Un nuevo acuerdo y unos nuevos desacuerdos: ¿Cambiarán reglas de la restitución?

on Miércoles, 14 Diciembre 2016. Posted in Artículos, Edición 95, Laura Gabriela Gutiérrez , Restitución de tierras , Acuerdos de la Habana, Nacional, Desarrollo rural

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Las discusiones jurídicas y conflictos sociales que han arriado –literalmente- personajes como J. Felx Lafaurie, María Fernanda Cabal y Alejandro Ordóñez en el último año, han tenido como centro la modificación de esta regla de la restitución que dejaría en la absoluta impunidad los procesos de aprovechamiento económico del conflicto armado.

 

Laura Gabriela Gutiérrez
Fuente de la imagen: http://www.elpais.com.co/

De acuerdo con las adiciones hechas al texto del Acuerdo Final, por sugerencia de los voceros del No más interesados en los asuntos rurales, las partes reconocen que “(…) actualmente existen distintas situaciones que afectan la seguridad jurídica sobre la tenencia o la propiedad de la tierra en Colombia [y por lo tanto] el Gobierno conformará un grupo de 3 expertos/as en el tema de tierras que en un plazo no mayor a 3 meses haga recomendaciones de reformas normativas y de política pública [para] regularizar los derechos de propiedad de los propietarios, ocupantes y poseedores de buena fe, siempre que no haya despojo o mala fe”. Veamos con lupa lo que se desprende de este fragmento del Acuerdo y su eventual impacto en la restitución.

Sea lo primero aclarar cuáles son las posibles “situaciones” que están afectando la seguridad jurídica de la propiedad rural en Colombia. Si bien la comisión de expertos -porque vale la pena predecir que no incluirán a ninguna mujer-, puede identificar otras tantas, por ahora es posible poner a consideración tres de ellas: i. El conflicto armado; ii. La Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios que permiten la expropiación de tierras incultas u ociosas, así como el procedimiento de recuperación de baldíos que le permite al Estado reapropiarse de predios de la nación que han sido indebidamente ocupados; y iii. La Ley 1448 de 2011 que en su componente de restitución de tierras ‘sanciona’ a los propietarios, poseedores u ocupantes actuales de predios solicitados, que no demuestren buena fe exenta de culpa con la pérdida de dicho predio y la imposibilidad de acceder a una compensación.

El conflicto armado es sin duda la única “situación”, de las tres mencionadas, que puede ser entendida como elemento contextual de hecho y no normativo, que tiene la capacidad, aún actualmente, de afectar la seguridad de los derechos sobre la tierra. No obstante, y aunque se podrían hacer más recomendaciones, es un elemento sobre el cual el Gobierno, las guerrillas y una importante porción de la sociedad han hecho grandes esfuerzos por eliminar del panorama. Por ahora es difícil imaginar qué modificaciones legales y de política harían falta, además de la restitución de tierras, del programa de formalización de la Agencia Nacional de Tierras, de ciertas garantías del Acuerdo Final, de la eventual negociación con el ELN y del ataque frontal a reductos de grupos armados al margen de la ley, para lograr la terminación del conflicto armado y sus afectaciones a la seguridad de los derechos sobre la tierra. Quizás volver la mirada al olvidado, pero vigente, programa de protección de tierras sería una de las opciones de los expertos, pero francamente no requeriría de reformas normativas tan estructurales como para ser contenidas en un acuerdo de paz.

Quedan entonces las otras dos “situaciones” o leyes, que dicho sea de paso, en una discusión decente no serían consideradas elementos que afectan la seguridad de los derechos, pues en términos objetivos, han sido creadas justamente para protegerlos del conflicto armado (restitución) y del latifundio voraz (Ley 160)i. Sin embargo, en un fácil esfuerzo por entender la psiquis del No latifundista que logró grandes y silenciosas victorias en este nuevo Acuerdo, es claro que estos son elementos que atentan contra sus seguridades, alimentadas en muchos casos a punta de guerra y desplazamiento forzado.

Preocupa particularmente la intención de regularizar derechos de propiedad de propietarios, ocupantes y poseedores que no hayan despojado, que sean de buena fe y que no sean de mala fe. ¿Por qué? Porque la ley de restitución de tierras no contempló ningún tipo de investigación o responsabilidad penal para quienes se aprovecharon del conflicto -adquiriendo u ocupando predios de víctimas- aunque estos no sean despojadores directos. Pero en una intención clara de corregir la tendencia de terceros a este aprovechamiento, estableció un estándar probatorio alto para acceder a compensaciones cuando se deba restituir el predio a una víctima reclamante y ese predio esté siendo utilizado actualmente por otra persona. Este estándar es conocido como buena fe exenta de culpa, se desarrolla en la jurisprudencia civil ordinaria y se diferencia de la buena fe –a secas, como la del Acuerdo- porque la primera se demuestra cuando la persona ha ejercido una serie de actividades verificables, tendientes a comprobar que se estaba adquiriendo un predio en condiciones óptimas y producto de un acuerdo de voluntades no viciadas. En cambio, el segundo tipo de buena fe, es la simple “conciencia” subjetiva de haber actuado conforme a la ley y presumible frente a todos los ciudadanos de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Política. La diferencia no es menor, es justamente la distancia entre el pensar y el hacer.

En resumen, en el proceso de restitución, si el actual explotador del predio no demuestra que verificó por todos los medios la transparencia del negocio y la ausencia de algún impacto del conflicto armado en el mismo, este tendrá que irse con las manos vacías. De lo contrario, o en los casos de campesinos vulnerables que no tuvieron más opción que ocupar dicho predio, habrá lugar a compensaciones o medidas complementarias, según el caso y el criterio del juez especializado.

En este estado de cosas, bien podría la comisión de expertos sugerir que esta regla dada en el marco de la justicia transicional atenta contra la seguridad de los derechos de dichos terceros y que por lo tanto, la Ley 1448 de 2011 debería ser modificada y establecer un estándar de buena fe simple, para acceder a compensaciones o incluso para quedarse con el predio y que el reclamante sea compensado con uno equivalente. Esta no es una conclusión sacada de la nada. Las discusiones jurídicas y conflictos sociales que han arriado –literalmente- personajes como J. Felix Lafaurie, María Fernanda Cabal y Alejandro Ordóñez en el último año, han tenido como centro la modificación de esta regla de la restitución que dejaría en la absoluta impunidad los procesos de aprovechamiento económico del conflicto armado. Puede que me equivoque, y que el programa de regularización de derechos beneficie a campesinos vulnerables y sin tierras sin afectar la restitución, pero dos cosas me hacen pensar que esto no es así: i. Los campesinos carentes de tierras no han luchado históricamente para que les legalicen predios de reclamantes, como sí lo han hecho para acceder a programas de dotación de tierras, y ii. No creo en la “conciencia de actuar conforme a la ley” del destituido Ordóñez y del, cuanto menos, imprudente, descuidado e inhábil manejador de parafiscales Lafaurie.

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iPor asuntos de espacio y porque las modificaciones a la Ley 160 de 1994 pueden ser tratadas de manera separada, estas serán abordadas en la siguiente y última columna de esta secuencia sobre el Acuerdo Final.

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