¿Cuál modelo de desarrollo y de ciudadanía, qué Estado, cómo y con quién gestionar el cambio estructural que la sociedad demanda? De la respuesta a estos interrogantes depende que los colombianos y las colombianas continúen siendo el segundo país más feliz del universo, y de pronto, por qué no, el primero.
La economía moderna decidió no investigar, no hacer preguntas incómodas, se queda en la superficie, en lo observable y se dedica a recomendar como administrar mejor un sistema que beneficia solamente a unos pocos. Como dice Uprimny, se trata de científicos dedicados a defender intereses poco nobles y privilegios.
A continuación se harán algunas sugerencias sobre los elementos que debe tener una propuesta económica alternativa, con miras al debate electoral del año 2018. El tema de discusión se centra sobre la disputa por los recursos públicos, lo cual conduce a la discusión del modelo económico. En la disputa por los recursos presupuestales, hay tres […]
Hacer de las consultas populares una forma de ampliación de la participación y garantía del respeto de los derechos del pueblo, no se basa únicamente en un criterio procedimental según el cual “si lo dice la mayoría que votó, entonces es legítimo y hay que acatarlo”. Esto no quiere decir que los argumentos religiosos, científicos, o históricos de distinta índole no deban hacer parte del debate público, ni desconocer que nuestras ideas estarán siempre mediadas por lo que creemos, pero es necesario pensar en los límites y los alcances de los mecanismos de participación, cuando son usados para poner en juego derechos fundamentales.
Con errores y desaciertos, es innegable que los últimos tres gobiernos de Bogotá lograron importantes progresos en los indicadores sociales. Por más que sus prioridades sean otras, Peñalosa no puede echar para atrás estas conquistas.
El campesinado es un grupo social que alimenta a la nación, protege sus territorios, mejora las semillas nativas y recrea la cultura popular. Si la ardua labor diaria del campesinado es condición necesaria para la vida en común, el reconocimiento de la campesina y el campesino como sujetos de derechos es una exigencia imprescindible para construir una sociedad democrática que supere el menosprecio.
En este texto defiendo una interpretación política de la famosa alegoría de la cueva de Platón a partir de las experiencias de lucha de las comunidades negras contra la explotación minera en sus territorios ancestrales en La Toma, Cauca; interpretación que considero más adecuada a la hora de contemporaneizar la obra del filósofo griego para los proyectos emancipadores radicales de hoy, que aquella que defiende la filosofía política radical francesa.
El derecho a la ciudad representa una oportunidad única y necesaria para la concepción de un marco local con perspectiva internacional, que parta de la integralidad de los derechos y el establecimiento de parámetros de bienestar y convivencia para la construcción de una ciudad inclusiva, que reconozca la responsabilidad de sus habitantes en la consecución de su propio desarrollo.
Hay que tener en cuenta un debate sobre la participación, pues bajo el modelo actual de ciudad y país inmerso en un claro sistema-mundo capitalista, los actores del sector privado querrán actuar e incidir en los escenarios de construcción de ciudad a favor de sus intereses. Pareciera obvia la ilegitimidad de los sectores privados a la hora de hablar sobre el futuro de la ciudad, pero es un tema que hay que tener claro para hablar del derecho a la ciudad.
Es importante saludar que la CIDH genere un espacio especializado en temáticas como los DESC, a la vez que su consolidación la esté haciendo con la participación de organizaciones sociales de la región.
La defensa de la Alcaldía de Gustavo Petro no consiste solamente en el hecho de reconocer que la actitud de la Procuraduría General de la Nación fue arbitraria e injusta; sino porque hay indicadores que demuestran que es una gestión que se ha tomado en serio derechos sociales como la salud, aún cuando existen normas, como la ley 100 del 93, que son un verdadero obstáculo para su goce efectivo.
Uno de los principales argumentos usados por los Estados para justificar sus limitaciones internas en materia de cumplimiento de DESC, es la falta de recursos económicos y la afectación de su sostenibilidad fiscal; en general, los Estados señalan que los DESC implican inversiones económicas que, dada su situación presupuestaria, no pueden cumplir.
