¿Una paz de corto plazo y de corto alcance?

on Domingo, 30 Junio 2013. Posted in Artículos, Edición 12, Nacional, Régis Bar, Proceso de paz

12 RegisSi bien el cambio de discurso y de enfoque del gobierno actual ha permitido el establecimiento de condiciones favorables a las negociaciones con la guerrilla, abriendo una seria posibilidad de terminar oficialmente el conflicto armado, cabe preguntarse si estamos realmente ad portas de una verdadera transición hacia la paz en Colombia como lo pretenden las autoridades. Un elemento clave para intentar contestar esta pregunta es la situación general de los derechos humanos en el país.
 
Régis Bar
Fuente: http://questiondigital.com
Los debates en torno a la posibilidad de un acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional, así como las discusiones que giran al torno de las diferentes concepciones de la paz, ocupan desde hace ya casi un año el espacio público nacional. La exposición mediática del diálogo oficial entre la guerrilla y el Estado ha permitido poner de relieve las actuaciones del presidente Santos y de su gobierno desde su posesión, con respecto a su concepción de la paz y del camino que hay que seguir para llegar a ella así como el modelo de país que se quiere promover.

Si se considera que el fin del conflicto armado no es por sí mismo sinónimo de paz verdadera en Colombia, cabe preguntarse entonces si las políticas del gobierno de Santos conducen a una simple desmovilización de la guerrilla o van más allá al llevar a cabo transformaciones estructurales que permitirían la puesta en marcha de condiciones favorables para una paz basada en una voluntad de justicia, entendida en el sentido amplio de la palabra, y consecuentemente duradera. Paralelamente, es preciso analizar ciertas tendencias actuales que atraviesan el país, especialmente respecto a la situación de los derechos humanos, y preguntarse si éstas se inscriben en el camino de una paz de largo plazo y de largo alcance.

Una cosa que se le atribuye de manera casi unánime al proceso de negociación es la seriedad con la cual se ha llevado a cabo. Una prueba de eso es la confidencialidad que acompañó los acercamientos y las conversaciones exploratorias entre las dos partes, que ni siquiera se vieron afectadas con la muerte del máximo comandante de la guerrilla, Alfonso Cano. La noticia de los diálogos oficiales de paz fue hecha pública una vez que se concretó el acuerdo marco para la fase de negociación, acuerdo que gira en torno a cinco puntos claves y que determina de manera estricta lo que se va a discutir y la manera cómo se hará. De la misma forma, la composición de la delegación del gobierno en la mesa de negociaciones responde a la voluntad de contar con experiencia y ser eficaces en el desarrollo de los diálogos, así como de garantizar a la opinión pública (o por lo menos a una parte de ella) y al establecimiento que el país no estará expuesto a ningún riesgo durante el proceso. Se pretende entonces haber aprendido de los errores pasados al determinar unas condiciones sine qua non para el inicio de la fase de negociación, como por ejemplo el hecho que no habrá ni despeje ni cese al fuego, o que la mesa de negociación tendrá lugar fuera del país.

Más allá de la determinación de un marco para las negociaciones con la guerrilla, el gobierno de Santos ha tomado, desde el principio de su periodo presidencial, medidas para « construir » un ambiente favorable a estas negociaciones dentro de la sociedad colombiana y dar garantías a las partes beligerantes, es decir a la guerrilla y a las fuerzas de seguridad. Primero que todo, Santos ha mostrado desde el inicio de su mandato una voluntad de acabar con el tono guerrerista y polarizador de su predecesor Uribe Vélez, haciendo uso de un discurso más conciliador y más respetuoso de los derechos humanos. Esto se ha traducido, por un lado, en la puesta en marcha de la Unidad Nacional, para garantizar desde el interior un apoyo ultra mayoritario a las políticas del gobierno, y por el otro, en el acercamiento a los países vecinos, especialmente a Venezuela, para tener desde el exterior un apoyo al proceso de paz, al desarme y la integración a la vida política de las FARC.

