Esta revisión preliminar del acuerdo sobre desarrollo agrario no busca desconocer que la mayor parte de lo señalado allí hace parte de agendas políticas que aún un Estado liberal puede garantizar, pero, a su vez, quiere destacar que algunas de estas cuestiones están permeadas por propuestas y exigencias del sector campesino que han tenido nula o muy poca inclusión dentro de la política rural colombiana.
El movimiento agrario y las expresiones representadas en la Cumbre se encuentran en un momento político que requiere presionar su fortalecimiento, depurar conductas que le restan a la concreción de la unidad y buscar llegar a acuerdos más sólidos, menos inmediatistas, sin que ello implique la pérdida de autonomía e independencia de las organizaciones y procesos.
El paro deja dos enseñanzas cruciales. En primer lugar mostró que la movilización puede construir política pública, que los paros y las protestas no son inútiles y que la genuina democracia se construye en las veredas y los resguardos. En segundo término, que la movilización expresa un pulso por el territorio y por lo público que tendrá larga duración.
En el centro del Huila, las dificultades en el campo han producido una diferenciación creciente de tareas entre las mismas personas que viven allí y que se aferran a vivir en ella con el sueño de poder algún día trabajar su tierra para que sus hijos sigan con sus sueños. Sin embargo, estos sueños son cada vez más difíciles de realizar: límites en la expansión de la frontera agraria en esta región (con una estructura agraria que ha gozado de una relativa estabilidad tradicional) y la llegada de proyectos energéticos (con una lógica cada vez más agresiva), plantean la agudización de tensiones ya existentes con la destrucción de sus medios de vida.
El agronegocio como modelo de desarrollo preferente en los países de la región ha generado, entre otras cosas, que la diversificación de cultivos, como elemento de sostenibilidad económica y ambiental en el campo, sea reemplazada por la implementación de monocultivos.
Nuestros pueblos originarios no son sumisos. El reciente levantamiento agrario-minero popular, en lucha por la defensa de su existencia, dignidad y derechos, es un proceso insurreccional que tan sólo ha comenzado y continúa. Es una lucha en la cual está en juego la vida de nuestros pueblos raizales.
Marx, recordando a Hegel, afirmó que la historia tiende a repetirse. Lo curioso de Santos era parecerse a la vez a un Lleras Restrepo modernizador y a un Pastrana protector de los terratenientes. Con el nuevo Pacto Agrario esa dualidad desaparece en provecho de la segunda opción.
Lo pactado entre las delegaciones del gobierno y de las FARC tiene como base el reconocimiento de la necesidad de una transformación profunda al sector rural en Colombia, en cuyos regazos y problemas se encuentran parte de las raíces estructurales del conflicto armado.
El control de semillas, la tecnificación agrícola, la interferencia en la administración de la diversidad de los países del sur, hace parte de un modelo de producción y control alimentario que se sirve de la biotecnología para garantizar el control sobre un insumo esencial a la producción agrícola. Quien tiene las semillas tiene el poder.
Lo que está a la base del problema es el modelo económico y no solamente los precios de los insumos ni las cadenas de intermediarios entre el campesino y los grandes supermercados. El problema de los insumos y de los intermediarios responde también al modelo.
Una reforma tendiente a democratizar la administración de justicia debe cambiar su paradigma y enfocarse en la efectiva protección y garantía de los derechos de sectores como el campesino. Tal reforma debe reconocer las “desigualdades sociales reales”, creando o modificando acciones y procedimientos, con el fin de que sus agendas de justiciabilidad puedan tramitarse por canales judiciales efectivos, sensibles a sus demandas específicas.
Las protestas campesinas son consecuencia de la ceguera de unas élites políticas y económicas que se limitan a defender sus propios intereses a corto plazo. La política comercial colombiana basada en TLC malogrados, tendrá efectos desastrosos si no está contrarrestada por políticas de desarrollo de infraestructuras para las regiones semirurales y rurales.
Es crucial mencionar que el apoyo o la coincidencia de gremios como los camioneros, los mineros, los estudiantes, integrantes del sector salud y las centrales obreras en esta movilización, es una muestra de la efervescencia creciente de un movimiento social que busca transformaciones a partir de sus agendas particulares. La coincidencia múltiple en la movilización de esta semana es indicador de la posibilidad de coordinar acciones en esos sectores dispersos.
Con la construcción de un Plan de Vida las familias campesinas de la región del Catatumbo generan iniciativas colectivas que les permiten garantizar su permanencia en el territorio y en medio de la difícil situación que viven, promueven y necesitan de una integración regional con las demás comunidades que comparten esta región.
La revisión de prensa de los meses de enero y febrero en torno a la mesa de diálogo evidenció que tanto el desarrollo rural como las víctimas son dos terrenos marcados por un desdoblamiento de la confrontación bélica hacia el terreno de lo simbólico.
La tierra originalmente no tiene ningún valor y es naturaleza, su valor nace del trabajo sobre ella o su potencialidad para trabajarla. La creación de la propiedad la divide y posibilita que bajo el respaldo del Estado ésta sea comercializada (tierra como mercancía), a su vez que respalda la manutención de las relaciones sociales que existen en su interior (entre trabajadores y dueños de la tierra).
La experiencia de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) es tal vez el acercamiento más inmediato a una reforma agraria en el Magdalena Medio; aunque no representa para la colonización una transformación sustancial de la política agraria en Colombia, sí constituye, sin lugar a dudas, un mecanismo de protección contra el latifundio y la concentración de la tierra.
El modelo de desarrollo ha generado una alta concentración del ingreso y la riqueza. El índice de concentración del ingreso Gini muestra una tendencia creciente constante en el período postconstitucional, tomando un mayor ímpetu durante la última década.