Tumaco: Una masacre que nos interpela

Esclarecer la verdad de lo acontecido es una exigencia de la familia de Aldemar y de la comunidad en Tumaco, así como la de precisar los responsables. La masacre en Tumaco también exige el cumplimiento efectivo del punto cuatro del Acuerdo Final, lo cual implica, además del cumplimiento de las medidas de atención inmediata allí en donde se han suscrito acuerdos de sustitución, no perder de vista la relación entre el punto cuatro de solución al problema de drogas de uso ilícito y el punto uno sobre reforma rural integral, así como la primacía de la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada.

La implementación de los Acuerdos de Paz y los límites de la descentralización territorial

Tampoco se han alcanzado los resultados esperados con relación al segundo gran objetivo de la descentralización: el mejoramiento de la calidad de la democracia local en sus dimensiones representativa, participativa y directa. Aunque efectivamente hay algunos avances en el acceso de fuerzas políticas renovadoras a algunas gobernaciones y alcaldías, el cambio es mínimo.

Posibilidades y límites del Acuerdo de Paz frente al tema de drogas ilícitas

A pesar de las limitaciones, no sólo en términos de la lucha antidroga sino de otros temas gruesos como la RRI, la importancia de los Acuerdos de La Habana radica en ser una contribución para el desate de la potencia transformadora y la generación de condiciones para que las luchas de una organización social y popular entren en el campo de disputa de estos y otros temas nacionales.

Circunscripciones de Paz: ¿existirá una vía entre el neoclientelismo y el neoleninismo?

La situación inédita creada por la definición de regiones de atención prioritaria, definidas como circunscripciones de paz, podría ser una oportunidad para la experimentación de nuevos modelos participativos y democráticos de planeación y de gobierno. Sin embargo, el contexto social y político tanto nacional como internacional, que parece oscilar entre neoclientelismo y neoleninismo, no pinta muy favorable a un reforzamiento de la cultura democrática.

Lo nacional-popular y la paz

Pero lo más importante, es que dicha construcción de paz pasa necesariamente por la construcción de un amplio consenso social y político, nacional y regional, sin el cual sus posibilidades reales de implementación se verían truncas y sometidas a la amenaza continua de ser reversadas por coaliciones políticas enemigas del proceso, como el uribismo, el vargasllerismo, los generales en retiro agrupados en Acore, grupos empresariales e incluso instituciones del propio Estado como la Fiscalía General de la Nación en cabeza de su director, Néstor Humberto Martínez.

Costumbres políticas, acogida e inclusión: Los retos del posconflicto en Colombia

El sujeto es lo que es a través de complejas tramas intersubjetivas y los espejos que nos muestran de manera fragmentada todo lo que hemos sido, somos o podremos llegar a ser, también nos configuran como hijos e hijas del conflicto, figuras que desde el punto de vista de la educación política deberemos saber tornear, moldear, afinar, en una etapa de posconflicto.

Fortalecer la JEP, exigir su cumplimiento, materializar el acuerdo

Los incumplimientos al Acuerdo buscan generar tensiones al interior de la insurgencia, romper su cohesión y reventar el proceso; también desincentivar el apoyo de la sociedad civil a lo ya alcanzado. En ese contexto, debilitar aún más la JEP, tachándola como un escenario ilegítimo de impunidad estatal, además de injusto, no parece ser lo más pertinente, adecuado ni oportuno. Al contrario, el proceso debe ser rodeado, fortalecido y rescatado de quienes pretenden vituperarlo.

Implementación del Acuerdo de Paz y Gobierno de Transición: apuestas y necesidades para el año que empieza

La experiencia internacional demuestra cómo la etapa más compleja y peligrosa de un proceso de paz es su implementación. De allí entonces la necesidad de asegurar la conformación de un Gobierno de Transición que permita consolidar el Acuerdo para la Terminación del Conflicto Armado; para a partir de allí, construir las condiciones que materialicen el desarrollo de una Paz Estable y Duradera; hacia un país incluyente, democrático y pluralista.

Un nuevo acuerdo, unos nuevos desacuerdos: ¿Qué pasará con la Ley 160 de 1994 durante la implementación de los acuerdos?