El cambio de enfoque por parte de Santos tuvo que pasar por el reconocimiento, altamente simbólico, de la existencia de un conflicto armado interno, en clara distinción con su predecesor que sólo hablaba de "amenaza terrorista" al referirse a las guerrillas. Este reconocimiento tiene por efecto el otorgar a las FARC un estatuto que hace posible conversar con ellas, permitiendo al mismo tiempo pensar que hay razones históricas y problemas estructurales que pueden explicar el conflicto. Paralelamente, el gobierno ha creado instrumentos legislativos que podrían representar una cierta « seguridad jurídica » a las distintas partes involucradas a lo largo del conflicto armado, como por ejemplo el fuero militar y el marco legal para la paz.

Si bien el cambio de discurso y de enfoque del gobierno actual ha permitido el establecimiento de condiciones favorables a las negociaciones con la guerrilla, abriendo una  seria posibilidad de terminar oficialmente el conflicto armado, cabe preguntarse si estamos realmente ad portas de una verdadera transición hacia la paz en Colombia como lo pretenden las autoridades. Un elemento clave para intentar contestar esta pregunta es la situación general de los derechos humanos en el país. En este sentido cabe constatar que las violaciones a los derechos humanos siguen siendo masivas, como lo demuestran regularmente las cifras. Sólo en el año 2012 fueron desplazadas forzadamente más de 250.000 personas (según la ONG Codhes), mientras que decenas y decenas de indígenas, afrodescendientes, defensores de los derechos humanos, reclamantes de tierras y sindicalistas, entre otros, fueron asesinados. Esto quiere decir que oponerse a los intereses « ocultos » de los poderosos así como defender sus propios derechos o los de los demás sigue presentando un alto riesgo, hasta para sus propias vidas. Al respecto, podemos decir, sin detenernos en el problema, que hasta que no haya un sistema de protección eficaz e integral para los activistas e investigaciones sistemáticas con condenas en esos casos, no se podrá hablar de transición pues las actuaciones de los victimarios permanecerán en la impunidad.

Una de las razones de la perpetuación de este panorama oscuro de los derechos humanos es justamente la persistencia en casi todo el país de las estructuras paramilitares, que pone en entredicho las afirmaciones de las autoridades según las cuales el fenómeno del paramilitarismo fue superado a través del proceso de desmovilización llevado a cabo en el 2005, con la mal llamada Ley de Justicia y Paz. Esta supuesta desmovilización no ha permitido ni romper los enlaces criminales entre los grupos paramilitares y sus patrocinadores, financiadores y colaboradores en el mundo legal, ni reintegrar a los combatientes de las AUC, muchos de ellos ya incorporados en nuevos grupos paramilitares que el gobierno denomina artificialmente bacrim. De hecho, estamos frente a un proceso de consolidación y de expansión de estos grupos neo-paramilitares, que cometen los mismos ataques en contra de las mismas víctimas de siempre, mientras que se conforman autodenominados « ejércitos anti-restitución » a lo largo y ancho del país. De esta manera, la presencia en los territorios de grupos paramilitares, siempre ligados a todo tipo de intereses económicos, constituye una amenaza evidente a la posibilidad de una vida en paz para las poblaciones.

Si el camino hacia la paz pasa lógicamente por la desmovilización de las guerrillas, también requiere de una cierta evolución dentro de sus opositores directos, es decir las fuerzas militares. La doctrina contrainsurgente y su principio de considerar a la población civil como parte del conflicto sigue vigente y es poco probable que se transforme de un día para otro cuando se firme el acuerdo con las FARC. La desgraciadamente famosa práctica de los « falsos positivos » todavía no ha desaparecido, aunque parece menos frecuente que en años anteriores, y queda por esclarecer cuáles han sido los máximos responsables de esta conducta, para saber en qué medida ha sido una política de Estado. Por otra parte, se puede observar desde hace unos años una verdadera campaña política por parte de los dignatarios militares que denuncian una supuesta « guerra jurídica » en contra de ellos y no dudan en criticar en tono vehemente cualquier proceso penal que involucre a uno de ellos. Esta posición de los militares es muy peligrosa pues da a entender que existen enemigos más allá de los campos de batalla, en las distintas esferas de la sociedad, y tiene tanto eco dentro del poder que ha llevado a la polémica reforma del fuero militar.

