Vuelve la sequía en La Guajira

on Martes, 14 Febrero 2017. Posted in Artículos, Edición 99, Marcela Rodríguez Guzmán, Guajira, Cambio climático, Ambientalismo, Nacional

99 1 Marcela

La realidad difícilmente puede ser reducida a las normas, sobre todo porque avanza a pasos agigantados, que hacen aun más evidente la mora de la burocracia. Por esto las comunidades han insistido en que en épocas de sequía lo más sensato que podrían hacer la Empresa y el Estado es abstenerse de operar. Incluso el Presidente Santos ha sido requerido para decretar un estado de excepción en la Guajira. Es hora de asumir su responsabilidad política en la contribución al acelerado calentamiento de nuestro Planeta.

 

Marcela Rodríguez Guzmán
Fuente de la imagen: http://www.radiosantafe.com/

La inclemencia del sol de los últimos días en Bogotá, es solamente el abrebocas de lo que puede ser la temporada de sequías en todo Colombia; en particular, para departamentos como la Guajira, en donde gran parte del territorio es un bosque seco y se encuentra en proceso de desertificación. Las comunidades que aun permanecen en estos territorios deben soportar condiciones extremas de ausencia de agua, secamiento de pozos, arroyos y del mismo río Ranchería, otrora el afluente más importante del Departamento.

Desde diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- CIDH otorgó medidas cautelares para la protección de los niños del pueblo indígena Wayuú en la Guajira. La grave crisis humanitaria, en las que la desnutrición y falta de agua habrían cobrado la vida de al menos 4.770 niños durante los últimos ocho años, fue la razón para que el organismo internacional interviniera y ordenara al Estado Colombiano proteger al pueblo indígena del riesgo de extinción. La crisis también ha sido constatada por diferentes entidades del Estado y ampliamente cubierta por los sensacionalistas medios de comunicación.

A pesar de la atención que el pueblo indígena estaría recibiendo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, entre otras entidades del Estado, la crisis continúa, ¿por qué?

Las comunidades y organizaciones sociales han dejado en evidencia que, más allá de los mercados y el asistencialismo, el problema de desnutrición en la Guajira es que el pueblo indígena no puede disfrutar de su territorio (cultivar y pastorear) en condiciones dignas, porque sus aguas están siendo destinadas para otras actividades, que no son el consumo humano y doméstico.

En mi artículo anterior, en donde expuse las razones por las que resultaba inviable desviar el Arroyo Bruno, denuncié que el río Ranchería viene siendo afectado desde su cuenca alta, en donde se ubica la represa “El Cercado” que no cumple con ninguno de los propósitos para los que fue construida y que, al contrario, afecta la disponibilidad, calidad, hidrobiología y volúmenes de aguas que son usadas por varios pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. El proyecto represa 198 millones de metros cúbicos de agua, que agudizan la situación de disponibilidad de aguas para las comunidades más vulnerables de la Guajira.

A pesar de la imperiosa necesidad de que éstas aguas fluyan y puedan ser usadas por el pueblo indígena, la justicia ha considerado que se requieren estudios técnicos para ordenar tal acción. De esta manera supedita la garantía inmediata de los derechos fundamentales a las pruebas técnicas que, con parsimonia, realizarían los funcionarios de las entidades ambientales.

Además del represamiento de las aguas del Ranchería en la Sierra Nevada, Carbones del Cerrejón cuenta con permisos exorbitantes sobre el uso de las aguas para la extracción de carbón en más de 12 mil Ha de tierras, territorios ancestrales del pueblo Wayuu y comunidades afro descendientes.

Dada la gravedad de la situación, la evidente desigualdad en las condiciones de vida del pueblo indígena y la operación de la mina, la Empresa ha afirmado que solamente hacen uso del 16% de las aguas de calidad permitidas por Corpoguajira y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), sin nunca aportar datos certeros sobre la cantidad de agua usada1. Tal afirmación –lejos de ser un buen gesto de la Empresa- es escandalosa por la cantidad de aguas que se captan, y además deja ver la desproporción que existe entre los volúmenes realmente requeridos y los que las autoridades permiten.

Entonces una se pregunta: ¿qué tipo de estudios ambientales realizaron para que exista un desfase de más del 84% en las captaciones del Cerrejón? Si esto ocurre en relación con el proyecto minero de carbón más grande Latinoamérica, ¿podrían imaginar los términos de las miles de licencias exprés que existen en el país? Entonces podremos concluir que la gestión del agua en este contexto de crisis climática dependerá de la buena voluntad de las empresas extractivas, porque nuestras autoridades ambientales consideran que pueden gastar hasta cuatro veces más de lo que en realidad requieren.

Con seguridad, la consecución de estos permisos ambientales está directamente relacionada con la administración burocrática, politizada y poco preparada de la ANLA y las Corporaciones Autónomas Regionales. Sin embargo, la crisis climática por la que atraviesa el Planeta y la vida de las nuevas generaciones del pueblo Wayuú, no resisten más esta flemática administración ambiental.

Ahora bien, la empresa misma afirma que el 90% de las aguas que se utilizan dentro de la explotación están destinadas a la lubricación de las vías y la mitigación del polvillo, que en ocasiones es una tarea que asumen las aguas lluvias. Por esto, las épocas de sequía como la que estamos atravesando es uno de los momentos en los que más se demanda el uso de las aguas. También se ha dicho que las aguas son salinas, no aptas para ser consumidas por humanos u otros animales. Sin embargo, varios geólogos coinciden en que son aguas naturales, hacen parte del ciclo hidrológico de la cuenca del Río Ranchería y su flujo es sumamente importante para los acuíferos que recargan el río.

Todo este panorama indica una vez más que las normas en nuestro país están lejos de llegar a materializar la justicia ambiental que el mundo demanda en este momento. Incluso, si admitiéramos que estos permisos ambientales tuvieron algún sentido cuando había disponibilidad de agua, es evidente que en medio de esta crisis ambiental sostenerlos es profundizar el genocidio del pueblo Wayuu.

La realidad difícilmente puede ser reducida a las normas, sobre todo porque avanza a pasos agigantados, que hacen aun más evidente la mora de la burocracia. Por esto las comunidades han insistido en que en épocas de sequía lo más sensato que podrían hacer la Empresa y el Estado es abstenerse de operar. Incluso el Presidente Santos ha sido requerido para decretar un estado de excepción en la Guajira. Es hora de asumir su responsabilidad política en la contribución al acelerado calentamiento de nuestro Planeta.

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1El Espectador. Cerrejón y el agua. 5 de mayo de 2015. Ver en: http://www.elespectador.com/opinion/cerrejon-y-el-agua

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