La presente columna se centrará en tres aspectos que buscan demostrar algunos rasgos comunes entre las antiguas estructuras paramilitares y los actuales grupos post-desmovilización, responsables de una gran parte de la violencia sociopolítica que se presenta actualmente, especialmente amenazas y desplazamiento forzado por motivos relacionados con liderazgos sociales y políticos.
La firma de los acuerdos de paz representa un verdadero desafío, especialmente en las regiones en los márgenes del Estado, donde la propiedad de la tierra continuará en manos de pocos y donde las ZIDRES serán aplicadas con mayor fuerza, bajo el argumento de llevar desarrollo y progreso a las regiones en los márgenes.
Es indispensable que haya una auténtica voluntad política de enfrentarse al problema. De lo contrario, Colombia sólo conocerá una «paz formal», de la misma manera que tiene una democracia formal, de la cual se podrá jactar Santos en los medios y en el exterior pero que no mejorará las garantías democráticas y la participación política de los sectores tradicionalmente marginalizados.
Mientras existan las estructuras de poder que lo soportan, sectores capaces de financiar ejércitos con el fin de salvaguardar sus negocios ilegales o sus mal habidos capitales –económicos y políticos-, habrá paramilitarismo. Eso explica el que la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, con todas sus falencias, haya tenido como principal obstáculo la operación del paramilitarismo, aupado por quienes se han beneficiado del despojo.