El caso Petro muestra que existe una tensión muy compleja entre la gobernabilidad y la promoción de los cambios. La gobernabilidad depende de la eficacia y la legitimidad del gobierno, no hay fórmulas universales para conseguirla y en países como Colombia el problema se torna más complejo debido al considerable poder que ostentan los monopolios mediáticos para legitimar y deslegitimar.
En un país amargamente famoso por los “paseos de la muerte”, donde las personas mueren en la puerta de los hospitales por carecer de recursos, no puede más que destacarse que sólo en el Bronx se atiendan en promedio 40 personas al día, bajo el único criterio de ser seres humanos, sin importar si tienen identificación, si acceden a reportar sus datos personales y, obviamente, si tienen carné del SISBEN o afiliación a una EPS.
La unidad de los distintos sujetos populares de Bogotá es una condición primordial para la construcción de un proyecto político centrado en la dignidad humana y la justicia social, haciendo frente al proyecto político excluyente y polarizante que se ha posicionado en el escenario público colombiano.
El tratamiento que ha recibido el gobierno progresista de Petro es un claro mensaje a la insurgencia sentada en La Habana negociando su desmovilización. Si así han perseguido a Petro, que eligió a su disciplinador contrariando a su partido, que quizo pactar con Santos y arrastrar a eso al Polo Democrático y que expresó en reiteradas ocasiones la confianza que le producía el Presidente, ¿qué le esperará al movimiento guerrillero si firma el papel del acuerdo?
La protección de la vida va de la mano con la importante inversión pública en los programas de atención integral a la primera infancia, educación, salud y promoción y defensa de los derechos humanos. Así, Bogotá Humana le cumple a la ciudad con el Programa de Gobierno y el Plan de Desarrollo, proponiendo a la nación caminos para la construcción de paz y la convivencia.
Quienes transitamos diariamente las calles de varias localidades percibimos la importancia de pensar un modelo de ciudad de manera distinta a quienes lo viven todo el tiempo alrededor de su propio barrio o con el mismo trayecto cotidianamente.
Como en las dictaduras más crudas, las medidas de choque de Santos violentan el lazo íntimo que une a la política con el arte. No meramente negando el papel de arte en la política, sino aniquilando la lógica que hay al interior de una política del arte: que personas, objetos que usualmente no tienen razón alguna para hablar, hablen.
Petro le hizo un favor grande a la derecha colombiana: logró deslegitimar la capacidad de gestión de la izquierda en el gobierno. Pensó que podía enfrentar las fuerzas políticas, administrativas, económicas y mediáticas contrarias con discursos y ligereza (como mínimo) jurídica y administrativa. No se puede reclamar un respeto estricto al Estado de Derecho, y rechazar su lógica cuando sus normas no le convienen. A fortiori conociendo a sus enemigos.
El Estado colombiano pone en práctica la lógica del estado moderno de la forma más rampante, cruel y fría. Incentiva la creación de paramilitares como medida excepcional para garantizar el orden de la sociedad y así mismo salta por encima del ordenamiento institucional para aniquilar a Gustavo Petro, arrebatándole sus derechos políticos.
No se trata de negar las deficiencias de un sistema de transporte como Transmilenio, ni de silenciar las demandas justificadas de los usuarios; de lo que se trata es de intentar poner al descubierto el oportunismo mediático de emisoras como Bluradio o en general de los medios de comunicación oficiales que se aprovechan de las manifestaciones para crear un ambiente político hostil frente al gobierno de la “Bogotá Humana”.
La defensa de la Alcaldía de Gustavo Petro no consiste solamente en el hecho de reconocer que la actitud de la Procuraduría General de la Nación fue arbitraria e injusta; sino porque hay indicadores que demuestran que es una gestión que se ha tomado en serio derechos sociales como la salud, aún cuando existen normas, como la ley 100 del 93, que son un verdadero obstáculo para su goce efectivo.
La novedad del caso Petro no es el poco original uso que la oligarquía y demás opositores al Alcalde hacen del epíteto “populista”, calcado del ya desgastado discurso de la derecha neoliberal, sino el hecho de que la interpelación al pueblo haya tenido cierto éxito o, cuando menos, se haya percibido como exitosa al punto de preocupar a la oligarquía, en un contexto donde no hubo populismo y donde el pueblo secularmente ha estado al margen de la política y ha sido duramente castigado cada vez que ha intentado ingresar en ella.
Marcar no en el tarjetón que definirá el futuro del Alcalde, se constituye en un paso decisivo en la construcción de una nueva generación hastiada de la corrupción, la derechización y el miedo, y dispuesta a construir una democratización de la sociedad.
Mi primera hipótesis consiste en sugerir que Bartleby interrumpe la regularidad de la copia con una irregular fórmula que, no obstante, transforma la inactividad de la producción (lógica administrativa del capital y de la ley) en la actividad de la improductividad (lógica política de lo queer). Mi segunda hipótesis afirma que la fórmula queer de Bartleby, que supone una crisis para la implementación de la ley al volver la lógica de su copia contra sí misma, está en el centro de la acción popular contra la decisión de Ordóñez de destituir al alcalde Gustavo Petro. Mi tercera hipótesis arriesga un sentido a la vez más literal y transcendental en la fórmula de Bartleby, uno que encuentra en el aborto y la praxis queer la forma de ser de la libertad y la prueba de la locura de Dios.
El actual momento nos insta a pensar, más allá de la figura de Petro, en una propuesta política que condense la profundización de los avances logrados durante los últimos diez años en la ciudad, radicalizando la lucha contra las dinámicas expoliadoras del neoliberalismo.
El ejercicio periodístico es cada vez más mediocre y ligero y su calidad conceptual para entender las situaciones de las que informan es ciertamente deplorable. Lo que es inaceptable es que Semana estigmatiza la movilización social: el texto es sólo la expresión del odio a la democracia con un lenguaje de reportero despistado.
Considero que las masivas movilizaciones de respaldo a Gustavo Petro no han pretendido defender al alcalde como individuo, más bien fueron expresión de la defensa de la democracia y el rechazo de una decisión desproporcionada. Ese descontento parecía configurar una oportunidad política para generar un proyecto unitario que desde la izquierda defendiera una apuesta democrática que a su vez respaldara la búsqueda de la paz, pero no fue así.
Uno de los riesgos que siempre trae consigo la judicialización de los conflictos es la reducción de las luchas al plano de lo jurídico, el cual, como vemos en este caso, puede invisibilizar cuestiones de fondo, como la ofensiva de las fuerzas conservadoras contra el avance político de diversas propuestas de izquierda.
Cabe preguntarse si el largo camino que ha recorrido el procurador y que al parecer (esperemos que sea así) llegó a su punto de no retorno, no sólo es una muestra de la vulnerabilidad de la democracia en Colombia o de las fallas del ente controlador, sino también del carácter centralista de los análisis y reacciones de la opinión publica frente a este tipo de fenómenos.
Reclamar la democracia del bolsillo del procurador y del resto del Estado inoperante es un ejercicio de Derecho (así, con D mayúscula), que incluye tanto acciones judiciales como el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia y la resistencia no violenta. Lo que es más, sería un acto de justicia.