Esta discusión sobre la modificación del actual modelo de desarrollo rural se dio durante la aprobación de la Ley de Zidres en el Congreso de la República. Quienes promovieron esta iniciativa hicieron una presentación maniquea de los bajos resultados de la Ley 160 en la consecución de sus propios objetivos, principalmente el de dotación de tierras, y concluyeron que había que descartarla como modelo de regulación y adjudicación de la propiedad rural. Entre tanto, los detractores de las Zidres desvirtuaron estas afirmaciones a través de estudios serios que daban cuenta de que el problema de la ley agraria no es el modelo sino su falta de ejecución y la corrupción del Incoder en la adjudicación de las tierras.

Sobre la definición de una estrategia: desde la implementación hacia la transición

Creo que este momento pasa por identificar qué sectores están dispuestos a trabajar en pro de construir una transición democrática y a partir de la elaboración de un programa que tenga como base fundamental el Acuerdo de La Habana y los posibles avances de negociación con otras fuerzas armadas de oposición, apostar por este gobierno de transición que fije como base primera una verdadera apertura democrática.

Un nuevo acuerdo y unos nuevos desacuerdos: ¿Cambiarán reglas de la restitución?

Las discusiones jurídicas y conflictos sociales que han arriado –literalmente- personajes como J. Felx Lafaurie, María Fernanda Cabal y Alejandro Ordóñez en el último año, han tenido como centro la modificación de esta regla de la restitución que dejaría en la absoluta impunidad los procesos de aprovechamiento económico del conflicto armado.

Un nuevo acuerdo y unos nuevos desacuerdos: Modelo Zidres en el punto 1

El campesinado podrá acceder a aquel espacio ubicado exactamente en medio del subsuelo que pertenece a la Nación y, por consiguiente, en muchos casos, a quienes solicitan títulos mineros, y la superficie que será aprovechada principalmente por los grandes productores a través de los contratos de uso, pues son quienes, en palabras de Ramírez, fomentarán el verdadero desarrollo rural. Ahora estar entre el subsuelo y la superficie es, literalmente, como estar entre la espada y la pared.

Latinoamérica, Trump y la actualización de las dominaciones

Los escenarios que se abren con la implementación de los acuerdos de paz, deben tener, por parte de los sectores críticos y de izquierda, una lectura antineoliberal, antiracista, antimachista y antiextractivista. El despliegue de la resistencia dependerá en gran medida del enfoque con el cual se construyan estos escenarios de implementación de los acuerdos y construcción de paz.

La refrendación de la paz: ¡que el pueblo decida!

Los problemas de legitimación de la paz a los que nos enfrentamos en la actualidad están enraizados en esa proscripción política del pueblo. Eso mismo ocurrió en 1991, porque la Constitución nunca logró realizarse como el gran acuerdo de paz que nos enseñaban en las clases de educación cívica en el colegio. A ese pacto entre el M-19 y los sectores progresistas del bipartidismo le faltó un pueblo, le faltó un conjunto de ciudadanos que irrumpieran en el escenario político para hacer valer sus derechos y asumir sus deberes.

Un nuevo Acuerdo y unos nuevos desacuerdos: Enfoque de género

El enfoque de género y sus pertinentes reflexiones sobre la construcción de identidades es una herramienta que permite ahondar no solamente en la dimensión pública de los sujetos y su interacción con las instituciones, sino en las circunstancias del ámbito privado que tienen un fuerte impacto en la manera y nivel de relacionamiento con dichas instituciones, y en consecuencia, el mayor o menor impacto de las políticas públicas en la transformación de realidades desventajosas para ciertos grupos poblacionales.

¡No contaban con el pueblo! ¡Acuerdo ya!

El Acuerdo de La Habana es políticamente legítimo y jurídicamente viable. El derecho no debería ser obstáculo al clamor de una sociedad que busca refundarse en torno a un ideal de paz y de reconciliación. Si el proceso de paz se estaba saliendo de las manos de los juristas y políticos, el respaldo popular que se está gestando en las calles es un espaldarazo y un llamado a sacarlo adelante.

¡Acuerdo ya! El fin de la guerra está próximo

No parecen convenientes, ni ágiles, las propuestas bien intencionadas de realizar consultas populares o convocar a un nuevo plebiscito; tampoco buscar la solución en audaces figuras jurídicas que se realicen en el seno del Congreso o en sentencias o autos de la Corte Constitucional. La solución está en las calles y en la movilización popular: el deber jurídico y la responsabilidad política de dar validez al Acuerdo corresponde al Gobierno Nacional y principalmente al Presidente de la República, quien conserva todas las facultades jurídicas que le permiten implementarlo. La decisión es política, tiene un contexto favorable para tomarla y es urgente que lo haga cuanto antes. Debemos exigírselo.