Desde el poder político se transmite la idea del delincuente como el gran enemigo de la sociedad. Los discursos oficiales y las prácticas cotidianas de las fuerzas de seguridad apuntan a mostrar al criminal como un sujeto desprovisto de derechos. Es como si su supuesto accionar criminal eliminara automáticamente sus garantías constitucionales. La Constitución sólo cobija a “gente de bien”. Las comunidades y los vecinos donde los problemas de seguridad son, sin duda, graves, normalizan esta nueva imagen del enemigo.