En un contexto de superación del conflicto armado y tránsito hacia la paz como el que vive Colombia, se presenta una gran oportunidad para iniciar un proceso pedagógico y público para que la comprensión de la importancia y el sentido de los DDHH abarquen más allá de los límites de la violencia sociopolítica y atraviesen la vida diaria de todo el mundo y que sin tales garantías, no es posible hablar de democracia y paz.
Defensoras y Defensores de la Colombia Profunda, acompañados por nuestras hermanas y hermanos de la Argentina, les enviamos estas palabras, porque en esta República aprendimos que los desaparecidos pueden hacer temblar la tierra, que la lucha no termina con la llegada de la democracia o de la paz, que a los genocidas hay que perseguirlos hasta lugares “inalcanzables” para hacer justicia (…).
El mayor reto que tenemos es aprender como sociedad que la desaparición forzada ha sido el mecanismo de represión estatal más utilizado para ocultar la responsabilidad del victimario, para desaparecer pruebas y generar mayor daño en el tiempo.
No podemos olvidar que tiene un significado político muy importante que las víctimas tengan esperanza en que ante situaciones de violencia política, arbitrariedad y crisis del Estado de Derecho, existan instituciones interamericanas que contribuyan con el restablecimiento de los derechos. Lo que nos corresponde es luchar contra la forma como los Estados miembros del Sistema Interamericano puedan estar haciendo de esa esperanza una esperanza vacía.
El mecanismo judicial de restitución de tierras es sin duda valioso, pero será inane en su propósito de proteger los derechos patrimoniales de cientos de miles de familias que huyendo de la violencia fueron despojadas o forzadas a abandonar no menos de 4 millones de hectáreas, según los registros oficiales, si quienes promovieron el desplazamiento o se beneficiaron de él, no son perseguidos judicialmente y sancionados proporcionalmente a la gravedad de los crímenes cometidos.