron baldíos donde se formaron “colonias agrícolas”, un importante antecedente de lo que hoy se conocen como las Zonas de Reserva Campesina.

Frente a lo anterior, un importante sector de los terratenientes constituyó la “Asociación Patriótica Económica Nacional” (APEN), para perseguir y expulsar a los arrendatarios y aparceros. Un buen número de campesinos empezaron a migrar hacia las ciudades (por la violencia y por el crecimiento de las obras públicas que venía desde los años 1920), otros campesinos se adecuaron a las nuevas formas de dominación en el campo y otros empezaron a colonizar nuevas tierras.  

Sin embargo, no es hasta el periodo de La Violencia (1948-1957) que se comienza una persecución masiva y sistemática en las regiones, donde hacía presencia desde hace años, tanto las Ligas campesinas como el Baluarte Rojo (con los llamados “pájaros”). En estas regiones se desplazaron masivamente comunidades campesinas: unos engrosaron los cinturones de pobreza de las grandes y medianas ciudades y otros a ampliar la frontera agraria (donde es representativo el caso de los campesinos desplazados hacia la región de la Macarena en Meta, y para el piedemonte caqueteño). Igualmente, dentro de estos procesos se desarrollaron resistencias armadas, ya sea apoyando y protegiendo el desplazamiento de las comunidades (las Columna de Marcha que expone Alfredo Molano), como de comunidades ya existentes y que forman Autodefensas (sur de Tolima).

Así, para el final del periodo de La Violencia, que terminó con el pacto entre las elites liberales y conservadoras del Pacto Nacional, la frontera agrícola se expandió junto con la colonización (las poblaciones en estas zonas aumentó según Uribe López 87,5% entre 1951 y 1957). Igualmente, el conflicto por la tierra posibilitó que en algunas regiones, el terrateniente tradicional se articulara con modos de producción capitalistas, lo que coincidió en Colombia, con el momento en que el Estado empezaba a implementar el modelo de sustitución de importaciones y revolución verde.

Los primeros gobiernos del Frente Nacional de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) y Guillermo León Valencia (1962-1966), tuvieron como prioridad construir una primera ley de reforma agraria que estabilizara la cuestión agraria para restablecer la paz y reconstruir el poder de los bloques dominantes de poder dentro del Estado. Posteriormente, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), el centro fue dado en los aspectos sociales y económicos de la reforma.   

Así, ante las dificultades de distribuir la tierra, sin la existencia de una organización de base, el Gobierno de Carlos Lleras creó por medio de decreto presidencial a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), a finales de la década de 1960. En los primeros años de 1970 logró tener casi un millón de afiliados y se basó en tres frentes principales como fueron: 1) el esfuerzo por conseguir tierra; 2) la defensa de los colonos (muchos de los cuales salieron desplazados en la década de 1950) y 3) la protección de los pequeños propietarios. La ANUC estuvo conformada principalmente por pequeños y medianos propietarios, medieros y trabajadores agrícolas.

Sin embargo, la ANUC creció y se separó cada vez más de las directrices del Estado. Se desencadenaron innumerables recuperaciones de tierras en todo del territorio nacional y el gobierno perdió su control. El gobierno de Misael Pastrana no sabía qué hacer y se remitió a la represión y a la firma del Pacto de Chicoral, que reemplazó la reforma agraria por programas de desarrollo rural y apoyo a la colonización de tierras. Igualmente, las tensiones dentro de la ANUC no se pudieron solucionar y con el empujón del Gobierno Nacional se separó en dos líneas (Sincelejo y Armenia), diluyéndose posteriormente en múltiples organizaciones.

A finales de 1970 y 1980, ante el destello de la ANUC, fueron implementados programas de desarrollo Rural como el DRI, el cual intentó articular al campesino al mercado, generando en casos grados de acumulación (Cuaderno Campesinado PNUD, 2012) y claro, en otros campesinos quebrados, de igual forma estos programas solo se tuvieron en cuenta a los propietarios, excluyendo a otros sectores sociales importantes en el campo (los no propietarios o sin legalización de sus títulos). En los años 1980, se creó el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), que tuvo un enfoque más regional y logró en medio de negociaciones con las guerrillas de las FARC y el M-19, mejorar la infraestructura y el acceso a tierras a campesinos en algunas regiones del país.

Finalmente, podrían plantearse por lo menos cinco líneas para comprender parte de la actual situación de la tierra en Colombia y que se derivan de cuestiones cimentadas en la década de 1990 en el país, como fueron: 1) la creación de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) después de los paros campesinos de 1996, los cuales tuvieron dentro de sus consignas la reglamentación de la ley 160 de 1994 y constitución de ZRC concretas1; 2) la protección constitucional de los resguardos indígenas y los territorios afrocolombianos; 3) la ola de violencia paramilitar, teniendo como zona de mayor impacto el norte del país (y como ejes Córdoba y Urabá) que desplazó masivamente a poblaciones rurales y se expandió hacia otros departamentos (como Meta); 4) la apertura económica que imposibilitó que algunos de los productos comerciales pudieran seguir cultivándose; y 5) el incremento de los conflictos sobre el uso del suelo, donde tierras usadas tradicionalmente para cultivos o para conservación pasan a ser usadas como territorios mineros, petroleros o de producción de energía, modificando sus configuraciones sociales y productivas.

***

1Entre los años de 1997 e 2002 se crearon seis “Zonas de Reserva Campesina” (ZRC) en: Cabrera (Cundinamarca), El Pato- Balsillas (Caquetá), Calamar (Guaviare), Bajo Cuembí y Comandante (Puerto Asís-Putumayo), Arenal y Morales (Sur de Bolívar) y Valle del Río Cimitarra (Nordeste antioqueño y Sur de Bolívar).

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