Esta importante reforma constitucional representa un motivo de gran preocupación, dado el histórico de impunidad casi absoluta que ha caracterizado los tribunales militares, y va totalmente en contra de las normas internacionales relativas a los derechos de las víctimas. No solamente incluye dentro de la justicia penal militar varios tipos de crímenes importantes, sino que también da un mayor control a los militares de las fases preliminares de las investigaciones, permitiendo una mayor manipulación de las escenas de crimen. Muchos observadores han señalado lo paradójico de diseñar un tal instrumento de reglamentación de las conductas de guerra cuando se supone que el país se está acercando hacia el final del conflicto, pero esto podría significar que para los militares, y una parte del establecimiento, la "guerra" va más allá de la lucha  contra la insurgencia armada y está dirigida en contra de una supuesta "subversión", es decir algo que no está bien definido pero que puede manifestarse en cualquier sector de la sociedad y amenazarla en cualquier momento.

Para llevar a cabo un proceso transicional hacia una sociedad en paz, es indispensable el respeto de las normas internacionales en relación con los derechos de las víctimas, tanto en materia de verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición. En este sentido, el gobierno de Santos elaboró una ley que fue presentada como bandera de su política en derechos humanos, la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (Ley 1448). Si bien la existencia de esta ley representa un avance, también es cierto que contiene serias deficiencias puesto que excluye un número importante de víctimas y ofrece para otras reparaciones a medias. Tal es el caso de las víctimas de abusos contra los derechos humanos cometidos antes de 1985 quienes sólo pueden obtener una reparación simbólica, así como las víctimas de los abusos cometidos entre 1985 y 1991, quienes sólo tienen derecho a una compensación económica y no a la restitución de tierras. Es más, las víctimas de las llamadas bacrim, es decir las víctimas de los grupos neo-paramilitares surgidos después del proceso de desmovilización del año 2005, no pueden acogerse a la ley puesto que las bacrim no son consideradas oficialmente como partes del conflicto armado. Adicionalmente, esta ley minimiza el papel histórico del Estado en las violaciones a los derechos humanos, exige muchos requisitos difíciles de cumplir para obtener el reconocimiento oficial como víctima y podría, en numerosos casos, legitimar el despojo de tierras al reconocer de facto su titularidad.

Paralelamente, el gobierno elaboró un instrumento jurídico concebido para facilitar el final del conflicto armado, que es el marco legal para la paz. Básicamente, este instrumento consiste en mecanismos no judiciales de investigación sobre las violaciones a los derechos humanos y en reparaciones de tipo administrativo. Este marco entregará al Congreso el poder de decidir la renuncia a la persecución penal y también la suspensión de la ejecución de la pena. Cabe resaltar que este marco no solamente se puede aplicar a la guerrilla sino a todos los actores armados del conflicto y en consecuencia podría representar un instrumento legal de administración de impunidad generalizada.

Desde la posesión de Santos como presidente, se ha escrito mucho sobre las diferencias entre él y su predecesor y las confrontaciones que los dos protagonizan. Es cierto que Santos y Uribe pertenecen y representan a élites distintas, como también es verdad que tienen una personalidad y una manera de ejercer el poder que los diferencian. Sin embargo, es muy probable que cuando Santos haya dejado la presidencia, su o sus mandatos podrán ser considerados no como una ruptura con su antecesor sino más bien como una etapa siguiente hacia la imposición de un modelo de sociedad neoliberal fundamentado en el sometimiento de la población, ahora inscrito plenamente en el sistema de globalización. En relación con esto, hay que reconocer que el camino hacia la paz no puede consistir en una estrategia de poder basada en una transición artificial del país destinada en buena medida a atraer las inversiones extranjeras, sino que requiere de una verdadera voluntad y valentía política para presentar el país tal como está y poner en marcha los grandes cambios que se necesitan. De la misma manera, es necesario tener en mente que no podrá haber paz en Colombia mientras la situación de los derechos humanos siga siendo dramática, se olvide a las víctimas y se persista en una impunidad generalizada. En fin, es posible que Santos quede en la Historia como el presidente que puso fin al conflicto armado interno con la guerrilla, pero es muy poco probable que sea recordado como el hombre que trajo la paz a Colombia.

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