Así las cosas, los asesinatos y agresiones contra lideresas suponen un retroceso en materia de exigibilidad de derechos y en las agendas sobre las que ellas trabajan a nivel territorial, con el agravante de que las defensoras, en muchas ocasiones, posicionan en la agenda pública temas tradicionalmente ignorados, como los derechos de las poblaciones con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, los derechos de las mujeres o los derechos ambientales.
Los que exigen cifras, números y resultados no han comprendido que el fenómeno de las drogas no se soluciona con la destrucción de las plantaciones, ni con métodos violentos. Todo el glifosato del mundo no es suficiente para exterminar la producción de coca. Los cultivos se trasladan de lugar, mientras las poblaciones que viven en las zonas sufren sus efectos devastadores y los sistemas ecológicos experimentan pérdidas irreparables.
Según el programa “somos defensores”, al día de hoy, año y medio después de la firma de la paz entre el gobierno de Santos y las FARC, van 435 lideres asesinados en Colombia. Siempre es momento para recordar que con cada una de sus muertes no sólo se está perdiendo a una persona, también está desapareciendo todo lo que esta persona representa, su experiencia, los años de formación y concientización que la llevaron a convertirse en líder, y aquello que simboliza y representa en su contexto local, así como en el nacional.
De cara a la excesiva violencia que hoy se desata contra lxs exiliadxs, en este texto ofrezco algunas reflexiones políticas sobre el exilio. Dichas reflexiones están inspiradas en poemas de Bertolt Brecht y Mahmoud Darwish, las parábolas de Franz Kafka, y las interpretaciones de Walter Benjamin y Judith Butler. En ellas ofrezco el exilio no como problema sino como solución, de cara a la continua producción de apátridas que reproduce la estructura global del estado-nacional.
La exigencia de libertad para Jesús es, a su vez, paradójicamente, una exigencia al Estado colombiano de cumplir no solo el Acuerdo de Paz, sino también, y sobre todo, la Constitución Política, las leyes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La participación determinante de los servicios de inteligencia estatales en el asesinato de opositores y defensores de derechos humanos es, sin duda, de absoluta gravedad en un Estado de Derecho. Sin embargo, es solo la punta de una pirámide en donde la persecución a opositores, y líderes sociales y comunales se materializa a través un repertorio variado de prácticas ilegales que buscan la eliminación física, moral y social de las personas perseguidas.
El año 2017 se destaca por haber sido uno de los más violentos para el ejercicio de la defensa de Derechos Humanos en el mundo, con más de 317 víctimas de homicidio, de acuerdo al último informe de la oficina de seguimiento Front Line defenders
A primera vista, el contenido de la opinión consultiva parece “garantista”, pero si se autorreflexiona sobre nuestra forma de vida, podrán advertirse los problemas derivados de un etnocentrismo naturalizado por parte del tribunal interamericano.
La confusión de discursos institucionales y gubernamentales junto con la incertidumbre política reinante son una prueba fehaciente de que aún falta mucho camino por recorrer, para poder hablar de una verdadera política institucional en torno a la protección de líderes sociales y en aras de otorgarles garantías para su seguridad y su participación política.
El hecho de que El Espectador haya decidido nombrar “personajes del año” a los líderes sociales asesinados o que resisten es una señal alentadora, en el contexto de la precaria implementación de la paz, un año después de la firma de los Acuerdos de la Habana (2016). Aun cuando no existe una política pública oficial para enfrentar el asunto, y persiste la negación oficial de la gravedad y sistematicidad del asunto.
Se hace necesario rehacer los contenidos de la paz que reivindican el poder ciudadano de las víctimas, hechos trizas en buena medida desde el actual Congreso de la República que refleja prácticas políticas indignantes. Precisamente, es la dignidad de las víctimas la que anuncia que la paz solo es posible transformando dichas prácticas.
Detrás de la elaboración de las inhabilidades que apuntan a los DDH sobresalen dos aspectos claves que sustentan la desconfianza hacia ellos: que serían politizados (entiéndase de izquierda) y que serían enemigos de la Nación.
Este contexto sobre la situación de defensores de derechos humanos y lideres sociales advierte sobre la necesidad de adoptar acciones públicas reales que promuevan y garanticen la labor y seguridad de estos. Sin embargo, hasta ahora no se ha puesto en marcha una política pública orientada a superar este fenómeno y más bien se puede apreciar una acción estatal poco coordinada y que en muchos casos parte de negar la realidad
Si los actos que violan los principios de DDHH establecidos a nivel internacional establecen abiertamente responsables, pero al mismo tiempo son legitimadas las estructuras de poder que permiten a alguien violar los derechos de los otros dentro de determinados sistemas de explotación, entonces la “benevolencia inherente” de los DDHH debe ser cuestionada dos veces.
El hermano del expresidente de Colombia estaría en la cúspide del proyecto paramilitar nacional, como un jefe de, al menos, la misma jerarquía de quienes estuvieron como comandantes en el proceso de la ley 975 de 2005, y con mucho más poder político que cualquiera de ellos. Hace pocos días inició formalmente la etapa de […]
En un contexto de superación del conflicto armado y tránsito hacia la paz como el que vive Colombia, se presenta una gran oportunidad para iniciar un proceso pedagógico y público para que la comprensión de la importancia y el sentido de los DDHH abarquen más allá de los límites de la violencia sociopolítica y atraviesen la vida diaria de todo el mundo y que sin tales garantías, no es posible hablar de democracia y paz.
Defensoras y Defensores de la Colombia Profunda, acompañados por nuestras hermanas y hermanos de la Argentina, les enviamos estas palabras, porque en esta República aprendimos que los desaparecidos pueden hacer temblar la tierra, que la lucha no termina con la llegada de la democracia o de la paz, que a los genocidas hay que perseguirlos hasta lugares “inalcanzables” para hacer justicia (…).
El mayor reto que tenemos es aprender como sociedad que la desaparición forzada ha sido el mecanismo de represión estatal más utilizado para ocultar la responsabilidad del victimario, para desaparecer pruebas y generar mayor daño en el tiempo.
No podemos olvidar que tiene un significado político muy importante que las víctimas tengan esperanza en que ante situaciones de violencia política, arbitrariedad y crisis del Estado de Derecho, existan instituciones interamericanas que contribuyan con el restablecimiento de los derechos. Lo que nos corresponde es luchar contra la forma como los Estados miembros del Sistema Interamericano puedan estar haciendo de esa esperanza una esperanza vacía.
El mecanismo judicial de restitución de tierras es sin duda valioso, pero será inane en su propósito de proteger los derechos patrimoniales de cientos de miles de familias que huyendo de la violencia fueron despojadas o forzadas a abandonar no menos de 4 millones de hectáreas, según los registros oficiales, si quienes promovieron el desplazamiento o se beneficiaron de él, no son perseguidos judicialmente y sancionados proporcionalmente a la gravedad de los crímenes cometidos.